Mientras más voces se levantan para alertar sobre los perjuicios que traería la apertura a flotas extranjeras, comienza a causar preocupación la afectación que la medida podría ocasionar en la soberanía territorial
Mar del Plata, uno de los centros de la pesca industrial de la Argentina
Un verdadero tsunami atravesó al grueso de la industria pesquera nacional al darse a conocer la denominada “ley ómnibus” o “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. En el capítulo tercero del proyecto se introducen reformas de tal magnitud al actual Régimen que -según reconocen sin fisuras todos los actores- la actividad pesquera nacional desaparecería en muy corto plazo ante la apertura de los mares al mundo la que, además, resulta contraria a propia Convención Internacional sobre el Derecho del Mar.
Empresarios, dirigentes políticos, gremialistas, especialistas en recursos pesqueros y hasta biólogos marinos fueron hasta este punto quienes elevaron su voz para argumentar contra la -por ahora- intención gubernamental. Lo que respondió en nombre del gobierno la canciller Diana Mondino expuso una clara confusión de su parte entre la llamada pesca ilegal en la milla 200 con la pesca declarada, regulada y reglamentada dentro la ZEEA.
En las últimas horas, comenzaron a tenderse puentes con el gobierno nacional y distintos funcionarios sobre la materia para deslizar algunas consecuencias no deseables adicionales a las económicas que de aprobarse esta medida deberá afrontar el país.
La actividad pesquera nacional se vería afectada con la Ley Ómnibus
La CONVEMAR
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Luego de años de negociación y análisis, en 1982 la ONU logró imponer un exhaustivo régimen con fuerza legal para los estados miembro relacionado con el derecho del mar: “La Convención agrupa en un solo instrumento las reglas tradicionales para los usos de los océanos y, al mismo tiempo, introduce nuevos conceptos jurídicos y regímenes y aborda nuevos retos. El Convenio también proporciona el marco para el desarrollo futuro de áreas específicas del derecho del mar”.
El parte V de la Convención sobre Derecho del mar es la que determina la creación, alcances y derechos que tienen los estados ribereños sobre las denominadas “Zonas Económicas Exclusivas”. Argentina ratificó su adhesión a la Convención en octubre 1995 pero ya en octubre de 1990 había legislado en la materia en forma coincidente con lo que la norma internacional establece.
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El artículo 55 de la Convención define la sujeción de la denominada ZEE a lo establecido, mientras que a partir del ‘56 en adelante se consideran los derechos y obligaciones de los estados ribereños de esas zonas. Entre los primeros se encuentra la soberanía absoluta para la exploración, explotación y conservación y administración de los recursos vivos y no vivos (hidrocarburo en el subsuelo marino, por ejemplo) al mismo tiempo la Convención pone en cabeza del estado ribereño la obligación de velar por la protección y preservación del medio marino.
Distintos especialistas en derecho del mar consultados por Infobae alertaron especialmente sobre las disposiciones del art. 61, el que taxativamente establece que un país ribereño con control de su ZEE (tal el caso de Argentina) debe, entre otras cosas, determinar la captura permisible de cada especie.
Prefectura sobre el mar argentino
“El Estado ribereño, teniendo en cuenta los datos científicos más fidedignos de que disponga, asegurará, mediante medidas adecuadas de conservación y administración, que la preservación de los recursos vivos de su zona económica exclusiva no se vea amenazada por un exceso de explotación”. Reza el mencionado artículo en su inciso 2.
“Si lo miramos desde un punto de vista estricto, abrir la ZEEA al mundo y exponernos a la llegada de buques extranjeros que pescarán -en teoría- conforme al cupo que se les otorgue pero que luego no descargarán el producto en puertos argentinos, torna la verificación de la captura efectivamente realizada casi imposible”. Sostienen desde la Liga Naval Argentina.
“La ZEEA tiene una superficie aproximada de 1.600.000 kilómetros cuadrados, los medios con los que el país cuenta para realizar un control eficiente de tan vasto mar siempre son insuficientes, suponer que la Prefectura Naval pueda disponer abordajes aleatorios a buques extranjeros a efectos de controlar el nivel de sus capturas implica llevarla a un esfuerzo que va más allá de sus recursos disponibles y en cuanto a la Armada realmente al no haber antecedentes de buques extranjeros pescando en aguas de jurisdicción la normativa legal vigente no la habilita para realizar abordajes de tipo netamente policial y por lo tanto intentar hacerlo por parte de la fuerza militar podría generar un conflicto internacional de proporciones inimaginables”, agregó otro de los especialistas consultados.
Precisamente desde sectores relacionados con las fuerzas federales, indicaron: “La presencia de pesqueros de bandera argentina en forma continua constituye lo que denominamos ‘la gendarmería del mar’ los capitanes de pesca mantienen informada a la Autoridad Marítima no solo sobre eventuales incursiones de pesqueros ilegales sino además sobre cualquier situación anómala que detecten y desde ya a diario los buques nacionales son la primera línea de reacción ante una emergencia en el mar que involucre riesgo para la vida humana”.
¿Es legal abrir la ZEEA a terceras banderas?
Desde la Liga Naval la respuesta es contundente. “Ciertamente si, también es un ejercicio de soberanía permitir la pesca a otras banderas, lo que hay que preguntarse es cuál es el beneficio que se obtiene con ello y si no se terminará incurriendo en un avasallamiento a la soberanía nacional al no tener posibilidad de hacer un control efectivo de la actividad extranjera. Es muy probable que quienes en principio paguen por pescar luego lo hagan de facto sabiendo que no tenemos la menor posibilidad de contener la llegada masiva de naves extranjeras”.
“Argentina en sus constantes reclamaciones relacionadas con la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, considera ilegales a todos los buques pesqueros que operan con licencia otorgada por las autoridades coloniales británicas. De hecho, ninguna empresa que opere bajo dicho régimen y al mismo tiempo esté radicada en Argentina puede obtener un permiso de pesca local”, agregaron.
“¿Qué pasaría si al abrirse la pesca a la puja internacional se presentan al amparo de la nueva ley empresas británicas o de otras banderas que se encuentran pescando en simultáneo en aguas adyacentes a Malvinas?”, se preguntan desde la centenaria institución naval.
Una de las respuestas a este interrogante, la da un ex funcionario de la Subsecretaría de Pesca de la Nación: “Sin lugar a duda alguna se podría dar el caso de que un buque acreedor de una cuota para pescar en la ZEEA por haber ganado una licitación internacional pueda hacerlo luego de haber pescado en Malvinas o pueda ir hacia las islas a completar su carga luego de haber pescado dentro de las 200 millas. No podemos imaginar las consecuencias ni la forma en la que se debería actuar porque es algo nunca imaginado hasta ahora. Si eso no es dar por tierra con nuestra soberanía tendremos que replantear el concepto que siempre tuvimos en mente”.
César Lerena uno de los más reconocidos expertos en materia de legislación pesquera hace pocas horas declaró: “Ningún país desarrollado en el mundo abre su mar a la explotación de sus recursos pesqueros por parte de buques extranjeros. Independientemente del acceso a recursos excedentes que refiere la Convención. Solo Cuba, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y los países africanos, que no tienen desarrollada su flota pesquera como la Argentina, admiten la captura extraña en sus zonas económicas exclusivas”.
El experto remarca que el agravante de la normativa propuesta por el PEN radica en que además al autorizarse la pesca indiscriminada sin obligación de descargar los buques en puertos argentinos, “se tendrá menos certeza aún sobre qué, cómo y cuánto se captura, con la consiguiente apropiación y evasión y no habrá más datos estadísticos que puedan asegurar lsob”.
Como contrapartida, algunos sectores civiles y militares consultados por Infobae descreen de la gravedad de la medida y de las posibles consecuencias en desmedro de la industria pesquera nacional. No obstante, juzgan a las modificaciones propuestas como incongruentes y contradictorias ya que los artículos quedaron redactados con severas inconsistencias que merecen cuando menos revisión sintáctica.
Imagen de archivo de un registro general de archivo del Puerto Comercial de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/Demian Estévez
En el mismo sentido, otros funcionarios con responsabilidades actuales en el sector abonan la siguiente teoría: “Como Estado soberano Argentina puede decidir qué hacer con los recursos vivos o no vivos. En el caso de la pesca puede optarse que los peces se mueran de viejos, que lo pesquen buques argentinos, que los pesquen extranjeros (pagando o no licencias) o que el que quiera venga a pescar de manera libre. Y cualquiera que sea la decisión que se tome se puede revertir cuando el país quiera. Que la medida sea buena o mala es otro tema”.
Distintos referentes de la “oposición aliada” que integran los bloques del Pro, CC y UCR comienzan a contactarse con los distintos referentes y especialistas de la actividad para sumarlos a los grupos de trabajo que tendrán la difícil misión de levantar o bajar el pulgar al controvertido proyecto de ley.
El gobernador bonaerense pidió que parte del acuerdo con el FMI sea destinado a la reconstrucción de la ciudad, pero en la Casa Rosada no contestarán. Hay dos proyectos en el Congreso para declarar la emergencia
Mientras buena parte de Bahía Blanca y sus alrededores se encuentra aún bajo el agua y crecen los pedidos de ayuda de los vecinos afectados, en la Casa Rosada adelantan que seguramente sujetarán eventuales erogaciones de la Nación a un pedido específico del distrito, en lugar de acompañar los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso con ese fin. Evitaron confrontar con Axel Kicillof, luego del picante pedido del gobernador bonaerense para que el Gobierno destine una parte del monto que envíe el FMI al país a reconstruir la ciudad costera.
“No vamos a entrar en una disputa, ni con Kicillof ni con nadie. Decretamos tres días de duelo nacional. Ya ni eso respetan”, dijo, ofuscado, un funcionario en Balcarce 50 que responde a Karina Milei, guardiana de la imagen del Presidente. En la sede del Gobierno donde avanzan con pies de plomo y aplican una estrategia de comunicación extremadamente cuidada en el caso de la tragedia de Bahía Blanca. “Es una opinión suya”, agregó otro, que se limitó a responder, por lo bajo, que el dinero que le va a dar el Fondo a la Nación “no tiene asignación”. “Va para pagar deuda y al Tesoro”, deslizó.
El oficialismo enmarcó los cuestionamientos de Kicillof en la interna del peronismo: “Axel y Cristina necesitan pelearse con Javier, hay una discusión entre ellos a ver quién le pega más. A nosotros no nos cambia nada”, dijo un asesor.
No sólo evitaron contestarle a Kicillof: las apariciones de los funcionarios en general se limitan a las redes sociales; Manuel Adorni no adelantó sus conferencias de prensa; y Javier Milei no dio una sola entrevista y suspendió su agenda pública. El cambio rotundo se produjo esta mañana, cuando el Presidente arribó a Bahía Blanca sin preanuncios: arribó temprano, evitó las fotos y se dirigió directamente al centro de monitoreo de la ciudad.
Con todo, anoche, poco después de la conferencia de prensa de Kicillof desde Bahía Blanca, en la Legislatura bonaerense uno de los alfiles de Santiago Caputo contraatacó. El titular de la bancada violeta, Agustín Romo, que frecuenta el despacho del asesor en la Casa de Gobierno y forma parte de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” informó que acababa de presentar un proyecto para exigirle a la gobernación que destine a Bahía el dinero que está previsto para las PASO locales, que se suspendieron a nivel nacional a instancias de un proyecto de ley de La Libertad Avanza. Fue una contrachicana clara, realizada indirectamente desde la cúpula libertaria.
La trágica inundación causó al menos 16 muertes (REUTERS)
Con todo, en la Nación dicen que se encuentran a la espera de que la Provincia oficialice la emergencia y haga un pedido formal de fondos, específico, para luego evaluar si las cantidades solicitadas son viables. Condicionarán la ayuda, como advirtió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a que haya “un plan” de la provincia y el municipio.
“Seguramente le estemos solicitando ayuda financiera al gobierno nacional”, dijo ayer al mediodía el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Blanco, cuando transcurría el quinto día desde la tragedia y el gobernador, Axel Kicillof, se disponía a brindar su conferencia de prensa junto al intendente, Federico Susbielles. Ninguno de los dijo el monto que le pedirá al Gobierno para empezar a reconstruir Bahía Blanca.
En medio de las chicanas, en la Nación dicen que siguen dispuestos a otorgar más fondos para la reconstrucción -si es que deciden hacerlo-, pero señalan que el método no está claro, y que evalúan mecanismos.
En principio contemplan dos vías. Por un lado, están los pedidos que presentaron en el Congreso casi todos los partidos el mismo viernes en ambas Cámaras.
Ese día, cuando el agua aún no había bajado, un grupo transversal de diputados, con representantes de Unión por la Patria, PRO y la UCR, avanzaron con una demanda al Gobierno para que declare la emergencia y cree un fondo, aunque sin especificar cifras. En el Senado hicieron lo propio los kirchneristas Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio, y el radical Maximiliano Abad, también en conjunto, aunque sin firmas de la tropa amarilla y con un número claro: 20 mil millones de pesos.
Kicillof pidió en conferencia de prensa que el Gobierno destine parte de la plata del acuerdo con el FMI para reconstruir Bahía Blanca
Hasta ahora, la Nación le otorgó 10 mil millones de pesos a la ciudad costera, casi de inmediato. Primero lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. Después, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos confirmó que la transferencia se había realizado. El jefe comunal, Federico Susbielles, agradeció la ayuda, pero señaló en conferencia de prensa, el domingo pasado, que no sería suficiente y habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos. En principio, deslizó que estaba hablando con La Plata para definir financiamiento internacional y un programa puntual.
La solicitud para declarar la emergencia en la Cámara baja podría tratarse hoy, si es que prospera la polémica sesión especial que pidió la oposición para tratar los pedidos de investigación legislativa por el caso Libra, que complica sobremanera al Gobierno. Por lo pronto, esta tarde, el oficialismo aceptó incluir el tema, pero podría no haber quórum (de hecho, el Gobierno hace lo posible para evitar que se sesione).
El bloque libertario en Diputados aún no definió qué hará en este caso particular, y espera instrucciones de Balcarce 50. “Teniendo en cuanta los antecedentes de los incendios en la pampa y Córdoba, si llega a haber quorum la lógica indicaría que podríamos acompañar”, dijeron en la bancada mileista.
El intendente Federico Susbielles habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos para recuperar la ciudad
Pero remarcaron que la decisión no está tomada. Y en la Casa Rosada, donde se toman las decisiones, deslizaron, a priori, que se inclinan por el mecanismo de la declaración de la emergencia en la Provincia de Buenos Aires -que aún no se tramitó-. “Esos fondos van a ser discrecionales, no van a tener que explicar para qué van específicamente. Pero tiene más sentido ir por esa vía”, dijeron en Balcarce 50.
El Gobierno mira con mejor predisposición la vía de un pedido de fondos de parte de Kicillof, y aseguraron que aún esperan que su administración y la Legislatura bonaerense oficialicen la emergencia. Pero en el entorno de Milei mostraron reticencia con respecto a los proyectos que se presentaron en el Congreso, con extremo cuidado de no generar polémicas en torno al delicado caso de Bahía.
Comunicación cuidada
A pesar de los cuidados más arriba mencionados, los libertarios salen a contestar los tuiteros estrella que responden a Santiago Caputo, pero sus voces no son oficiales y, por lo tanto, se mantienen en el terreno de las redes.
Preocupados por no pisar el palito, los funcionarios tampoco confrontaron Cristina Kirchner, que le dedicó al Presidente uno de sus mensajes que empiezan con “Che, Milei”, en Twitter. “No nos suma en nada”, deslizaron. La bajada desde la cúpula es no hacer ruido político con la tragedia.
Adorni decidió no adelantar, como en otras ocasiones, la conferencia de prensa que hace dos semanas decidió fijar los miércoles (antes se hacía los días martes y jueves, varía según el momento del año). En cambio, la sostuvo para hoy, cuando pasaron seis días desde que se inundó Bahía Blanca. “¿Por qué la adelantaríamos? ¿En qué ayudaría a los bahienses?”, dijeron en la Casa Rosada. Creen que es suficiente con la serie de tuits que publican casi hora a hora Patricia Bullrich y Luis Petri desde el lugar; y el resto de los ministerios, como Capital Humano, e inclusive ARCA (ex AFIP) e YPF.
Hay dos proyectos presentados en el Congreso para declarar la emergencia en Bahía Blanca
En la misma Milei no sólo eligió quedarse en Olivos el fin de semana y durante los primeros días hábiles post-tormenta. También evitó las entrevistas. Además, se cuidó de frenar todas las actividades públicas que tenía previstas, dicen en su círculo, para seguir con la mayor atención posible el operativo de contención en la zona. En ese contexto suspendió sus viajes a Mendoza y a Chile, y aún no confirmó si irá a ExpoAgro el viernes, como tenía previsto.
La novedad se produjo esta mañana, cuando el jefe de Estado llegó a Bahía Blanca tras un viaje que se mantuvo bajo estricta reserva. Lo acompañó una comitiva reducida integrada por Karina Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich.
Hasta ahora la encargada de poner la cara había sido la ministra de Seguridad, que dio innumerables entrevistas, por teléfono y en el piso de los principales canales de TV, casi todos los días posteriores al desastre. No fue el caso de Petri, que a pesar de estar al frente de buena parte del operativo, apenas habló en estos días. Hay ciertos rumores de que no fue autorizado para que “poner la cara” luego del malestar que crecía con él en cierto sector del Gobierno hasta la semana pasada.
Las autoridades nacionales criticaron al ex presidente, pero separaron las críticas de un eventual respaldo al acuerdo con el FMI y otras iniciativas. Este miércoles, el oficialismo enfrenta una votación clave en Diputados
Nuevamente, declaraciones públicas del ex presidente Mauricio Macri generaron repercusiones negativas en la Casa Rosada, donde los funcionarios dejaron ver su malestar con el líder del PRO, pero evitaron responderle abiertamente, en medio de las expectativas de alianza electoral con final todavía incierto.
Esta vez, el ex mandatario nacional habló sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia que su sucesor Javier Milei firmó para hacer efectivo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que luego envió al Congreso para su tratamiento.
Al participar de la Exporural que se realiza en un predio del partido bonaerense de San Nicolás, el referente de la “oposición dialoguista” consideró que la decisión del Gobierno de haber utilizado ese instrumento para acelerar las negociaciones con el organismo de crédito, evidencia “la debilidad institucional en la que estamos”.
Macri cuestionó al Gobierno durante su visita a Expoagro (Expoagro2025/ NA)
“No ayuda a generar confianza, y creo que eso es importante eso. Creo que habría que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible”, opinó Macri.
En Balcarce 50 estos dichos cayeron muy mal y en el entorno de Milei remarcaron que el ex jefe de Estado “no entiende el proceso jurídico en la Argentina” y aseguraron que no habla en nombre del PRO.
En este sentido, las autoridades nacionales aseguraron que un DNU, si es aprobado por alguna de las Cámaras, “es jurídicamente lo mismo que una ley”, por lo que cuestionaron que el dirigente responda “de cosas que no entiende”.
Efectivamente, como no se trata de un proyecto, sino de un Decreto de Necesidad y Urgencia, tanto el Senado como Diputados debe rechazarlo para que deje de estar en vigencia. Caso contrario, si alguno de los dos recintos lo aprueba, es automáticamente avalado.
Este miércoles, tan solo un día después de las declaraciones de Macri, el oficialismo enfrentará una importante votación en el Congreso, en la que necesitará de la ayuda del PRO.
El bloque de Democracia para siempre, que encabeza Facundo Manes, solicitó una sesión para tratar un conjunto de resoluciones que proponen la creación de una Comisión Investigadora del caso $Libra y la convocatoria a dar explicaciones de varios de los integrantes del Gabinete, incluido el propio Presidente.
El oficialismo enfrenta una dura batalla en la Cámara de Diputados este miércoles (EFE/ Cámara De Diputados De Argentina)
La bancada amarilla, comandada por Cristian Ritondo, se reunió este martes por la tarde para definir la postura que va a tener de cara a ese debate, pero no se habló en ningún momento sobre el acuerdo con el FMI ni las palabras del líder del partido.
A pesar de las tensiones existentes, el PRO tenía previsto sostener su posición de apoyar al Gobierno y votar en contra de todas las medidas vinculadas con la presunta estafa con la criptomoneda, al considerar que se trata de un tema que tiene que estudiar la Justicia.
Por el otro lado, esta fuerza política también tiene una importante influencia en la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo, que es la encargada de dictaminar sobre los DNUs que firma el Poder Ejecutivo.
Si bien este cuerpo está presidido por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, tiene como vice a un referente del macrismo, el diputado Diego Santilli, que asumió en remplazo de su compañero de banca Hernán Lombardi.
En las últimas horas, Lombardi renunció a su cargo como legislador para asumir como ministro de Desarrollo Económico en la ciudad de Buenos Aires, tras haber sido convocado para ese puesto por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Santilli quedó como vicepresidente de a Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo (Jaime Olivos)
El lugar en la mencionada Comisión, entonces, quedó en manos de Santilli, un dirigente que se ha mostrado cercano a Milei y que incluso se especuló con la posibilidad de que se sume a La Libertad Avanza.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de su entorno, “El Colo” estaría dispuesto a respaldar el Decreto del Presidente, incluso después de las críticas que hizo Macri.
Las palabras de quien es el titular del PRO no modificaron el pensamiento del diputado, que cree que el Gobierno cumplió con su promesa de enviar el acuerdo con el FMI al Congreso, así lo haya hecho mediante un DNU.
Para Santilli, además, es importante que el Poder Ejecutivo cuente con este nuevo programa con el Fondo para “poder sanear el Banco Central y terminar de una vez con el flagelo de la inflación”, y considera que las dos Cámaras “tienen que acompañar”.
Su rostro y el logo presidencial figura en una iniciativa de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, vinculada al mentor del presidente, Alberto Benegas Lynch
Coherente con su odio hacia la educación pública, el presidente Javier Milei prestó su imagen y hasta el logo de su gobierno para una beca de la universidad privada vinculada con su mentor político, Alberto Benegas Lynch. Se trata de la Beca Presidencia de la Nación que cubriría hasta el 100% de las cuotas para los beneficiarios que sean elegidos para asistir a la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).
“El objetivo principal de esta campaña es dar a conocer la nueva Beca ESEADE Presidencia de la Nación, una iniciativa que busca ofrecer oportunidades a estudiantes comprometidos con su desarrollo académico y profesional”, indican en la web oficial de la Casa de Estudios, en donde destacan que la cartelería se desplegará por unas cinco semanas, desde febrero, en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, “con el propósito de llegar al mayor número posible de jóvenes interesados en programas de grado y posgrado en áreas como negocios, economía, derecho y gestión”.
Sin embargo, la campaña no solo se extendió en la vía pública, sino también en las redes sociales. Allí, Milei promocionó en su Instagram una publicación en la que se destacaba que la beca tenía que ver con la “formación en las ideas de la libertad”. El posteo llevaba además el logo de la Presidencia de la Nación. Una maniobra que resultaría extraña si se tratara de cualquier otro mandatario.
El propósito de esta beca es «brindar a los jóvenes talentos la posibilidad de acceder a una educación de excelencia, alineada con los principios del libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la responsabilidad individual”. Según aclararon, la institución no recibe fondos públicos para la realización de la iniciativa, más allá del impulso del presidente a título personal.
El mencionado posteo de Instagram fue el 2 de febrero, unas dos semanas antes que el presidente promocionara en Twitter la criptoestafa $LIBRA por la cual está siendo investigado por la justicia de Argentina y Estados Unidos.
La ESEADE fue fundada en 1978 gracias al aporte de “múltiples benefactores” y contó con la participación clave de Benegas Lynch, el padre de Bertie, actual diputado nacional de La Libertad Avanza. En 2022, el propio “Prócer”, como Milei llama a su mentor, le otorgó un Doctorado Honoris Causa, cuyo reconocimiento le vale al presidente para que lo denominen Doctor, una figura que llegó a ponerse en duda.
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Imagen de archivo de un registro general de archivo del Puerto Comercial de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/Demian Estévez
