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Cuánto le costó al Estado pagar el sueldo de los obispos en 2023

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La Iglesia anunció que ya no recibirá en 2024 un aporte estatal destinado a una asignación mensual que recibían esos integrantes del clero, sacerdotes y seminaristas. La reducción había comenzado en 2019. Cuántos religiosos la cobraban

El Estado ya no pagará la asignación mensual a los obispos y sacerdotes católicos, como hacía a través de la Conferencia Episcopal Argentina

En un cambio histórico para la tradición católica del país, desde el 1° de enero, la Iglesia ya no recibe más un aporte económico del Estado para el pago de asignaciones mensuales a los obispos, sacerdotes y seminaristas. El anuncio lo hizo a finales de diciembre la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en un comunicado, en el que informó que el último día hábil de 2023 concluyó el proceso que había iniciado hace cinco años para avanzar progresivamente con la renuncia a esa asignación mensual de $55.000 que recibían arzobispos y obispos auxiliares de todo el país prevista en la ley 21.950, dictada en 1979. Según explicaron en la Secretaría de Culto, se trataba de un “complemento” que no se fue actualizando por inflación.

¿De cuánto fue el aporte estatal en 2023? Según figura en el Presupuesto nacional del año pasado en el Programa 17 de “Registro y Sostenimiento de Cultos” del Ministerio de Relaciones Exteriores, la partida para el pago de las asignaciones a religiosos católicos fue de $188,7 millones, destinadas a 153 arzobispos y obispos, 640 sacerdotes y 1.100 seminaristas. El año anterior, 2022, se habían asignado para el pago de sus sueldos $202 millones; en 2021, $203,5 millones; en 2020, $163 millones; en 2019, $126,5 millones; y en 2018, el año que la CEA votó comenzar con la reducción de ese aporte estatal para comenzar a autosustentarse, fue de $130,4 millones.

Para 2024, en el Presupuesto prorrogado por la actual gestión, la partida se redujo considerablemente: están previstos solo $285.404. El número de religiosos que figuran en el detalle del Programa de Sostenimiento de Cultos es ligeramente inferior al del año pasado: 143 obispos, 600 sacerdotes y 1.000 seminaristas.

La CEA informó también en su sitio web que, en una resolución del 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto habilitó que los arzobispos y obispos que hubieran cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez pudieran solicitar de manera particular, con una serie de requisitos, seguir recibiendo ese beneficio fijado en $98.000 por un acuerdo durante la gestión del ex secretario de Culto Guillermo Olivieri.

La decisión estuvo motivada por las críticas al sostenimiento estatal del culto católico, siendo que Argentina es un estado no confesional. En un principio, la Iglesia propuso que proviniera de las escuelas parroquiales. Finalmente, a partir de una resolución conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación, del 19 de diciembre de 2018, se estableció que “los establecimientos educativos públicos de gestión privada de titularidad o bajo la dirección de la Iglesia Católica podrían percibir una contribución en concepto de sostenimiento del culto, a cargo de los padres o responsables de los alumnos que asistan a los mismos”.

El proceso de renuncia comenzó a finales del 2018, el año en que se dio el debate de la ley de legalización del aborto durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se incrementaron los reclamos de terminar ese apoyo económico y avanzar en la separación del Estado de la iglesia. La renuncia al aporte del Estado fue aprobada en una asamblea plenaria de la CEA realizada en Pilar en noviembre de 2018. En una nota del 7 de septiembre de ese año, el p residente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Vicente Ojea, manifestó a la secretaría de Culto “la intención de la Iglesia Católica de renunciar progresivamente a las asignaciones directas que reciben los obispos, de manera que sean los propios fieles quienes vayan asumiendo esa responsabilidad, solicitando la creación de instrumentos a través de los cuales los padres que eligen para sus hijos establecimientos educativos confesionales realicen aportes destinados al sostenimiento económico del culto”.

El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina del 27 de diciembre últimoEl comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina del 27 de diciembre último

Ese apoyo económico, que en 2024 llegó prácticamente a su fin, quedó fijado por varios decretos leyes dicatdos en la última dictadura( N° 21.950, N°22.950, N°22.162, N°22.430 y N°21.540 ), que disponen regímenes especiales de asignaciones cuyo monto global se establece en base a número de obispos, seminaristas, parroquias de frontera y asignaciones vitalicias a sacerdotes y obispos eméritos.

A mitad del año pasado, la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó un proyecto de ley para derogar las leyes y decretos “orientados a sostener el pago de dietas, jubilaciones, viajes y otros privilegios por parte del Estado Nacional a miembros de la jerarquía eclesiástica”. La iniciativa fue firmada en soledad por la legisladora y nunca llegó a ser tratada en Diputados. En sus fundamentos, cita el artículo 2 de la Constitución que establece que “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, y advierte que “desde gran parte de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, el mismo es entendido como una obligación de apoyo económico. Este mismo artículo es complementado por una serie de decretos-leyes que fueron impuestos por la última dictadura y cuya vigencia garantiza la transferencia de sumas millonarias a la institución católica que provienen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, más allá de sus adscripciones y creencias específicas”.

Para Frade, si bien el monto del aporte estatal podría “parecer mínimo en la ecuación del PBI nacional”, su eliminación “supondría un cambio de carácter sustancial en áreas estratégicas del país y, desde luego, mucho más acuciantes, esto es, seguridad, vivienda, salud y educación. Se trata, en suma, de una secularización definitiva que se presenta actualmente como una deuda por demás demasiado tardía de nuestro Estado republicano, moderno y laico”.

La curia castrense

La decisión de la CEA no alcanza a la curia castrense ya que las remuneraciones de sus integrantes están reguladas por otra normativa y cobran directamente de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, según le explicaron a Infobae en la Secretaría de Culto. “El vicariato castrense en Argentina fue creado en 1957, a partir del acuerdo entre el Estado Nacional y la Santa Sede de ese mismo año. Depende administrativamente de la Secretaría General de Presidencia, pero lo designa y lo remueve el Papa”, precisaron.

El obispo castrense monseñor Santiago Olivera (Foto NA: Obispado Castrense)El obispo castrense monseñor Santiago Olivera (Foto NA: Obispado Castrense)

El obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, percibe un sueldo equivalente al de un subsecretario de Estado, en tanto el obispo auxiliar o vicario castrense tiene una remuneración de $814.328. La cifra corresponde a noviembre de 2023, según el detalle informado por la Secretaría de Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete, al que tuvo acceso Infobae. El sueldo del vicario general y moderador de la curia es de $678.612; el del secretario general castrense, de $511.674; el del asesor eclesiático, de $356.960; el del coordinador administrativo, de $330.256; y el del secretario o notario de curia, de $285.014 mensuales.

Visualizaciones: Andrés Snitcofsky

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La negociación por el endeudamiento bonaerense hizo resurgir la desconfianza entre Kicillof y La Cámpora

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En La Plata mantienen las dudas sobre el accionar de la agrupación ultra K en los acuerdos subterráneos. Entre los intendentes creen que lograrán acercar posturas

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Más detalles de la conversación telefónica entre Trump y el dictador Maduro

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En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.

Maduro y su gobierno siempre han negado todas las acusaciones criminales y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.

Maduro le dijo a TrumpMaduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa (REUTERS)

También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados ​​por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.

Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares.

Ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, dijeron dos de las fuentes. El Miami Herald informó previamente varios detalles de la llamada. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.

Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Maduro pidió a la vicepresidentaMaduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes (REUTERS)

El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro se proclamó reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa y que, según observadores independientes, obtuvo una victoria abrumadora de la oposición.

El lunes, al dirigirse a los manifestantes, Maduro juró “absoluta lealtad” al pueblo venezolano.

No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.

Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver.

La recompensa millonaria por laLa recompensa millonaria por la captura del dictador Nicolás Maduro

Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.

La administración de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes.

(REUTERS)

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Diputados: en la previa de la sesión preparatoria, LLA está cerca de arrebatarle la primera minoría al PJ

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El oficialismo podría presentar un bloque de 94 miembros. Mientras, busca que los gobernadores le quiebren la bancada al peronismo

El mundo libertario se encamina a tener el primer festejo parlamentario con la nueva composición del Congreso de la Nación.

“En solo 4 años pasamos de dos diputados –Javier Milei y Victoria Villarruel– a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados” señala, exultante, un diputado de LLA que va a empezar a transitar su tercer año de mandato en pocos días.

Al término de la elección, el bloque de LLA iba a estar conformado por 79 legisladores. Hubo un principio de conversación con el PRO por un interbloque y el partido amarillo aseguró que iba a apostar por la independencia. Luego de esa decisión, y antes de que comenzara noviembre, se fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena y en las últimas horas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.

Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich y Martín Menem

A este grupo se le sumó el bloque de los radicales con peluca con el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Hasta acá, los libertarios sumaban 91 diputados.

Pero los pases no parecen haber terminado y en las últimas horas los libertarios apuestan a sumar entre tres y cuatro diputados más y, por otro lado, incentivan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que se vayan del bloque de UP y armen uno nuevo.

En lo que se refiere a posibles incorporaciones al mundo libertario, se espera la llegada de José Nuñez y de Lorena Petrovich, ambos del PRO. Esta última asumirá para completar el mandato de Silvia Lospennato y todos tienen en Patricia Bullrich su terminal política.

De completarse todos estos pases, el bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni llegará a la sesión preparatoria con 94 diputados.

Ese número los dejaría a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría y ya sin “peceras” a dónde ir a pescar, la estrategia libertaria se concentró en “empujar” a los gobernadores peronistas a romper el bloque en el Congreso. Principalmente al catamarqueño Raúl Jalil que viene amagando desde hace tiempo con retirar a sus legisladores del bloque de UP.

El peronismo logró contener en las urnas la cantidad de legisladores y el 27 de octubre el bloque que conduce Germán Martínez amaneció con 98 integrantes.

El gobernador de Salta, GustavoEl gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)

Pero al poco tiempo el tucumano Javier Noguera anunció que no iba a asumir en el bloque y se iba a Independencia, el bloque del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Un camino similar seguiría el diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández.

Pero lo que busca el oficialismo es que los cuatro diputados catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil; o los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora.

“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un libertario que transita los pasillos de Diputados.

Las negociaciones se mantienen. El oficialismo promete a los gobernadores vía el ministro del Interior, Diego Santilli, y la oposición les recuerda que en dos años no les cumplieron la promesa.

“No sé que van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro” aseguró una alta fuente del bloque del peronismo en Diputados.

Los bloques tienen tiempo hasta hoy para presentar su conformación por lo que las negociaciones continuarán durante toda la jornada. En el oficialismo la expectativa es la de pegar el “zarpazo” y quedar como la primera minoría que, más allá del título, los deja muy bien posicionados para lo que será el reparto de las sillas en las comisiones; y con una posición de fortaleza que habrá que ver cómo se traduce en el recinto.

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