Los arzobispos y obispos a partir del primer día del nuevo año ya no recibirán una asignación mensual. Tampoco habrá otras ayudas menores.
Si bien el monto total es pequeño, la ayuda había suscitado críticas por provenir de un Estado no confesional.
La Iglesia católica ya no recibirá el aporte económico del Estado. La Conferencia Episcopal Argentina anunció oficialmente que el último día de 2023 concluyó el proceso que había iniciado hace cinco años con vistas a la renuncia a la asignación mensual que recibían los arzobispos y obispos de todo el país. A esto se sumará en los próximos meses la prescindencia de una contribución a los seminaristas diocesanos y el completo reemplazo de otra a los párrocos de frontera por una ayuda a la obra solidaria.
El monto del aporte no era significativo -un poco más de un centenar de prelados recibían unos 55 mil pesos mensuales e incluso era menor la ayuda a unos pocos seminaristas y párrocos de frontera- y significada el 7 % del presupuesto de la Iglesia. Pero suscitaba polémica porque implicaba una contribución permanente al sostenimiento de una religión determinada de un Estado no confesional y porque había sido dispuesto por una ley de la última dictadura.
Con el artículo 2 de la Constitución que establece que el gobierno federal sostiene al culto católico como marco, la ley 21.950, de 1979, estableció que los arzobispos y obispos ganaran de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración del juez nacional de primera instancia. Un año antes, la ley 21.540 estableció que los arzobispos y obispos que cesarán en sus funciones por razones de edad o invalidez percibirían una asignación equivalente al 70 %. Pero los montos hace años que no se actualizaban. Finalmente, un decreto de 1980 también dispuso una ayuda a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos.
En 2018, durante el primer debate por la legalización del aborto que promovió el gobierno de Mauricio Macri, se alzaron voces pidiendo la “separación” entre la Iglesia católica y el Estado que, en los hechos, implicaba el cese del aporte económico. En un informe ante el Congreso, el entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, expuso la situación a partir de una consulta de la diputada de Evolución, aliada a Cambiemos, Carla Carrizo.
Entonces, la Iglesia anunció el inicio de un proceso para renunciar al aporte que ya venía considerando y puso en marcha un plan para su completo autosostenimiento en base a la contribución de sus fieles. Dijo tras una reunión de la comisión permanente del Episcopado que se estaban estudiando propuestas “con el fin de ir resignando de manera gradual las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado nacional”.
A ello se sumó a fines de ese año una resolución de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación que autoriza a toda religión reconocida por el Estado -o sea, la católica y las que figuran en el Registro Nacional de Cultos- a poder percibir de los padres de los alumnos de los colegios bajo su gestión un aporte para el sostenimiento de su culto.
Además, el año pasado la secretaría de Culto dispuso con carácter transitorio una asignación de 98 mil pesos para un puñado de arzobispos y obispos ancianos y con invalidez que se tramitará -según aclara la propia Conferencia Episcopal- de manera particular siguiendo una serie de requisitos.
La renuncia al aporte del Estado fue aprobada en un plenario de obispos en 2018 por abrumadora mayoría. “Esta renuncia es un gesto que hemos anunciado al Pueblo de Dios y a la sociedad en general ante los cuáles hemos empeñado la credibilidad de nuestra palabra”, decía a comienzos del año pasado una circular interna.
La renuncia formó parte de un largo debate interno -en rigor, hay una disposición interna de avanzar en el completo sostenimiento de la Iglesia que data de mediados de la década del ’90, entonces publicada por Clarín- cuya concreción contribuirá a la independencia del Estado que, en la Argentina, es como decir del gobierno de turno, justo cuando el pontífice es argentino.
Del debate por el aborto al “no hay plata”
Suele decirse, con razón, que los tiempos de la Iglesia son largos. La renuncia al aporte del Estado no fue la excepción. A comienzos de los ’90 los obispos ya debatían hacerlo. Y si bien la contribución estatal no era muy significativa -en los últimos años no llegaba al 10 % del presupuesto de la Iglesia- en muchas de las 65 diócesis del país la asignación mensual a los obispos y la ayuda a los párrocos de frontera y los seminaristas diocesanos era valiosa.
El escollo para renunciar era que los obispos no lograban contar con un plan de autosostenimiento eficaz. Por impericia o por reticencia a hablar de dinero con los propios fieles. Y mostrar sin vergüenza sus números. Hubo varios como el Plan Compartir que, en un momento, pareció que cuajaba. Para colmo, muchos católicos creían que la Iglesia estaba totalmente financiada por el Estado y entonces no hacía falta poner un peso.
El debate por la legalización del aborto que habilitó el presidente Mauricio Macri con el envío de un proyecto aceleró los tiempos. La oposición de la Iglesia provocó una campaña de los que agitaban los “pañuelos anaranjados” pidiendo la separación de la Iglesia y el Estado. El tema se coló en un informe ante el Congreso del entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante una pregunta de la diputada radical Carla Carrizo.
Para la Iglesia aquello fue una puesta en escena del gobierno -Carrizo, de Evolución, estaba a favor del proyecto y era una aliada de Cambiemos- que, junto con la campaña de los “pañuelos anaranjados”, la decidió a acelerar los tiempos y anunciar que comenzaba el proceso para renunciar al aporte estatal. Era muy poco el dinero que recibía del Estado y el daño en su imagen, cada vez más grande.
Puso en marcha el llamado Programa Fe, actualmente vigente, que cuenta con un fondo compensador para atender a los obispados más pobres. A la vez que obtuvo que los colegios gestionados por todas las religiones reconocidas por el estado pudiesen percibir una contribución de los padres para el sostenimiento del culto.
Así las cosas, la Iglesia gana en independencia y la famosa separación del Estado está en buena media consumada. No es un dato menor que se concrete cuando hay un pontífice argentino que brega por una concepción moderna de la religión en un contexto plural y democrático.
Y no deja de ser curioso que se produzca cuando el flamante presidente Javier Milei viene advirtiendo que “no hay más plata”.
En La Plata mantienen las dudas sobre el accionar de la agrupación ultra K en los acuerdos subterráneos. Entre los intendentes creen que lograrán acercar posturas
Idas y vueltas. Una vez más. Van y vienen los pedidos de apoyo para que el Gobierno bonaerense tenga la habilitación para endeudarse y respire hondo en el medio de una gestión asfixiada por la falta de fondos de la Casa Rosada. Detrás de esas negociaciones cruzadas, permanentes e inestables, está presente la interna del peronismo. La relación tormentosa y furiosa que tienen el kicillofismo y el cristinismo.
Ayer por la tarde, Kicillof hizo un pedido concreto y directo. Tomó la precaución de dejar expuesta la necesidad que tiene su gobierno de obtener el endeudamiento y la situación de debilidad en la que deja a la gestión si la ley no sale. En La Plata se encargaron de reforzarlo. “Si no logramos sacarlo, quedamos en una situación crítica”, precisaron.
“La provincia de Buenos Aires necesita las herramientas para no desproteger a nuestro pueblo. Es una emergencia económica del país y de la provincia. Estamos atravesando una profunda recesión que afecta a todos los sectores”, expresó el Gobernador durante una conferencia de prensa que brindó en La Plata.
Kicillof aseguró que se perdieron “5.000 empresas en la provincia” y “172.000 puestos de trabajo”, además de destacar que hay “mil obras frenadas en todos los rubros” con una gran cantidad de “despidos, suspensiones y cierres de empresas”. El Gobernador habló de “asfixia financiera” por parte del gobierno de Milei.
En la conferencia, que buscó ser una muestra de alineamiento detrás del pedido del Gobernador, había referentes del Frente Renovador, La Cámpora y el peronismo bonaerense, identificado, sobre todo, en los intendentes y el sector sindical.
La cuestión por el endeudamiento deja al descubierto la interna peronista en la Provincia de Buenos Aires (Adrián Escandar)
Sin embargo, hay dos versiones de una misma historia. El presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria en la Legislatura Bonaerense, Facundo Tignanelli, es el vocero de la postura del kirchnerismo. En los últimos días no se ha movido un centímetro de su discurso público. Consideró que es necesario sacar la ley de endeudamiento “para poder cumplir con todas las obligaciones que la provincia tiene”. Además, sostuvo que en el peronismo vienen “trabajando para tratar de lograr esa ley tan necesaria”.
La unidad que expresa el legislador camporista, no es decodificada de la misma forma en el kicillofismo, donde desconfían, en forma permanente, de cada una de las negociaciones de la que es parte el cristinismo. “Nos corren el arco todo el tiempo. A la mañana dicen una cosa, a la tarde otra y a la noche una nueva”, se quejó un importante funcionario platense.
En el Gobierno bonaerense y en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay una desconfianza permanente sobre cada movimiento del cristinismo. Tiene que ver con que, en el fondo, advierten que la relación política está rota y que nadie de esa tribu quiere que Kicillof sea el candidato a presidente del peronismo ni que se convierta en el sucesor de Cristina Kirchner.
Kicillof en la presentación del Presupuesto 2026
Si no quieren el objetivo de fondo, tampoco van a querer el objetivo a corto plazo. Entonces, el desgaste de la gestión estará siempre presente como una postura del cristinismo para con el kicillofismo. “Quieren ver cuántos nos sacan, cuánto nos debilitan. Están jugando en tándem con algunos sectores de la oposición”, indicaron en una oficina importante de la gobernación.
Entre los intendentes hay una visión más moderada. Creen que no hay “temas sensibles“ sin cerrar y que este miércoles el peronismo llegará con una posición unificada. La clave, entonces, será buscar los votos en los sectores más blandos de la oposición.
La vocación de cerrar acuerdos va a contramano de los sentimientos que atraviesan la relación política entre el kicillofismo y La Cámpora. No se eligen, no se quieren, pero el contexto y las necesidades de ambas partes los lleva a tener que buscar un punto de acuerdo forzado.
En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.
El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera.
Maduro y su gobierno siempre han negado todas las acusaciones criminales y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, dijeron tres de las fuentes.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa (REUTERS)
También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes.
Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares.
Ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, dijeron dos de las fuentes. El Miami Herald informó previamente varios detalles de la llamada. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.
Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes (REUTERS)
El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro se proclamó reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa y que, según observadores independientes, obtuvo una victoria abrumadora de la oposición.
El lunes, al dirigirse a los manifestantes, Maduro juró “absoluta lealtad” al pueblo venezolano.
No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.
Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver.
La recompensa millonaria por la captura del dictador Nicolás Maduro
Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.
La administración de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes.
El oficialismo podría presentar un bloque de 94 miembros. Mientras, busca que los gobernadores le quiebren la bancada al peronismo
El mundo libertario se encamina a tener el primer festejo parlamentario con la nueva composición del Congreso de la Nación.
Luego del fallido intento por Lorena Villaverde en el Senado, el bloque de LLA tendrá algo para mostrar a la exigente Casa Rosada que solo quiere triunfos y no perdona derrotas. Por estas horas estará ingresando el documento que lleva la firma de Gabriel Bornoroni con el listado de los legisladores que conformarán el bloque de LLA y se quedaría con la primera minoría de laCámara de Diputados.
“En solo 4 años pasamos de dos diputados –Javier Milei y Victoria Villarruel– a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados” señala, exultante, un diputado de LLA que va a empezar a transitar su tercer año de mandato en pocos días.
Mientras la oposición buscaba reorganizarse y trabajaba sus propias versiones de los proyectos de reformas, el oficialismo se dedicó a salir de caza por el recinto y se llevó en solo un mes más de 14 diputados.
Al término de la elección, el bloque de LLA iba a estar conformado por 79 legisladores. Hubo un principio de conversación con el PRO por un interbloque y el partido amarillo aseguró que iba a apostar por la independencia. Luego de esa decisión, y antes de que comenzara noviembre, se fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena y en las últimas horas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.
Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich y Martín Menem
A este grupo se le sumó el bloque de los radicales con peluca con el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Hasta acá, los libertarios sumaban 91 diputados.
Pero los pases no parecen haber terminado y en las últimas horas los libertarios apuestan a sumar entre tres y cuatro diputados más y, por otro lado, incentivan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que se vayan del bloque de UP y armen uno nuevo.
En lo que se refiere a posibles incorporaciones al mundo libertario, se espera la llegada de José Nuñez y de Lorena Petrovich, ambos del PRO. Esta última asumirá para completar el mandato de Silvia Lospennato y todos tienen en Patricia Bullrich su terminal política.
De completarse todos estos pases, el bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni llegará a la sesión preparatoria con 94 diputados.
Ese número los dejaría a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría y ya sin “peceras” a dónde ir a pescar, la estrategia libertaria se concentró en “empujar” a los gobernadores peronistas a romper el bloque en el Congreso. Principalmente al catamarqueño Raúl Jalil que viene amagando desde hace tiempo con retirar a sus legisladores del bloque de UP.
El peronismo logró contener en las urnas la cantidad de legisladores y el 27 de octubre el bloque que conduce Germán Martínez amaneció con 98 integrantes.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)
Pero al poco tiempo el tucumano Javier Noguera anunció que no iba a asumir en el bloque y se iba a Independencia, el bloque del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Un camino similar seguiría el diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández.
Pero lo que busca el oficialismo es que los cuatro diputados catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil; o los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora.
“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un libertario que transita los pasillos de Diputados.
Las negociaciones se mantienen. El oficialismo promete a los gobernadores vía el ministro del Interior, Diego Santilli, y la oposición les recuerda que en dos años no les cumplieron la promesa.
“No sé que van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro” aseguró una alta fuente del bloque del peronismo en Diputados.
Los bloques tienen tiempo hasta hoy para presentar su conformación por lo que las negociaciones continuarán durante toda la jornada. En el oficialismo la expectativa es la de pegar el “zarpazo” y quedar como la primera minoría que, más allá del título, los deja muy bien posicionados para lo que será el reparto de las sillas en las comisiones; y con una posición de fortaleza que habrá que ver cómo se traduce en el recinto.