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El peligro de que “libertad” se transforme en una mala palabra

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La mirada antiempresaria que dominó al kirchnerismo generó conflictos e ineficiencias muy graves. Pero si la alternativa es que un Gobierno les permita a las empresas hacer cualquier cosa, existe una posibilidad cierta de que muchas personas terminen recordando con vergüenza esos “¡viva!” que gritaban como eco al “¡viva la libertad, carajo!” de su líder

El candidato a la Presidencia de Argentina de La Libertad Avanza (ultrederecha), Javier Milei saluda a sus seguidores, este 19 de noviembre de 2023. EFE/ Enrique Garcia Medina

Rodrigo de Loredo es uno de los dirigentes más importantes del radicalismo cordobés. En el 2021, encabezó la lista de diputados nacionales que triunfó en esa provincia. En el 2023 no le fue tan bien. Por medio de un acuerdo político cedió la candidatura a gobernador a Luis Juez. El se postuló como intendente de Córdoba capital. Ambos fueron derrotados. Cualquiera que lo escuche, descubrirá rápido que su mirada sobre cómo debería funcionar la economía, se podría definir como ortodoxa, o liberal. Por radical, por cordobés, por liberal o por las tres cosas, De Loredo ha sido siempre implacable con el kirchnerismo.

Pese a eso, De Loredo ha planteado dos objeciones. Una de ellas ha sido muy discutida en estos días: el intento presidencial de anular la actividad del Congreso. “Tiene visos napoleónicos. Los cambios, para que se sostengan, tienen que tener consenso. Probablemente no esté de moda, nos choquemos con el noviazgo electoral, lo que vos quieras. Pero para nosotros es inadmisible una delegación de facultades que prácticamente se traduzca en la anulación del parlamento. Está de moda ahora decir que la casta, que los diputados son todos unos inútiles. Lo que fuera. Me tiene sin cuidado. No me agravia. Pero lo que nosotros no aceptamos es que se evadan los organismos de control”.

La segunda objeción de De Loredo no ocupa aun un rol central en el debate público. Pero, si la sociedad argentina sigue siendo la misma de siempre, en poco tiempo lo hará. “El ideario liberal se compone por una triada –explicó el diputado cordobés– aunque todavía no escucho nada al respecto: tribunales de competencia fuertes, autónomos, con capacidad sancionatoria, leyes antimonopólicas, anticartelización, y fuerte defensa de los derechos del consumidor. Lo que no nos puede pasar, y eso agrava la situación social, es que cambiemos unas corporaciones por otras. Alguien debería explicar por qué hace 50 años manejan las obras sociales los gremios, nos acostumbramos a cosas que son insólitas. Pero si vos sacás la corporación gremial, pero no cambiamos que se junten las cinco prepagas más importantes y nos metan un mazazo en la cabeza, en el peor momento económico y social, estás cambiando una corporación por otra”.

Esa referencia señala un punto neurálgico de las medidas que ha comenzado a poner en marcha la administración Milei. Si en un mercado muy sensible y concentrado –en este caso, el de la Salud—un Gobierno desregula completamente los precios, puede ocurrir que la cartelización derive en un abuso. La teoría de moda sostiene que eso será por un tiempo, hasta que un nuevo actor aparezca y ofrezca un precio menor: “un producto mejor al menor precio”.
Seguidores de Javier Milei durante la campaña presidencial del líder de La Libertad Avanza (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
Seguidores de Javier Milei durante la campaña presidencial del líder de La Libertad Avanza (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La mayoría abrumadora de la biblioteca liberal ve un serio riesgo en esa mirada, dominante hoy en la Argentina. Las razones son bastante obvias: los sectores que dominan el mercado son poderosos, y harán lo que sea para que no surja ese nuevo protagonista. Pero si así no fuera, aun si abrieran generosamente la competencia, incluso si dejaran entrar a su mercado a quien lo intentara, aparecería una cuestión de tiempos. ¿Cuánto tardaría el nuevo actor en instalarse, en desarrollarse, en estar en condiciones de competir?

Se trata de un debate central para los años que vienen, dada la visión extrema que intenta imprimir el Gobierno a la organización social argentina. Algo parecido ocurre en el mercado inmobiliario. Hasta aquí existió una ley de alquileres que regulaba mal, de tal manera que la oferta de vivienda se redujo mucho y los precios no bajaron. Javier Milei y Federico Sturzenegger intentan producir una revolución copernicana. Que no se regule nada: ni los precios, ni los plazos, ni los ritmos de actualización, ni la moneda pactada. La teoría implícita, de nuevo, sostiene que a “la libertad” le sucederá un crecimiento vertiginoso de la oferta, que regulará los precios y los abusos.

Pero puede ocurrir, en cambio, que por medio de la aplicación Airbnb aparezca una demanda gigantesca e inesperada y que ninguna oferta pueda satisfacerla. En ese caso, los precios serían accesibles a esa oferta, conformada por turistas extranjeros, pero prohibitivos para los argentinos. ¿Qué se haría en ese caso con los inquilinos locales? ¿Afuera? Este tema ha merecido regulaciones importantes en lugares muy disímiles como Manhattan o Barcelona. En ninguno de ellos gobiernan el comunismo ni los orcos del señor de los Anillos.

Naturalmente, la desregulación completa del mercado de alquileres es una ganancia enorme de libertad, pero solo para los propietarios. ¿Cuál es el grado de libertad que gana un inquilino?: ¿el de irse a un lugar más pequeño?

Un tercer ejemplo es lo que ocurre en estos días con el mercado de combustibles. Como se sabe, la regulación del mercado de las naftas durante el último gobierno generó problemas muy serios. De hecho, hubo dos crisis de abastecimiento en un año y medio, la última de ellas durante la campaña electoral. Eso no ocurre en países normales. El sistema debía cambiar. El criterio del gobierno es que debe hacerlo rápido, de manera extrema y sin ninguna discusión.

La medida más significativa en este sentido consiste en desregular completamente el precio. De esta manera, los consumidores argentinos terminarán pagando el precio internacional del producto. Lo que viene es un ajuste mayor, porque las empresas, con ese objetivo, deben compensar el atraso respecto de la inflación local y luego del valor de exportación. Hay argumentos bastante razonables para que esto sea así si se pretende desarrollar la exportación de combustible. Entre ellos, que el subsidio generalizado ha servido, mayoritariamente, para aliviar a sectores privilegiados que son los que más consumen nafta.

Pero muchos analistas del sector están sorprendidos por otro detalle. El gobierno anterior compensó la regulación de precios con una baja del impuesto al combustible. De esta manera, resignaba recursos fiscales a cambio de no dar malas noticias en período electoral. Algunos especialistas calculan que la pérdida de recaudación para sostener precios ficticios se acerca a los 2 mil millones de dólares para el último ejercicio. Todo sin sentido porque, como se sabe, la inflación no se detuvo sino todo lo contrario.

Flanqueado por sus ministros, el presidente Javier Milei presentó un DNU que elimina numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas (21/12/2023)
Flanqueado por sus ministros, el presidente Javier Milei presentó un DNU que elimina numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas (21/12/2023)

Ese es el pasado absurdo que debe corregirse. Lo lógico sería que si un gobierno desregula el precio reimponga el impuesto. La administración Milei hizo lo primero pero no lo segundo. Los empresarios, entonces, están en el mejor de los mundos: sin techo para los precios, y sin tener que pagar impuestos. El Estado sigue resignando cientos de millones de dólares. Eso, en un contexto donde se dice que no hay plata y por eso se recortan fondos de obras públicas fundamentales o ingresos para los jubilados. ¿Se deberá esto solo a una mirada ideológica sobre cómo funciona la economía? ¿A un negocio espectacular? ¿O a ambas cosas, depende quien sea el actor que la impulse?

De Loredo es un liberal. Juan Grabois pertenece a otro sector ideológico, mucho más inclinado hacia el dirigismo y la regulación. En estos días, difundió un cuadro con una enumeración detallada acerca de cómo el Decreto de Necesidad y Urgencia favorece a empresas de todas las áreas de la economía, en perjuicio, a primera vista, de los consumidores o del resto de la sociedad: supermercados, billeteras virtuales, bancos, tarjetas de créditos y así hasta el infinito.

Cada uno de estos ejemplos permite hacerse preguntas sobre el significado que el Gobierno le otorga en estos días a la palabra libertad. Los pacientes, los inquilinos, los transportistas tenían su libertad afectada hasta el 10 de diciembre porque todo era caro y funcionaba mal: ¿y ahora? ¿tendrán más o menos libertad?

Se trata de solo tres ejemplos. En condiciones normales, cada uno de ellos deberían ser debatidos como corresponde en el Parlamento y por los distintos sectores involucrados. Pero fueron incluidos en un Decreto de Necesidad y Urgencia entre cientos de medidas que afectan, de la misma manera y con el mismo espíritu, a otras tantas áreas de la sociedad argentina. Entonces, se despliega un mecanismo de extorsión donde se supone que se debe aprobar a libro cerrado. El que no lo hace es un “orco”, un enemigo de la libertad, un golpista, o alguien que no es sensible a las urgencias de la pobreza. Por momentos parece una broma, pero el clima social de estas semanas parece avalar esos empujones.

Hay, naturalmente, valores muy relevantes que atraviesan estas discusiones. Durante muchos años, la mirada antiempresaria que dominó al kirchnerismo generó conflictos e ineficiencias muy graves: los resultados están a la vista. Si la alternativa es que un Gobierno le permita a las empresas hacer cualquier cosa, existe una posibilidad cierta de que el clima tan permisivo vuelva a ser muy hostil y que muchas personas terminen recordando con vergüenza esos “viva” que gritaban como eco al “viva la libertad, carajo”, de su líder.

En el año 2015, la premio nobel de literatura Svetlana Alekseievich escribió un libro impresionante llamado El Fin del Homo Sovietikus. El libro consiste básicamente en historias de vida de ciudadanos rusos contadas por ellos mismos. Son relatos de mucho sufrimiento donde se percibe la violencia ejercida contra ellos y sus familias por el régimen soviético, la esperanza que les generó la caída de la Rusia comunista y, sorprendentemente, la nostalgia que sienten hacia el mismo comunismo que arruinó sus vidas. Hay que leerlo para entender cómo se puede extrañar un régimen tan espantoso. Tal vez su reemplazo haya sido aún peor para la gente común. De esa nostalgia, tal vez, surgió la dictadura de Vladimir Putin.

Ese texto no tiene nada que ver con la Argentina. Aquí no vivimos nunca bajo un régimen comunista ni colectivista, diga lo que diga el Presidente. Pero, al leerlo, algo me hizo pensar en lo que ocurre en nuestro país, en este fin de año tan lleno de emociones.

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Once días atado, racismo y un dedo amputado: el brutal secuestro que reveló un nuevo perfil criminal en la Argentina

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Ariel Strajman tenía 27 años cuando fue raptado mientras entraba al garaje de su edificio en Villa Urquiza. Su caso marcó un cambio del mapa delictivo: bandas sin prontuario, de jóvenes de barrios acomodados con una crueldad metódica. A más de veinte años, su historia sigue siendo un espejo incómodo de la violencia de aquellos años. El encuentro a solas con él a la distancia

“Si a Maradona le cortaron las piernas en el Mundial de Estados Unidos, a mí me arrancaron el corazón, la mente, todo”, me confió en la única entrevista que dio Ariel Strajman, sentado en el living del departamento de su familia en Villa Urquiza, casi un par de años después de que una banda improvisada pero feroz lo secuestrara y le amputara el dedo meñique de su mano derecha para cobrar el rescate.

Estaba triste, pero firme y con mucha bronca acumulada: “Pedí pena de muerte y al cabecilla le dieron 22 años. ¿Qué diferencia, no? Estas cosas incentivan para irse del país. Después de saber el veredicto quedé arruinado. Me cortaron un dedo y me anunciaron que después venía la mano. Y que me despedazarían lentamente, mientras me llamaban ‘judío de mierda’ y se reían. Después me quemaron el pecho y los labios con encendedores y me colocaban jamón en la boca y me daban alcohol para emborracharme. Estaba atado de pies y manos, me dieron pastillas de Lexotanil para dormir. En el juicio aseguraron que no hicieron nada de eso. Y Adrián Sommaruga se solidarizó con mi familia en el debate oral. Ahí me paré y me fui a la mierda, para no armar un quilombo y terminar preso yo. Sentí que en ese fallo se me fue la vida y el futuro”.

Alberto Sommaruga, el mayor de los integrantes de la familia de secuestradores

Las frases no fueron en caliente, sino en una charla en la que intentó poner en palabras el hueco que dejó aquel rapto que lo convirtió, sin quererlo, en símbolo de una época de violencia social contenida. Su historia, como la de tantos otros secuestros exprés de comienzos de los 2000, mezcló juventud, impunidad y un nivel de planificación que asombró incluso a los investigadores más experimentados, más allá de los errores garrafales que los delincuentes cometieron.

Transcurría 2002, la crisis económica había mutado en algo más peligroso: una crisis moral. Mientras el país intentaba recuperar cierta normalidad, en el conurbano bonaerense germinaban bandas improvisadas, sin prontuario, formadas por patovicas, empleados y estudiantes universitarios que vieron en el secuestro un negocio rápido. La de Ariel fue una de las más insólitas: sus captores eran jóvenes, de barrios acomodados de la ciudad de Buenos Aires, con autos importados y la misma torpeza que violencia.

Ocurrió el 16 de octubre de ese año. Strajman, de 27 años, empresario, hijo de joyero, llegaba a su departamento. Fue interceptado por un grupo armado que lo subió a un auto y lo trasladó hasta una casa cercana ubicada en la calle Holmberg, que luego se comprobó era de la familia Sommaruga, de donde provenían la mayoría de los componentes de la banda. A patadas y empujones le hicieron bajar una escalera resbalando en cada peldaño hasta un sótano donde lo ataron tan fuerte que apenas podía respirar.

Lo encadenaron de pies y manos. Después lo llevaron a otra vivienda en el Complejo La Josefina, en la esquina de Tulipanes y Las Glicinas en la ciudad de Pilar, lugar donde lo mantuvieron encerrado y lograron cobrar un primer rescate, algo así como mil dólares, seiscientos pesos y alhajas. Y como les salió bien intentaron pedir más dinero.

Pablo Sommaruga, otro de losPablo Sommaruga, otro de los integrantes condenados de la banda (NA)

Durante los días siguientes, lo golpearon, lo humillaron y, para demostrarle a su familia que hablaban en serio, le cortaron el dedo meñique de la mano derecha. Esa imagen dentro de una bolsa la recibió su familia exigiendo un rescate de 30 mil dólares, y luego recorrió oficinas policiales, redacciones y despachos judiciales. Era el símbolo de una crueldad que ya no tenía fronteras de clase. “Esto que vas a sufrir no se compara ni con el Holocausto”, lo torturaban.

Las llamadas eran constantes, con tono burlón y precisión militar. Algunos trabajaban como patovicas en boliches de la zona norte, otros estudiaban carreras universitarias. Su presunto líder, Pablo Sommaruga, había sido custodio en locales nocturnos y mantenía contactos con el ambiente del fisicoculturismo. Los investigadores descubrieron que no se trataba de una banda común: no había delincuentes históricos, sino una mezcla de soberbia y amateurismo que, en conjunto, resultó devastadora.

El secuestro duró once días. Ariel fue liberado tras el pago de un rescate parcial y un operativo encubierto de la Policía Federal. Llegó al hospital deshidratado, con el cuerpo lleno de hematomas y la mano. “No sé cómo voy a volver a dormir”, reflexionó mirando al piso. Los médicos le explicaron que el dedo no se podía reimplantar, tampoco la vida anterior.

La investigación fue un rompecabezas. Los secuestradores habían dejado rastros en los teléfonos, en las cabinas y hasta en los billetes del rescate. Cayeron uno a uno. Cuando se conocieron sus identidades, la sorpresa fue general: jóvenes de entre 25 y 35 años, sin antecedentes, con buen aspecto y vínculos sociales. Los medios los bautizaron como “La banda de los patovicas”, aunque en el expediente figuran como una “asociación ilícita dedicada al secuestro extorsivo”.

Venían cometiendo delitos en la zona aledaña de Saavedra y Villa Urquiza. Pero la sensación de impunidad con que se movían los llevó a cometer errores, algunos garrafales, como utilizar el mismo teléfono para hacer las llamadas para pedir las sumas de los rescates, por lo que rápidamente se identificó el número de un celular, a través del cual se obtuvieron los datos del titular de la línea.

Ariel Strajman junto a suAriel Strajman junto a su padre a la salida de los tribunales de Comodoro Py donde se realizó el juicio (NA)

De esa forma sencilla la policía llegó a la casa de la calle Holmberg donde al principio tuvieron a Strajman. Atendió María Esther Gottig, esposa de Alberto Juan Sommaruga, propietarios de la vivienda y reconoció que el teléfono le pertenecía. Pero la embarró más aún cuando intentó aclarar y mencionó que su hijo lo utilizaba para “trabajar”. Terminó detenida junto a su marido y sus hijos, Adrián y Pablo, y el resto de los sospechosos, uno de ellos llamado Diego Sibio –hijo solo de Gottig- y otros que no pertenecían a la familia.

La policía ordenó cuidadosos allanamientos. Uno fue clave para llegar a la vivienda de Pilar y poder liberar a Ariel Strajman. En otros pudieron secuestrar dos pistolas calibre nueve milímetros, otra 11.25, un revólver Magnum 357, un 32 con numeración adulterada y una ametralladora Mini Uzi automática de fabricación israelí.

Todos fueron imputados desde el comienzo por los delitos de “secuestro extorsivo, asociación ilícita, tormentos, con el agravante de odio racial, lesiones gravísimas, uso de documento de identidad falsificado y tenencia ilegal de armas de guerra”. María Esther Gottig fue alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza y los hombres en el penal de Villa Devoto. Dos años más tarde, la última semana de setiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal Nº 1 que por entonces estaba integrado por Mario Gustavo Costa, Martín Federico y Jorge Gettas dictó sentencia: 22 años de prisión para Adrián Sommaruga; 16 para su hermano Pablo; 14 para Osvaldo Keroa; seis para María Esther Gottig; cinco para Alberto Sommaruga y Diego Sibio; y tres para Nicolás Barlaro.

Durante el juicio, el contraste entre la víctima y los acusados fue brutal. Ariel, de traje oscuro y voz temblorosa, describía las noches sin luz, los insultos, el dolor. Del otro lado, los imputados se mostraban serenos, casi altivos. En sus declaraciones, ninguno mostró arrepentimiento real.

La justicia los calificó como una organización “que actuó con extrema frialdad y desprecio por la vida humana”. El caso fue emblemático porque marcó un cambio en el mapa criminal argentino. Ya no eran bandas marginales las que secuestraban, sino grupos con educación, contactos y ambición económica. Los investigadores compararon su estructura y su método con aquellos secuestros familiares de los ochenta que habían conmocionado a la sociedad, aunque esta vez sin la solemnidad de un clan ni la mística de un apellido como el de los Puccio, por ejemplo. Era el reflejo de un tiempo en el que todo parecía posible, incluso lo impensado.

Para Ariel las noches seguían siendo un campo minado. En 2020, el apellido Sommaruga volvió a escena: Pablo, con la condena ya cumplida por el secuestro de Strajman, vivió un acto de agresión mientras gozaba de salidas transitorias de la Unidad 14 de Esquel en una causa por portación de armas. Sucedió en las inmediaciones del barrio Vepam cuando vecinos lo increparon y lo golpearon.

En ámbitos judiciales los fiscales aún recuerdan la causa como una de las más complejas de la década. No por su extensión, sino por su impacto emocional. “Ariel fue un testigo de excepción —dijo uno de ellos años después—. No solo narró su cautiverio, también nos obligó a mirar de frente una forma nueva de criminalidad”. El secuestro de Strajman se convirtió en un espejo difícil de mirar donde podía verse el sadismo más cruel.

Él mismo aceptó que no busca revancha, sino olvido. “No odio, pero no quiero ni recordarles la cara”. Y aunque los nombres de sus captores ya forman parte de un archivo judicial, el trauma persiste en él como una sombra imposible de soslayar.

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Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados

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El grupo de jóvenes de Bell Ville difundió el video a través de la cuenta de Instagram de la promoción. Allí, uno de ellos aparece con un vestido estampado roto y el cuerpo pintado con manchas rojas

Un grupo de estudiantes del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267 de la localidad de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, protagonizó un repudiable hecho durante su viaje de egresados, cuando uno de ellos fue grabado usando un disfraz en el que simulaba ser una víctima de abuso sexual. El video, difundido inicialmente en la cuenta de Instagram de la promoción, se viralizó y provocó un fuerte rechazo social por trivializar el tema.

Según informó el medio local El Doce, la rápida difusión del video motivó pedidos de sanción y un fuerte repudio por parte de la comunidad educativa y de la sociedad en general.

En el mensaje, los alumnos reconocieron: “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”.

El comunicado de la otraEl comunicado de la otra división de la IPET 267 de Bell Ville, Córdoba

En sus palabras, los estudiantes afirmaron: “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido”.

El texto de este segundo comunicado profundizó en la reflexión sobre el contexto social y la responsabilidad individual, al señalar: “La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”.

Por último, solicitaron la intervención de las autoridades escolares para que se tomen medidas concretas. “Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación”, concluyeron.

Esta no es la primera vez en el año que un grupo de alumnos de una escuela que estaba en medio de su viaje de egresados en Bariloche queda envuelto en un hecho polémico. A finales de septiembre, unos estudiantes de una escuela de Canning fueron filmados mientras realizaban cánticos antisemitas.

Hoy quemamos judíos”, era la frase que se repetía en el micro y que se puede escuchar en el video que se viralizó en las últimas horas. En las imágenes difundidas, se puede ver cómo un hombre, que sería el encargado del grupo, se sumó a los cánticos que generaron rechazo en las redes sociales.

De acuerdo con lo que se conoció hasta el momento, las imágenes datan del pasado 10 de septiembre, cuando en Bariloche estaban los alumnos de la Escuela Humanos de Canning.

Repudio de la Escuela Humanos tras cantos antisemitas en viaje de egresados

En ese marco, la propia institución educativa sacó un comunicado haciendo alusión a lo ocurrido. Allí señalaron que “la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”.

“De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”, continúa el escrito.

Y cierra: “Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática. Se adoptarán las medidas correspondientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva”.

En sus redes sociales, la escuela destaca que desde 2019 lleva el título de Embajadores Mundiales de la Paz. Esta distinción fue entregada por la agrupación Mil Milenios de Paz en un acto que se realizó en el Senado de la Nación.

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Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones tras la falla en el vuelo con destino a Córdoba

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La compañía investiga, junto al fabricante CFM y a otras aerolíneas de la región, el origen del desperfecto en uno de los motores del Boeing 737-800 que debió aterrizar en Ezeiza de emergencia

Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la suspensión preventiva de las operaciones de ocho aeronaves Boeing 737-800 equipadas con motores fabricados por CFM, tras la falla registrada en el vuelo AR1526 que partió ayer desde Aeroparque con destino a Córdoba. “El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, informaron.

Como informó este medio, el vuelo AR1526 presentó una falla técnica en uno de sus motores poco después de iniciar el despegue. La tripulación siguió los procedimientos de seguridad y dirigió la aeronave al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes. “Los pasajeros desembarcaron con total normalidad”, señaló la línea aérea.

El avión con destino aEl avión con destino a Córdoba debió aterrizar en Ezeiza

La compañía informó que el mantenimiento de todos sus motores “tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por los fabricantes”. Sin embargo, reconoció que “este es el cuarto suceso registrado en el último año con un mismo tipo de motor”.

También pidió la evaluación de otras aerolíneas de la región que operan con la misma motorización y “tuvieron sucesos similares”. Además, notificó a las autoridades regulatorias locales, con las que trabaja “para fijar un criterio de resolución”.

“Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de criterios de altísima exigencia”, subrayó la empresa. “El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, aclaró el texto oficial.

El incidente del miércoles afectó a más de 160 pasajeros del vuelo AR1526 de Aerolíneas Argentinas, que habían despegado ayer por la mañana del Aeroparque Jorge Newbery, en CABA, con destino a la ciudad de Córdoba. Allí, un motor del avión sufrió una falla y debió modificar su ruta inicial hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes.

Aerolíneas ArgentinasAerolíneas Argentinas

Como consecuencia del hecho, la terminal aérea metropolitana permaneció cerrada durante algunas horas, hasta que, pasadas las 11.30, reabrió sus puertas y reanudó sus actividades habituales. No obstante, algunos vuelos programados para esta jornada registraron demoras y reprogramaciones menores.

Fuentes de la aerolínea señalaron que “el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido”. Tras la inspección de pista, el fabricante fue informado sobre la incidencia con el objetivo de determinar el origen de la falla.

El Boeing 737-800 fue liberado luego de que los operarios completaron las tareas de revisión y limpieza en la pista. La empresa precisó que la medida preventiva no implica la cancelación de rutas, pero sí “una reorganización temporal de la programación de vuelos mientras duren las verificaciones técnicas”.

Aerolíneas indicó que continúa en contacto con el equipo técnico del fabricante CFM y con las autoridades aeronáuticas locales e internacionales “para definir los pasos a seguir antes de reincorporar las aeronaves al servicio”.

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