La denuncia contra el líder sindical es por incitación a la violencia y amenaza de muerte contra el titular de la cartera económica

“Si (el ministro de Economía Luis ‘Toto’) Caputo lleva adelante estas medidas, los trabajadores lo van a tirar al Riachuelo”, dijo esta tarde el líder camionero Pablo Moyano durante el acto de cierre por el paro de la CGT. Sus palabras no tardaron en generar una acusación penal. El abogado Jorge Monastersky radicó una denuncia contra el jefe sindical por “incitación a la violencia y amenaza de muerte”.

Ahora, fueron las palabras de Moyano las que generaron otra denuncia. Esta tarde, durante la movilización de la CGT en una jornada de paro nacional por las políticas económicas del gobierno de Milei, el líder camionero aseguró frente a los manifestantes: “Hace pocos días el Presidente, de forma risueña con un periodista, riéndose, decía que al Ministro de Economía, por las medidas que estaba tomando, hay que llevarlo en andas. El mismo ministro de Economía, que fue socio de Macri, que fugó 45.000 millones de dólares, que tendría que estar desfilando por los tribunales dando explicación. Yo le digo que si lleva estas medidas económicas de ajuste, de hambre, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas al ministro de Economía pero para tirarlo al riachuelo”.

Apenas unos minutos después de esas palabras, el analista financiero Javier Timerman se pronunció en la red social X: “Qué espanto escuchar a un dirigente sindical amenazar con tirar al riachuelo a Luis Caputo. Sin palabras. No hay lugar para esos dichos en una democracia”. El ministro de Economía contestó: “Gracias, Javier. Espero que la justicia tome cartas en el asunto”

Aunque dependerá de la fiscalía que evaluará la denuncia y encuadrará los hechos cuando le toque dictaminar, la figura de intimidación pública e incitación a la violencia se castiga con penas de hasta seis años de prisión. El primero de los cargos apunta a quien “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”. El delito 212, en tanto, reprime al que “incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación”. En tanto, se castiga con prisión de entre dos y cuatro años de prisión al que “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

A casi un mes de la asunción, funcionarios del Ministerio de Capital Humano pidieron en la Justicia los nombres detectados por la investigación del fiscal Marijuan. El lunes quedarían habilitados para interrumpir el pago de subsidios irregulares que cuestan 12 mil millones de pesos mensuales

El gobierno de Javier Milei quedará a partir del próximo lunes habilitado a tomar una demorada decisión que se viene arrastrando de la gestión anterior: la suspensión preventiva de 160 mil planes sociales destinados a beneficiarios de extrema vulnerabilidad social pero que son cobrados por personas que viajaron al exterior, algunas de ellas hasta en avión o cruceros. Se trata de un tema que involucra unos 12 mil millones de pesos mensuales, un monto impactante, sobre todo en tiempos en que el leit motiv de la gestión es “no hay plata”.

Tras la revelación de las demoras en frenar esas irregularidades, funcionarios de primera línea del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, tomaron contacto con funcionarios judiciales para acelerar los trámites necesarios para instrumentar una solución rápida, a fin de impedir que, por tercer mes consecutivo, se paguen planes sociales a personas que no lo necesitan.

Los piqueteros marchan para pedir más planes Potenciar Trabajo

Tras un entrecruzamientos entre la base de datos del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Migraciones, se pudo confirmar que salieron del país beneficiarios de ese plan social: 817 personas que viajaron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 con medio de transporte que no se especificaron. Vía aérea, 20.832 beneficiarios de planes viajaron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 desde el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.

Toda esa pormenorizada investigación que se difundió hace más de dos meses y que involucra a 1 de cada 10 subsidios, no tuvo, hasta ahora, ningún resultado. La ex ministra Victoria Tolosa Paz -antes de dejar el cargo para recalar en Diputados- había prometido que iba a dar de baja los beneficios irregulares. Pasaron más de 40 días y los planes se siguieron pagando. Lo mismo ocurrió con Pettovello, que asumió el 10 de diciembre y pese a las ostensibles irregularidades no se logró evitar otro pago. 12 mil millones de pesos más, pese al “no hay plata”.

Ni Pettovello ni Tolosa Paz pudieron impedir que se paguen subsidios a personas que no los necesitan, pese a la investigación judicial

Pero esa dinámica podría terminar a partir de la semana que viene si, como pudo saber Infobae de fuentes del caso, la Justicia entrega de manera formal los listados de las personas identificadas como beneficiarias de esos subsidios que viajaron al exterior, algunas con un lujo que confirman de manera evidente que no sufren altos niveles de vulnerabilidad social. Lo hará si efectivamente el Ministerio de Capital Humano presenta un pedido formal para obtenerlo. Es una tarea que Pettovello le habría encargado a Facundo Etchenique, el secretario de Coordinación Legal y Administrativa.

Los nombres de los beneficiarios están en bases de datos que las tiene en soporte magnético tanto el juzgado federal N° 11, a cargo de manera interina de Marcelo Martínez De Giorgi, como la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social de Marijuan, y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Ellos tienen el resultado del entrecruzamiento de los beneficiarios del Potenciar Trabajo con Migraciones.

Con ese listado, el gobierno de Javier Milei estaría en condiciones de aplicar una medida preventiva inmediata: suspender el pago del beneficio y convocar a la ANSeS a los afectados a certificar en un plazo perentorio de 10 días su condición de “vulnerabilidad social”. Por cada plan se pagan 66 mil pesos por mes, lo que en total son 10.554.654.000 mensuales. “Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación”, indicó la investigación del fiscal Marijuan.

“Este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. Se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”, agregó Marijuan, con estricto sentido común.

El fiscal de la unidad de la Seguridad Social, Guillermo Marijuan (foto Adrián Escandar)

El Potenciar Trabajo fue ideado por el gobierno de Mauricio Macri y, llegados Alberto Fernández y Cristina Kirchner al gobierno, se convirtió en la “nave insignia” de la política de asistencia del cuarto gobierno kirchnerista. Emilio Pérsico, como secretario de Economía Social y, a la vez jefe indiscutido del Movimiento Evita, estuvo durante cuatro años de los dos lados del mostrador. Era el responsable de otorgar los planes y “conducía” una militancia que se “solapó” con los beneficiarios de los subsidios.

Culminados los gobiernos de Mauricio Macri y del dúo Fernández-Kirchner, los programas Potenciar Trabajar alcanzaron a más de 1.500.000 beneficiarios. En ese océano inmenso de necesitados y familias carecientes, la unidad fiscal de Marijuan detectó los 160 mil “planeros” en condiciones económicas de viajar en auto, en micros y hasta en avión y cruceros. Es una proporción del orden de 1 a 10. Y todavía no se tomó medida alguna. ¿Se tomará a partir de lunes 8 de febrero?