Mientras el juez pasó para principios de diciembre la extracción forense de los dispositivos electrónicos del dirigente de La Cámpora y subadministrador de la AFIP, Fabián “Conu” Rodríguez.
El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja a full analizando el contenido de los dispositivos del espía inorgánico Ariel Zanchetta para avanzar para “arriba” en la red ilegal kirchnerista que espió a jueces, fiscales, empresarios y periodistas.
Mientras espera el resultado del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados al subadministrador de la AFIP y dirigente de La Cámpora, Fabián “Conu” Rodríguez y que el diputado ultra K Rodolfo Tailhade entregue voluntariamente su celular, el fiscal prepara un dictamen que apunta a tres espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que le pidieron trabajos a Zanchetta, detenido en la causa, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
Pero el pedido del ex director de Contrainteligencia de la SIDE y enemigo número uno de Cristina Kirchner, Antonio Stiuso, de ser querellante en la causa provocó más preocupación en el kirchnerismo. En los archivos del espía inorgánico preso se encontraron informes sobre el ex hombre fuerte del sistema de espionaje local, informaron las fuentes. En otro causa, Stiuso logró el procesamiento de dos ex funcionarios del gobierno de Entre Ríos Pablo Palá y Alexis Lesa por hacer inteligencia ilegal sobre él y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado unas semanas antes del crimen del ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman, en enero de 2015. Y tiene una vieja pelea con Tailhade y la AFI K.
La investigación sobre el “Conu”, que el lunes de la semana pasada saltó a la primera planta de los diarios, se retrasó porque el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi puso recién para principios de diciembre la fecha para realización de una extracción forense del contenido de sus dispositivos, entre ellos el celular personal del dirigente de La Cámpora que tardó cuatro días en entregarlo.
Es decir, la toma de una copia de esas comunicaciones será cerca del 10 de diciembre, día en que el presidente electo Javier Milei recibirá los atributos del mando. La casa del “Conu” parecía “Frávega”, dijo una fuente judicial. Le secuestraron nueve celulares, cinco notebooks, cinco netbooks, trece pendrives (uno con la leyenda “www.Telam.com.ar”, y otro llamado “Conectar Igualdad), una tablet y dos discos rígidos, entre otros dispositivos.
El “Conu” fue presidente de esa agencia de noticias del estado tras la renuncia por la difusión de la salida del país del periodista Damián Patcher que hizo Esteban Orestes Carella, actual director de Contrainteligencia de la AFI y hombre de confianza de Tailhade. Para colmo, el “Conu” se resiste a que otras partes pongan peritos cuando se abra el contenido de su celular.
El fiscal Pollicita trabaja en el nuevo dictamen que terminará a fin de esta semana o en la otra. Pollicita tiene 5 empleados escuchando unos 28 mil audios encontrados en los dispositivos de Zanchetta. Y pocos recursos informáticos ante tanta información digitalizada. Por ejemplo, le tienen que habilitar el aumento del archivo de la “nube” digital cada 15 días.
El ex director de la SIDE Antonio Stiuso, en un documental de Netflix.
Ese próximo dictamen, que será el tercero, abarcará las maniobras de espionaje desde el 2009 al 2015, es decir casi las dos presidencias de Cristina Kirchner. Durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, Zanchetta afirmó que integró un “grupo de tareas” supuestamente dirigido por el ex jefe del Ejército general (RE) César Milani y el ex director de Reunión de la AFI, Fernando Pocino, pero esta etapa la investigará más adelante.
Mientras que la situación se complica para el ex director de Contrainteligencia de la AFI, Tailhade. Por un lado, el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, le pidió al juez el secuestro de su teléfono ya que no lo entregó en forma espontánea. Y, por el otro, el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente en la denuncia por espionaje ilegal que le hizo el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y se la pasó su colega Martínez De Giorgi,
El nuevo dictamen apunta contra tres agentes de la AFI, cuyos nombres ya los suministró el organismo -pero se mantienen en secreto para no violar la ley de Inteligencia-, porque le pidieron informes a Zanchetta. Incluso, uno le mandó mensajes a través de Mercado Pago seguramente para tratar de cubrir sus huellas. Uno de esos tres le pidió, por ejemplo, informes de inteligencia de esos dos “objetivos” con “pelo y barba”, es decir todos los detalles, sobre el miembro de un consorcio y veterano empresario que ya había fallecido, entre otros.
En esas comunicaciones, Zanchetta le dice a los espías de la AFI: “si necesitan algo osea (sic) ustedes y la Casa cuenten con ello”, en una clara referencia a la AFI (ex Secretaría de Inteligencia).
La última acusación del fiscal sostiene que en la notebook Toshiba de Zanchetta se detectaron “documentos que evidenciarían posibles actividades de inteligencia clandestina — que incluirían intervenciones telefónicas ilegales, interceptación de correos electrónicos, utilización de drones y obtención de fotografías— sobre distintas personas: dirigentes políticos, legisladores, sindicalistas, familiares, empresarios, periodistas, un cardenal, una procuradora general”, entre otros.
En su cortada, Zanchetta presentó documentos que muestran que fue “Gerente General Operativo del Multimedio La Verdad del arzobispado de Mercedes que incluía el diario La Verdad de Junín -que dirigía el fallecido periodista Omar Bello- y radio LT20 de Junín, donde residía. Pero el fiscal cree que el rol de periodista lo usaba como “fachada” para encubrir las tareas de inteligencia.
En su primera indagatoria, Zanchetta afirmó que “nunca violé el secreto bancario de nadie, ni las declaraciones juradas de los jueces, que son reservadas. Si acostumbro mucho a trabajar con colegas periodistas”. También dijo que el informe sobre el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak “se habló con el Director de Realpolitik. Si buscan los chats en Whatsapp con Santiago Sautel, ahí me pide que lo ubique. En su momento me pidió del juez Kreplak, para ver si era el hermano del ministro de salud bonaerense. Zanchetta dijo que en sus chats: “también hay un grupo que se llama “Señor 5”, con el Director de Agencia Nova, -Mario Casalogne-, donde me hacía los pedidos para investigar. Una de las últimas fue sobre un empresario dueño de la marca Philco o Sanyo por evasión impositiva. “Señor 5” es alias del jefe de la AFI. Ni Sautel, ni Casalogne -quien cumple logró una probation por haber acosado y discriminado con sus notas a la pareja del presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, se presentaron a declarar a favor de Zanchetta.
Pero los 1196 informes de Zanchetta sobre jueces, empresarios y periodistas no solo están hechos con informes de Nosis, Veraz o Sudamericanadata de carácter público, sino con datos tomados de bases de datos de acceso Migraciones, Registro de la Propiedad Automotor y Registro de la Propiedad Inmueble. Para ellos tenía claves provistas por efectivos de las fuerzas de seguridad federales, entre ellos directivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la más cercana a La Cámpora. Y su trabajo lo hacía con un software de uso militar al que no tienen acceso los periodistas.
La estrategia del fiscal Pollicita en esta compleja causa consiste en lograr procesamientos rápidos y subir lo más rápido posible la causa a juicio oral, como hizo antes con Vialidad y Hotesur. Todo con un claro esfuerzo para preservar la cadena de custodia sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. Y para ello pidió colaboración a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal (DATIP)y al Grupo Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería. Esta última usa un software llamado Cellebrite Pathfinder para hacer filtrado y análisis de miles de datos.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.