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Máximo Kirchner pidió ser querellante en la causa de espionaje ilegal

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  • El referente de la Cámpora hizo la presentación esta mañana ante la Justicia.

El referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, pidió este lunes ante el juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, ser querellante en la causa por el presunto espionaje ilegal a jueces de la Corte Suprema, políticos, funcionarios y periodistas, a través de un escrito que presentó de forma electrónica.

Al considerar que es una de las víctimas de la estructura de espionaje ilegal que se investiga en Comodoro Py, ya que está incluido en los 1.196 informes confeccionados por Ariel Zanchetta -el ex policía de la Federal y ex espía inorgánico-, el hijo de Cristina Kirchner se presentó ante la Justicia.

En un breve escrito, el diputado del Frente de Todos reclamó que se le conceda acceso como “particular damnificado” a la causa que investiga por espionaje ilegal, tras “haber tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibidas” sobre su persona.

La presentación sostiene: “Habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los efectos de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado”.

El pedido, al que tuvo acceso Clarín, fue presentado ante el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi, y se suma al extenso listado de personas que ya pidieron ser tenidas en cuenta como parte querellante en este expediente. Entre ellos, se encuentra el ministro de Gobierno Eduardo Wado de Pedro y el candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa.

La presentación de Máximo Kirchner en la que pidió ser querellante.La presentación de Máximo Kirchner en la que pidió ser querellante.

La investigación sobre una supuesta red de espionaje ilegal comenzó con la hipótesis de la “posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación”.

Aquella estructura delictiva funcionó con dos eslabones indispensables: uno, Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven de Misiones que admitió haber hackeado el celular de jueces federales que investigaron a Cristina Kirchner. El otro, Ariel Zanchetta, el ex policía de Policía Federal que según determinó la fiscalía desde 2009 y hasta 2015 funcionó como un agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y desde entonces hasta su detención, en junio de este año, se dedicó a realizar tareas de inteligencia ilegal.

Cuando se analizaron parte de los 1.196 informes de inteligencia ilegal que Zanchetta tenía en su casa de la ciudad bonaerense de Junín, como los dispositivos electrónicos que le secuestraron a Nuñes Pinheiro, la justicia federal buscó la conexión entre ambos y una de sus primeras conclusiones fue que tuvieron un objetivo común: los jueces federales que investigaron a la vicepresidenta y los miembros de la Corte Suprema.

Esa red de espionaje ilegal fue más allá de los integrantes del Poder Judicial. Así lo dijo el fiscal Gerardo Pollicita: “Las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no se habrían limitado solamente a la vulneración de las comunicaciones ni tampoco habrían tenido como únicos destinatarios a funcionarios del Poder Judicial, sino que se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas (como) políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros”.

Para llevar a cabo esa actividad, Zanchetta obtuvo información proveniente de bancos de datos con acceso restringido de organismos públicos -como la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor-, para lo cual contaba con usuarios y claves de acceso.

Datos oficiales y la pista de tres espías

Pero la justicia también determinó, que accedió ilegítimamente a dos bases de datos de las se desconoce su origen -en tanto el Registro Nacional de Base de Datos informó que desconocía su existencia- una denominada “Base Nacional de Antecedentes”, con la que Zanchetta tenía acceso a información sobre los antecedentes de las personas, datos personales, apodos, antecedentes laborales y penales, modalidades delictivas, vínculos familiares, pedidos de captura de Interpol.

También utilizaba otra base de datos llamada “Base Nacional de Telefonía Móvil” mediante la cual accedía a información respecto de los datos de registración, domicilio y titularidad de las líneas celulares de cada uno de los “objetivos”.

Todo ello, le permitió reunir y almacenar información sobre miles de personas, en una de recopilación de datos personales que sólo para el período 2016-2023, “implicó la realización de al menos más de 12.000 consultas a bases de datos de acceso restringido, bases de datos privadas y bases de datos ilegales”.

A la hora de observar todas las piezas del rompecabezas, la fiscalía dio con un dato clave: no actuó en soledad.

Como contó Clarín, la Justicia sigue la pista de tres espías que integran la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “Contaba con “informantes” que le proporcionaban datos sobre los objetivos, reportaba parte de su actividad a terceros y realizaba algunas de estas conductas por “pedido” de otros”. La fiscalía le dio tres nombres al juez Martínez De Giorgi, todos ellos bajo reserva.

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Juicio por la muerte de Diego Maradona: por qué Luque y Cosachov no irán más a las audiencias

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Los dos principales imputados volverán al Tribunal Oral Criminal N°3 de San Isidro para el final del proceso o en caso de que sus abogados consideren necesaria su presencia

El neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, los principales acusados por la muerte de Diego Maradonano seguirán asistiendo al resto de las audiencias del juicio a partir de la semana que viene. Así lo comunicaron sus abogados, quienes adelantaron que sus defendidos no volverán al Tribunal Oral Criminal Nº3 de San Isidro hasta el día de los alegatos o hasta que alguno de ellos decida declarar.

Su decisión está en el marco de la ley, que indica que, al estar en libertad, ninguno de los imputados tiene la obligación de asistir a las audiencias después la resolución de las cuestiones preliminares, que ya fueron definidas al comienzo de este jueves.

Luque en el banquillo deLuque en el banquillo de los acusados

Luque, a quien desde la primera audiencia se lo vio incómodo en el banquillo de los acusados, ni siquiera esperó a que terminara la segunda audiencia para irse: aprovechó este jueves un cuarto intermedio de 10 minutos luego de que los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach resolvieran los planteos que estaban pendientes y se fue. Lo mismo hizo la coordinadora de medicina prepaga Nancy Forlini.

La psiquiatra Agustina CosachovLa psiquiatra Agustina Cosachov

Si bien el resto de los abogados no definieron si sus defendidos seguirán yendo o no a las audiencias, es probable que muchos tomen la misma decisión que Luque y Cosachov y solo asistan a aquellas jornadas que consideren estrictamente necesarias.

Solo dos confirmaron seguirán yendo a todos los debates hasta el final del juicio. Uno fue el clínico Pedro Di Spagna: su defensora oficial María Julia Marcelli explicó a Infobae que considera importante que el imputado esté por si, por ejemplo, un testigo de la acusación dice algo que lo comprometa.

El otro es Mariano Perroni, jefe de enfermeros, quien adelantó que asistirá al juicio, ya que ir a la audiencia le justifica su ausencia al día de trabajo.

Quienes serán los primeros testigos

Al comienzo de la que será la tercera jornada del juicio está previsto que sean citados a declarar los primeros tres testigos que, a diferencia de lo que se esperaba, no será ninguno de los familiares de Diego Maradona.

Según adelantaron los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, este martes estarán ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro el oficial de policía Lucas Farías, y los comisarios Lucas Rodrigo Borge y Leonardo Mendoza.

Fernando Burlando, abogado de DalmaFernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina

Para la Fiscalía, sus testimonios son claves: se trata de las primeras personas que ingresaron a la casa del barrio San Andrés, en Tigre, después de la muerte de Maradona, ocurrida el pasado 25 de noviembre de 2020.

En este sentido, se considera que su relato acerca de cómo se encontraron al Diez aquella mañana es más puro en comparación al que aportará el resto, cuya versión pudo haber estado empapada de comentarios ajenos.

Farías, Borge y Mendoza son los primeros de los más de 100 testigos previstos para declarar en el juicio.

No obstante, antes de finalizar la audiencia de este jueves, todas las partes acordaron trabajar durante este cuarto intermedio para reducir la lista de testigos. “Esperamos que queden entre 80 y 90″, dijo a Infobae una fuente con conocimiento de la causa.

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El caso del “monstruo de Villa Martelli” que abusó a su hijastra durante seis años en la calle y en un albergue de Constitución

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A.J, de 49 años, escapó a Santa Fe luego de que la víctima lo denunciara tras cumplir la mayoría de edad. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal

A.J, de 49 años, oriundo de Villa Martelli, fue detenido la semana pasada en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, acusado de un delito aberrante: violar a su hijastra durante seis años, desde sus 12 hasta sus 18. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal, luego de que los investigadores descubrieran que se refugiaba en la zona. Puntualmente en un domicilio que, supuestamente, le alquilaba un familiar directo.

Tras lograr que saliera, lo arrestaron y lo trasladaron de vuelta a territorio bonaerense, donde ahora deberá responder por la acusación en su contra -realizada por la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Vicente López- por el delito de abuso sexual reiterado, agravado por el vínculo.

Luego, insólitamente, la violó en un punto más lejano: el albergue transitorio O’Brien, ubicada en la calle del mismo nombre, en la zona de Constitución.

El albergue de Constitución donde,El albergue de Constitución donde, según la víctima, ocurrieron los abusos (Google View)

La joven denunció a su padrastro al cumplir la mayoría de edad y, en consecuencia, el hombre escapó de inmediato. Ante esta situación, la División Homicidios de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales, con una larga tradición de capturas de prófugos difíciles de hallar-comenzó a rastrearlo.

Entre los operativos, allanaron la casa de la madre del hombre en Florida Oeste, sin resultado positivo.

Sus registros personales y comerciales, sin embargo, revelaban una pista: un viejo domicilio registrado en Villa Ocampo. Luego, llegaron al dato clave: el alquiler en la zona.

La captura de A.J no es la única detención resonante de la División Homicidios realizada este año. En enero último, capturaron en Mar del Plata a Santiago Nicolás Mallol, alias “Pipa”, acusado de matar 12 años atrás a la psicóloga Martha Landívar en Pinamar.

El cadáver de Landívar, de 37 años, fue descubierto el 20 de mayo de 2012 por un grupo de sus amigas que llegaron a su domicilio en la calle De Las Almejas ante la falta de respuesta a sus mensajes.

Allí, vieron a Landívar ya muerta desde una ventana. Los forenses en la escena detectaron que el cuerpo tenía un disparo en el pecho y otro en su mano. La bala en el pecho, calibre .22, impactó en su clavícula y le perforó la aorta, causando un fuerte sangrado.

El crimen no parecía tratarse de un hecho de inseguridad. La casa no parecía ser el blanco de un robo. Nada estaba revuelto. Tiempo después, se detuvo a un funcionario municipal vinculado a la víctima, que fue liberado por falta de pruebas.

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Es oficial de la Policía Federal: la metieron presa por ser una viuda negra

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Micaela Garrido, con rango de cabo, se encuentra detenida en un penal bonaerense, acusada de desvalijar a un hombre en Villa La Ñata. El nuevo auge de un delito que termina en muerte y la paradoja del Código Penal

Micaela Alejandra Garrido, cabo de la PFA, se encuentra en prisión, acusada de ser una viuda negra. El fiscal Cosme Iribarren, uno de los encargados de la acusación en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la imputó por desvalijar a un hombre en Villa La Ñata, partido de Tigre.

El hecho ocurrió el 14 de diciembre pasado en un bar de Plaza Serrano, en la zona de Palermo, donde Garrido conoció a su supuesto blanco. Enlazar en vivo a una víctima es una técnica en desuso; las viudas negras, hoy, prefieren marcar sus potenciales robos en plataformas de citas como Tinder. Tras compartir unos tragos, Garrido, según la acusación en su contra, le propuso al hombre pasar la noche juntos. Así, se dirigieron a la casa de la víctima en Villa La Ñata, partido de Tigre. Como suele ocurrir en los ataques de viudas negras, los recuerdos del hombre de aquella noche terminaron poco después.

Despertó a la mañana siguiente, aturdido, con su casa revuelta. Faltaban varios objetos de valor. También, faltaba su auto. Luego, formuló la denuncia ante la Policía Bonaerense.
La Unidad N°59 de Merlo,La Unidad N°59 de Merlo, donde Garrido se encuentra detenida (foto: SPB)

El fiscal Iribarren, titular de la UFI de Benavidez, le encargó la investigación a la Sub DDI de Tigre. El auto fue hallado abandonado, cuatro días más tarde. Poco después, los detectives llegaron a Garrido, de 29 años, con un domicilio registrado en Ciudad Oculta. Descubrieron su condición de policía, además del lugar donde se desempeñaba: la comisaría de la terminal de micros de Retiro. Entonces, Iribarren pidió su arresto. El subcomisario de la Federal a cargo de esa dependencia fue notificado. Allí, detuvieron a Garrido, en un operativo conjunto entre la Federal y la Policía Bonaerense e incautaron su celular a fines de enero último.

El nuevo auge de las viudas y la paradoja del Código Penal

A mediados del mes pasado, el juez Martín Peluso procesó con prisión preventiva y un embargo de 30 millones de pesos a Juliana J., de 20 años de edad, detenida por la Policía de la Ciudad, acusada de drogar y desvalijar a un informático de 46 años en Palermo. Tras captarlo en Tinder, luego ocho meses de trabajo fino y una noche juntos, Juliana, según la acusación en su contra, le robó casi 24 mil dólares, 1,2 millones de pesos, tres computadoras, lentes Gucci y seis botellas de Champagne Veuve Clicquot. Juliana no fue la única viuda que Peluso procesó y envió a prisión en los últimos tiempos. Shamira Yoselí, con 18 años recién cumplidos, oriunda de la la Villa 21-24, empleada de una estación de servicio en Villa Lugano, fue detenida a fines del año pasado, acusada de drogar y desvalijar a un turista alemán en un departamento del Abasto tras conocerlo en una app de citas.

Los casos de mujeres jóvenes que dopan con clonazepam y le roban a hombres mucho mayores se repiten en las crónicas de este periodista con particular intensidad al menos desde mediados de 2023. La villa Zavaleta es un nodo para la actividad, con varias imputadas que provienen de la zona, con rateros del barrio en autos de apoyo.

Juliana J., presunta viuda negra,Juliana J., presunta viuda negra, presa y procesada

Peluso buscó enviar un mensaje en el procesamiento a Juliana J.: la cárcel y el embargo de Juliana se debían a la particular gravedad del delito, donde el informático, con su bebida dopada, podría haber muerto.

Sucede que, en las últimas semanas, dos hombres murieron por presuntos ataques de viudas negras en el AMBA, un caso en Balvanera y otro en Lanús Oeste, un jubilado de 77 años cuya supuesta asesina fue una mujer de 62.

Sin embargo, el juez aplicó la calificación máxima que el Código Penal ofrece para estos casos: robo simple.

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