Policiales
Falsificaban papeles y se quedaban con casas en sucesión: procesan a un fiscal y funcionarios provinciales
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Dieciocho personas están acusadas de asociación ilícita, estafa y falsificación de documentos en base a cuatro denuncias.
Buscaban propiedades de personas fallecidas de las que sus familiares no habían hecho la sucesión y otras que no tenían toda la documentación al día. El dato lo aportaban funcionarios del Registro de la Propiedad y de Catastro. Luego, falsificaban los papeles y se anotaban los bienes a su nombre. Entre los acusados hay un fiscal, funcionarios y una abogada, acusados de asociación ilícita, estafa y adulteración de documentación pública.
La organización operaba en localidades cercanas a la ciudad de Corrientes. La jueza de Instrucción María Josefina González Cabañas Morales analizó cuatro denuncias y en base a eso procesó a 18 personas.
Directivos del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Dirección de Catastro eran personas claves para detectar aquellas propiedades que estaban en sucesión o no tenían toda la documentación en regla pero también facilitar la inscripción a nombre de los nuevos titulares. A partir de esos datos, la banda armaba poderes falsos de administración e iniciaba los trámites ante la Justicia Civil o fraguaba ventas para luego presentar la documentación ante Catastro y el Registro, donde estaba la otra pata de la banda. Algunas ventas incluso se hacían a través de inmobiliarias.
Para los investigadores, es clave el rol que desempeñó Teresa Olinda Vázquez, quien se mantiene prófuga desde fines de 2021, cuando estalló el escándalo. La mujer tenía fluidos vínculos con el fiscal de juicio Gustavo Edmundo Schmitt Breitkreitz, según surge de escuchas telefónicas. Ambos se conocen de su pueblo natal, en Formosa.
Vazquez vivía en el pintoresco pueblito de Santa Ana, un pueblito muy cerca de Corrientes capital y en los últimos tiempos se convirtió en un boom inmobiliario.
A través de esa mujer, Schmitt Breitkreitz habría detectado una enorme propiedad cuyos titulares habían fallecido y sus herederos no habían iniciado los trámites sucesorios. El funcionario judicial inició en la Justicia Civil un trámite de prescripción adquisitiva pero como tuvo un fallo desfavorable, acudió nuevamente a Vázquez. La mujer utilizó un poder falso y fraguó una venta a Domingo Sebastián Billordo y luego éste transfirió unos 50 lotes al fiscal y a la abogada Virginia Aquino. El hombre se enteró de esa operación cuando fue citado a indagatoria.
El fiscal Gustavo Roubineau y la jueza González Cabañas Morales recibieron las primeras denuncias a fines de 2021 e iniciaron una paciente investigación para intentar establecer los alcances de la organización delictiva y sus integrantes.
Mega estafa en Corrientes: filtración, denuncias y sospechas de encubrimiento
El dato se filtró y el jefe de Legales del Registro de la Propiedad Inmueble, Pedro Antonio Verón, impulsó una denuncia penal que no habría tenido otra finalidad de eludir su responsabilidad en las maniobras. Y también cubrir a la por entonces directora de ese organismo, Maria Eugenia Demetrio.
Otro personaje central en estas estafas, a criterio de la magistrada, fue la escribana Gladis Dionisia Baez, que está alojada en el Instituto Pelletier y tiene al menos quince denuncias por estafas reiteradas, falsificaciones de documentos y uso irregular de documentos púbicos y fraude a la administración publica. Además, ya registra una condena en el fuero federal.
El expediente ya acumula más de 60 cuerpos y la jueza necesitó más de 635 carillas para describir cómo operaba la organización, establecer responsabilidades y los delitos que cometió cada uno de los imputados en sólo cuatro de las denuncias.
Fuentes judiciales revelaron que el Estado correntino se constituyó en querellante en la causa pero en todo el proceso investigativo no tuvo un rol destacado. En los organismos involucrados tampoco se dispusieron auditorías.
La ex directora del Registro de la Propiedad Inmueble, la escribana Demetrio, y el ex director de Catastro, Narciso Santín Toffoletti, fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero a éste último la jueza y el fiscal lo consideraron también parte de la asociación ilícita.
Precisamente por este último delito fueron procesados a la escribana Báez, Mario Faustino Espíndola, Liliana Griselda Ortíz, Alberto Iván Bordón, Carolina Elizabeth González, Carolina Beatriz Giles, Alba Cristina Zamudio y Pedro Antonio Verón. A algunos de ellos también se los acusó de estafas y uso de documentos públicos falsos.
Por incumplimiento de los deberes de funcionario público quedaron procesados, además de Demetrio y Santín Toffoletti, los funcionarios Pedro Antonio Verón, Wilda Alicia Velazco Bergna, María Bernarda Correa, María Mercedes Arostegui, todos empleados de las reparticiones involucradas en las maniobras.
El fiscal Schmitt Breitkreitz fue procesado por el delito de estafa en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso. Cuando estalló el escándalo, el fiscal se defendió públicamente, negó los cargos y dijo que en realidad él es una víctima porque pagó dos veces por una misma propiedad. Además pidió que le quitaran los fueros.
Por fuera de esa presunta asociación ilícita, pero por delitos de estafa y uso de documento público falso, también quedaron a un paso del juicio la abogada Virginia Griselda Aquino y Gerardo Martin Berman. También fueron procesados por delitos de estafas Jorge de Jesús Leiva y Héctor Abel Leiva.
En la resolución se dictó la falta de mérito a Juan Martín Valdéz, Franco Arturo Nigro Carrieri, Silvia López y Mercedes Rita Arce; mientras que Billordo fue totalmente desvinculado.
Para la jueza, en la causa no se pudo probar algunos delitos tales como tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude en perjuicio de la administración pública.
La investigación continúa abierta porque desde la Justicia detectaron maniobras similares en la localidad de Riachuelo y en la ciudad de Corrientes, y aún no se pudo establecer desde cuándo venía operando la banda.
Misiones. Corresponsal
MG
Policiales
Juicio por la muerte de Diego Maradona: por qué Luque y Cosachov no irán más a las audiencias
Los dos principales imputados volverán al Tribunal Oral Criminal N°3 de San Isidro para el final del proceso o en caso de que sus abogados consideren necesaria su presencia
El neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, los principales acusados por la muerte de Diego Maradona, no seguirán asistiendo al resto de las audiencias del juicio a partir de la semana que viene. Así lo comunicaron sus abogados, quienes adelantaron que sus defendidos no volverán al Tribunal Oral Criminal Nº3 de San Isidro hasta el día de los alegatos o hasta que alguno de ellos decida declarar.
Su decisión está en el marco de la ley, que indica que, al estar en libertad, ninguno de los imputados tiene la obligación de asistir a las audiencias después la resolución de las cuestiones preliminares, que ya fueron definidas al comienzo de este jueves.
Luque, a quien desde la primera audiencia se lo vio incómodo en el banquillo de los acusados, ni siquiera esperó a que terminara la segunda audiencia para irse: aprovechó este jueves un cuarto intermedio de 10 minutos luego de que los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach resolvieran los planteos que estaban pendientes y se fue. Lo mismo hizo la coordinadora de medicina prepaga Nancy Forlini.
Si bien el resto de los abogados no definieron si sus defendidos seguirán yendo o no a las audiencias, es probable que muchos tomen la misma decisión que Luque y Cosachov y solo asistan a aquellas jornadas que consideren estrictamente necesarias.
Solo dos confirmaron seguirán yendo a todos los debates hasta el final del juicio. Uno fue el clínico Pedro Di Spagna: su defensora oficial María Julia Marcelli explicó a Infobae que considera importante que el imputado esté por si, por ejemplo, un testigo de la acusación dice algo que lo comprometa.
El otro es Mariano Perroni, jefe de enfermeros, quien adelantó que asistirá al juicio, ya que ir a la audiencia le justifica su ausencia al día de trabajo.
Quienes serán los primeros testigos
Al comienzo de la que será la tercera jornada del juicio está previsto que sean citados a declarar los primeros tres testigos que, a diferencia de lo que se esperaba, no será ninguno de los familiares de Diego Maradona.
Según adelantaron los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, este martes estarán ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro el oficial de policía Lucas Farías, y los comisarios Lucas Rodrigo Borge y Leonardo Mendoza.
Para la Fiscalía, sus testimonios son claves: se trata de las primeras personas que ingresaron a la casa del barrio San Andrés, en Tigre, después de la muerte de Maradona, ocurrida el pasado 25 de noviembre de 2020.
En este sentido, se considera que su relato acerca de cómo se encontraron al Diez aquella mañana es más puro en comparación al que aportará el resto, cuya versión pudo haber estado empapada de comentarios ajenos.
Farías, Borge y Mendoza son los primeros de los más de 100 testigos previstos para declarar en el juicio.
No obstante, antes de finalizar la audiencia de este jueves, todas las partes acordaron trabajar durante este cuarto intermedio para reducir la lista de testigos. “Esperamos que queden entre 80 y 90″, dijo a Infobae una fuente con conocimiento de la causa.
Policiales
El caso del “monstruo de Villa Martelli” que abusó a su hijastra durante seis años en la calle y en un albergue de Constitución
A.J, de 49 años, escapó a Santa Fe luego de que la víctima lo denunciara tras cumplir la mayoría de edad. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal
A.J, de 49 años, oriundo de Villa Martelli, fue detenido la semana pasada en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, acusado de un delito aberrante: violar a su hijastra durante seis años, desde sus 12 hasta sus 18. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal, luego de que los investigadores descubrieran que se refugiaba en la zona. Puntualmente en un domicilio que, supuestamente, le alquilaba un familiar directo.
Tras lograr que saliera, lo arrestaron y lo trasladaron de vuelta a territorio bonaerense, donde ahora deberá responder por la acusación en su contra -realizada por la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Vicente López- por el delito de abuso sexual reiterado, agravado por el vínculo.
Luego, insólitamente, la violó en un punto más lejano: el albergue transitorio O’Brien, ubicada en la calle del mismo nombre, en la zona de Constitución.
La joven denunció a su padrastro al cumplir la mayoría de edad y, en consecuencia, el hombre escapó de inmediato. Ante esta situación, la División Homicidios de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales, con una larga tradición de capturas de prófugos difíciles de hallar-comenzó a rastrearlo.
Sus registros personales y comerciales, sin embargo, revelaban una pista: un viejo domicilio registrado en Villa Ocampo. Luego, llegaron al dato clave: el alquiler en la zona.
La captura de A.J no es la única detención resonante de la División Homicidios realizada este año. En enero último, capturaron en Mar del Plata a Santiago Nicolás Mallol, alias “Pipa”, acusado de matar 12 años atrás a la psicóloga Martha Landívar en Pinamar.
El cadáver de Landívar, de 37 años, fue descubierto el 20 de mayo de 2012 por un grupo de sus amigas que llegaron a su domicilio en la calle De Las Almejas ante la falta de respuesta a sus mensajes.
Allí, vieron a Landívar ya muerta desde una ventana. Los forenses en la escena detectaron que el cuerpo tenía un disparo en el pecho y otro en su mano. La bala en el pecho, calibre .22, impactó en su clavícula y le perforó la aorta, causando un fuerte sangrado.
El crimen no parecía tratarse de un hecho de inseguridad. La casa no parecía ser el blanco de un robo. Nada estaba revuelto. Tiempo después, se detuvo a un funcionario municipal vinculado a la víctima, que fue liberado por falta de pruebas.
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Es oficial de la Policía Federal: la metieron presa por ser una viuda negra
Micaela Garrido, con rango de cabo, se encuentra detenida en un penal bonaerense, acusada de desvalijar a un hombre en Villa La Ñata. El nuevo auge de un delito que termina en muerte y la paradoja del Código Penal
Micaela Alejandra Garrido, cabo de la PFA, se encuentra en prisión, acusada de ser una viuda negra. El fiscal Cosme Iribarren, uno de los encargados de la acusación en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la imputó por desvalijar a un hombre en Villa La Ñata, partido de Tigre.
El hecho ocurrió el 14 de diciembre pasado en un bar de Plaza Serrano, en la zona de Palermo, donde Garrido conoció a su supuesto blanco. Enlazar en vivo a una víctima es una técnica en desuso; las viudas negras, hoy, prefieren marcar sus potenciales robos en plataformas de citas como Tinder. Tras compartir unos tragos, Garrido, según la acusación en su contra, le propuso al hombre pasar la noche juntos. Así, se dirigieron a la casa de la víctima en Villa La Ñata, partido de Tigre. Como suele ocurrir en los ataques de viudas negras, los recuerdos del hombre de aquella noche terminaron poco después.
El fiscal Iribarren, titular de la UFI de Benavidez, le encargó la investigación a la Sub DDI de Tigre. El auto fue hallado abandonado, cuatro días más tarde. Poco después, los detectives llegaron a Garrido, de 29 años, con un domicilio registrado en Ciudad Oculta. Descubrieron su condición de policía, además del lugar donde se desempeñaba: la comisaría de la terminal de micros de Retiro. Entonces, Iribarren pidió su arresto. El subcomisario de la Federal a cargo de esa dependencia fue notificado. Allí, detuvieron a Garrido, en un operativo conjunto entre la Federal y la Policía Bonaerense e incautaron su celular a fines de enero último.
El nuevo auge de las viudas y la paradoja del Código Penal
A mediados del mes pasado, el juez Martín Peluso procesó con prisión preventiva y un embargo de 30 millones de pesos a Juliana J., de 20 años de edad, detenida por la Policía de la Ciudad, acusada de drogar y desvalijar a un informático de 46 años en Palermo. Tras captarlo en Tinder, luego ocho meses de trabajo fino y una noche juntos, Juliana, según la acusación en su contra, le robó casi 24 mil dólares, 1,2 millones de pesos, tres computadoras, lentes Gucci y seis botellas de Champagne Veuve Clicquot. Juliana no fue la única viuda que Peluso procesó y envió a prisión en los últimos tiempos. Shamira Yoselí, con 18 años recién cumplidos, oriunda de la la Villa 21-24, empleada de una estación de servicio en Villa Lugano, fue detenida a fines del año pasado, acusada de drogar y desvalijar a un turista alemán en un departamento del Abasto tras conocerlo en una app de citas.
Los casos de mujeres jóvenes que dopan con clonazepam y le roban a hombres mucho mayores se repiten en las crónicas de este periodista con particular intensidad al menos desde mediados de 2023. La villa Zavaleta es un nodo para la actividad, con varias imputadas que provienen de la zona, con rateros del barrio en autos de apoyo.
Peluso buscó enviar un mensaje en el procesamiento a Juliana J.: la cárcel y el embargo de Juliana se debían a la particular gravedad del delito, donde el informático, con su bebida dopada, podría haber muerto.
Sucede que, en las últimas semanas, dos hombres murieron por presuntos ataques de viudas negras en el AMBA, un caso en Balvanera y otro en Lanús Oeste, un jubilado de 77 años cuya supuesta asesina fue una mujer de 62.
Sin embargo, el juez aplicó la calificación máxima que el Código Penal ofrece para estos casos: robo simple.
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