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Falsificaban papeles y se quedaban con casas en sucesión: procesan a un fiscal y funcionarios provinciales

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  • Dieciocho personas están acusadas de asociación ilícita, estafa y falsificación de documentos en base a cuatro denuncias.

Buscaban propiedades de personas fallecidas de las que sus familiares no habían hecho la sucesión y otras que no tenían toda la documentación al día. El dato lo aportaban funcionarios del Registro de la Propiedad y de Catastro. Luego, falsificaban los papeles y se anotaban los bienes a su nombre. Entre los acusados hay un fiscal, funcionarios y una abogada, acusados de asociación ilícita, estafa y adulteración de documentación pública.

La organización operaba en localidades cercanas a la ciudad de Corrientes. La jueza de Instrucción María Josefina González Cabañas Morales analizó cuatro denuncias y en base a eso procesó a 18 personas.

Directivos del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Dirección de Catastro eran personas claves para detectar aquellas propiedades que estaban en sucesión o no tenían toda la documentación en regla pero también facilitar la inscripción a nombre de los nuevos titulares. A partir de esos datos, la banda armaba poderes falsos de administración e iniciaba los trámites ante la Justicia Civil o fraguaba ventas para luego presentar la documentación ante Catastro y el Registro, donde estaba la otra pata de la banda. Algunas ventas incluso se hacían a través de inmobiliarias.

Para los investigadores, es clave el rol que desempeñó Teresa Olinda Vázquez, quien se mantiene prófuga desde fines de 2021, cuando estalló el escándalo. La mujer tenía fluidos vínculos con el fiscal de juicio Gustavo Edmundo Schmitt Breitkreitz, según surge de escuchas telefónicas. Ambos se conocen de su pueblo natal, en Formosa.

Vazquez vivía en el pintoresco pueblito de Santa Ana, un pueblito muy cerca de Corrientes capital y en los últimos tiempos se convirtió en un boom inmobiliario.

Al fiscal Schmitt le transfirieron 50 lotes de una enorme propiedad cuyos dueños habían fallecido, según la investigación.Al fiscal Schmitt le transfirieron 50 lotes de una enorme propiedad cuyos dueños habían fallecido, según la investigación.

A través de esa mujer, Schmitt Breitkreitz habría detectado una enorme propiedad cuyos titulares habían fallecido y sus herederos no habían iniciado los trámites sucesorios. El funcionario judicial inició en la Justicia Civil un trámite de prescripción adquisitiva pero como tuvo un fallo desfavorable, acudió nuevamente a Vázquez. La mujer utilizó un poder falso y fraguó una venta a Domingo Sebastián Billordo y luego éste transfirió unos 50 lotes al fiscal y a la abogada Virginia Aquino. El hombre se enteró de esa operación cuando fue citado a indagatoria.

El fiscal Gustavo Roubineau y la jueza González Cabañas Morales recibieron las primeras denuncias a fines de 2021 e iniciaron una paciente investigación para intentar establecer los alcances de la organización delictiva y sus integrantes.

Mega estafa en Corrientes: filtración, denuncias y sospechas de encubrimiento

El dato se filtró y el jefe de Legales del Registro de la Propiedad Inmueble, Pedro Antonio Verón, impulsó una denuncia penal que no habría tenido otra finalidad de eludir su responsabilidad en las maniobras. Y también cubrir a la por entonces directora de ese organismo, Maria Eugenia Demetrio.

Otro personaje central en estas estafas, a criterio de la magistrada, fue la escribana Gladis Dionisia Baez, que está alojada en el Instituto Pelletier y tiene al menos quince denuncias por estafas reiteradas, falsificaciones de documentos y uso irregular de documentos púbicos y fraude a la administración publica. Además, ya registra una condena en el fuero federal.

El expediente ya acumula más de 60 cuerpos y la jueza necesitó más de 635 carillas para describir cómo operaba la organización, establecer responsabilidades y los delitos que cometió cada uno de los imputados en sólo cuatro de las denuncias.

Fuentes judiciales revelaron que el Estado correntino se constituyó en querellante en la causa pero en todo el proceso investigativo no tuvo un rol destacado. En los organismos involucrados tampoco se dispusieron auditorías.

El fiscal Schmitt Breitkreitz fue procesado por el delito de estafa en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso. El fiscal Schmitt Breitkreitz fue procesado por el delito de estafa en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso.

La ex directora del Registro de la Propiedad Inmueble, la escribana Demetrio, y el ex director de Catastro, Narciso Santín Toffoletti, fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero a éste último la jueza y el fiscal lo consideraron también parte de la asociación ilícita.

Precisamente por este último delito fueron procesados a la escribana Báez, Mario Faustino Espíndola, Liliana Griselda Ortíz, Alberto Iván Bordón, Carolina Elizabeth González, Carolina Beatriz Giles, Alba Cristina Zamudio y Pedro Antonio Verón. A algunos de ellos también se los acusó de estafas y uso de documentos públicos falsos.

Por incumplimiento de los deberes de funcionario público quedaron procesados, además de Demetrio y Santín Toffoletti, los funcionarios Pedro Antonio Verón, Wilda Alicia Velazco Bergna, María Bernarda Correa, María Mercedes Arostegui, todos empleados de las reparticiones involucradas en las maniobras.

El fiscal Schmitt Breitkreitz fue procesado por el delito de estafa en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso. Cuando estalló el escándalo, el fiscal se defendió públicamente, negó los cargos y dijo que en realidad él es una víctima porque pagó dos veces por una misma propiedad. Además pidió que le quitaran los fueros.

Por fuera de esa presunta asociación ilícita, pero por delitos de estafa y uso de documento público falso, también quedaron a un paso del juicio la abogada Virginia Griselda Aquino y Gerardo Martin Berman. También fueron procesados por delitos de estafas Jorge de Jesús Leiva y Héctor Abel Leiva.

En la resolución se dictó la falta de mérito a Juan Martín Valdéz, Franco Arturo Nigro Carrieri, Silvia López y Mercedes Rita Arce; mientras que Billordo fue totalmente desvinculado.

Para la jueza, en la causa no se pudo probar algunos delitos tales como tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude en perjuicio de la administración pública.

La investigación continúa abierta porque desde la Justicia detectaron maniobras similares en la localidad de Riachuelo y en la ciudad de Corrientes, y aún no se pudo establecer desde cuándo venía operando la banda.

Misiones. Corresponsal

MG

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Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal

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Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional

El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.

“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.

El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.

Patricia Bullrich y Manuel AdorniPatricia Bullrich y Manuel Adorni anunciaron que el Gobierno enviará el nuevo proyecto del Código Penal

Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.

“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.

Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.

Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.

De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.

Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal

  • Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
  • Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
  • Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
  • Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
  • Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
  • Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
  • Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
  • Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.
Con el nuevo código, seCon el nuevo código, se endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes
  • Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
  • Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
  • Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
  • Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal

  • Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
  • Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
  • Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.
Habrá agravantes para los motochorrosHabrá agravantes para los motochorros
  • Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
  • Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
  • Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
  • Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
  • Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
  • Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
  • Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.

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Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche

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El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre

La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.

En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.

De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.

El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.

Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.

La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.

El caso

El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.

Una de las mujeres rusasUna de las mujeres rusas detenidas

El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.

Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.

Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.

Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.

La PSA detuvo a RudnevLa PSA detuvo a Rudnev en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche

A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

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Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial

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El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante

Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.

La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.

La persecución terminó en laLa persecución terminó en la intersección de la avenida Piedra Buena y De la Rosa.

Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.

El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.

Cuatro menores fueron detenidos estaCuatro menores fueron detenidos esta semana por robos en el subte.

Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte

La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este añoTodos son inimputables.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.

Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.

Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.

Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.

Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.

Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.

Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.

Uno de los adolescentes fueUno de los adolescentes fue detenido dos veces en 48 horas

Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.

Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.

Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.

El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.

Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.

Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.

Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.

 

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