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Causa Chocolate Rigau: la fiscal pidió la detención de un concejal massista y de los 48 dueños de las tarjetas de débito

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  • Betina Lacki solicitó al juez Guillermo Atencio la prisión preventiva de Facundo Albini, que fue reelecto por la lista de Julio Alak, de su padre y de los otros imputados por asociación ilícita y fraude al Estado.

En una medida clave, la fiscal Betina Lacki pidió la detención de los dueños de las 48 tarjetas de débito que tenía el puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau, del concejal massista Facundo Albini y de su padre, luego de que el juez Guilermo Atencio rechazó pedidos de eximición de prisión de los acusados por asociación ilícita y fraude al Estado, revelaron fuentes judiciales a Clarín.

Ahora el juez Atencio tiene que decidir si rechaza o acepta el pedido de la fiscal quien lleva adelante una estrategia para tratar de llegar a los jefes de la banda que están por encima de “Chocolate” y de los Albini.

La fiscal fundamentó su solicitud en la posibilidad de que los imputados obstruyan la investigación o destruyan pruebas importantes para el proceso, entre otros argumentos.

La estrategia de la fiscal busca que algunos de los imputados acepten eventualmente convertirse en arrepentidos para señalar quiénes son los jefes de esta asociación que cometió un fraude de, por lo menos, 800 millones de pesos contra el Estado bonaerense.

A primera hora de la mañana de este martes el juez había aceptado imputar por “asociación ilícita y defraudación a la administración pública” al concejal reelecto de Unión por la Patria, Facundo Albini, y a los dueños de las 48 tarjetas de débito con las que fue detenido el puntero del PJ, “Chocolate” Rigau. Antes los acusaba solo de estafas reiteradas.

Además, según las nuevas actuaciones del caso a las que accedió Clarínel padre del concejal del PJ, Claudio Albini -quien fue jefe del área de Personal de la Cámara de Diputados- también quedó involucrado. La fiscalía considera prima facie que sería el jefe de esa organización que se encargaría de defraudar al Estado con el cobro indebido de fondos de la Legislatura.

El edil que pertenece al Frente Renovador e integró la lista del candidato kirchnerista a intendente de La Plata, Julio Alak, está considerado como integrante de la banda. Esta situación lo coloca en la posibilidad de ser beneficiado con un arresto domiciliario, según otras fuentes.

Hasta esta tarde, el juez Guillermo Atencio solo rechazó un pedido para que lo eximan de ir a prisión. Tanto al concejal como a su padre, funcionario del parlamento.

El juez sostiene que “dada la extensión del daño causado (a la administración pública) y las características de la conducta investigada”, la justicia resolvería con una condena de cumplimiento efectivo. Sopesa, en ese razonamiento, “la actividad desplegada por el imputado, que facilitó la comisión de actos de corrupción en el ejercicio de la función pública”.

Esta decisión de la fiscal Betina Lacki también modifica el estatus legal de los empleados fantasma que, hasta ahora, figuraban como testigos. Al ser considerados imputados de un delito, pueden ser llamados a indagatoria, tienen derecho a no declarar y se les notifica esta situación para que contraten un abogado. Y un dato no menor: podrían solicitar una medida de restricción. O sea, podrían quedar detenidos mientras se sustancie el proceso.

Los propietarios de esos instrumentos financieros son reales o supuestos empleados de la Cámara de Diputados provincial. Pero Rigau se dedicaba a cobrar los sueldos de cada uno de ellos. Fue mientras retiraba dinero de un cajero automático que lo detuvieron el 9 de septiembre pasado. Había recolectado $ 1.250.000 cuando una patrulla de la policía lo detuvo y lo llevó a la comisaría primera de La Plata.

La semana pasada, los dueños de las tarjetas de débito que “administraba” Rigau, presentaron ante la Justicia penal un pedido de eximición de prisión en la causa que investiga el presunto fraude en la maniobra que hacía el puntero del PJ.

El defensor oficial de 43 de los 48 propietarios de los plásticos que le secuestraron al dirigente peronista había hecho el planteo ante el juez de Garantías, Guillermo Atencio. Temía que ordenaran una detención a partir de los datos que ha reunido Lacki.

"Chocolate" Rigau y Facundo Albini, dirigente del Frente Renovador. Foto Facebook PJ“Chocolate” Rigau y Facundo Albini, dirigente del Frente Renovador. Foto Facebook PJ

El juez rechazó el pedido. Sostuvo que el presunto delito que se les imputa no habilita la permanencia en libertad mientras se desarrolla el período de investigación. Y también presume que podrían eludir el accionar de la Justicia.

Las personas que figuran como propietarios de esos instrumentos bancarios de los que Rigau sacaba dinero y que perciben 580 mil pesos por mes, temían que, con el avance de la investigación, la fiscal Betina Lacki pudiera considerar que son responsables de algún tipo de delito, como ahora.

El antecedente de la prisión para Chocolate Rigau

En el caso de “Chocolate” Rigau, la fiscalía entendió que debe estar el prision. El trámite no fue sencillo pero ahora el dirigente que trabajó para varios políticos platenses está en una alcaidía de la capital bonaerense.

Es que este caso que provocó conmoción en las estructuras políticas de la provincia estuvo a punto de desmoronarse. Fue cuando 12 días después de la detención de Rigau, su defensa presentó un recurso de habeas corpus en la Cámara de Apelaciones. Y dos jueces del tribunal -Juan Benavides y Alejandro Villordo- aceptaron el pedido porque consideraron que el puntero fue mal detenido. No había orden judicial. Y concluyeron que el procedimiento importaba una “violación a la intimidad” del detenido.

Ese fallo derivó en otros escándalos: hubo un fuerte rechazo en ámbitos académicos y reacciones políticas variadas. Pero una semana después se apeló a Casación y fue revocado. Conclusión: Rigau volvió a una celda y los jueces deberán afrontar un pedido de juicio político. El procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, quiere que separen preventivamente a los camaristas y luego – si corresponde- los echen del Poder Judicial.

La gran mayoría de los ahora imputados, en su declaración como testigos, habían asegurado que se las cedían voluntariamente a Rigau para “agilizar” el cobro. O porque no tenían manera de retirar dinero de los cajeros.

Inclusive se esgrimieron otras excusas. Pero, excepto un joven (quien dijo desconocer que su nombre aparecía en el listado de empleados), todos admitieron que era una decisión que adoptaban por su propio criterio.

Cómo sigue la causa Chocolate

La causa por el escándalo de las tarjetas de la corrupción avanza por otros caminos. Hace dos semanas, Lacki realizó la pericia de apertura del teléfono Samsung con un chip de la empresa Personal, que poseía el hasta ahora único detenido en el caso.

El procedimiento se concretó después de una postergación y de varios reclamos que formuló la defensa de Rigau, a cargo del estudio de Alfredo Gascón Cotti.

Según trascendió, “el aparato contenía mucha información y datos de interés para la investigación”. Se supone que podría figurar –o se establecería- el o los nombres de los jefes políticos del dirigente que está contratado como electricista en la Cámara de Diputados de la Provincia.

Es el eslabón clave que por ahora no se logró descifrar. la presunción en el fuero penal es que Rigau recaudaba para financiar actividades políticas. El último vínculo reconocido es con un actual concejal electo por Unión por la Patria, Facundo Albini, que reporta en el Frente Renovador, el sello de Sergio Massa.

Pero también existen presunciones de que la operatoria que realizaba “Chocolate” está avalada por otros espacios que tienen dominio sobre la estructura administrativa de la Cámara de Diputados bonaerense.

Ese organismo legislativo está presidido por un diputado del oficialismo Federico Otermín, -electo intendente de Lomas de Zamora que sucederá a Martín Insaurralde-, pero también tienen firma autorizada para manejar fondos legisladores de la oposición.

La Plata (Corresponsalía).

DS

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La Justicia ya cuenta con un informe socio ambiental que determinó si el departamento de Cristina Kirchner es “apto” para la prisión domiciliaria

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Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio

El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.

Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.

Desde que se conoció laDesde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona

La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.

El tribunal dispuso que la ex mandataria y los otros ocho condenados tienen plazo hasta el miércoles para presentarse en Comodoro Py y comenzar a cumplir la condena. Cristina Kirchner confirmó hoy que ese día irá al tribunal.

Máximo Kirchner, este viernes, enMáximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta

En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.

Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.

Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.

El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.

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Cristina Kirchner confirmó que el próximo miércoles se presentará ante la Justicia para quedar detenida

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La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.

Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.

Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.

En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.

En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.

La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Unos minutos antes del mensaje de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py surgió una noticia que generó revuelo porque trascendió que uno de los jueces que debe resolver la detención de Cristina Kirchner había pedido licencia; sin embargo, luego se aclaró que ahora busca reprogramarla.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.

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El Tribunal no adelantará una definición sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y alertó a Migraciones para evitar que salga del país

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Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge GoriniRodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.

Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.

¿Por qué cinco días?

El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.

Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.

LOs tres jueces del TOFLOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu

Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.

En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

Otras medidas

En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.

Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.

También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.

Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.

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