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Tensión en Parque Patricios: casi 500 policías se preparan para desalojar un edificio tomado donde viven 100 familias

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  • Se trata de la Casa Santa Cruz, que fue tomada en 2004.

Unas 600 personas resisten el intento de desalojo de la Casa Santa Cruz, un edificio tomado en Parque Patricios, donde viven 350 adultos y más de 100 niños, en medio de un megaoperativo de la Policía de la Ciudad que valló las calles aledañas y movilizó más de 500 oficiales. El operativo fue ordenado por la Justicia para este martes y en el lugar avanzan las negociaciones para intentar que los ocupantes se vayan en forma pacífica.

“Hay un operativo descomunal. El parque está todo vallado”, dijo Iliana Llanos, quien vive hace 10 años en el edificio y es la presidenta de la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco. “No se entiende. Si están queriendo que las familias desalojen de forma pacífica, ¿por qué están armando todo esto?. ¿O de pronto les dan miedo 131 niñitos?”, agregó.

A media mañana, representantes de la Justicia, del Gobierno porteño y las familias habían alcanzado un principio de acuerdo. Consiste en abrir una mesa de negociación para desocupar el edificio en forma gradual. Además, se permitiría el ingreso del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad para realizar un censo, ya que el último relevamiento se hizo hace dos años.

Desde este lunes a la tarde, cuando se realizó un festival y vigilia en apoyo a las más de familias que viven en el edificio ubicado en Santa Cruz 140, un grupo de alrededor de 600 personas resisten al desalojo previsto para hoy.

Afuera del establecimiento acompañan organizaciones y gente de a pie, mientras dentro del edificio de seis pisos se encuentra gran parte de las personas que viven en el lugar.

Vista aérea del edificio Santa Cruz, donde permanecen varias familias en el interiorVista aérea del edificio Santa Cruz, donde permanecen varias familias en el interior

El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para este martes, en el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil Nro. 60.

Según una resolución dictada el miércoles por el juez Fernando Cesari, el desalojo puede ser de forma “escalonada” y se autorizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales “ante la complejidad del caso”, de considerarlo necesario.

Si se avanza con la negociación, el Gobierno porteño ofrecerá un subsidio habitacional para que las familias puedan pagar un alquiler mientras se les busca una solución definitiva. En un contexto inflacionario, sin créditos hipotecarios, los subsidios suelen prorrogarse durante meses e incluso años.

Según fuentes del Gobierno porteño, los subsidios actuales son de $ 50.000 en promedio, aunque puede ser más dinero de acuerdo con la cantidad de integrantes de cada familia.

Como ocurre con otras familias en situaciones similares, o con personas en situación de calle, el subsidio se destina a pagar alquileres en hoteles familiares o inquilinatos, en los que es difícil conseguir lugar. Además, muchos de esos funcionan de forma ilegal en propiedades ocupadas y en las que se vive en condiciones de hacinamiento.

Desalojo en Uspallata y Santa Cruz, Parque Patricios. Las familias que ocupan un edificio se resisten a irse y negocian con el Gobierno porteño. Foto: Luciano ThiebergerDesalojo en Uspallata y Santa Cruz, Parque Patricios. Las familias que ocupan un edificio se resisten a irse y negocian con el Gobierno porteño. Foto: Luciano Thieberger

La historia del edificio tomado

El edificio donde se emplaza la Casa Santa Cruz fue sede de la antigua fábrica de toallas Selsa, que quebró en la década de los 90. Está a unas ocho cuadras de la sede principal del Gobierno porteño en la calle Uspallata 3100.

Aunque toda la manzana está en una situación similar, la orden está destinada a la unidad funcional que tiene en su puerta el número 140, sobre la calle Santa Cruz.

Desalojo en Uspallata y Santa Cruz, Parque Patricios. Las familias que ocupan un edificio se resisten a irse y negocian con el Gobierno porteño. Foto: Luciano ThiebergerDesalojo en Uspallata y Santa Cruz, Parque Patricios. Las familias que ocupan un edificio se resisten a irse y negocian con el Gobierno porteño. Foto: Luciano Thieberger

El edificio se encontraba “deshabitado y desarreglado” cuando en 2004 algunas familias decidieron ingresar para tener un lugar donde vivir. Según los ocupantes, hoy cuenta con servicio de agua, luz y cloacas, ya que los vecinos le pusieron “plata, el pecho y dedicación”, según relataron ante los medios.

En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirida por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició un juicio por desalojo.

Las familias que ocupan el edificio advierten que no se irán. Y denunciaron que la venta se hizo en condiciones poco claras. Aseguran que se trata de un hombre ligado a los hoteles familiares, que no solo busca invertir inmobiliariamente en dicho terreno, sino que “se enriquece de la falta de vivienda y de la población en situación de calle, destino al que están empujando a las familias de Santa Cruz”.

Desalojo en Uspallata y Santa Cruz, Parque Patricios. Por orden de un juez, se desplegó un extenso operativo policial, que valló la zona. Foto: Luciano ThiebergerDesalojo en Uspallata y Santa Cruz, Parque Patricios. Por orden de un juez, se desplegó un extenso operativo policial, que valló la zona. Foto: Luciano Thieberger

Esa zona de Parque Patricios se revalorizó en los últimos años, tras la creación del Distrito Tecnológico y la construcción de la sede del Gobierno porteño. Además, hasta allí comenzaron a llegar, en la última década los subtes de la Línea H. Por eso, las familias que ocupan la Casa Santa Cruz dicen que el edificio es atractivo desde el punto de vista inmobiliario.

SC

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El hombre que mató a puñaladas a su abuela en Lomas de Zamora fue condenado a prisión perpetua

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Cristian Eduardo Robledo fue declarado culpable del homicidio de Norma Antonia Guevara ocurrido el 20 de octubre de 2024

A casi un año del homicidio que conmocionó a Lomas de Zamora, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 dictó prisión perpetua para Cristian Eduardo Robledo, declarado culpable de asesinar con un arma blanca a su abuela, Norma Antonia Guevara, y de atacar gravemente a su prima de 11 años.

La sentencia puso fin a la causa por un hecho ocurrido la noche del 20 de octubre de 2024, en una vivienda situada en Castelli al 1700, Lomas Oeste.

La reconstrucción del caso expuso una secuencia de extrema violencia que tuvo como escenario la casa familiar de Guevara, de 68 años. Según fuentes judiciales, aquella noche, Robledo, de 24 años, mantuvo una discusión con su abuela, quien se negó a darle dinero. Testimonios recabados por la Fiscalía señalaron que el joven padecía adicción a las drogas y vivía en situación de calle, aunque recibía de forma regular la contención de la mujer.

La zona en donde ocurrió todo

Durante el altercado, Robledo utilizó un cuchillo de cocina para agredir a su abuela. Utilizó el mismo objeto para atacar a su prima de 11 años, quien resultó herida en el cuello. A diferencia de su abuela —que perdió la vida en el acto—, la menor sobrevivió y logró pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron a la Policía y solicitaron atención médica urgente.

La investigación descartó el móvil del robo simple, pese a la sustracción de objetos, e identificó el hecho como homicidio agravado en el contexto de violencia intrafamiliar, según informó el portal La Unión.

El hombre tenía antecedentes delictivos por robo agravado con uso de arma de fuego y denuncias previas por agresión hacia una expareja.

La intervención de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Fabiola Juanatey, fue clave para la recopilación de pruebas y testimonios. Las pericias psiquiátricas solicitadas durante la etapa de instrucción concluyeron que Robledo era plenamente consciente de sus actos al momento del crimen, lo que permitió avanzar hacia el juicio oral.

El tribunal consideró probadas las circunstancias que rodearon el hecho: el joven atacó primero a su abuela, la mató a cuchilladas y luego lesionó a su prima. Tras ello, escapó del domicilio con dos teléfonos y dinero, aunque fue capturado a pocas cuadras con las manos ensangrentadas y portando la cuchilla homicida, informó la policía.

El veredicto de prisión perpetua fue dictado en una audiencia celebrada el lunes último por el TOC 2 de Lomas de Zamora.

En los días previos al fallo, la familia hizo público su deseo de que la pena máxima recayera sobre el acusado.

La causa fue instruida por la fiscal Juanatey, especializada en violencia de género y familiar, quien acompañó a la familia durante todo el proceso judicial. La funcionaria solicitó el dictamen pericial y la recolección de evidencia para sostener la imputación por homicidio agravado.

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Una mujer murió tras caer desde un sexto piso en Corrientes y su ex pareja fue imputado por femicidio

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Se trata de la ex pareja de la víctima, quien se cree que la habría empujado tras haber tenido una pelea. Además, se encontraron conversaciones que comprobarían que la joven habría sufrido violencia de género

La investigación sobre la muerte de Camila Soledad González, la joven de 29 años que murió después de haberse caído de un sexto piso en Corrientes, dio un giro determinante tras la imputación de L. L. C., un médico de 50 años y su ex pareja, por homicidio agravado por mediar violencia de género.

“Se secuestraron teléfonos, se realizaron pericias en el lugar y el imputado ya declaró en sede judicial”, confirmó la investigadora judicial en declaraciones a Radio Dos. Además de estos elementos, señalaron que la causa cuenta con nuevos testimonios que describieron el contexto de violencia psicológica y control que habría predominado en la relación entre la víctima y el acusado.

El edificio desde donde cayóEl edificio desde donde cayó la joven

De acuerdo con la información publicada por Corrientes al Día, también se evaluaría la posibilidad de que el hijo de la joven, de 10 años, sea sometido a una Cámara Gesell. “Se está tramitando, pero no se quiere revictimizar al menor. Habría estado en el lugar del hecho, pero necesitamos escucharlo a él”, explicó la fiscal Troia.

La ex pareja fue detenidaLa ex pareja fue detenida en el lugar de los hechos y este martes se confirmó su imputación

En los chats recuperados, Camila describía una convivencia marcada por los celos, el control y la manipulación. “La relación se volvió súper tóxica, pero yo opté por no darle bolilla”, escribió a una amiga durante su estadía en Bahía Blanca.

En otro mensaje, relató: “La casa estaba llena de cámaras y me controlaba todo el tiempo”. La presión ejercida por el médico la llevó incluso a eliminar fotos de sus redes sociales, como lo expresó en otro mensaje. “Yo ya entendí, no le sigo el juego”, había escrito la joven.

Tras finalizar la relación con L. L. C., Camila había iniciado un nuevo vínculo sentimental. De hecho, el jueves previo a su muerte, el médico se presentó en el departamento de la joven mientras ella cenaba con su nueva pareja, lo que derivó en una fuerte discusión. Horas más tarde, el acusado regresó al lugar.

El viernes, la joven llevó a su hijo a un entrenamiento de fútbol y tenía previsto reunirse con amigas por la tarde, según quedó registrado en su teléfono. Estos planes, según la Fiscalía, debilitan la hipótesis de que la mujer habría intentado quitarse la vida.

Ese mismo día, la joven cayó desde el sexto piso del edificio. El médico se encontraba en el departamento y fue el primero en ser detenido. Desde entonces, permanece bajo custodia, mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si existieron lesiones defensivas o signos de haber tenido un forcejeo.

Por el momento, la investigación avanza con la recolección de testimonios de familiares, amigas y allegados, quienes coinciden en describir una relación de pareja marcada por la violencia psicológica y el control extremo. Todos los elementos reunidos hasta el momento complican la situación judicial del médico detenido, de acuerdo con la mirada de la Fiscalía.

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Asesinaron a un preso en un penal de Salta y hay cinco sospechosos identificados

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El hecho ocurrió en la cárcel de Villa Las Rosas. La víctima recibió una herida en la zona cervical con un arma blanca tumbera

Un joven de 28 años fue asesinado este lunes en el penal de Villa Las Rosas, en Salta, tras ser apuñalado en su celda durante el horario de recreación del pabellón A2. Las cámaras de seguridad de la Unidad Carcelaria 1 registraron el ingreso de cinco internos al lugar donde se produjo el ataque.

Por el hecho hay cincoPor el hecho hay cinco internos sospechados captados, cuando ingresaban a la celda de la víctima, por las cámaras de seguridad del penal

En las redes sociales, el joven asesinado había publicado imágenes en las que aparecía portando un arma de fuego y exhibía una actitud desafiante, acompañando una de las fotografías con la frase: “Me sobran balas”.

Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas

Irá a juicio la presaIrá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas

De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández será juzgada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.

Además, en uno de los episodios, se la consideró “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas, y se sumó la agravante de “uso de arma en grado de tentativa”.

En la misma resolución, el fiscal imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en relación con una sola víctima, según información de La Voz del Interior.

El historial judicial de Fernández comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel y, un año después, recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”. En noviembre de 2018, manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de identidad de género y su traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.

Mientras cumplía condena, en abril de 2019, Fernández fue imputada por “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas” contra una mujer, y poco después obtuvo la libertad condicional. Hacia finales de 2019 y nuevamente en 2022, enfrentó denuncias que fueron archivadas. Ya en libertad, en 2023, fue denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”, y posteriormente por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que derivó en su detención y, en 2024, en la prisión preventiva.

Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se detectó el abuso contra una compañera de celda. Tras varias sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal para resguardar a la víctima. Actualmente, permanece en régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer, mientras las tres acusadas continúan detenidas.

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