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Los secretos de las bandas narco bolivianas que operan en la Argentina

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  • Ingresan cargamentos de cocaína por Salta, los transportan hasta Buenos Aires y solo venden de a kilos.

En Argentina la escena narco está compuesta por organizaciones locales, paraguayas, peruanas, dominicanas y bolivianas. En términos generales, los guaraníes son mayoristas y minoristas de marihuana y cocaína. El fuerte de los peruanos es el microtráfico de cocaína: administran búnkeres en villas porteñas y bonaerenses. También venden en zonas como Abasto y Once. Se disputan Constitución con las bandas de dominicanos.

Las bolivianas se limitan al segundo mayor negocio del narcotráfico del país: ingresan cargamentos de cocaína por Salta, los transportan hasta Buenos Aires y solo venden de a kilos, a narcos de todo el país.

Tener la línea de los bolivianos“, como se dice en la jerga al hecho de hacer el contacto para comprarles, es la meta de todo narco argentino. La razón es muy simple: los bolivianos tienen el mejor precio del mercado, y la mejor calidad. Pero llegar a ellos no es para cualquiera.

A pesar de que es vox populi, la mayoría está en la zona de Villa Celina, La Matanza. Allí, entre talleres textiles ilegales, funcionan sus “depósitos” de droga.

“Son muy desconfiados. Tienen como un sexto sentido: solo llegás a ellos por un intermediario y te van a observar de arriba a abajo en la primera reunión. Si no les generás confianza, no hacen un solo negocio con vos”, cuenta una persona que trata con ellos.

En el mundo narco, el rol de esta persona es conocido como “nexo”. Presenta a bolivianos y a compradores. Por cada kilo vendido, se gana una comisión de 400 o 500 dólares. Durante lo que dure la relación comercial. El gasto corre a cuenta del comprador.

La desconfianza tiene su justificación: los robaron muchas veces. Pero lo más común es la “estafa” en transacciones en las que entregan la mercadería y no reciben el pago completo. Para que se entienda el riesgo y, a la vez, el negocio de engañarlos: por cada kilo entregado en Buenos Aires, piden 3.000 dólares.

Frontera entre Salvador Mazza, Salta, y San José de Pocitos, Bolivia. Foto: Rafael Mario Quinteros.Frontera entre Salvador Mazza, Salta, y San José de Pocitos, Bolivia. Foto: Rafael Mario Quinteros.

Hace unos meses un grupo de cordobeses se quedó con 100 kilos de un grupo de bolivianos que nunca pagó. Como la costumbre es “trabajar a consignación”, el que recibe la droga la paga cuando la vende. No se invierte. De ahí tanta desconfianza.

En el ambiente es conocida la anécdota de “Los Monos“, la temida banca narcocriminal rosarina. Los bolivianos nunca quisieron venderles. Solo accedieron a sus cargamentos por clientes rosarinos de los bolivianos. Los obligaron a aumentar el encargo, ponían su parte y dividían la mercadería, sin que los bolivianos se enteraran.

Por lo que pudo saber Clarín, las organizaciones bolivianas activas en Argentina son de Tarija y Cochabamba. Es decir, del sur del país. Suelen ser clanes familiares. Son las denominadas “organizaciones chicas”. Las grandes están del centro hacia el norte, y son las que envían cargamentos a Brasil, el segundo mayor consumidor de cocaína del mundo, luego de Estados Unidos.

“Era un mundo que desconocía”, recuerda Darío Saldaño, un abogado que defiende a varias familias bolivianas. Sigue: “Lo primero que me sorprendió fue lo asimilado que está el secuestro entre ellos. Es muy común. Al punto que sus familiares no se preocupan demasiado; salen a buscar lo que les pidan de rescate y listo. Se pueden pagar rescates de 100.000 dólares o de cargamentos de cocaína y no sale en ningún medio. Ni siquiera llegan a la Justicia”.

La misteriosa desaparición de tres quinteros en La Plata

La causa que tuvo al menos un poco de difusión fue la de febrero de 2016. Roberto Espinoza, Héctor Quiroga y Enrique Martínez trabajaban en una quinta de La Plata y tenían antecedentes por tráfico de drogas. De un día a otro “desaparecieron”.

En un principio, sus familiares pensaron que se trataba de un secuestro. Dos meses antes, uno de ellos había sido secuestrado por policías bonaerenses en San Martín. Pero esta vez fue diferente: como durante dos semanas nadie se comunicó para pedirles rescate, los familiares se animaron a denunciar.

Roberto Espinoza, Héctor Quiroga y Enrique Martínez trabajaban en una quinta de La Plata y tenían antecedentes por tráfico de drogas.Roberto Espinoza, Héctor Quiroga y Enrique Martínez trabajaban en una quinta de La Plata y tenían antecedentes por tráfico de drogas.

La investigación está a cargo de la UFI 7 de La Plata. Hasta el momento, no hay detenidos ni imputados, solo dos investigados: un argentino, con ciudadanía española, contador, dueño de empresas en varios países, que habría conocido a los bolivianos en las cárceles de Devoto y Ezeiza.

El otro investigado es socio del argentino, y es de nacionalidad boliviana. Esta pareja comercial se dedicaría a los envíos de cocaína a Europa y se estima que le debían millones de dólares a los “desaparecidos”, que eran sus proveedores a partir de la sociedad que nació en las cárceles.

“La Fiscalía pidió su detención”, explica Saldaño, abogado de las tres familias de las víctimas. Se refiere al contador. Pero agrega: “El Juzgado de Garantías 1 no la concedió bajo el criterio de que ‘si no hay cuerpos, no hay delito‘. La casa de este argentino fue allanada varias. La última vez fue hace un año”.

En el mundo narco los bolivianos se presentan como “gente de trabajo”. Prácticamente todos llevan una doble vida. Son quinteros, puesteros de La Salada, textiles, changarines del Mercado Central, albañiles. Algunos compran campos propios para trabajar.

“Es una cuestión cultural para ellos”, explica un fiscal que condenó a una banda. “Uno de sus integrantes se despertaba a las 4 de la mañana. Trabajaba en el campo y a la tarde se movía en una camioneta haciendo entregas. Lo detuvimos con 66 kilos”, agrega la fuente judicial.

Arrojaron cocaína en avionetas en Salta y la llevaban en camiones rumbo al Conurbano.Arrojaron cocaína en avionetas en Salta y la llevaban en camiones rumbo al Conurbano.

Sus ganancias siempre terminan en Bolivia. Los consultados por Clarín coinciden en algo: explican que el único lujo que se dan en Buenos Aires es comprarse camionetas. Aunque es más normal verlos de ojotas y ropa de las ferias.

“Por ahí te caen a las reuniones en autos que podrían ser remises de Laferrere”, cuenta la persona que funciona como “nexo”. “Saben que se llaman la atención, pierden. Acá hay muchos ladrones. Y hay mucha envidia entre bolivianos. Si una familia gana más dinero que otro, se secuestran”, comenta la misma persona.

En la actualidad ofrecen dos tipos de mercaderías: la que sería “premium”, de 3 mil dólares, y la que es conocida como “70/30”. Es de menor calidad, pero puede costar 200 o 300 dólares menos. “Nunca los vi armados. No son violentos. Muchas veces no responden por los robos que sufren con tal de no tener mayores problemas”, los describe otro abogado.

Hubo un quiebre en los negocios de las familias narco bolivianas. Un argentino que se ganó la confianza de una de ellas luego de “cuidarlos” en la cárcel de Marcos Paz calcula que el cambio fue en 2010. Hasta aquel entonces los bolivianos se limitaban a cruzar los cargamentos a Salta. Compraban el kilo a US$ 1.700 y lo revendían a 2.500 del lado argentino.

Cocaína encontrada en una camioneta abandonada en Salta. Estaba dispuesta en 181 paquetes rectangulares.Cocaína encontrada en una camioneta abandonada en Salta. Estaba dispuesta en 181 paquetes rectangulares.

“Las segundas generaciones de esas familias vienen con otra formación. Fueron al colegio. No crecieron en el campo, como las primeras. Son más abiertos y ambiciosos. Ellos se fueron estableciendo en Buenos Aires. Construyeron sus casas, sus negocios, sus comercios de comida típica. Se hicieron ‘barrios de bolivianos’ y se volvieron fuertes”, cuenta uno de los consultados por Clarín, en el bar de una estación de servicio.

La nueva camada salió a las rutas. Como sus clientes eran de Buenos Aires, la propuesta fue venderles en el conurbano, a US$ 3.000 el kilo. El AMBA siempre fue el epicentro de los negocios narco, donde llegaban traficantes de todo el país, pero para comprarle a los porteños.

Las estadías de los bolivianos en cárceles federales, y el hecho de compartir pabellón con colegas de otras provincias, hizo que los extranjeros sacaran a los porteños como intermediarios, y que envíen sus cargamentos a provincias como Tucumán, Córdoba, Rosario, Río Negro, Tierra del Fuego. Una costumbre de ellos es aceptar propiedades en forma de pago.

En los últimos años, los más ambiciosos fueron por más. Se unieron a otros que también tienen mal concepto de los argentinos, y que prefieren evitarlos en los negocios: los europeos radicados en Buenos Aires. Se asociaron, dividen ganancias. Y por cada kilo comprado a 1.700 dólares en Bolivia, que llega a España, se compran 19.000 euros. Ellos no andan de ojotas ni de ropa de La Salada. Visten de traje. Son empresarios. Son la nueva generación.

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Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal

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Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional

El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.

“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.

El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.

Patricia Bullrich y Manuel AdorniPatricia Bullrich y Manuel Adorni anunciaron que el Gobierno enviará el nuevo proyecto del Código Penal

Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.

“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.

Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.

Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.

De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.

Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal

  • Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
  • Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
  • Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
  • Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
  • Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
  • Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
  • Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
  • Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.
Con el nuevo código, seCon el nuevo código, se endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes
  • Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
  • Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
  • Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
  • Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal

  • Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
  • Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
  • Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.
Habrá agravantes para los motochorrosHabrá agravantes para los motochorros
  • Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
  • Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
  • Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
  • Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
  • Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
  • Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
  • Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.

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Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche

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El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre

La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.

En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.

De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.

El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.

Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.

La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.

El caso

El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.

Una de las mujeres rusasUna de las mujeres rusas detenidas

El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.

Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.

Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.

Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.

La PSA detuvo a RudnevLa PSA detuvo a Rudnev en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche

A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

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Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial

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El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante

Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.

La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.

La persecución terminó en laLa persecución terminó en la intersección de la avenida Piedra Buena y De la Rosa.

Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.

El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.

Cuatro menores fueron detenidos estaCuatro menores fueron detenidos esta semana por robos en el subte.

Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte

La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este añoTodos son inimputables.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.

Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.

Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.

Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.

Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.

Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.

Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.

Uno de los adolescentes fueUno de los adolescentes fue detenido dos veces en 48 horas

Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.

Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.

Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.

El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.

Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.

Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.

Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.

 

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