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Tenía 18 años, era mesera y puede ir presa por la muerte de una clienta: ella dice que hizo lo que le ordenaron
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En 2020, Priscila Lucca trabajaba en el bar Zar y causó un incendio manipulando un centro de mesa.
Son casi las ocho de la noche del viernes 9 de octubre de 2020 y Lucía Costa Osores, de 18 años, se encuentra con sus amigos de la parroquia en “Zar Burgers & Beers”, un bar sobre la calle Paunero de San Miguel. Están ansiosos y con ganas de ponerse al día después de meses sin verse por las restricciones derivadas de la pandemia de Covid.
Los jóvenes se sientan en banquetas a una mesa alta, en una especie de patio cubierto con una media sombra. Charlan y juegan al jenga… Antes de hacer el pedido, llaman a una moza para que les encienda el centro de mesa, un recipiente circular de base ancha con piedritas y del que sale una llama decorativa que también ilumina tenuemente el ambiente.
Priscila Lucca, también de 18 años, se acerca a la mesa con un bidón de cinco litros con alcohol y, sin apagar la llama, vuelca el líquido sobre el centro de mesa, lo que produce una explosión con varios fogonazos. Como si les hubieran arrojado una bomba molotov, Lucía y sus amigos gritan desesperados mientras intentan desprenderse de las llamas que empiezan a cubrir sus cuerpos.
Lucía cae al piso y queda boca abajo. Aunque parece la más comprometida por el fuego, nadie la ayuda. Su piel hirviendo se pega al piso. Media hora después, y sin parte de sus pertenencias, como su teléfono celular, es subida a una ambulancia del SAME que la lleva al Hospital Municipal Larcade. Al mediodía del sábado 10, con la mayor parte de su cuerpo carbonizado y con serios problemas para respirar, sufre dos paros cardiorrespiratorios y muere.
Tres en el banquillo
Lucía trabajaba como manicura, estaba haciendo un curso de peluquería y soñaba con vivir en la Patagonia. “Era muy generosa con los demás”, cuenta Lorena Osores, su mamá, con una pena profunda pero activa en su reclamo de justicia.
El viernes 8 de septiembre de 2023, a casi tres años de la muerte de Lucía, en el Juzgado en lo Correccional 3 de San Martín empezó el juicio en el que hay tres imputados: Carlos Oliverio, el dueño del bar “Zar Burgers & Beers”; Marina de los Ángeles Ramírez, la encargada del local; y Priscila Lucca, la mesera. A los tres se los acusa de “homicidio culposo y lesiones culposas”.
Se estima que el proceso legal se extenderá hasta mediados de noviembre, con 15 jornadas de debate y el testimonio de 245 testigos, entre ellos los ocho amigos que habían ido a cenar con Lucía y sufrieron distintas lesiones: Franco Pérez, Thiago Zadro, Agustín Díaz, Dolores Bustamante, Rodrigo Cano, Santino Diaco, Franco Racca e Ivo Schmidt.
“Esperamos que los tres imputados sean condenados a la pena máxima, de seis años de prisión con cumplimiento efectivo”, dice Liz Barrionuevo, abogada de la familia Costa Osores.
“En realidad, nos gustaría que los condenaran por dolo eventual, y no por homicidio culposo. Con los agravantes, las penas podrían llegar hasta los nueve años de prisión. Los imputados van a decir que fue un accidente, pero nosotros queremos probar que se pudo haber evitado”, avanza Lorena, mamá de Lucía, que en cada aniversario se manifiesta solitaria frente al local del bar. Y agrega: “Durante la investigación hubo muchas irregularidades. Oliverio, el dueño del local, y Ramírez, la encargada, manipularon las cámaras de seguridad para ocultar las pruebas. Oliverio tiene cobertura política del Municipio… ¿Si no, cómo puede ser que siga libre?”.

-Pero el bar fue clausurado.
-Sí, pero se mantienen abiertos los demás negocios de Oliverio.
-¿El quiere inculpar como única responsable a la mesera?
-Eso me da mucha bronca… No es justo… El mayor responsable es él. Los tres imputados se culpan entre sí. Oliverio asegura que en el bar estaba todo en condiciones y que él no tuvo nada que ver con como manejaron las cosas los demás. Ramírez plantea que era una simple empleada. Y Lucca argumenta que cumplió con lo que le ordenaron.
¿Cuál es la verdadera responsabilidad de la moza, si ella cumplió una orden? “Ya me adelantaron que Priscila Lucca es la más complicada en el juicio, por haber sido la que arrojó el líquido en el centro de mesa… Aunque se lo hayan ordenado, no lo tendría que haber hecho”, dice Lorena, la mamá de Lucía.
Moza inexperta
Priscila Lucca había perdido a su papá en las primeras semanas de la pandemia. La joven, que vivía con su mamá y su hermana en San Miguel, debió salir a trabajar apremiada por la situación. Consiguió que la tomaran de moza en el bar “Zar Burgers & Beers”. Era su primer empleo y llevaba un mes haciéndolo. “Trabajaba en negro”, aporta Lorena Osores. “Y se sentía muy presionada por sus jefes”.
La mesera también sufrió quemaduras. “Gracias a la intervención de Oliverio, fue la primera a la que subieron a una ambulancia. Y la llevaron al Larcade”; sigue Lorena. “Cuando llegué al hospital para ver a mi hija, Priscila se enteró y se fue, aunque tenía una pierna lastimada. No pude hablar con ella. Y lo que más me duele es que nunca me pidió disculpas”.

“La escena era llamativa”, contó Agustín Díaz, amigo de Lucía que fue llevado al mismo hospital. “Priscila y yo estábamos internados en la misma habitación. Ella me decía que había hecho lo que le enseñaron sus jefes para usar el alcohol del centro de mesa, pero no entendía cómo había pasado lo que pasó. La veía muy triste, lloraba todo el tiempo”.
Peligrosa chimenea
Al “fogón quemador” que provocó la muerte de Lucía Osores también se lo conoce como “centro de mesa ecológico” o “chimenea ecológica”. Se arma con una base de cemento y piedras. En una especie de cilindro, la llama se enciende con bioetanol, un tipo de alcohol bio-sustentable que se obtiene a partir de la fermentación del azúcar de plantas como la remolacha, el maíz, el sorgo, la cebada o el trigo.
En Mercado Libre se ofrecen distintos modelos, cuyos precios van desde los 7.000 hasta los 45.000 pesos. En los catálogos de venta también se mencionan las medidas de seguridad recomendadas para evitar problemas. “Si el bioetanol no se manipula respetando todos los recaudos de seguridad, puede ser peligroso”, se alerta.
La llama o antorcha tiene que ser estable y no debe alejarse de la carcasa. Además, hay que contar con un dispositivo de extinción del fuego y el recipiente sólo debe ser llenado cuando la llama se haya extinguido y la chimenea se haya enfriado. ¿Había necesidad de decorar las mesas con un recipiente que demanda tantos cuidados?
En su momento, pocas horas después de la muerte de Lucía, se filtró un audio de whatsapp en el que Oliverio minimizaba lo sucedido en su bar y responsabilizaba a los “chicos”, en referencia a Lucía y sus amigos, de haber provocado la llamarada fatal.
“Les cuento a todos por acá porque me están llenando de mensajes y la verdad es que no puedo contestar mucho. No pasó nada. O sea, sí pasó, pero nada tan grave”, comienza diciendo en el audio el propietario de “Zar”. Y agrega: “Un grupo de chicos empezó a joder con los rociadores de alcohol y jodiendo se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica y empezó a los gritos. Pero no pasó nada más que eso”.
Y continúa: “Se quemó la camarera que la quiso apagar y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego, ni nada de eso. Así que les agradezco a todos la preocupación pero nada más que eso: un garrón”.

Por su parte Carlos Bianco, entonces Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, le apuntó al Municipio por haber permitido la apertura del bar en el contexto de aislamiento por coronavirus. “El accidente pudo haber sucedido por impericia, pero primero habría que explicar por qué estaba abierto el bar. (…) San Miguel está en una situación de aislamiento social preventivo y obligatorio. En este bar ni siquiera estaban en un espacio abierto”.
Bianco también explicó que se había comunicado con Jaime Méndez, intendente de San Miguel. “El contacto que hicimos fue para darle asistencia ante la situación. Nos comentó que había permitido algunas actividades por fuera del decreto nacional, pero que esto no debería haber sucedido”, reveló.
Mudanza y sentimiento de culpa
“Priscila tuvo que mudarse a Entre Ríos”, dice Pablo Esperanza, el abogado de la mesera. “En San Miguel todos se conocen y ella no quería cruzarse más con quienes la acusan por la muerte de Lucía. Es muy complicado vivir así”.
Y, enseguida, insiste: “Se trató de un accidente. Ella hizo lo que le pidieron que hiciera”.
-¿No la capacitaron para encender los centros de mesa?
-Era un contexto complicado… Con 18 años estaba muy mal, hacía muy poquito había fallecido su papá… Era la tercera o cuarta vez que Priscila encendía un centro de mesa… Yo entiendo el dolor de la madre de Lucía, por supuesto, también tengo hijos. Pero Priscila no quiso matar a nadie. Repito, fue un accidente.
-Otras meseras contaron que para encender los centros de mesa llevaban el alcohol en vasitos.
-Sí, había meseras que llenaban el centro de mesa con vasitos, y otras, como Priscila, con bidones. Priscila no midió que podía causar una tragedia.
Según se pudo reconstruir, el error de la mesera fue no haber esperado a que la llama se apagara por completo y, al mismo tiempo, verter más alcohol del que debía. “Como es muy corpulenta, Priscila es brusca…”, describe el abogado en busca de atenuantes.
El centro de mesa no tenía ninguna falla previa. Era como cualquiera de los que se usan en los locales de estas características, incluso después de la muerte de Lucía. “En Puerto Madero todavía hay locales que los usan”, avanza el abogado.

Meses después de la muerte de Lucía, y para tomar distancia de la tragedia, Priscila decidió pasar un tiempo en Crespo, a 42 kilómetros de Paraná, en Entre Ríos. El 8 de enero de este año, Guadalupe Stadnitchi, amiga “favorita” de Costa Osores, tal como ella misma se define, publicó en su cuenta de Twitter un video que muestra a Priscila en el Polideportivo Municipal de Seguí, a 18 kilómetros de Crespo.
De anteojos negros y con una bikini rosa y negra, Priscila aparece debajo de una sombrilla de paja. Tiene tatuados sus brazos, piernas y el pecho. En su mano derecha lleva un vaso. La acompañan tres mujeres sentadas en lonas y un chico apoyado sobre una heladerita. De pronto, con enojo, alguien le dice: “Priscila Lucca, asesina de Lucía Osores, tomando sol en Entre Ríos, tranquila…”. Ante el escrache al que es sometida, Priscila se mantiene en silencio. Sólo chasquea los dedos de su mano izquierda.
“El video lo grabé yo”, cuenta Guadalupe. “Ese encuentro con Priscila me arruinó mis vacaciones…”.
Guadalupe está muy enojada con la mesera. Fueron al mismo colegio, el Parroquial de San Miguel, y hasta llegaron a ser amigas. Pero ahora Guadalupe no quiere saber nada con ella. Le reprocha su actitud “manipuladora”, que pretenda “cambiar las cosas para beneficiarse”.
-¿Lucía iba al mismo colegio que ustedes?
-No, ella iba al San José. Pero nos conocíamos todas de Espacio Joven, un movimiento de la catedral de San Miguel.
El encuentro de Guadalupe con Priscila en el Polideportivo Municipal de Seguí fue casual. “Toda la familia de mi novio es de Seguí. Por eso fuimos allá de vacaciones. Y quisimos pasar un día en el Polideportivo Municipal”, agrega Guadalupe. “Al principio me costó reconocer a Priscila porque cambió mucho físicamente… Estaba con su hermana menor y su mamá. También pregunté quién era el hombre que las acompañaba, y me dijeron que era el novio de Priscila. Pero prefiero no hablar más de ella. Me hace mal”.
ASESINA DE LUCIA COSTA OSORES LIBRE TOMANDO SOL MIENTRAS LUCIA ESTÁ EN UNA TUMBA
Esto es el polideportivo municipal seguí- entre rios
RT para que Priscila Lucca no tenga paz #justiciaporlucia pic.twitter.com/EEVvY9rzvJ— GUADA⭐️⭐️⭐️ (@GuadaStadnitchi) January 8, 2023
Antes de su encuentro con Priscila en Entre Ríos, en otro tuit, Guadalupe había señalado a quienes fueron, según ella, los responsables de la muerte de Lucía. “Priscila Lucca generó la explosión. Carlos Oliverio, el dueño del bar, la dejó quemarse durante 20 minutos sin ayudarla. Mariano Calvente, subsecretario de control y ordenamiento urbano de San Miguel, habilitó un bar que no debería haber estado habilitado. Jaime Méndez, intendente del municipio, no hace nada al respecto”.
Priscila, que con el tiempo volvió a San Miguel, trata de pasar inadvertida: dejó de mostrarse en la calle y en las redes sociales. Sus últimas publicaciones en Instagram, donde aparecía siempre sonriente, son de 2019, previo al incendio en el bar.
¿Problemas psiquiátricos o estrategia judicial?
Ahora es miércoles 20 de septiembre de 2023. Está nublado, hace frío y el viento sopla fuerte apenas pasadas las 9 de la mañana. En la puerta de los tribunales de San Martín, Lorena Osores, la mamá de Lucía, cuelga afiches con la cara de su hija y una leyenda: “Un ángel llamado Lucía. Mereces lo que sueñas. Justicia por Lucía”.
Abrigado con buzo verde con capucha llega Carlos Oliverio, canoso, alto, de espaldas anchas. Lo acompaña su abogado. “¡Asesino!”, le grita la mamá de Lucía. “¡Ya vas a pagar por todo lo que hiciste!”. La situación es tensa.
Un rato después aparece Priscila Lucca con su mamá, que la sostiene del brazo izquierdo. Priscila luce el pelo con rastas, una remera negra y blanca a rayas horizontales, jeans negros y botitas de cuero blancas. Ya en la sala donde se lleva adelante el juicio, Priscila se sienta junto a los otros dos imputados, Oliverio y Marina de los Ángeles Ramírez. No habla con nadie. Mira fijo el piso. Se acomoda varias veces las rastas y se mueve en su silla. Ve entrar a la mamá de Lucía, que lleva un rosario en el pecho y se ubica en la primera fila de los asientos reservados para el público. Priscila empieza a llorar y se seca las lágrimas con una servilleta de papel. Le ofrecen un vaso de agua y lo rechaza.
Atraviesa sola el momento. En los tribunales de San Martín no se ve a ninguno de los que solían acompañarla en sus tiempos más felices, en el viaje de egresados a Bariloche, los partidos de voley que jugaba con el equipo del colegio y las vacaciones en Necochea.
A las 10.20, la jueza Rubarth enciende el micrófono y cuenta: “Ayer, Priscila Lucca se presentó en el juzgado y, de puño y letra, dejó una carta en la que plantea que no se encuentra en condiciones psiquiátricas de someterse al juicio y, además, por cuestiones económicas, pretende cambiar su abogado particular por un defensor oficial”.
Esperanza, abogado de Priscila, comenta: “Sí, hace rato que le vengo diciendo a Priscila que se tiene que tratar con un especialista… Cada vez que nos ponemos a hablar de su papá es un drama…”. A sus espaldas, Priscila no puede contener el llanto y abandona la sala. En medio de la crisis de nervios deja olvidada su campera y su cartera sobre el asiento.

“¿Ahora Priscila se da cuenta de que no puede someterse a juicio?”, se enfurece, por lo bajo, Lorena Osores. “¿Ahora sufre problemas psiquiátricos por la muerte de su padre, cuando pasaron más de tres años? Parece todo armado, ¿no? Sabe que puede ir presa y dice que tiene problemas psiquiátricos para que la manden a un centro de salud mental y no a una cárcel”, agrega la mamá de Lucía, que trabaja de empleada administrativa, está separada de su pareja, Pablo Costa, y también es madre de mellizos de 14 años.
El juicio se interrumpe. Para que pueda continuar, la fiscalía ordenas pericias psicológicas a Priscila y planifica que se retome el debate “en un plazo no mayor a diez días” (a partir del miércoles 20 de septiembre). “Mientras tanto, podemos seguir el proceso con los otros imputados”, aclara la jueza Rubarth. A la salida, el abogado Esperanza baja apurado las escaleras.
-¿Priscila pidió el cambio de abogado por cuestiones económicas o hay otro motivo?
-Ella cree que ya está condenada y entonces quiere evitar pagarle a un abogado particular. Eso sí, yo todavía no cobré nada… Y falta… Ahora hay que ver qué dicen los peritos, si Priscila está en condiciones de enfrentar un juicio, si está en condiciones de decidir si puede cambiar de abogado…
– ¿Cree que ella podrá evitar una condena?
-Esperamos conseguir lo mejor que se pueda.
En la puerta de los tribunales, el abogado se encuentra con Priscila, que, acompañada de su mamá, sale del baño luego de lavarse la cara. Juntos se van del edificio. Cuando pasa por delante del afiche con la imagen de Lucía, colgado por Lorena Osores dos horas antes, Priscila evitar mirar.
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Policiales
Casación confirmó el procesamiento de un hombre acusado de abuso sexual en un vuelo internacional
Publicado
2 días atráson
13 junio, 2025Por
Admin
El máximo tribunal penal del país rechazó una queja presentada por la defensa y ratificó la continuidad del proceso contra un pasajero denunciado por su accionar en un vuelo de Miami a Buenos Aires
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este jueves la continuidad del proceso penal contra un hombre acusado de haber cometido el delito de abuso sexual contra una pasajera durante un vuelo comercial desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con su decisión, el máximo tribunal penal del país dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva dictado en primera instancia y luego confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
El caso se inició a partir de una denuncia que presentó la víctima al aterrizar. En su exposición, relató que durante el trayecto aéreo, mientras dormía en su asiento, el pasajero que se encontraba a su lado -identificado con las iniciales J.G.H.– colocó su mano sobre su pierna derecha y luego la introdujo en el interior de su pantalón.
La instrucción penal quedó en manos del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, con competencia en el aeropuerto “Ministro Pistarini“. En ese marco, el hombre quedó imputado bajo el delito de ”abuso sexual simple“ en una resolución que luego sería revisada y confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que admitió que el procesamiento fuese sin prisión preventiva.
El procesamiento una sin detención cautelar implica que, si bien el juez instructor consideró reunidas las condiciones para vincular formalmente al imputado a la causa penal, no se acreditaron riesgos concretos de fuga o de entorpecimiento de la investigación para ordenar su arresto. De acuerdo con el artículo 312 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva sólo puede dictarse cuando existen motivos fundados que así lo justifiquen.

En el caso de J.G.H., ni el juzgado ni la Cámara de La Plata encontraron razones suficientes para imponerle una medida preventiva contra su libertad ambulatoria, concediéndole así la posibilidad de transitar el proceso penal en su contra sin restricciones.
Así las cosas, contra el fallo de la Alzada la defensa particular de J.G.H. presentó un recurso de casación por considerarlo arbitrario y sin fundamentos. Y al serle denegado, interpuso una queja para llevar su caso ante el máximo tribunal penal, que ahora también resultó desestimada.
La resolución fue adoptada por la Sala III de la Casación Federal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Juan Gemignani y Mariano Borinsky, quienes en sintonía remarcaron que la resolución impugnada “no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella” para analizarla en esta instancia. Además, indicaron que “la defensa no ha logrado acreditar fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio conforme las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Di Nunzio’”.
Los magistrados destacaron que “la garantía a la doble instancia ha sido satisfecha”, ya que el imputado obtuvo “pronunciamientos concordantes” en primera instancia y en la Alzada. De ese modo, la Sala III resolvió “declarar inadmisible la queja por recurso de casación denegado, con costas”, en los términos de los artículos 478, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación.
Con todo, el episodio en el avión quedó encuadrado bajo el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal, que establece:“Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.
Policiales
Un año sin Loan: la Justicia no deja de buscarlo luego de que la causa se elevara a juicio oral
Publicado
2 días atráson
13 junio, 2025Por
Admin
El 8 de mayo Loan Danilo Peña cumplió 6 años en algún lugar. Nadie sabe si le hicieron una torta, si le pusieron globos o le dieron regalos o, simplemente, ese día pasó como uno más. Incluso, en este 2025, debería haber empezado la escuela Primaria y, para esta altura, su cuaderno tendría que estar lleno de letras escritas por primera vez por él. Sin embargo, desde hace 365 días, no hay rastros de ese nene que fue a buscar naranjas tras un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal de Corrientes. Desapareció. Y su ausencia duele; a María, su mamá, la atormenta más que a nadie: “Me hace falta mucho mi hijo. Él es mi compañerito más chiquito y me hace falta un montón”.
Un año después, y con la angustia acumulada y la ansiedad cruel de la espera, María sigue en la misma casa donde el nene creció en la localidad correntina de 9 de Julio. Ahí lo espera junto a José, su marido, y el resto de su familia. Todavía recuerda cómo lo vio irse contento ese 13 de junio de 2024 con su papá a caballo a la casa de su abuela Catalina para un almuerzo por el día de San Antonio. Era la primera vez que iba de visita al Algarrobal. Y allí se esfumó.
Por la desaparición de Loan, hay siete detenidos y procesados a un paso de ir al juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del menor: la tía del chico Laudelina Peña, y la pareja de la mujer, Antonio Benítez; Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, la ex funcionaria María Victoria Caillava, el capitán de navío (RE) Carlos Guido Pérez y el ex comisario Walter Adrián Maciel.
Para los investigadores, tanto los fiscales como la jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo; existió “un plan coordinado” para llevarse a Loan ese día lejos de la guarda de su papá y “se montó una escena para hacer creer que se había perdido, incluyendo la plantación de un botín en un lodazal y la difusión de una falsa noticia sobre su hallazgo”.
“En ninguna oportunidad se hallaron rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal”, remarcaron los fiscales Mariano de Guzmán, de la Fiscalía Federal de Goya, y Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Para los investigadores, Laudelina, Benítez, Ramírez y Millapi “alejaron del cuidado de su padre a Loan durante el almuerzo, lo condujeron hacia una zona fuera de su alcance visual”. El ex comisario Maciel es señalado como quien, “valiéndose de su cargo, montó un falso escenario de búsqueda e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.
Cronología de los hechos
- 13 de junio de 2024, por la mañana: Loan y su padre José llegan a caballo a la casa de Catalina, en el paraje Algarrobal, para participar de un almuerzo familiar.
- 13:52: Se toma la última fotografía en la que se registra a Loan con otros menores y adultos caminando hacia el naranjal, ubicado a unos 500 metros de la casa de Catalina.
- Entre las 13:52 y 14:25: Loan es visto por última vez en la zona del naranjal en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi. Los niños presentes refirieron que desapareció en ese lapso.


- 14:25: Benítez realiza una llamada a Laudelina Peña desde el naranjal. La comunicación dura más de 9 minutos.
- 15:24: Comienzan los registros de intentos de comunicación telefónica de José con la madre del niño y con vecinos del lugar.
- 15:37: Caillava informa a un miembro de la comisaría de 9 de Julio sobre la desaparición del menor.

- 16:15: María llega al paraje Algarrobal en moto, se encuentra con Laudelina cerca de la escuela abandonada, y comienza la búsqueda del niño.
- Entre las 16 y las 17: Llegan al lugar policías, vecinos y familiares que participan en la búsqueda inicial.
- 14 de junio de 2024: A primeras horas de la madrugada, se difunde erróneamente la noticia de que LDP había sido encontrado, lo que genera confusión y desvía la investigación inicial. En la tarde, se encuentra el botín izquierdo del niño en un lodazal en un campo, lo que los fiscales consideran una “plantación” deliberada de evidencia. Laudelina luego admitiría que fue ella quien plantó ese calzado.
- 15 de junio de 2024 en adelante: Se llevaron a cabo operativos de búsqueda más amplios, con participación de fuerzas federales y provinciales, pero sin hallazgos concluyentes sobre el paradero del niño.

Pese a que la causa se encamina al juicio, en el Juzgado Federal de Goya no se dan por vencidos: “Se siguen otras líneas investigativas de búsqueda”, explicaron a este medio allegados al despacho. Continúan buscando a Loan.
“Me preguntó por qué, para qué. Una criatura, un inocente. No se entiende esto. La verdad, es muy difícil, muy difícil. Pero no bajo los brazos. Voy a hacer todo lo que haga falta, voy a seguir con esto, voy a seguir porque yo quiero saber qué pasó, quiero encontrarlo. No pierdo la fe ni la esperanza de que van a lograr encontrarlo y que está vivo”, cierra María la charla, pero no la espera por volver a ver a su hijo.

La causa paralela
Como si la causa por la desaparición de Loan no fuera lo suficientemente tremenda, en el medio la Justicia descubrió la irrupción de un grupo de personas que se hacían pasar por profesionales de la Fundación Lucio Dupuy y que hoy están procesados y también camino al juicio oral por haber retenido a menores que estuvieron con el niño y haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.
Ese es un expediente paralelo a la causa madre que tiene 10 imputados, uno solo detenido: Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano o el Yanqui”. El resto de los acusados son: Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.
De acuerdo al expediente, les endilgan los delitos de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A ello se suman cargos adicionales como suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio, violación de secretos y usurpación de títulos, imputados en distintos grados de participación, según cada caso.

¿Cómo operaban? Según la Justicia, tras la desaparición de Loan y con el mecanismo de las fuerzas federales en marcha y la conmoción social por el caso, los acusados, bajo el pretexto de ayudar, obstaculizaron las diligencias judiciales y policiales.
Incluso, habrían simulado realizar actividades benefactoras mientras en realidad desviaban la atención de la investigación. Se destacó la organización de una reconstrucción de los hechos de manera privada y sin autorización judicial, un movimiento que para la Justicia estuvo diseñado para manipular el curso normal de los procedimientos legales.
*/Producción audiovisual y guion: María Belen Etchenique / Edición: Leo Aquiba Senderovsky / Locución y presentación: Bárbara Villar
Policiales
Alerta en Bariloche: un grupo comando robó 78 armas, municiones y una caja fuerte con dólares, euros y libras
Publicado
2 días atráson
13 junio, 2025Por
Admin
El Ministerio Público de Río Negro y la policía provincial investigan el atraco, que tiene características particulares. La víctima es coleccionista y cazador. Los ladrones huyeron en una camioneta
La Policía provincia y el Ministerio Público de Río Negro avanzan en conjunto para encontrar pistas de los delincuentes que, el miércoles por la tarde, robaron 78 armas de fuego, municiones y una camioneta Renault Oroch, en la que cargaron una caja fuerte con dólares, euros, libras esterlinas y pesos chilenos.
El recuento del botín estuvo a cargo de una familiar de la víctima, quien todavía no viajó a la ciudad rionegrina para analizar lo que se llevaron, por ello la cantidad de armas que sustrajeron es tentativa y podría variar.
En una camioneta Renault Oroch que estaba en el mismo predio cargaron una caja fuerte con 160 mil dólares, 50 mil euros, 1500 libras y 3 millones de pesos chilenos, y huyeron con rumbo desconocido.
La revisión del armamento demandó varias horas, desde la tarde hasta la medianoche de este jueves. Luego se dispuso el secuestro de las armas y su traslado a un sitio seguro para “garantizar su resguardo”, ya que el sitio donde estaban depositadas no cuenta con medidas de seguridad.
El propietario del arsenal es coleccionista y cazador. Aunque todavía no fue confirmado, se cree que la mayoría de las armas están registradas legalmente y cuenta con credenciales de legítimo usuario. Pero para poder confirmarlo las autoridades aguardan que el damnificado viaje a Bariloche y releve lo que se llevaron y lo que quedó.
Mientras tanto, la Policía de Río Negro realiza múltiples operativos para intentar dar con los autores. El atraco habría sido protagonizado por cuatro sujetos, que sabían de la existencia del arsenal en la vivienda.
“No fue un hecho fortuito o aleatorio. Los ladrones sabían lo que buscaban, también dónde estaba y cuándo ingresar” confirmaron a Infobae fuentes con acceso a la investigación. Es que, de acuerdo a lo que trascendió, forzaron la ventana de la habitación donde estaban las armas, las seleccionaron y se ocuparon de la caja fuerte, sin prestar atención a otros elementos de valor que estaban allí.
El vehículo en el que huyeron no pertenece a la familia, sino a un conocido que utiliza el patio como estacionamiento.
El hecho tuvo gran repercusión por la magnitud y las características del botín. Pero también por la preocupación de las autoridades por el ingreso al circuito clandestino de las armas sustraídas. “Son armas que podrían caer en manos de delincuentes y ser utilizadas para delinquir, por eso es importante la investigación que inició la Policía de Río Negro y la Justicia” dijeron desde el municipio local.
El foco está puesto también en las medidas de seguridad que tenía el damnificado en el recinto donde guardaba las armas, ya que la puerta de acceso sólo estaba oculta por un mueble liviano.
Si las armas estaban registradas, como se cree, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) debería haber fiscalizado el sitio donde se guardaban y garantizar que se cumpla con determinadas exigencias para ese fin.
La resolución 149 -2024 de ese organismo establece que, quienes tengan en su poder 50 armas o más, deben guardarlas con estrictas medidas de seguridad, con accesos blindados, candados, alarmas sonoras, cámaras o personal de vigilancia, entre otros recaudos.
Los investigadores no detectaron ninguna medida de ese tenor, motivo por el que la información forma parte del expediente investigado.


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