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Tenía 18 años, era mesera y puede ir presa por la muerte de una clienta: ella dice que hizo lo que le ordenaron
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En 2020, Priscila Lucca trabajaba en el bar Zar y causó un incendio manipulando un centro de mesa.
Son casi las ocho de la noche del viernes 9 de octubre de 2020 y Lucía Costa Osores, de 18 años, se encuentra con sus amigos de la parroquia en “Zar Burgers & Beers”, un bar sobre la calle Paunero de San Miguel. Están ansiosos y con ganas de ponerse al día después de meses sin verse por las restricciones derivadas de la pandemia de Covid.
Los jóvenes se sientan en banquetas a una mesa alta, en una especie de patio cubierto con una media sombra. Charlan y juegan al jenga… Antes de hacer el pedido, llaman a una moza para que les encienda el centro de mesa, un recipiente circular de base ancha con piedritas y del que sale una llama decorativa que también ilumina tenuemente el ambiente.
Priscila Lucca, también de 18 años, se acerca a la mesa con un bidón de cinco litros con alcohol y, sin apagar la llama, vuelca el líquido sobre el centro de mesa, lo que produce una explosión con varios fogonazos. Como si les hubieran arrojado una bomba molotov, Lucía y sus amigos gritan desesperados mientras intentan desprenderse de las llamas que empiezan a cubrir sus cuerpos.
Lucía cae al piso y queda boca abajo. Aunque parece la más comprometida por el fuego, nadie la ayuda. Su piel hirviendo se pega al piso. Media hora después, y sin parte de sus pertenencias, como su teléfono celular, es subida a una ambulancia del SAME que la lleva al Hospital Municipal Larcade. Al mediodía del sábado 10, con la mayor parte de su cuerpo carbonizado y con serios problemas para respirar, sufre dos paros cardiorrespiratorios y muere.
Tres en el banquillo
Lucía trabajaba como manicura, estaba haciendo un curso de peluquería y soñaba con vivir en la Patagonia. “Era muy generosa con los demás”, cuenta Lorena Osores, su mamá, con una pena profunda pero activa en su reclamo de justicia.
El viernes 8 de septiembre de 2023, a casi tres años de la muerte de Lucía, en el Juzgado en lo Correccional 3 de San Martín empezó el juicio en el que hay tres imputados: Carlos Oliverio, el dueño del bar “Zar Burgers & Beers”; Marina de los Ángeles Ramírez, la encargada del local; y Priscila Lucca, la mesera. A los tres se los acusa de “homicidio culposo y lesiones culposas”.
Se estima que el proceso legal se extenderá hasta mediados de noviembre, con 15 jornadas de debate y el testimonio de 245 testigos, entre ellos los ocho amigos que habían ido a cenar con Lucía y sufrieron distintas lesiones: Franco Pérez, Thiago Zadro, Agustín Díaz, Dolores Bustamante, Rodrigo Cano, Santino Diaco, Franco Racca e Ivo Schmidt.
“Esperamos que los tres imputados sean condenados a la pena máxima, de seis años de prisión con cumplimiento efectivo”, dice Liz Barrionuevo, abogada de la familia Costa Osores.
“En realidad, nos gustaría que los condenaran por dolo eventual, y no por homicidio culposo. Con los agravantes, las penas podrían llegar hasta los nueve años de prisión. Los imputados van a decir que fue un accidente, pero nosotros queremos probar que se pudo haber evitado”, avanza Lorena, mamá de Lucía, que en cada aniversario se manifiesta solitaria frente al local del bar. Y agrega: “Durante la investigación hubo muchas irregularidades. Oliverio, el dueño del local, y Ramírez, la encargada, manipularon las cámaras de seguridad para ocultar las pruebas. Oliverio tiene cobertura política del Municipio… ¿Si no, cómo puede ser que siga libre?”.

-Pero el bar fue clausurado.
-Sí, pero se mantienen abiertos los demás negocios de Oliverio.
-¿El quiere inculpar como única responsable a la mesera?
-Eso me da mucha bronca… No es justo… El mayor responsable es él. Los tres imputados se culpan entre sí. Oliverio asegura que en el bar estaba todo en condiciones y que él no tuvo nada que ver con como manejaron las cosas los demás. Ramírez plantea que era una simple empleada. Y Lucca argumenta que cumplió con lo que le ordenaron.
¿Cuál es la verdadera responsabilidad de la moza, si ella cumplió una orden? “Ya me adelantaron que Priscila Lucca es la más complicada en el juicio, por haber sido la que arrojó el líquido en el centro de mesa… Aunque se lo hayan ordenado, no lo tendría que haber hecho”, dice Lorena, la mamá de Lucía.
Moza inexperta
Priscila Lucca había perdido a su papá en las primeras semanas de la pandemia. La joven, que vivía con su mamá y su hermana en San Miguel, debió salir a trabajar apremiada por la situación. Consiguió que la tomaran de moza en el bar “Zar Burgers & Beers”. Era su primer empleo y llevaba un mes haciéndolo. “Trabajaba en negro”, aporta Lorena Osores. “Y se sentía muy presionada por sus jefes”.
La mesera también sufrió quemaduras. “Gracias a la intervención de Oliverio, fue la primera a la que subieron a una ambulancia. Y la llevaron al Larcade”; sigue Lorena. “Cuando llegué al hospital para ver a mi hija, Priscila se enteró y se fue, aunque tenía una pierna lastimada. No pude hablar con ella. Y lo que más me duele es que nunca me pidió disculpas”.

“La escena era llamativa”, contó Agustín Díaz, amigo de Lucía que fue llevado al mismo hospital. “Priscila y yo estábamos internados en la misma habitación. Ella me decía que había hecho lo que le enseñaron sus jefes para usar el alcohol del centro de mesa, pero no entendía cómo había pasado lo que pasó. La veía muy triste, lloraba todo el tiempo”.
Peligrosa chimenea
Al “fogón quemador” que provocó la muerte de Lucía Osores también se lo conoce como “centro de mesa ecológico” o “chimenea ecológica”. Se arma con una base de cemento y piedras. En una especie de cilindro, la llama se enciende con bioetanol, un tipo de alcohol bio-sustentable que se obtiene a partir de la fermentación del azúcar de plantas como la remolacha, el maíz, el sorgo, la cebada o el trigo.
En Mercado Libre se ofrecen distintos modelos, cuyos precios van desde los 7.000 hasta los 45.000 pesos. En los catálogos de venta también se mencionan las medidas de seguridad recomendadas para evitar problemas. “Si el bioetanol no se manipula respetando todos los recaudos de seguridad, puede ser peligroso”, se alerta.
La llama o antorcha tiene que ser estable y no debe alejarse de la carcasa. Además, hay que contar con un dispositivo de extinción del fuego y el recipiente sólo debe ser llenado cuando la llama se haya extinguido y la chimenea se haya enfriado. ¿Había necesidad de decorar las mesas con un recipiente que demanda tantos cuidados?
En su momento, pocas horas después de la muerte de Lucía, se filtró un audio de whatsapp en el que Oliverio minimizaba lo sucedido en su bar y responsabilizaba a los “chicos”, en referencia a Lucía y sus amigos, de haber provocado la llamarada fatal.
“Les cuento a todos por acá porque me están llenando de mensajes y la verdad es que no puedo contestar mucho. No pasó nada. O sea, sí pasó, pero nada tan grave”, comienza diciendo en el audio el propietario de “Zar”. Y agrega: “Un grupo de chicos empezó a joder con los rociadores de alcohol y jodiendo se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica y empezó a los gritos. Pero no pasó nada más que eso”.
Y continúa: “Se quemó la camarera que la quiso apagar y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego, ni nada de eso. Así que les agradezco a todos la preocupación pero nada más que eso: un garrón”.

Por su parte Carlos Bianco, entonces Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, le apuntó al Municipio por haber permitido la apertura del bar en el contexto de aislamiento por coronavirus. “El accidente pudo haber sucedido por impericia, pero primero habría que explicar por qué estaba abierto el bar. (…) San Miguel está en una situación de aislamiento social preventivo y obligatorio. En este bar ni siquiera estaban en un espacio abierto”.
Bianco también explicó que se había comunicado con Jaime Méndez, intendente de San Miguel. “El contacto que hicimos fue para darle asistencia ante la situación. Nos comentó que había permitido algunas actividades por fuera del decreto nacional, pero que esto no debería haber sucedido”, reveló.
Mudanza y sentimiento de culpa
“Priscila tuvo que mudarse a Entre Ríos”, dice Pablo Esperanza, el abogado de la mesera. “En San Miguel todos se conocen y ella no quería cruzarse más con quienes la acusan por la muerte de Lucía. Es muy complicado vivir así”.
Y, enseguida, insiste: “Se trató de un accidente. Ella hizo lo que le pidieron que hiciera”.
-¿No la capacitaron para encender los centros de mesa?
-Era un contexto complicado… Con 18 años estaba muy mal, hacía muy poquito había fallecido su papá… Era la tercera o cuarta vez que Priscila encendía un centro de mesa… Yo entiendo el dolor de la madre de Lucía, por supuesto, también tengo hijos. Pero Priscila no quiso matar a nadie. Repito, fue un accidente.
-Otras meseras contaron que para encender los centros de mesa llevaban el alcohol en vasitos.
-Sí, había meseras que llenaban el centro de mesa con vasitos, y otras, como Priscila, con bidones. Priscila no midió que podía causar una tragedia.
Según se pudo reconstruir, el error de la mesera fue no haber esperado a que la llama se apagara por completo y, al mismo tiempo, verter más alcohol del que debía. “Como es muy corpulenta, Priscila es brusca…”, describe el abogado en busca de atenuantes.
El centro de mesa no tenía ninguna falla previa. Era como cualquiera de los que se usan en los locales de estas características, incluso después de la muerte de Lucía. “En Puerto Madero todavía hay locales que los usan”, avanza el abogado.

Meses después de la muerte de Lucía, y para tomar distancia de la tragedia, Priscila decidió pasar un tiempo en Crespo, a 42 kilómetros de Paraná, en Entre Ríos. El 8 de enero de este año, Guadalupe Stadnitchi, amiga “favorita” de Costa Osores, tal como ella misma se define, publicó en su cuenta de Twitter un video que muestra a Priscila en el Polideportivo Municipal de Seguí, a 18 kilómetros de Crespo.
De anteojos negros y con una bikini rosa y negra, Priscila aparece debajo de una sombrilla de paja. Tiene tatuados sus brazos, piernas y el pecho. En su mano derecha lleva un vaso. La acompañan tres mujeres sentadas en lonas y un chico apoyado sobre una heladerita. De pronto, con enojo, alguien le dice: “Priscila Lucca, asesina de Lucía Osores, tomando sol en Entre Ríos, tranquila…”. Ante el escrache al que es sometida, Priscila se mantiene en silencio. Sólo chasquea los dedos de su mano izquierda.
“El video lo grabé yo”, cuenta Guadalupe. “Ese encuentro con Priscila me arruinó mis vacaciones…”.
Guadalupe está muy enojada con la mesera. Fueron al mismo colegio, el Parroquial de San Miguel, y hasta llegaron a ser amigas. Pero ahora Guadalupe no quiere saber nada con ella. Le reprocha su actitud “manipuladora”, que pretenda “cambiar las cosas para beneficiarse”.
-¿Lucía iba al mismo colegio que ustedes?
-No, ella iba al San José. Pero nos conocíamos todas de Espacio Joven, un movimiento de la catedral de San Miguel.
El encuentro de Guadalupe con Priscila en el Polideportivo Municipal de Seguí fue casual. “Toda la familia de mi novio es de Seguí. Por eso fuimos allá de vacaciones. Y quisimos pasar un día en el Polideportivo Municipal”, agrega Guadalupe. “Al principio me costó reconocer a Priscila porque cambió mucho físicamente… Estaba con su hermana menor y su mamá. También pregunté quién era el hombre que las acompañaba, y me dijeron que era el novio de Priscila. Pero prefiero no hablar más de ella. Me hace mal”.
ASESINA DE LUCIA COSTA OSORES LIBRE TOMANDO SOL MIENTRAS LUCIA ESTÁ EN UNA TUMBA
Esto es el polideportivo municipal seguí- entre rios
RT para que Priscila Lucca no tenga paz #justiciaporlucia pic.twitter.com/EEVvY9rzvJ— GUADA⭐️⭐️⭐️ (@GuadaStadnitchi) January 8, 2023
Antes de su encuentro con Priscila en Entre Ríos, en otro tuit, Guadalupe había señalado a quienes fueron, según ella, los responsables de la muerte de Lucía. “Priscila Lucca generó la explosión. Carlos Oliverio, el dueño del bar, la dejó quemarse durante 20 minutos sin ayudarla. Mariano Calvente, subsecretario de control y ordenamiento urbano de San Miguel, habilitó un bar que no debería haber estado habilitado. Jaime Méndez, intendente del municipio, no hace nada al respecto”.
Priscila, que con el tiempo volvió a San Miguel, trata de pasar inadvertida: dejó de mostrarse en la calle y en las redes sociales. Sus últimas publicaciones en Instagram, donde aparecía siempre sonriente, son de 2019, previo al incendio en el bar.
¿Problemas psiquiátricos o estrategia judicial?
Ahora es miércoles 20 de septiembre de 2023. Está nublado, hace frío y el viento sopla fuerte apenas pasadas las 9 de la mañana. En la puerta de los tribunales de San Martín, Lorena Osores, la mamá de Lucía, cuelga afiches con la cara de su hija y una leyenda: “Un ángel llamado Lucía. Mereces lo que sueñas. Justicia por Lucía”.
Abrigado con buzo verde con capucha llega Carlos Oliverio, canoso, alto, de espaldas anchas. Lo acompaña su abogado. “¡Asesino!”, le grita la mamá de Lucía. “¡Ya vas a pagar por todo lo que hiciste!”. La situación es tensa.
Un rato después aparece Priscila Lucca con su mamá, que la sostiene del brazo izquierdo. Priscila luce el pelo con rastas, una remera negra y blanca a rayas horizontales, jeans negros y botitas de cuero blancas. Ya en la sala donde se lleva adelante el juicio, Priscila se sienta junto a los otros dos imputados, Oliverio y Marina de los Ángeles Ramírez. No habla con nadie. Mira fijo el piso. Se acomoda varias veces las rastas y se mueve en su silla. Ve entrar a la mamá de Lucía, que lleva un rosario en el pecho y se ubica en la primera fila de los asientos reservados para el público. Priscila empieza a llorar y se seca las lágrimas con una servilleta de papel. Le ofrecen un vaso de agua y lo rechaza.
Atraviesa sola el momento. En los tribunales de San Martín no se ve a ninguno de los que solían acompañarla en sus tiempos más felices, en el viaje de egresados a Bariloche, los partidos de voley que jugaba con el equipo del colegio y las vacaciones en Necochea.
A las 10.20, la jueza Rubarth enciende el micrófono y cuenta: “Ayer, Priscila Lucca se presentó en el juzgado y, de puño y letra, dejó una carta en la que plantea que no se encuentra en condiciones psiquiátricas de someterse al juicio y, además, por cuestiones económicas, pretende cambiar su abogado particular por un defensor oficial”.
Esperanza, abogado de Priscila, comenta: “Sí, hace rato que le vengo diciendo a Priscila que se tiene que tratar con un especialista… Cada vez que nos ponemos a hablar de su papá es un drama…”. A sus espaldas, Priscila no puede contener el llanto y abandona la sala. En medio de la crisis de nervios deja olvidada su campera y su cartera sobre el asiento.

“¿Ahora Priscila se da cuenta de que no puede someterse a juicio?”, se enfurece, por lo bajo, Lorena Osores. “¿Ahora sufre problemas psiquiátricos por la muerte de su padre, cuando pasaron más de tres años? Parece todo armado, ¿no? Sabe que puede ir presa y dice que tiene problemas psiquiátricos para que la manden a un centro de salud mental y no a una cárcel”, agrega la mamá de Lucía, que trabaja de empleada administrativa, está separada de su pareja, Pablo Costa, y también es madre de mellizos de 14 años.
El juicio se interrumpe. Para que pueda continuar, la fiscalía ordenas pericias psicológicas a Priscila y planifica que se retome el debate “en un plazo no mayor a diez días” (a partir del miércoles 20 de septiembre). “Mientras tanto, podemos seguir el proceso con los otros imputados”, aclara la jueza Rubarth. A la salida, el abogado Esperanza baja apurado las escaleras.
-¿Priscila pidió el cambio de abogado por cuestiones económicas o hay otro motivo?
-Ella cree que ya está condenada y entonces quiere evitar pagarle a un abogado particular. Eso sí, yo todavía no cobré nada… Y falta… Ahora hay que ver qué dicen los peritos, si Priscila está en condiciones de enfrentar un juicio, si está en condiciones de decidir si puede cambiar de abogado…
– ¿Cree que ella podrá evitar una condena?
-Esperamos conseguir lo mejor que se pueda.
En la puerta de los tribunales, el abogado se encuentra con Priscila, que, acompañada de su mamá, sale del baño luego de lavarse la cara. Juntos se van del edificio. Cuando pasa por delante del afiche con la imagen de Lucía, colgado por Lorena Osores dos horas antes, Priscila evitar mirar.
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Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal
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9 horas atráson
2 diciembre, 2025Por
Admin
Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional
El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.
“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.
El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.

Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.
“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.
Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.
Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.
De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.
Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal
- Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
- Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
- Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
- Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
- Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
- Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
- Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
- Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.

- Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
- Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
- Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal
- Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
- Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
- Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.

- Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
- Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
- Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
- Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
- Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
- Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
- Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.
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Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche
Publicado
1 día atráson
1 diciembre, 2025Por
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El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre
La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.
En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.
De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.
El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.
Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.
La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.
El caso
El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.

El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.
Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.
Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.
Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.

A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Policiales
Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial
Publicado
5 días atráson
27 noviembre, 2025Por
Admin
El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante
Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.
La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.

Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.
El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.

Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte
La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este año. Todos son inimputables.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.
Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.
Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.
Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.
Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.
Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.
Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.

Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.
Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.
Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.
El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.
“Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.
Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.
Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.
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