La empresa LeoLabs, la que levantó en 2022 un radar en Tierra del Fuego para vigilancia espacial, habilitado por la jefatura de Gabinete, el Ministerio de Defensa y el gobierno provincial sin hacer consultas previas acaba de anunciar que va a desmantelar la antena de la polémica.

Además, la empresa anunció que va a demandar al Estado argentino por la decisión de ordenar su desmantelamiento existiendo un contrato previo.

La compañía también informó que es de origen estadounidense y no británico como todos en la comunidad fueguina y algunos medios apuntaban.

“Nos dirigimos a Ud. con respeto para comunicarle que, con el objetivo de disipar cualquier duda instalada en la comunidad y prevenir daños a las instalaciones por parte de terceros, LeoLabs Argentina S.R.L. ha decidido retirar ciertas partes electrónicas de la estación terrena espacial ubicada en las cercanías de la ciudad de Tolhuin. Además, aprovechamos esta oportunidad para informarle que LeoLabs ha apelado sede administrativa la cancelación de su licencia”, indica el primer párrafo de la carta enviada por el representante legal de la empresa, Pablo Bilbao, al gobernador Gustavo Melella.

La decisión de LeoLabs de desmantelar el radar se produjo dos días después de un voraz incendio en la estancia fueguina El Relincho, donde está emplazado, a pocos kilómetros de la localidad de Tolhuin.

El juez provincial José Pellegrino ya investiga sobre la base de que se trató de un “incendio intencional” en base a las primeras pericias policiales, de que alrededor del casco de la estancia y de las casillas quemadas no había fuentes de calor ni peligros de que pudieran activar o avivar fuego. Por el contrario el incendio pareció una mensaje de sectores de esta comunidad que pareció en su conjunto rechazar el radar. En particular se movieron los ex combatientes. Pero todos por razones distintas, llamaron al “radar inglés”.

El problema con este radar data de noviembre de 2022, cuando la subsecretaría de Telecomunicaciones, que depende de Jefatura de Gabinete autorizó su instalación sin consultas previas.

Uno de los que vino denunciando fuertemente las irregularidades es el ex candidato a gobernador de Tierra del Fuego con Juntos por el Cambio, el senador Pablo Blanco.

Más allá del origen del radar, el legislador advertía la falta de consultas por la instalación de una antena sensible y extranjera a las puertas de la Antártida y pocos kilómetros de las islas Malvinas. Después advirtió que pese al informe de Defensa y de Jefatura de Gabinete, que en agosto pidió desmantelarla esta seguía en su lugar. Consideró que también había peligros de un ataque más violento y directo al radar. Ni el Gobierno nacional ni el de Melella se hicieron cargo.

Según el Gobierno nacional, la suspensión del contrato con LeoLabs, festejado en la embajada argentina en Washington, no conllevaba judiciales. Eso no es lo que parece reflejarse en la nota que publica este diario.

En un segundo párrafo de la carta a Melella la empresa señala los argumentos presentados por el Estado Nacional para desmantelarlos “no reflejan la realidad de los hechos” y que el grupo LeoLabs “no es británico, sino estadounidense, hecho reconocido incluso publicaciones especializadas realizadas por universidades estatales de la República Argentina”.

La empresa dijo también que “las capacidades de la estación terrena no son las que han sido detalladas por el Estado Nacional (dijeron que tiene alcance militar, lo que niega LeoLabs) y que se han comunicado a la población a través de Télam Digital y otros medios de prensa”.

Especificaron como importante “aclarar que el radar NO posee la capacidad de rastrear misiles, aviones, embarcaciones o vehículos terrestres, ni de monitorear actividades militares. Además, carece de la habilidad para rastrear o interceptar comunicaciones vía satélite o llevar a cabo cualquier otro tipo de escucha”.

La empresa advirtió que desde el 26 de junio pasado, “la estación terrena se encuentra totalmente inoperante, situación que ha sido constatada por funcionarios del ámbito nacional que viajaron hacia Tierra del Fuego.”

Con todo, los periodistas en Tierra del Fuego tienen otra visión más conspirativa. El periodista Moisés Solorza, director del sitio fueguino Boca de Pozo, consideró ante este diario que tras ver el incendio, y las presiones de la comunidad, la empresa lo que “podría estar haciendo es sacar material electrónico que pudiera comprobar lo que dice el Ministerio de Defensa del uso dual militar y el alojamiento de datos que están siendo enviados y adónde están siendo enviados en el caso de judicializarse el tema”. Clarín no pudo comprobar esta versión.

La empresa señaló también, en todo de advertencia que desmantelar el radar no significa “renunciar a ningún derecho ni admitir ninguna infracción normativa, una vez finalizado el retiro de la electrónica.

Y dicen que solicitará a la Dirección Provincial de Energía el corte total del suministro de energía a la estación terrena, “estimando presentar esta solicitud el próximo 29 de septiembre”.

Señalaron. “Este cese de suministro lamentablemente no puede ser solicitado de forma inmediata, dado que las cámaras de seguridad darán cuenta de las actividades de retiro de la electrónica y será necesario utilizar energía durante los trabajos”.

Dice que “solicitará en el ámbito de la Inspección General de Justicia la transferencia de las cuotas de los actuales socios de la sociedada dos sociedades del mismo grupo, pero con domicilio en los EE.UU., a inscribirse en los términos del artículo 123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550-

Por último informó que solicitará al Ministerio de Producción y Medio Ambiente la suspensión de plazos procesales hasta que se resuelva de manera definitiva, a nivel nacional, la situación de la autorización de LeoLabs”.