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El juez Walter Bento intentó justificar sus viajes de lujo: “Iba a Las Vegas porque lo encontraba económico y cómodo”

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  • Lo dijo en su declaración en el juicio político en su contra. El magistrado, acusado por supuesto mal desempeño de sus funciones, se defendió del presunto enriquecimiento ilícito.

El suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento continuó este martes con su defensa en el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, que lo somete a juicio de destitución por mal desempeño de sus funciones.

En simultáneo, Bento es juzgado en los Tribunales Federales de Mendoza por la megacausa en la que se lo acusa de liderar una banda que pedía coimas a cambio de beneficios procesales a contrabandistas y narcotraficantes.

En su defensa, Bento cuestionó la investigación penal del fiscal Dante Vega. “Las causas se están desmoronando como un castillo de arena”, dijo. Y aseguró que los testigos que declararon en su contra fueron obligados y hasta sufrieron “violaciones y torturas”.

Bento desestimó las acusaciones sobre su eventual enriquecimiento ilícito: “No me fui de Buenos Aires a Mendoza para enriquecerme, acá ganaba mejor en la administración privada”, en referencia a su anterior empleo, en la ciudad de Buenos Aires.

En su defensa, Bento cuestionó la investigación penal del fiscal Dante Vega. Foto Federico López Claro En su defensa, Bento cuestionó la investigación penal del fiscal Dante Vega. Foto Federico López Claro

Respondió a preguntas de los acusadores designados: Miguel Piedecasas (representante de los abogados del interior), la diputada Roxana Reyes (Juntos por el Cambio-Santa Cruz), y el senador Eduardo Vischi (Juntos por el Cambio-Corrientes).

Los acusadores le consultaron cuál es el contubernio que dice hay en Mendoza para quedarse con su cargo. Y por qué no apeló los procesamientos o recusó al fiscal Dante Vega.

A lo que Bento explicó: “No apelé ninguno de los procesamientos porque los mismos camaristas fueron los que me intervinieron en las causas en las que se me acusa y no se excusaron en intervenir. Evidentemente, formaban parte de un contubernio”.

Sobre el fiscal Dante Venga, de quien Bento sospecha que actúa por una supuesta venganza por haber quedado relegado en la selección del puesto de juez que él desempeñaba, el magistrado suspendido dijo: “Si lo hemos denunciado en Mendoza con mi anterior abogado (Mariano Cúneo Libarona) y en varias presentaciones en la Procuración General de la Nación, pero nunca hemos tenido una respuesta”.

Los acusadores mencionaron la falta de colaboración del juez en la entrega de pruebas, como es el caso de su teléfono celular que se negó a darlo durante el allanamiento a su casa, en mayo de 2021.

Varias veces, antes cada intervención del consejero Piedecasas, interrumpió el actual abogado de Bento, Mariano Fragueira Frías, por considerar acusadoras e improcedentes las preguntas.

Sin embargo, Bento respondió a cada consulta: “Desde el 28 de enero de 2001 he querido presentar pruebas al expediente. Y no me permitieron. Lo que no di fue mi teléfono personal porque tengo conversaciones y fotos familiares, muchas conversaciones con colegas de Buenos Aires, vinculadas con cuestiones electorales, y por qué el día 4 de mayo, anterior al allanamiento, había sido imputado”.

Acusó, una vez más, a los medios de prensa de adelantar los pasos procesales de la causa penal en Mendoza: “Antes de ser notificado, los medios decían que ya estaba imputado”.

Bento negó haber tomado un crédito del Banco Nación para vivienda única y familiar siendo que tenía tres, lo cual le impedía hacerlo. “Nunca lo hice ni abusé de mi cargo. Me gustaría que el consejero Piedecasas me muestre los papeles, pero no podrá hacerlo porque esa documentación no existe”.

El préstamo hipotecario que tomé fue para adquirir una vivienda, dijo Bento y exhibió la resolución 418 de la gerencia del Banco Nación Mendoza que le otorgó ese empréstito a 120 meses de plazo “que no contrarió ninguna norma penal ni administrativa. Pagué en término”.

Bento negó haber tomado un crédito del Banco Nación para vivienda única y familiar.
Foto Federico Lopez ClaroBento negó haber tomado un crédito del Banco Nación para vivienda única y familiar. Foto Federico Lopez Claro

Los viajes al exterior del juez Bento

En cuanto a los recurrentes viajes al exterior, el magistrado suspendido se excusó: “Compraba los pasajes a Miami, Orlando, Las vegas y destinos en Europa, con millas y con tarjetas”.

Admitió que fue varias veces a Las Vegas porque le resultaba “económico” y era “fácil desplazarse desde ese destino a otros sitios en Estados Unidos”. Y justificó sus viajes al extranjero al indicar que fueron para compensar sus intensos años de trabajo como subrogante.

“Alojarse en un hotel casino no implica infringir la norma de no concurrir a un casino”, argumentó Bento.

Por último, acusó al fiscal y al juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas de armar “un juicio romano y permitir que, en plena pandemia, entraron 20 personas a mi casa, donde vive mi hijo con capacidades especiales”.

Las acusaciones, que justifican la imputación por mal desempeño de su cargo, reflejan en gran parte lo que la justicia mandocina viene juzgando en sus tribunales, en cuyos estrados Bento y su familia están acusados de múltiples delitos: asociación Ilícita, cohecho pasivo (15 hechos), prevaricado, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia de una orden judicial (en dos oportunidades) y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

Ese catálogo de irregularidades fue investigado en diez expedientes judiciales distintos, con hechos comprensibles para cualquier ciudadano: meterse en causas en las que debería haberse excusado, vender un departamento antes de que se lo embarguen, negarse a entregar su teléfono, intentar manipular la tarjeta SIM del aparato, borrar mensajes comprometedores, vaciar una caja de seguridad cuando supo que se la iban a allanar, y negarse a entregar su pasaporte y documentos de viajes que hubieran revelado adónde estuvo y dónde podría haber escondido dinero ilícito.

No es todo: también manipuló, cambió y falseó datos en declaraciones juradas patrimoniales -evitó mencionar desde dinero hasta un reloj Rolex-, omitió declarar cuentas, fondos y tarjetas de crédito emitidas en el exterior, intentó ocultar muchos viajes al exterior, durante los cuales se alojaba en hoteles suntuososo, se fotografiaba en limusina, con bebidas o asistía a costosos recitales en el exterior. Las excursiones incluyeron reiteradas visitas al casino del hotel Caesar Palace de las Vegas, lo que estáexpresamente prohibido por las normas de la justicia nacional.

El jury seguirá con la exposición de los 15 testigos. A continuación lo harán, desde Mendoza, el ex juez federal Alfredo Manuel Rodríguez y el abogado penalista Ricardo Sánchez, además de empleados de la Justicia Federal de Mendoza.

Luego, el tribunal integrado los jueces de cámara Javier Esteban de la Fuente (Presidente) y Javier Leal de Ibarra (Vicepresidente), los senadores Pablo Bensusán y José María Torello, las diputadas Anahí Costa y Ana Clara Romero, y el abogado Alfredo Enrique Barrau deberá analizar si avanza con la destitución del suspendido magistrado de Mendoza, para lo cual necesitará cinco de los siete votos.


Si el jurado encontrara culpable a Bento se lo destituirá. Foto Federico López Claro Si el jurado encontrara culpable a Bento se lo destituirá. Foto Federico López Claro

El proceso del jury de la Magistrutura no puede durar más de un mes: el Jurado de Enjuiciamiento debe emitir una sentencia antes del 27 de noviembre.

Si el jurado encontrara culpable a Bento se lo destituirá, le retirarán los fueros y deberá ser detenido para cumplir prisión preventiva por el juicio oral penal que en julio comenzó contra el magistrado en Mendoza, que se realiza en paralelo. Hasta ahora el juez goza de fueros que impiden su detención.

La audiencia de este martes es transmitida parcialmente por el Poder Judicial de la Nación vía streaming.

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La Justicia ya cuenta con un informe socio ambiental que determinó si el departamento de Cristina Kirchner es “apto” para la prisión domiciliaria

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Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio

El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.

Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.

Desde que se conoció laDesde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona

La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.

El tribunal dispuso que la ex mandataria y los otros ocho condenados tienen plazo hasta el miércoles para presentarse en Comodoro Py y comenzar a cumplir la condena. Cristina Kirchner confirmó hoy que ese día irá al tribunal.

Máximo Kirchner, este viernes, enMáximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta

En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.

Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.

Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.

El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.

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Cristina Kirchner confirmó que el próximo miércoles se presentará ante la Justicia para quedar detenida

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La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.

Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.

Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.

En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.

En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.

La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Unos minutos antes del mensaje de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py surgió una noticia que generó revuelo porque trascendió que uno de los jueces que debe resolver la detención de Cristina Kirchner había pedido licencia; sin embargo, luego se aclaró que ahora busca reprogramarla.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.

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El Tribunal no adelantará una definición sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y alertó a Migraciones para evitar que salga del país

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Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge GoriniRodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.

Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.

¿Por qué cinco días?

El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.

Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.

LOs tres jueces del TOFLOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu

Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.

En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

Otras medidas

En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.

Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.

También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.

Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.

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