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Escándalo judicial: liberan a “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que sacaba plata de 48 tarjetas de débito, y se cae la causa

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  • Lo dispuso una Cámara de Apelaciones de La Plata

Julio “Chocolate” Rigau (63), el puntero político del PJ que fue detenido cuando sacaba plata de un cajero con 48 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados bonaerenses. recuperará la libertad este jueves.

Según confirmaron a Clarín fuentes judiciales, un dictamen de la Cámara Penal de Apelaciones platense consideró que la policía no tenía orden de “requisa” para intervenir cuando el hombre extraía dinero en un bóxer del Banco Provincia ubicado en pleno centro de la capital provincial. Es un tecnicismo que beneficia al puntero que fue atrapado y pasó 12 días preso.

El dirigente –de extenso recorrido en todas las agrupaciones internas del PJ platense– será puesto en libertad esta tarde, según confirmó este diario. Y el proceso que intenta descifrar e identificar a los responsables de las maniobras de la denominada “caja negra” de la política se derrumbaría como un castillo de naipes.

De acuerdo con el principio legal conocido como “fruto del árbol venenoso”, todas las actuaciones que hizo la Justicia a partir del momento en que quedó preso Rigau –el sábado 9 de septiembre– serán anulados porque el acta 1 del expediente fue considerado nulo.

Fallo escandaloso

En un fallo con voto dividido, la Sala III de la Cámara de Apelaciones, hizo lugar a un habeas corpus que presentó el Alfredo Gascón Cotti, defensor del dirigente detenido. Con el voto de Juan Alberto Benavides y la adhesión de Alejandro Villordo, concluyeron que los policías que llegaron esa noche al cajero por la denuncia de un vigilador de plaza San Martín, no tenían atribuciones para revisar (hacer una “requisa”) a “Chocolate”.

Allí fue que constataron que en una bolsa de residuos guardaba casi 1,2 millón de pesos y que en otras 48 bolsitas tenía las tarjetas de débito a nombre de empleados de Diputados de las que extraía 30 mil pesos de cada una (el máximo permitido por el Banco).

Los camaristas consideraron que al no estar cometiendo “un delito aparente” que podría habilitar la intervención de la fuerza de seguridad, los agentes habrían “invadido la privacidad” de Rigau.

Esta decisión –que tuvo el voto en disidencia del juez Juan Cruz Mateo– podría ser apelada por la fiscal Betina Lacki, quien tuvo a su cargo la instrucción del proceso hasta ahora. La fiscalía obtuvo las filmaciones del Bapro de esa noche, un acta que inició la presidencia de la Cámara de Diputados para hacer una investigación interna y el aporte testimonial de casi la mitad de las personas que figuran como dueñas de los plásticos que poseía Rigau.

La imputación era por “estafa reiterada en al menos 177 casos contra 45 personas”. Es el número de tickets que tenía el puntero el día de la detención. Tres de las credenciales para sacar dinero eran de familiares suyos. En esos casos la Justicia supuso que no había estafa.

27,5 millones de pesos por mes

Los contratos que cobró (por lo menos en agosto y empezaba a retiar en septiembre) eran por 580 mil pesos cada uno. O sea: Chocolate recaudaba casi 27,5 millones de pesos por mes.

La gran incógnita que no se pudo determinar es si Rigau era un eslabón perdido o formaba parte de una estructura de corrupción. Cuando el juez de Garantías Guillermo Atencio aceptó la detención evaluó que si avanzaba la investigación podría llegar a detectarse “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.

Pero la determinación de la Cámara de Apelaciones obtura esa chance, al menos por ahora. “Es difícil de explicar, pero es una cuestión técnica. No se puede permitir una requisa sin orden judicial. Es muy grave”, justificó a Clarín un magistrado que intervino en la causa. Y anticipó que esta postura podría revisarse en el Tribunal de Casación.

Aunque algunas decisiones de ese cuerpo también han resultado controvertidas. Una sala de Casación fue la que autorizó la salida anticipada de presos durante la cuarentena por Covid, por motivos sanitarios. Y el presidente de otra sala –la número V– terminó destituido y en prisión. Se trata de Martín Ordoqui, preso desde septiembre del año pasado luego de ser condenado por liberar presos a cambio de dinero y de integrar una asociación ilícita.

“Esto de las tarjetas de ‘Chocolate’ impacta sobre el fuero penal como el escándalo de la detención del juez (Ricardo) Melazo”, comparó un magistrado de los Tribunales platenses. Melazo fue sometido a un juicio político y está condenado y con libertad asistida por formar parte de una supuesta banda de policía, ladrones, barras de clubes y funcionarios judiciales que se dedicaban a robar casas, estafar con autos y a facilitar la salida de presos.

Libreto repetido ante la fiscal

Esta semana, la fiscal Lacki citó a más de 20 dueños de las tarjetas que tenía Rigau. Como si tuvieran un libreto que debían repetir, explicaron que le habían cedido los plásticos para que les sacara dinero. Que trabajaban en la Cámara. Que cobraban una parte del monto total. Y alguno dijo que “no podía estacionar en el centro” y por eso le pedía a Chocolate que hiciera el trámite de extracción de dinero.

La fiscal quería auscultar más profundo. Saber quién había autorizado esas contrataciones y para quien o para quienes trabajaban en la Legislatura. La Cámara de Diputados la preside Federico Otermín, (FdT), un dirigente de estercho vínculo con Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

En el organismo legislativo trabajan poco más de 2.000 personas en planta permanente, pero cada legislador (son 92) puede designar entre 10 y 15 colaboradores a los que les paga con “módulos”. Esos contratos y otros que se acuerdan en los bloques los firman las autoridades del cuerpo. Además de Otermín, la conducción la integra Carlos “Cuto” Moreno (FdT); Rubén Eslaiman (Frente Renovador); Adrián Urrelli (PRO) y Fabián Perechodnick (PRO).

¿Quién o quiénes pidieron la contratación de los 48 agentes cuyos sueldos administraba Rigau? ¿Los llevaba a algún despacho o los usaba en la campaña? Las últimas apariciones públicas de “Chocolate” fueron en la presentación de las listas de concejales de UxP que encabeza el ministro de Justicia, Julio Alak. El funcionario de Kicillof en Provincia se postula para intendente.

Los interrogantes quedarán por ahora abiertos. El juez Benavides argumentó que no se presume delictiva la acción de “permanecer más de 20 minutos sacando plata de un cajero”. Y que ese comportamiento no habilita a la policía a llevar a una persona detenida, sacarle el celular y secuestrarle las tarjetas.

Sostuvo Benavides que no se informó de ese procedimiento a un juez o a un fiscal. Por lo tanto, se vulneraron derechos constitucionales y protegidos por tratados internacionales en perjuicio de Rigau. A este voto adhirió Villordo.

Para la Justicia, el sábado a la noche, en el cajero del Bapro ubicado en 7 y 54, a 50 metros del acceso a la Legislatura, a 100 de la Casa de Gobierno y a 20 pasos de la puerta principal de la sede del PJ provincial, no hubo situación ilegal. Allí, no pasó nada.

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La Justicia ya cuenta con un informe socio ambiental que determinó si el departamento de Cristina Kirchner es “apto” para la prisión domiciliaria

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Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio

El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.

Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.

Desde que se conoció laDesde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona

La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.

El tribunal dispuso que la ex mandataria y los otros ocho condenados tienen plazo hasta el miércoles para presentarse en Comodoro Py y comenzar a cumplir la condena. Cristina Kirchner confirmó hoy que ese día irá al tribunal.

Máximo Kirchner, este viernes, enMáximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta

En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.

Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.

Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.

El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.

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Cristina Kirchner confirmó que el próximo miércoles se presentará ante la Justicia para quedar detenida

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La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.

Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.

Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.

En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.

En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.

La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Unos minutos antes del mensaje de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py surgió una noticia que generó revuelo porque trascendió que uno de los jueces que debe resolver la detención de Cristina Kirchner había pedido licencia; sin embargo, luego se aclaró que ahora busca reprogramarla.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.

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El Tribunal no adelantará una definición sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y alertó a Migraciones para evitar que salga del país

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Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge GoriniRodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.

Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.

¿Por qué cinco días?

El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.

Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.

LOs tres jueces del TOFLOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu

Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.

En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

Otras medidas

En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.

Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.

También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.

Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.

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