Lejos del impacto que producen las imágenes aéreas de “ciudades flotantes iluminadas”, en el silencio de los pasillos legislativos, un proyecto que espera se tratado por el Senado podría ser la llave para limitar las incursiones ilegales de flotas pesqueras internacionales en la milla 201. Pero si no es tratado antes del 30 de noviembre, como tantas otras buenas intenciones que sólo quedan en eso, perderá estado parlamentario y pasará sencillamente al olvido.

Se trata del proyecto de ley para la creación del Agujero Azul, un Área Marina Protegida Bentónica (del griego “bentos”, que significa “profundidad”) que preservará 148.000 km2 de fondos oceánicos. El área se localiza en la Plataforma Continental Argentina extendida, que fue incorporada en 2019 por la Ley N° 27.557. Su protección representaría no sólo un ejercicio de soberanía, sino también un paso clave para la conservación del mar y sus especies.

Para entender de que se habla hay que localizar el caso en los bordes del talud continental. El “Agujero Azul” es una de las cinco áreas geográficas prioritarias de la iniciativa del Gobierno conocida como “Pampa Azul”. La protección del área es impulsada por científicos, referentes de la temática y doce de las organizaciones de la sociedad civil más prestigiosas de la Argentina, agrupadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico.

Es un lugar caro al sentimiento argentino. Allí descansan los restos del submarino Ara San Juan. Pero lo que se busca sobre todo es restringir la pesca internacional de arrastre de fondo, una práctica industrial de gran escala señalada por la afectación que provoca en el lecho marino y en su biodiversidad. En marzo de este año, Clarín sobrevoló la zona. Allí se apostan cientos de embarcaciones poteras que pescan ilegalmente calamar a espaldas de las autoridades argentinas. Lo hacen con la técnica de arrastre e incurren en un doble juego clandestino: por un lado extraen ilegalmente el recurso y por el otro degradan, de manera significativa, los ecosistemas dominantes.

La milla 201, como se llama a este límite jurisdiccional entre las aguas territoriales argentinas y el mar que se expande hasta África o la Antártida, se ha convertido en los últimos 20 años en epicentro de la pesca sin ley. Mientras las embarcaciones argentinas parten hacia la zona a comienzos de año, cumpliendo con regulaciones e intentando respetar los ciclos del ecosistema, cientos de barcos de otras banderas migran desde el Índico y el Pacífico a partir de noviembre. Los buques tienen en mayor medida banderas de China, Taiwán, Corea del Sur y España. Mantenerse en el límite jurisdiccional del mar argentino les permite estar cerca como para atraer al calamar con sus luces, pero fuera del área donde deberían pagar una tasa a la Argentina. Los controles de la Prefectura sobre esas embarcaciones son prácticamente nulos.

El proyecto de ley fue impulsado por la diputada Graciela Camaño. Logró media sanción en la Cámara de Diputados en 2022, pero deberá ser aprobado por el Senado de la Nación Argentina antes del 30 de noviembre para no quedar en la nada. Esta situación mantiene movilizadas a diversas organizaciones ambientales.

Consultada por Clarín, Ocaña dice: “La Creación de Agujero Azul es uno de los motivos de creación de Pampa Azul en 2014. Está refrendado por un trabajo científico de casi 10 años que no solo beneficiará al caladero del Atlántico Sur sino que nos permitirá reafirmar una estrategia adecuada en estos momentos para nuestro entorno marino. La extensión de la plataforma lograda por Cancillería en 2016 nos permite aspirar a que el área llegue a cubrir el lugar donde yace el ARA San Juan. Me extraña la reticencia de algunos miembros del legislativo. Máxime cuando fue un proyecto enviado dos veces por el ejecutivo en la agenda de extraordinarias y los funcionarios de todas las áreas se manifestaron de acuerdo”.

En una larga lista aparecen Aves Argentinas, Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), Fundación Temaikén, Aquamarina, Greenpeace Argentina, Global Penguin Society (GPS), Fundación Patagonia Natural (FPN), Proyecto Sub, la Fundación Cambio Democrático y WCS Argentina, entre otras.

La palabra la tienen ahora los senadores. Según pudo saber Clarín, el proyecto no presenta detractores en la Cámara Alta. Si se dieran las condiciones para el tratamiento, existe una idea esperanzada de que la ley finalmente saldrá. Pero la lucha es contra el tiempo y, sobre todo, contra las urgencias de la coyuntura política argentina, que relegan lo ambiental a un segundo o tercer plano. Un ejemplo claro de los fracasos de leyes de este tipo es la tantas veces anunciada Ley de Humedales. Discutida y hasta convertida por el kirchnerismo en slogan de campaña, jamás terminó por ser consumada.

Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) son herramientas claves para proteger especies y ecosistemas. “El Agujero Azul posee ecosistemas marinos vulnerables de alta biodiversidad con potencial valor como reservorio de recursos genéticos. También incluye sistemas de cañones submarinos que permiten la circulación de nutrientes desde la plataforma hacia la cuenca profunda y son importantes para la captación y almacenamiento de carbono, claves en la mitigación del cambio climático. Por todas estas razones, su protección es urgente”, afirma Esteban Frere, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

“Es complejo mostrar al mar dañado, herido por nuestras acciones. La mayor parte se encuentra fuera del alcance de nuestra vista. Es conmovedor ver un bosque arrasado por la deforestación, pero es muy difícil mostrar ese mismo daño en el mar, a cientos de metros de profundidad. Es urgente avanzar en acciones que nos permitan comenzar a revertir el daño que hemos ocasionado al mar y sus especies. El Agujero Azul permitirá proteger a perpetuidad un gran sector de nuestra plataforma continental, frenará la destrucción de sus fondos, protegerá cañones submarinos, resguardará sus jardines de corales y todas las especies marinas de ecosistemas profundos vulnerables”, destaca Valeria Falabella, Directora de Conservación Costero Marina de WCS Argentina.