Según el informe forense, no había signos de violencia en el cuerpo de uno de los autores del asesinato del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón.
Juan José Navarro Cádiz (29) estaba preso condenado a 45 años de prisión por el doble crimen de Congreso en 2019. Este viernes lo encontraron sin vida en el penal de Marcos Paz, donde estaba preso. Los primeros indicios apuntaban a un infarto como posible causa de muerte. Este martes, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de Navarro Cádiz que determinó que no tenía signos de violencia.
Ahora se aguardan los estudios complementarios y toxicológicos para esclarecer las causas precisas del deceso.
Navarro Cádiz era el principal condenado por el doble homicidio del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón ocurrido en 2019 en la plaza del Congreso de la Nación.
Por la muerte de Navarro Cádiz se abrió una investigación caratulada como “averiguación causales de muerte” y que instruye por cuestiones de jurisdicción la jueza federal 3 de Morón, Alicia Vence, según informaron fuentes judiciales a Télam. La autopsia fue realizada el lunes en la morgue judicial del Poder Judicial de la Nación, en Junín al 700 de la Capital Federal.
Los médicos del Cuerpo Médico Forense le entregaron al juzgado federal un primer informe con conclusiones parciales de la necropsia que estableció que la muerte de Navarro Cádiz se dio en el marco de un paro cardiorrespiratorio no traumático y descartó una muerte violenta.
“No tenía golpes, ni signos de asfixia”, dijo una fuente judicial con acceso al expediente.
El diputado Héctor Olivares y el asesor Miguel Yadón, asesinados en la plaza del Congreso.
Ahora, la jueza esperará el informe final de los forenses que incluya los estudios complementarios y toxicológicos, para terminar de establecer si la muerte pudo estar relacionada a alguna patología preexistente o a la ingesta de alguna sustancia.
Vence también dispuso la entrega del cuerpo a la familia, que pertenece a la comunidad gitana y, como la muerte se dio en un contexto de encierro carcelario, permitió que en la causa también intervenga el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación.
Navarro Cádiz cumplía una pena de 45 años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz por el doble crimen de Olivares y su asesor Yadón.
Según las fuentes, el viernes pasado estaba en su pabellón, salió a hacer un llamado y se descompensó en el salón de usos múltiples.
Juan José Navarro Cádiz, al ser trasladado para el último día del juicio por el doble crimen de Congreso. Foto Télam
Siempre según las mismas fuentes, inmediatamente fue trasladado primero a la unidad médica del propio complejo y luego fue derivado al Hospital Municipal Héctor D’Agnillo de Marcos Paz, donde alrededor de las 23 del viernes falleció.
En septiembre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal 9 –conformado por los jueces Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas– condenó a Navarro Cádiz como autor material del doble crimen a una pena de 45 años de cárcel y a su primo Juan Jesús Fernández a prisión perpetua como “partícipe necesario”.
Navarro Cádiz fue el autor de los disparos homicidas, algo que incluso confesó al declarar en el juicio oral, donde pidió “perdón” pero aclaró que su intención había sido dispararle a un árbol y no a las víctimas.
Juan José Navarro Cádiz y Juan Jesús “Mohamed” Fernández, ambos de la comunidad gitana, condenados por el doble crimen en Congreso.
La diferencia de la pena que se le impuso a él respecto de su primo radicó en que el caso de Navarro Cádiz encontró el obstáculo de que había sido detenido y extraditado desde la República Oriental del Uruguay, con la condición de que no sea condenado a prisión perpetua, sanción que no existe en el vecino país, y por ello el tribunal estimó adecuado la pena máxima del Código Penal uruguayo, que es la de 45 años de cárcel.
“Quiero decirles que nunca quise lastimar a nadie, ni mucho menos matar a nadie. Les pido por favor a las familias que me perdonen”, dijo Navarro Cádiz en sus últimas palabras ante el TOC 9 antes de que lo condenaran como autor de un “homicidio agravado por alevosía reiterado en dos ocasiones en concurso real con portación de arma de guerra”.
A su vez, en el juicio quedó probado que era suya el arma homicida, una pistola Bersa Thunder calibre .40 con mira láser secuestrada en su casa y, además, una pericia detectó residuos de disparos en una mano y tres prendas de vestir suyas.
El juicio tuvo otros siete acusados -la mayoría familiares o allegados a los dos condenados que llegaron libres acusados de delitos menores como tenencia, portación o suministro de armas-, pero cinco de ellos fueron absueltos y solo dos recibieron condenas, pero en suspenso, y de hasta 2 años y 8 meses de prisión.
El doble crimen de Congreso
El crimen de Olivares (61) y Yadón (58) ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso Nacional.
A las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento estacionado detrás de un micro, sobre avenida de Mayo entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, les efectuaron varios disparos desde el vehículo.
Yadón cayó muerto de tres disparos -uno en cuello, otro en axila y el tercero en la pelvis-, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad y falleció tres días después.
La clave para esclarecer el caso fueron los videos de 80 cámaras de seguridad que grabaron todo el derrotero de Fernández y Navarro Cádiz esa madrugada, desde que llegaron a la plaza hasta que escaparon, y que fueron recopilados y analizados por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal.
Si bien se especuló con que el doble crimen podría haber estado vinculado a un “atentado a la democracia” o con algún tipo de “venganza personal”, el juez de instrucción Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrades llegaron a la conclusión de que fue “una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser”, según constaba en la acusación original, en una hipótesis sobre el móvil descartada en el juicio oral.
En los fundamentos del fallo condenatorio, el TOC 9 consideró que Navarro Cádiz y Fernández cometieron homicidios alevosos en el que ocultos en un auto actuaron “sobre seguro” y valoró como un agravante “la irracionalidad del acontecimiento”.
A.J, de 49 años, escapó a Santa Fe luego de que la víctima lo denunciara tras cumplir la mayoría de edad. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal
A.J, de 49 años, oriundo de Villa Martelli, fue detenido la semana pasada en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, acusado de un delito aberrante: violar a su hijastra durante seis años, desde sus 12 hasta sus 18. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal, luego de que los investigadores descubrieran que se refugiaba en la zona. Puntualmente en un domicilio que, supuestamente, le alquilaba un familiar directo.
Tras lograr que saliera, lo arrestaron y lo trasladaron de vuelta a territorio bonaerense, donde ahora deberá responder por la acusación en su contra -realizada por la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Vicente López- por el delito de abuso sexual reiterado, agravado por el vínculo.
A.J -ex empleado de una empresa de limpieza- fue denunciado el año pasado por su víctima, que hoy tiene 19 años. En su relato, la joven relató los ataques que sufrió a lo largo de los años y contó que siempre fueron bajo amenazas: su padrastro, supuestamente, aseguraba que los mataría a ella y a sus hermanos si es que hablaba.
La víctima también trazó un mapa de los lugares donde fue abusada. A.J, si es que es culpable, no solo la atacó en la casa que compartían, cuando la madre no se encontraba: además la llevaba a un terraplén del tren Belgrano Norte cercano a su domicilio, donde la abusaba entre las piedras y las plantas. Era en plena vía pública, entre la calle Melo y la avenida Mitre.
Luego, insólitamente, la violó en un punto más lejano: el albergue transitorio O’Brien, ubicada en la calle del mismo nombre, en la zona de Constitución.
El albergue de Constitución donde, según la víctima, ocurrieron los abusos (Google View)
La joven denunció a su padrastro al cumplir la mayoría de edad y, en consecuencia, el hombre escapó de inmediato. Ante esta situación, la División Homicidios de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales, con una larga tradición de capturas de prófugos difíciles de hallar-comenzó a rastrearlo.
Entre los operativos, allanaron la casa de la madre del hombre en Florida Oeste, sin resultado positivo.
Sus registros personales y comerciales, sin embargo, revelaban una pista: un viejo domicilio registrado en Villa Ocampo. Luego, llegaron al dato clave: el alquiler en la zona.
La captura de A.J no es la única detención resonante de la División Homicidios realizada este año. En enero último, capturaron en Mar del Plata a Santiago Nicolás Mallol, alias “Pipa”,acusado de matar 12 años atrás a la psicóloga Martha Landívar en Pinamar.
El cadáver de Landívar, de 37 años, fue descubierto el 20 de mayo de 2012 por un grupo de sus amigas que llegaron a su domicilio en la calle De Las Almejas ante la falta de respuesta a sus mensajes.
Allí, vieron a Landívar ya muerta desde una ventana. Los forenses en la escena detectaron que el cuerpo tenía un disparo en el pecho y otro en su mano. La bala en el pecho, calibre .22, impactó en su clavícula y le perforó la aorta, causando un fuerte sangrado.
El crimen no parecía tratarse de un hecho de inseguridad. La casa no parecía ser el blanco de un robo. Nada estaba revuelto. Tiempo después, se detuvo a un funcionario municipal vinculado a la víctima, que fue liberado por falta de pruebas.
Micaela Garrido, con rango de cabo, se encuentra detenida en un penal bonaerense, acusada de desvalijar a un hombre en Villa La Ñata. El nuevo auge de un delito que termina en muerte y la paradoja del Código Penal
Micaela Alejandra Garrido, cabo de la PFA, se encuentra en prisión, acusada de ser una viuda negra. El fiscal Cosme Iribarren, uno de los encargados de la acusación en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la imputó por desvalijar a un hombre en Villa La Ñata, partido de Tigre.
El hecho ocurrió el 14 de diciembre pasado en un bar de Plaza Serrano, en la zona de Palermo, donde Garrido conoció a su supuesto blanco. Enlazar en vivo a una víctima es una técnica en desuso; las viudas negras, hoy, prefieren marcar sus potenciales robos en plataformas de citas como Tinder. Tras compartir unos tragos, Garrido, según la acusación en su contra, le propuso al hombre pasar la noche juntos. Así, se dirigieron a la casa de la víctima en Villa La Ñata, partido de Tigre. Como suele ocurrir en los ataques de viudas negras, los recuerdos del hombre de aquella noche terminaron poco después.
Despertó a la mañana siguiente, aturdido, con su casa revuelta. Faltaban varios objetos de valor. También, faltaba su auto. Luego, formuló la denuncia ante la Policía Bonaerense.
La Unidad N°59 de Merlo, donde Garrido se encuentra detenida (foto: SPB)
El fiscal Iribarren, titular de la UFI de Benavidez, le encargó la investigación a la Sub DDI de Tigre. El auto fue hallado abandonado, cuatro días más tarde. Poco después, los detectives llegaron a Garrido, de 29 años, con un domicilio registrado en Ciudad Oculta. Descubrieron su condición de policía, además del lugar donde se desempeñaba: la comisaría de la terminal de micros de Retiro. Entonces, Iribarren pidió su arresto. El subcomisario de la Federal a cargo de esa dependencia fue notificado. Allí, detuvieron a Garrido, en un operativo conjunto entre la Federal y la Policía Bonaerense e incautaron su celular a fines de enero último.
Hoy, según información policial, la presunta viuda negra continúa detenida en la Unidad N°59, el penal de Merlo del Servicio Penitenciario Bonaerense. La PFA la separó de sus funciones y la colocó en estado de situación pasiva. Según sus registros comerciales, cobró sus aportes, al menos, hasta el mes pasado.
El nuevo auge de las viudas y la paradoja del Código Penal
A mediados del mes pasado, el juez Martín Peluso procesó con prisión preventiva y un embargo de 30 millones de pesos a Juliana J., de 20 años de edad, detenida por la Policía de la Ciudad, acusada de drogar y desvalijar a un informático de 46 años en Palermo. Tras captarlo en Tinder, luego ocho meses de trabajo fino y una noche juntos, Juliana, según la acusación en su contra, le robó casi 24 mil dólares, 1,2 millones de pesos, tres computadoras, lentes Gucci y seis botellas de Champagne Veuve Clicquot. Juliana no fue la única viuda que Peluso procesó y envió a prisión en los últimos tiempos. Shamira Yoselí, con 18 años recién cumplidos, oriunda de la la Villa 21-24, empleada de una estación de servicio en Villa Lugano, fue detenida a fines del año pasado, acusada de drogar y desvalijar a un turista alemán en un departamento del Abasto tras conocerlo en una app de citas.
Los casos de mujeres jóvenes que dopan con clonazepam y le roban a hombres mucho mayores se repiten en las crónicas de este periodista con particular intensidad al menos desde mediados de 2023. La villa Zavaleta es un nodo para la actividad, con varias imputadas que provienen de la zona, con rateros del barrio en autos de apoyo.
Juliana J., presunta viuda negra, presa y procesada
Peluso buscó enviar un mensaje en el procesamiento a Juliana J.: la cárcel y el embargo de Juliana se debían a la particular gravedad del delito, donde el informático, con su bebida dopada, podría haber muerto.
Sucede que, en las últimas semanas, dos hombres murieron por presuntos ataques de viudas negras en el AMBA, un caso en Balvanera y otro en Lanús Oeste, un jubilado de 77 años cuya supuesta asesina fue una mujer de 62.
Sin embargo, el juez aplicó la calificación máxima que el Código Penal ofrece para estos casos: robo simple.
El proceso comenzó hoy y se desarrolla desde las 9.30 Habrá más de 100 testigos y durará casi cinco meses
El juicio contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov por la muerte de Diego Armando Maradonacomienza hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número tres de San Isidro.
Desde las 9.30, están sentados en el banquillo de los acusados por presunto “homicidio simple con dolo eventual” Luque, Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini y el psicólogo Carlos Díaz.
Por su parte, la enfermera Gisela Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados populares durante el segundo semestre una vez que finalice el debate principal.
09:56 hsHoy
Llegaron Dalma y Gianina Maradona
Las hijas de Diego Maradona ingresaron al tribunal.
09:40 hsHoy
Ojeda a Cosachov: “Perra malparida”
Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Maradona (Maximiliano Luna)
Con una remera de Diego, la ex pareja del Diez, Verónica Ojeda, llegó al Tribunal en reclamo de Justicia y se largó a llorar cuando ingresó al edificio. Cuando se cruzó con la psiquiatra Agustina Cosachov, comenzaron los gritos: Ojeda la increpó y comenzó a insultarla.
“Perra malparida”, le gritó la última mujer de Diego. Tuvieron que intervenir las autoridades del tribunal y la policía para calmar la situación.
Tras el incidente, la imputada se alejó hasta la otra punta del pasillo y Ojeda volvió a llorar.
09:36 hsHoy
El cambio físico de Leopoldo Luque
El neurocirujano Leopoldo Luque (Reuters)
El neurocirujano, acusado por la muerte de Maradona, llegó irreconocible a la primera audiencia del juicio en su contra que, se estima, durará casi 5 meses.
Ahora es fisicoculturista: según su abogado, desde el fallecimiento del astro se dedica a entrenar diariamente en Adrogué. Antes de entrar a la sala, habló con su colega Agustina Cosachov, también acusada.
09:32 hsHoy
“Diego no se murió”
Un nutrido grupo de fanáticos se ubicaron desde temprano en frente de los Tribunales de San Isidro para pedir Justicia por Diego Maradona, en la primera jornada de juicio contra los siete médicos acusados por su muerte.
“Diego no se murió” y “Justicia por Diego” son algunos de los cantos que repiten mientras las partes van llegando al tribunal.
Además, insultan a los imputados. “No nos olvidamos de lo que hicieron”, le gritaron a la psiquiatra Cosachov, cuando llegó a la audiencia junto a su abogado, Vadim Mischanchuk.
09:18 hsHoy
Los últimos días del ídolo
El documental de Infobae que reveló cómo fueron las últimas horas de Diego Maradona.
09:17 hsHoy
Comienza el primer juicio por la muerte de Maradona: habrá más de 100 testigos y durará casi cinco meses
Se desarrollará desde las 9 en los Tribunales de San Isidro. Son siete los profesionales de la salud que serán juzgados. Las pruebas en su contra
Comienza el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona
Tras un largo camino judicial, este martes en los tribunales de San Isidro finalmente comenzará el primer juicio, y el principal, contra siete de los ocho profesionales de la salud acusados de haber tenido responsabilidad en la muerte de Diego Maradona (60), ocurrida en su casa del barrio San Andrés de Tigre el 25 de noviembre de 2020.