El fin de la rocambolesca estadía de Ana María Figueroa en su despacho de la Cámara Federal de Casación Penal durante casi un mes después de su cumpleaños número 75, resuelto por la Corte el miércoles pasado luego de dos tensas reuniones en ese tribunal y la publicación por parte de Clarín del pago del suculento salario de la magistrada correspondiente a agosto en forma completa, abrió las puertas a otra decisión que en las próximas horas también amargará al kirchnerismo.

Tal como informó este diario, los colegas de Figueroa en la Sala I de la Casación Federal, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, están ultimando los últimos detalles de la sentencia por el caso unificado de lavado de dinero Hotesur/Los Sauces.

Se trata de las dos empresas de la familia Kirchner que, en forma sucesiva primero, paralela después y luego unificada, fueron investigadas en la justicia como vehículo de maniobras de blanqueo de millones de dólares supuestamente provenientes de los sobreprecios de la obra pública nacional que desde Buenos Aires Néstor y Cristina Kirchner atribuían en continuado durante doce años, bajo condiciones irregulares y sin controles, a su socio y amigo, Lázaro Báez.

La mecánica delictiva comprobada en la instrucción de ambos expedientes era la misma: mientras las empresas de Báez acumulaban contratos por un total de 46.000 millones de pesos para hacer obras que en gran parte ni siquiera terminaba, o terminaba cobrando a más del doble del monto presupuestado originalmente, esas mismas empresas o el propio contratista a título personal cerraban contratos de alquiler de hoteles (a la empresa Hotesur) o de edificios, departamentos y cocheras (a la inmobiliaria Los Sauces) por montos fuera del mercado, o servicios que ni siquiera utilizaba.

En esa etapa, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner fueron procesados como beneficiarios de las maniobras de lavado; y a los contratistas y K Lázaro Báez y Cristóbal López los procesaron como partícipes de esas maniobras “devolviendo” parte del dinero que obtenían con los contratos y las concesiones públicas. Hay más acusados como por haber cumplido distintos roles en esas operaciones. Todos los procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal, bajo supervisión de la Casación. Así, se cerró la instrucción.

Pero cuando el Tribunal Oral Federal 5 -sorteado para realizar el juicio- quedó integrado con dos jueces cercanos a Cristina, Daniel Obligado y Adrián Grümberg -que pasó por ahí durante unos meses cumpliendo una suplencia- ambos firmaron una resolución muy controvertida: sobreseyeron a todos los acusados sin hacer el juicio.

Además del mega escándalo que causó esa decisión, también fue apelada de inmediato por el fiscal ante el TOF 5, Diego Velasco, y luego por su colega ante la Casación Federal, Mario Villar. Hirviendo, la papa quedó en manos de la Sala I de ese tribunal, integrada por Figueroa, Petrone y Barroetaveña.

Desde febrero pasado está vencido el plazo para que se manifiesten, pero Figueroa “pisaba” el expediente. En junio, sólo faltaba el voto de ella. Mientras tanto, la jueza especulaba con la prórroga de su pliego, que el kirchnerismo intentaba hacer votar en el Senado.

Esa incertidumbre dio paso a otra: Figueroa entregó su voto, pero apenas unos días antes de su cumpleaños 75. Cuando sus colegas lo compaginaron con los suyos y estaban en condiciones de emitir una sentencia, la jueza ya había entrado en su limbo. ¿Había que incluir su voto admitiendo su discutida condición de jueza, dejarlo a un lado y salir con los otros dos votos siempre y cuando fueran iguales hasta en sus fundamentos, o esperar a que se resolviese el destino de la magistrada? Optaron por este último camino.

Ahora que Figueroa ya es historia, Petrone y Barroetaveña ultiman los detalles de su resolución, que darán a conocer en las próximas horas. Sin anticiparla, en sus despachos están convencidos de que ninguno de los dos consentirá la interrupción de un proceso judicial sin el correspondiente juicio oral.

Dos casos gemelos y muy fundamentados

El caso Hotesur fue iniciado cuando Cristina Kirchner era presidenta, y el juez Claudio Bonadio la acusó a ella y sus hijos -socios en la firma, y directivos en distintos períodos- por lavado de dinero.

Bajo la intensa presión de la Casa Rosada, la causa le fue quitada a Bonadio y en julio de 2015 pasó a manos del juez Daniel Rafecas. En febrero de 2016, se declaró incompetente y la delegó en su colega Julián Ercolini, que desde 2008 investigaba el vínculo entre los Kirchner y Báez en lo que terminó conociéndose como caso Vialidad. En abril de 2016, Margarita Stolbizer denunció a la otra empresa de los Kirchner, Los Sauces, por las mismas maniobras que había señalado en Hotesur. Luego de un breve paso por el despacho de Bonadio, todo terminó en el escritorio de Ercolini.

Los acusados eran los mismos: Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López por el lado de los proveedores de dinero a las empresas de la familia presidencial a cambio de servicios ficticios, sobrefacturados o irregulares.