El secretario de Educación, Carlos Torrendell, planteó que la renovación de la escuela secundaria es una de las prioridades de la agenda federal. También anticipó que este año habrá un censo docente obligatorio y defendió el “gasto inteligente”

El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, anticipó que la renovación de la escuela secundaria forma parte de la lista de “políticas prioritarias” para la cartera educativa nacional. Mientras varias jurisdicciones –entre ellas, la provincia de Buenos Aires y CABA– avanzan en esta dirección, Torrendell anunció que desde la secretaría nacional van a impulsar una política que apunte a “probar distintos modelos de renovación de la secundaria”, con acuerdo del Consejo Federal de Educación, para poder “responder a la diversidad de demandas de los alumnos”.

A casi 20 años de obligatoriedad de la secundaria –establecida por la Ley de Educación Nacional en 2006–, Torrendell reconoció que este nivel educativo necesita ser redefinido. “Vamos a apostar a promover una diversidad de modelos en las provincias para, a partir de la evaluación de esas experiencias, encaminar una reforma que no puede ser homogénea”, afirmó el secretario de Educación este martes en el foro “Ejes para la mejora educativa en Argentina: políticas públicas y prácticas pedagógicas”, organizado por Educar 2050 y la Universidad Siglo 21.

En la apertura del evento, Torrendell listó ocho políticas prioritarias para la Secretaría de Educación, orientadas a “generar condiciones para que las escuelas logren que los chicos aprendan”, y aseguró que la actual gestión se propone “pasar de una política educativa de papel, enfocada en producir normas, a una política centrada en los aprendizajes”. El funcionario señaló que la pobreza no fue un obstáculo para que la alfabetización se expandiera en el siglo XIX y, en ese sentido, afirmó: “El problema no es el contexto de crisis, sino cómo encaramos políticas educativas que se traduzcan en prácticas pedagógicas efectivas”.

Junto con la renovación de la secundaria que se impulsará a partir de este año, también hizo referencia a la necesidad de mejorar la articulación entre educación y mercado laboral, cuestión sobre la que está trabajando el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). “Creemos que hay que refundar la educación técnica, que viene del siglo XIX. Hay que articularla de otra manera con la sociedad civil”, propuso Torrendell.

También mencionó el Plan Nacional de Alfabetización, presentado el año pasado por el presidente Javier Milei en el Museo Casa Natal de Sarmiento en San Juan. “El desafío fundamental es llegar a las prácticas en el aula”, insistió Torrendell, y criticó que antes el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) ofrecía capacitaciones “demasiado abstractas y teóricas” que no impactaban en el trabajo en el aula.

“Teníamos que sincerarnos: desde hace tiempo no estamos logrando los aprendizajes fundamentales. Hay chicos que pasan 6 o 7 años en la escuela y terminan sin saber leer y escribir bien –señaló–. No es una falla de los docentes individuales, sino de la política educativa”.

En línea con su defensa de una “política educativa federal” y una “sociedad educadora”, Torrendell valoró que el Plan haya surgido de un acuerdo en el Consejo Federal de Educación y reconoció que la prioridad de la alfabetización fue promovida por la sociedad civil. En ese sentido, mencionó los compromisos que asumieron Milei y los gobernadores provinciales en el marco de la Campaña Nacional por la Alfabetización que desde 2023 impulsa Argentinos por la Educación junto con otras organizaciones.

El titular de la cartera educativa nacional mencionó también como prioritario el “fortalecimiento de las trayectorias” de los estudiantes, así como el acompañamiento de las trayectorias profesionales de docentes, directivos y supervisores. En línea con esta política, destacó que están trabajando en consolidar el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) para llegar a tener digitalizados los datos del 100% de los estudiantes argentinos.

También confirmó que este año se hará el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), que estaba previsto originalmente para 2024 (se hace cada diez años). El ReNPE 2025 “será obligatorio para todos los docentes del país y se hará por la app Mi Argentina”, señaló Torrendell. Y afirmó: “Eso nos permitirá contar una línea de base para ya no tener que hacer más censos. Después de este relevamiento, ya deberíamos tener la información en línea”.

Torrendell subrayó el rol del Consejo Federal de Educación en la definición de la política educativa.

Entre las políticas prioritarias, Torrendell también mencionó la renovación de la formación y la carrera docente. En este terreno, en 2024 el Consejo Federal de Educación aprobó el Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación Institucional de la Formación Docente (SiFIECA). “Creemos que esta vez podemos encarar una reforma profunda de la formación inicial y la formación continua”, sostuvo el secretario, en referencia a los intentos frustrados que se impulsaron en el pasado.

Otro punto estuvo referido al uso de las evaluaciones estandarizadas. Sobre este tema, Torrendell resaltó que es clave “desagregar” la información de las pruebas para que pueda servir para tomar decisiones. Y anticipó que este año habrá evaluaciones nacionales (Aprender), regionales (ERCE) e internacionales (PISA), tanto en primaria como en secundaria.

Esas pruebas se suman a las que toma cada provincia y a otras evaluaciones formativas como las EGRA (“evaluación de lectura de primeros grados”, según la sigla en inglés), que fueron desarrolladas por el Banco Mundial y que el Gobierno nacional puso a disposición de las provincias en el marco del Compromiso Federal por la Alfabetización. Esas pruebas están destinadas al primer y segundo grado de primaria y permiten obtener “evidencias rápidas para el aula sobre distintas habilidades lectoras”.

El octavo punto estuvo referido al “fortalecimiento de los ministerios y los sistemas educativos provinciales”, a partir del rol “subsidiario” del Estado nacional. Sin referencias directas a los recortes en el presupuesto educativo nacional, reivindicó un “gasto inteligente” y argumentó: “En un contexto de escasez, tenemos que invertir los recursos de manera inteligente. Estamos procurando que los recursos se dirijan a los programas que inciden directamente en los aprendizajes”.

Torrendell ratificó que el Gobierno nacional sigue teniendo en agenda las reformas educativas previstas en la versión original de la Ley Bases, reunidas en un proyecto de ley diseñado por el ministro Federico Sturzenegger junto con la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. “El capítulo de educación de la Ley Bases está preparado para ingresar al Congreso cuando el presidente lo disponga”, anticipó el funcionario.

Ese proyecto incluía, entre otras cuestiones, un examen obligatorio al terminar la escuela secundaria, la evaluación de los docentes cada cinco años, la posibilidad de arancelar las universidades públicas para estudiantes extranjeros no residentes y la difusión de los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela.

A partir de una pregunta sobre el rol de los gremios docentes, Torrendell consideró: “El problema de la educación argentina no son los sindicatos. Las políticas educativas han funcionado mal porque no hacemos lo que hay que hacer, porque no han estado centradas en lograr mejores aprendizajes”.

El secretario de Educación cuestionó “la costumbre instalada de hacer paros que no aportan nada, y que muchas veces están vinculados con lo partidario”. A modo de ejemplo, señaló que “en el Consejo Federal hay provincias que se quejan porque tienen muchos paros pese a garantizar salarios más altos que la media”. A la vez, reconoció que “también hay aportes de los gremios que son valiosos y que deben ser tenidos en cuenta en la lógica de una política educativa participativa”.

También participaron del foro Emiliana Vegas y Fernando Reimers, profesores de la Universidad de Harvard; Luciana Puente, secretaria general de la Red Latinoamericana por la Educación (REDUCA); Tamara Vinacur, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo; Manuel Álvarez Trongé y Florencia Ruiz Morosini, de Educar 2050; y María Laura Rosso, Leonardo Medrano y Melania Ottaviano de la Universidad Siglo 21.

Ya hay unos 800 evacuados. Las perspectivas no son buenas porque a la altura de Misión La Paz el río formó un embudo que dificulta el corrimiento del agua, que baja con rapidez de la cuenca alta, y provoca más desbordes. Y hay alerta por lluvias en Bolivia. La Nación todavía no envió ayuda pero busca refuncionalizar una planta potabilizadora de agua.

Con la crecida del río Pilcomayo centenas de personas decidieron refugiarse en los campamentos que la provincia dispuso en la zona de La Curvita, en donde ya suman unas 800 personas. 

El pronóstico no era el mejor. El responsable del Sistema de Alerta Temprana del Pilcomayo, Luis María de la Cruz, explicó a este diario que una dificultad en la frontera entre Misión La Paz y Pozo Hondo (entre Argentina y Paraguay, respectivamente) es que el cauce del Pilcomayo se había vuelto “un embudo”, y por lo tanto el agua no escurría en la cantidad y velocidad necesaria. “El agua no tiene por donde salir, entonces desborda” porque la bajante viene de manera rápida desde Bolivia.

Encima, en la cuenca alta del río, en territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, había pronóstico de alerta naranja por lluvias, por lo cual se prevé que la crecida continúe. Si llega a suceder que haya tormentas en el país vecino y en el tramo salteño sigue esta dificultad para escurrir, la situación podría ser empeorar.

Ayer algunas comunidades indígenas (la mayor parte de la población de esta zona del Chaco salteño) seguían aisladas con el agua al borde del anillo de contención, mientras que otras ya se habían sido inundadas porque la presión de la masa de agua rompió la defensa. Imágenes difundidas por pobladores mostraban tramos rotos de la ruta provincial 54 (la vía de comunicación principal) y otros anegados por el agua. Incluso personas que llevaron ayuda mostraron imágenes con el agua llegándoles a la cintura y hasta el pecho.

Llegar a cada rincón de este extenso territorio es difícil. Ayer se viralizó un video de Martín Herrera, vecino de Santa Victoria Este, por cantar lo que se conoce como “una chaqueñada”, en referencia a la problemática que se vive. “Esto fue ayer (por el lunes), a las 3 de la tarde que fuimos a Monte Carmelo”, contó a Salta/12. Comentó que si bien llegan con vehículos, desde Santa María la ruta está totalmente cortada por el agua. El equipo atravesó a pie el agua que les llegaba al pecho, y con mercadería y demás insumos en bolsas de plástico para evitar que se mojaran.

Lo más urgente es la falta de comida y de agua apta para el consumo humano, dado que por la intransitabilidad de los caminos no se está proveyendo la mercadería. La situación se complicó ayer en Alto La Sierra, en donde el referente wichí Justiniano Pérez, contó que las clases se suspendieron por las lluvias. Sin clases se suspende también el servicio del comedor que funcionaba hasta ahora para los 500 chicos y chicas que asisten a la escuela. Pérez indicó que ya había familias con sin alimento y los comercios locales empiezan a sentir el desabastecimiento.

Ayer las lluvias no cesaban en la zona y la situación preocupa a los habitantes de Santa Victoria Este, el pueblito cabecera del departamento Rivadavia. Abel Mendoza, de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), contó que el agua estaba ya sobre el anillo de defensa.

Igual situación se vivía en Misión La Paz, en donde según comentó el dirigente indígena Alejo Gallardo, el anillo “hasta ahora está aguantando”.

En cambio, en otra comunidad el riesgo era inminente. “Peligra el anillo. Están tratando de reforzar en la zona de la escuela vieja, les faltan bolsas. Están rodeados de agua. Manifiestan estar sin comunicación con las autoridades. Piden ayuda urgente”, indicaban desde Las Vertientes Costa, una comunidad a donde aún no se ha podido llegar.

Mientras, ayer se indicaba que en los campamentos de evacuados hay “presencia policial preventiva las 24 horas al igual que en los tramos afectados de la ruta provincial 54”. Por las condiciones del tiempo, tampoco este martes se logró realizar el traslado de mercadería y agua a algunas poblaciones afectadas.

A unos 200 metros del campamento, y atravesando las aguas, estaban los pobladores más afectados de La Estrella. Allí la defensa cedió y las viviendas quedaron inundadas. En declaraciones al canal Mosconi TV, un referente indicó dijo que no tenían comida y estaban cocinando un conejo que encontraron muerto por la inundación.

Embarazadas trasladadas

El gerente del Hospital de Santa Victoria Este, Ariel Sosa, detalló que las primeras decisiones que se tomaron fue el traslado de las embarazadas a otros hospitales para que queden alojadas de manera preventiva. Incluso las que estaban a poco de parir fueron directamente enviadas al Hospital de Tartagal, en el departamento San Martín.

Junto al ministro de Salud, Federico Mangione, ayer coordinó la disposición de un Hospital de Campaña en La Curvita, en donde se encuentran los campamentos de evacuados. Mangione indicó que hoy llegarán al territorio cuatro camionetas con una carpa, camillas, desfibriladores, aparatología para un hospital, 6 enfermeros y médicos.

Por ahora clima tampoco ayuda ante la necesidad de un eventual vuelo sanitario desde alguna de las comunidades aisladas.

Con críticas al gobierno anterior

Por su parte, la directora nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo, Virginia Cornejo, sostuvo ayer que con esta crecida del Pilcomayo (que por sus niveles se considera histórica) quedó expuesta “la falta de acciones concretas que se deben tener anticipadamente para evitar esto que constantemente sucede”.

La funcionaria indicó que en el caso que le compete, que es la frontera de Misión La Paz con Pozo Hondo, se debían ejecutar las obras de contención del río, “lo cual no se hizo”.

Añadió que frente al puesto de Gendarmería Nacional en Misión La Paz se había instalado una planta potabilizadora con el fin de abastecer a los pobladores.

“Es una planta que se compró con fondos nacionales” cuando salió el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2020, afirmó Cornejo antes de cuestionar: “Se compran elementos que no se ponen en uso, son de un alto valor económico y social, y por desidia de un estado ausente no se pone en funcionamiento”, afirmó.

Explicó que la compra la hizo el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), que (admitió) fue disuelto al asumir el presidente Javier Milei. “Porque había otros organismos que cumplían las funciones que estaban a cargo”, justificó.

En cuanto a la ayuda para la región afectada, Cornejo afirmó que está realizando las gestiones ante el gobierno nacional para poder llegar al territorio con lo necesario.