Policiales
Echaron al diplomático cuya esposa amenazó y agredió a la portera de un edificio en Recoleta
La encargada tiene dos costillas rotas. Se presentó en la Justicia y reveló que desde entonces recibe amenazas: “Temo por mi vida”.
El escándalo en un edificio de Recoleta que involucró a la esposa de un diplomático de Panamá tuvo fuertes consecuencias: el Gobierno de ese país ordenó retirarlo de la Argentina junto a su familia.
Se trata de Carlos Lawson, quien era el agregado de negocios y es el marido de Jessica Giovana Pineda Quinteros, la mujer que fue denunciada por Juliana Gómez Vera (53), de nacionalidad paraguaya, quien trabaja como encargada del inmueble de la calle Arenales 1422.
La Cancillería panameña dijo en un comunicado que “ha tomado la decisión de retirar al diplomático acreditado en la Embajada de Panamá en Buenos Aires, así como a su familia, en vista que no existen las condiciones para mantenerlo en dicha sede“.
Según la presentación judicial, la discusión se produjo porque la encargada retó a la hija del matrimonio por dejar la puerta del ascensor abierta.
En las últimas horas, el canal TN publicó imágenes del video en el cual se ve la agresión en el hall del edificio. La mujer, que tiene dos costillas rotas y está bajo tratamiento médico, denunció en cámaras que desde entonces recibe intimidaciones y amenazas: “Temo por mi vida“, admitió.
De acuerdo a sus dichos, desde entonces dijo haber recibido cartas documentos e intimaciones para que no involucre a Lawson ni a su esposa.
El conflicto tuvo su epicentro cuando la hija del matrimonio dejó la puerta del ascensor abierta inhabilitándolo por completo. Es allí cuando Juliana intercambia palabras con la menor que derivó en una discusión con su madre sobre la vereda de la calle Arenales 1422.
Lo que siguió es lo que se ve en el video. A la esposa del diplomático discutiendo con la portera y la posterior agresión que incluyó tironeos del pelo, trompadas y la mujer que fue tirada al suelo.
“Cuando la señora me agarró del pelo y me dio un puñetazo en la frente quedé inconsciente. No me acuerdo de cuando caí. En la frente tengo un moretón”, contó Juliana acerca de las imágenes difundidas.
La portera explicó que previo a la agresión y tras el entredicho con la esposa de Lawson hubo un pedido de disculpas por “haber hablado con la menor”. Y aunque pensó que la discusión había finalizado, Pineda entró al edificio, pero volvió sobre sus pasos y le dijo que “seguirían dejando la puerta del ascensor abierta“, a lo que la encargada retrucó que “respetaran al resto del edificio”. Luego sobrevino el brutal ataque.
El diplomático de Panamá, Lawson, estuvo presente durante la discusión. E intentó solidarizarse con la portera tras la brutal golpiza. Sin embargo, el hostigamiento desde entonces, según los dichos de la encargada, es por parte de los dos.
“Él me puso un bozal legal, por eso no puedo nombrarlo. Me mandó una carta documento – contó Juliana -. Cuando ocurrió el conflicto llamó por teléfono y habló con un policía durante 20 minutos. El policía me engañó esa noche y me dijo que si quería seguir con la denuncia penal nos iba a meter presas a mí y a la señora. Me vi obligada a firmar el acta como estaba escrita porque necesitaba de la atención médica”, denunció en cámara la víctima.
El hecho quedó registrado por dos cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores del edificio. Según informó TN, la causa está en trámite en la Justicia y se están realizando las medidas de prueba.
“Me siento sola y con mucho miedo. Temo por mi vida. Mi hija vive afuera, está casada y tuvo un bebé y por eso no puede volver para acá. Es una pesadilla para mí, hay lugares en que no hay cámaras y tengo miedo de que me ataque esta gente”, sostuvo la encargada.
El reporte de la Policía de la Ciudad dio cuenta que el 11 de mayo, día en que se produjo el ataque, los agentes llegaron al lugar y refieren puntualmente “una agresión mutua entre dos mujeres”. Solo consigna que “ambas se acusaban mutuamente”.
El comunicado de la Cancillería de Panamá
Tras el incidente, la Cancillería informó que echó del cargo al diplomático.
La nota oficial señala que la embajadora de Panamá en Argentina está enterada de los “lamentables hechos acaecidos” y ha tomado contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.
Añade que la legación diplomática panameña en Buenos Aires se pondrá a disposición de las autoridades correspondientes a fin de “colaborar en el esclarecimiento de los hechos que se señalan e informar el retorno del funcionario y su familia a Panamá”.
“Este Ministerio rechaza todo acto de violencia y reafirma que la conducta de los funcionarios acreditados en el Servicio Exterior debe reflejar, en todo momento y en cada una de sus actuaciones, el respeto y la consideración que Panamá le asigna a sus relaciones con el Estado Receptor donde se encuentran acreditados”, remarcó la Cancillería panameña.
Policiales
El hombre que mató a puñaladas a su abuela en Lomas de Zamora fue condenado a prisión perpetua
Cristian Eduardo Robledo fue declarado culpable del homicidio de Norma Antonia Guevara ocurrido el 20 de octubre de 2024
A casi un año del homicidio que conmocionó a Lomas de Zamora, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 dictó prisión perpetua para Cristian Eduardo Robledo, declarado culpable de asesinar con un arma blanca a su abuela, Norma Antonia Guevara, y de atacar gravemente a su prima de 11 años.
La sentencia puso fin a la causa por un hecho ocurrido la noche del 20 de octubre de 2024, en una vivienda situada en Castelli al 1700, Lomas Oeste.
La reconstrucción del caso expuso una secuencia de extrema violencia que tuvo como escenario la casa familiar de Guevara, de 68 años. Según fuentes judiciales, aquella noche, Robledo, de 24 años, mantuvo una discusión con su abuela, quien se negó a darle dinero. Testimonios recabados por la Fiscalía señalaron que el joven padecía adicción a las drogas y vivía en situación de calle, aunque recibía de forma regular la contención de la mujer.
Durante el altercado, Robledo utilizó un cuchillo de cocina para agredir a su abuela. Utilizó el mismo objeto para atacar a su prima de 11 años, quien resultó herida en el cuello. A diferencia de su abuela —que perdió la vida en el acto—, la menor sobrevivió y logró pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron a la Policía y solicitaron atención médica urgente.
La investigación descartó el móvil del robo simple, pese a la sustracción de objetos, e identificó el hecho como homicidio agravado en el contexto de violencia intrafamiliar, según informó el portal La Unión.
El hombre tenía antecedentes delictivos por robo agravado con uso de arma de fuego y denuncias previas por agresión hacia una expareja.
La intervención de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Fabiola Juanatey, fue clave para la recopilación de pruebas y testimonios. Las pericias psiquiátricas solicitadas durante la etapa de instrucción concluyeron que Robledo era plenamente consciente de sus actos al momento del crimen, lo que permitió avanzar hacia el juicio oral.
El tribunal consideró probadas las circunstancias que rodearon el hecho: el joven atacó primero a su abuela, la mató a cuchilladas y luego lesionó a su prima. Tras ello, escapó del domicilio con dos teléfonos y dinero, aunque fue capturado a pocas cuadras con las manos ensangrentadas y portando la cuchilla homicida, informó la policía.
El veredicto de prisión perpetua fue dictado en una audiencia celebrada el lunes último por el TOC 2 de Lomas de Zamora.
En los días previos al fallo, la familia hizo público su deseo de que la pena máxima recayera sobre el acusado.
La causa fue instruida por la fiscal Juanatey, especializada en violencia de género y familiar, quien acompañó a la familia durante todo el proceso judicial. La funcionaria solicitó el dictamen pericial y la recolección de evidencia para sostener la imputación por homicidio agravado.
Policiales
Una mujer murió tras caer desde un sexto piso en Corrientes y su ex pareja fue imputado por femicidio
Se trata de la ex pareja de la víctima, quien se cree que la habría empujado tras haber tenido una pelea. Además, se encontraron conversaciones que comprobarían que la joven habría sufrido violencia de género
La investigación sobre la muerte de Camila Soledad González, la joven de 29 años que murió después de haberse caído de un sexto piso en Corrientes, dio un giro determinante tras la imputación de L. L. C., un médico de 50 años y su ex pareja, por homicidio agravado por mediar violencia de género.
“Se secuestraron teléfonos, se realizaron pericias en el lugar y el imputado ya declaró en sede judicial”, confirmó la investigadora judicial en declaraciones a Radio Dos. Además de estos elementos, señalaron que la causa cuenta con nuevos testimonios que describieron el contexto de violencia psicológica y control que habría predominado en la relación entre la víctima y el acusado.
De acuerdo con la información publicada por Corrientes al Día, también se evaluaría la posibilidad de que el hijo de la joven, de 10 años, sea sometido a una Cámara Gesell. “Se está tramitando, pero no se quiere revictimizar al menor. Habría estado en el lugar del hecho, pero necesitamos escucharlo a él”, explicó la fiscal Troia.
En los chats recuperados, Camila describía una convivencia marcada por los celos, el control y la manipulación. “La relación se volvió súper tóxica, pero yo opté por no darle bolilla”, escribió a una amiga durante su estadía en Bahía Blanca.
En otro mensaje, relató: “La casa estaba llena de cámaras y me controlaba todo el tiempo”. La presión ejercida por el médico la llevó incluso a eliminar fotos de sus redes sociales, como lo expresó en otro mensaje. “Yo ya entendí, no le sigo el juego”, había escrito la joven.
Tras finalizar la relación con L. L. C., Camila había iniciado un nuevo vínculo sentimental. De hecho, el jueves previo a su muerte, el médico se presentó en el departamento de la joven mientras ella cenaba con su nueva pareja, lo que derivó en una fuerte discusión. Horas más tarde, el acusado regresó al lugar.
El viernes, la joven llevó a su hijo a un entrenamiento de fútbol y tenía previsto reunirse con amigas por la tarde, según quedó registrado en su teléfono. Estos planes, según la Fiscalía, debilitan la hipótesis de que la mujer habría intentado quitarse la vida.
Ese mismo día, la joven cayó desde el sexto piso del edificio. El médico se encontraba en el departamento y fue el primero en ser detenido. Desde entonces, permanece bajo custodia, mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si existieron lesiones defensivas o signos de haber tenido un forcejeo.
Por el momento, la investigación avanza con la recolección de testimonios de familiares, amigas y allegados, quienes coinciden en describir una relación de pareja marcada por la violencia psicológica y el control extremo. Todos los elementos reunidos hasta el momento complican la situación judicial del médico detenido, de acuerdo con la mirada de la Fiscalía.
Policiales
Asesinaron a un preso en un penal de Salta y hay cinco sospechosos identificados
El hecho ocurrió en la cárcel de Villa Las Rosas. La víctima recibió una herida en la zona cervical con un arma blanca tumbera
Un joven de 28 años fue asesinado este lunes en el penal de Villa Las Rosas, en Salta, tras ser apuñalado en su celda durante el horario de recreación del pabellón A2. Las cámaras de seguridad de la Unidad Carcelaria 1 registraron el ingreso de cinco internos al lugar donde se produjo el ataque.
En las redes sociales, el joven asesinado había publicado imágenes en las que aparecía portando un arma de fuego y exhibía una actitud desafiante, acompañando una de las fotografías con la frase: “Me sobran balas”.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández será juzgada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.
Además, en uno de los episodios, se la consideró “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas, y se sumó la agravante de “uso de arma en grado de tentativa”.
En la misma resolución, el fiscal imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en relación con una sola víctima, según información de La Voz del Interior.
El historial judicial de Fernández comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel y, un año después, recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”. En noviembre de 2018, manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de identidad de género y su traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.
Mientras cumplía condena, en abril de 2019, Fernández fue imputada por “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas” contra una mujer, y poco después obtuvo la libertad condicional. Hacia finales de 2019 y nuevamente en 2022, enfrentó denuncias que fueron archivadas. Ya en libertad, en 2023, fue denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”, y posteriormente por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que derivó en su detención y, en 2024, en la prisión preventiva.
Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se detectó el abuso contra una compañera de celda. Tras varias sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal para resguardar a la víctima. Actualmente, permanece en régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer, mientras las tres acusadas continúan detenidas.
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