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Sociedad

Midieron la infelicidad argentina durante la pandemia y después: cuándo fue mayor

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Un estudio de la UCA hace foco en el impacto de la crisis del Covid. También analiza esa curva desde 2010 y evalúa la percepción sobre la democracia y las instituciones..

La resaca suele ser más pesada que el exceso. Un poco de eso puede explicar los resultados de una investigación que por primera vez mide cómo quedaron los argentinos después de la crisis inédita del Covid. Los coletazos no sólo se extienden en el tiempo, sino que los sentimientos de infelicidad y depresión ​se volvieron más profundos tras la pandemia que mientras ésta duró.

El año 2022 fue el primero luego de la crisis sanitaria en el que la gente empezó a recuperar más o menos su vida “normal” y a recoger los pedazos que habían quedado desperdigados en la batalla, un trauma social y económico de los más grandes que se tengan recuerdo. A priori podría pensarse que nada podría superar el sufrimiento de atravesar ese infierno. Pero los argentinos, según una encuesta de la Universidad Católica Argentina (UCA), refutan ese prejuicio.

Ese año de corte (2022) fue elegido por la UCA para medir una serie de variables de la vida de los argentinos que dan cuenta del deterioro experimentado. Los autores del trabajo fueron Carolina Garófalo, Solange Rodríguez Espínola, María Paternó Malavella, Nazarena Bauso y Francisco Laferriere.

El informe se titula “Desigualdades y retrocesos en el desarrollo humano y social 2010-2022. El deterioro del bienestar de los ciudadanos en la pospandemia por Covid-19”. Si bien la pandemia fue una hecatombe global, las estrategias para enfrentarla -mejores o peores- fueron propiedad de cada país y gobierno. Y ese cóctel de decisiones gubernamentales fue en definitiva lo que terminó arrojando el saldo final de la pesadilla.

La investigación de la UCA analiza, en el período mencionado, varios aspectos de la vida de los argentinos: el sentimiento de infelicidad, el malestar psicológico, el déficit del estado de salud percibido, no haber realizado una consulta médica pese a esa percepción y el crecimiento del uso de la salud pública. También evalúa la disconformidad con el funcionamiento de la democracia y la desconfianza en las instituciones.

Negocios cerrados en la peatonal Florida en plena cuarentena por el Covid, el 22 de junio de 2020. Foto: Germán García AdrastiNegocios cerrados en la peatonal Florida en plena cuarentena por el Covid, el 22 de junio de 2020. Foto: Germán García Adrasti

La investigación dice que “2022 estuvo marcado por un contexto internacional adverso, sobre un escenario local recesivo, con alta inflación y desfavorable en materia de empleo que produjo la pérdida de ingresos y menor consumo de los hogares. Además, la poca mejoría respecto al año 2021 en el ámbito del empleo se debió al incremento de trabajos informales, a un subempleo inestable que empeora las condiciones del bienestar, de la salud, de los proyectos personales, desmejorando la mirada a las instituciones democráticas”.

Agrega que “desde 2010, las desigualdades sociales, económicas y laborales sitúan a las personas con mayor vulnerabilidad en franco deterioro de su bienestar. Así, en un panorama empobrecido, las personas continúan padeciendo carencias no sólo materiales, sino también en aquellas cuestiones subjetivas que hacen a las expectativas de un logro en mejoras de sus derechos a la salud plena, a la igualdad social y a un desarrollo humano que derrame por sus capacidades y habilidades”.

El malestar psicológico evalúa la sintomatología ansiosa y depresiva sin indicar patología o trastorno. Durante el periodo 2010-2022 observaron una tendencia relativamente constante de alrededor del 20%, con valores que fluctúan entre el 18,4 por ciento (2010) y 25,4% (2022).

“La última medición refleja el valor más elevado en la serie, incluso superando a lo reportado en 2020, año de mayores condicionantes negativos por el impacto de la pandemia por Covid”, dicen los investigadores. Explican que “el malestar psicológico aumenta a mayor vulnerabilidad socio-ocupacional: es mayor en el bajo marginal, y alcanza a alrededor de 4 de cada 10 adultos”.

El sentimiento de infelicidad implica sentirse poco o nada feliz, alcanza en promedio a 1 de cada 10 personas de zonas urbanas de Argentina y varía según la clase social. Es mayor en las clases bajas marginales (23,1%) y bajas integradas (14,9%). En este último estrato aumentó con respecto a 2021, al igual que en el sector medio profesional, donde el mismo sentimiento trepó del 7,7 al 11,3 por ciento.

El año de menor infelicidad en la clase media profesional fue 2017, cuando apenas el 3,9 por ciento se sentía de esa manera. De hecho, en esa época fue el sector más feliz de toda la población analizada en la serie 2010-2022.

En cuanto al déficit de proyectos personales, éste se manifiesta en 2 de cada 10 personas en la serie temporal medida. En 2022 arroja un 14,8% y representa un leve descenso respecto de 2021, año de salida de la pandemia. El déficit se acentúa en las clases bajas. En 2022, la falta de proyectos personales fue mayor en el estrato bajo marginal (23,5%).

Otro aspecto clave de la investigación es el estado de salud y los hábitos preventivos. El primero es el estado de salud percibido e identifica personas con problemas de salud y enfermedades crónicas o graves. Paradójicamente, durante los dos años más duros de la pandemia, el indicador alcanzó sus valores más bajos (13% aproximadamente en 2020 y 2021).

“Dicha situación podría explicarse por la prioridad conferida al Covid-19 en ese tiempo y por la baja en la prevalencia de enfermedades asociadas al contacto a partir de las medidas preventivas, entre otras posibles causas”, dicen los autores. En 2022 subió el porcentaje de personas con problemas de salud y enfermedades crónicas a un 14,7%.

Hay dos datos que sobresalen al analizar por grupos etarios el déficit del estado de salud percibido. A partir de los 60 años en adelante hubo un notorio incremento del porcentaje en 2022 con respecto a 2010. Entre los 60 y 75 años, el universo que manifiesta esa percepción negativa pasó del 15,2 al 30,9%. Y entre los mayores de 75 pasó del 10,9 al 36,5%.

En promedio, en 2010 uno de cada diez encuestados indicó no haber realizado una consulta médica a pesar de tener problemas de salud o enfermedades. En los últimos tres años fue un indicador sensible al contexto de la pandemia. En 2020, evidentemente producto de la cuarentena, el 39,9% de esa población no fue al médico y luego ese índice mejoró: alcanzó al 32,9% de los adultos en 2021 y al 17,1% en 2022. Sin embargo, el déficit no ha logrado llegar al valor prepandémico de 2019, cuando fue del 12,6%.

En el rubro que analiza la utilización del sistema público de salud, el indicador presentó su valor más bajo (25,8%) en 2020 y el más alto de la serie en 2022 (32,7%). Las clases bajas y marginales fueron los que más lo demandaron.

Menos del 10% de las personas de clase media profesional, en tanto, dijeron haber realizado la consulta médica en este subsector sanitario a lo largo de toda la serie. Sin embargo, hubo un incremento de la concurrencia entre 2021 y 2022 tanto en la clase media profesional como no profesional.

Democracia, Gobierno y Justicia

Por último, se analiza la percepción sobre el funcionamiento de la democracia y las instituciones. Ahí se observa un fuerte salto en la disconformidad con la democracia entre 2020 y 2022. En 2020, cuando la grieta se achicó por los tiempos más duros de la pandemia, ese sentimiento abarcaba al 32,2% de la clase baja y en 2022 pasó al 52,2%. Y en la clase media no profesional pasó del 37,2 al 48,3% por ciento. Los autores vinculan ese malestar a “la continuidad de las medidas de restricción a la circulación por la pandemia de Covid”.

En cuanto al déficit en la consideración del voto como factor de cambio, aproximadamente un tercio de la población dijo que el voto no funciona como una herramienta para cambiar la realidad social. Y los estratos más bajos reportan los niveles de rechazo más altos.

Con respecto a la confianza en el gobierno nacional, alcanzó su máximo histórico en 2020 con el 49,5% (con un pico de 62,2% en la clase baja), pero para 2022 sufrió una drástica caída en el nivel de apoyo por parte de la población, posicionándose en el segundo valor más bajo de la serie de 12 años (19,7%).

Alberto Fernández y Carla Vizzotti, en el acto en el CCK a tres años del primer caso de Covid en el país. Foto: TélamAlberto Fernández y Carla Vizzotti, en el acto en el CCK a tres años del primer caso de Covid en el país. Foto: Télam

En cuanto a la confianza en la Justicia, la misma fue variando con el paso de los años: en 2018, se registró el valor más bajo de la serie con solo el 7% de la población conforme; y en 2021 el valor más alto con el 25,8%. “Igualmente, el nivel de apoyo que recibe es bastante bajo, en 2010 dos de cada diez personas tenían confianza en la Justicia y para 2022, sólo una de cada diez (21,4% y 18,6% respectivamente)”, consideran los autores.

Por último, el estudio refleja un alto nivel de desconfianza de la gente en los partidos políticos. En 2022, sólo el 8,2% confiaba. Para finalizar, los investigadores reflexionan: “Desde la pospandemia, y bajo las constantes grietas coyunturales que preceden y se agudizan en los últimos años, se necesita un esfuerzo estratégico entre actores políticos y la población en su conjunto a los fines de construir una población con mayor capacidad de desarrollo”.

La muestra incluyó 5.760 casos por año en conglomerados de más de 80 mil habitantes, que incluyeron la Ciudad, el AMBA, Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Gran Mendoza; Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipolletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.

Sociedad

Licencia de conducir digital: estas son las personas que no podrán hacer el trámite online

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Dos distritos todavía exigen realizar la gestión de manera presencial, a pesar de los cambios implementados por el nuevo sistema nacional

Hasta el momento, 21 jurisdicciones de Argentina activaron la posibilidad de realizar renovaciones o ampliaciones de la licencia de conducir a través de medios digitales en forma plena, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), mientras que otra adhirió en forma parcial. Esta herramienta permite a los conductores gestionar su documentación sin necesidad de acercarse físicamente a un centro emisor.

Durante la primera jornada de aplicación, 19 de las 24 provincias del país ya se encontraban adheridas al sistema. En los días posteriores, varias más confirmaron su integración al SINALIC, llevando el total a 22. No obstante, dos distritos continuaron operando con el esquema anterior: Buenos Aires y Formosa.

Buenos Aires y Formosa son las únicas provincias que aún exigen que los trámites vinculados a la renovación de la licencia de conducir se realicen de forma presencial en los registros habilitados. Esto significa que los ciudadanos de esos territorios deben continuar con los mecanismos previos a la digitalización, sin acceso a la nueva modalidad remota.

Buenos Aires y Formosa siguenBuenos Aires y Formosa siguen exigiendo trámites presenciales para gestionar el carnet de conducir

Las autoridades porteñas explicaron que los exámenes psicofísicos pueden realizarse en 19 centros distribuidos por toda la ciudad. En esos espacios se lleva adelante la totalidad de los chequeos médicos requeridos en pocos minutos, utilizando equipamiento homologado. De esta forma, la Ciudad Autónoma mantiene un sistema paralelo, independiente del SINALIC.

Incorporación progresiva

La adhesión al nuevo esquema nacional fue progresiva. En un principio, la licencia digital sólo estaba disponible en 19 provincias, pero con el correr de los días se sumaron más jurisdicciones. Actualmente, las que forman parte del sistema son:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con adhesión parcial)
  • Santa Fe
  • Córdoba
  • Neuquén
  • Mendoza
  • Catamarca
  • Chaco
  • Salta
  • Jujuy
  • Santiago del Estero
  • Tucumán
  • Chubut
  • Corrientes
  • Misiones
  • La Rioja
  • Entre Ríos
  • San Luis
  • La Pampa
  • Tierra del Fuego
  • San Juan
  • Santa Cruz
  • Río Negro

Cada una de estas provincias permite a sus ciudadanos realizar la renovación o ampliación de su licencia de conducir nacional desde una computadora o dispositivo móvil, sin necesidad de asistir físicamente a una dependencia estatal.

Un caso destacado fue el de la provincia de Córdoba, que no sólo adhirió al sistema nacional, sino que también comenzó a compartir su información con el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAT). Además, Córdoba delegó facultades para la emisión de licencias profesionales de carácter interjurisdiccional, algo que nunca había hecho previamente, constituyendo un cambio relevante para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Cómo realizar el trámite

Para iniciar el proceso de renovación o ampliación en una provincia adherida, las personas deben ingresar al portal oficial del SINALIC: lncargentina.seguridadvial.gob.ar. Allí, el sistema solicita validar la identidad del usuario mediante el número de CUIL y la clave correspondiente a la aplicación Mi Argentina.

Si la persona aún no tiene creado su perfil en Mi Argentina, debe generarlo previamente. Esa cuenta almacena la documentación personal del ciudadano dentro de la plataforma de trámites oficiales del Estado.

Córdoba compartió por primera vezCórdoba compartió por primera vez sus antecedentes viales con el sistema nacional y delegó funciones clave

Una vez validada la identidad, el sistema permite seleccionar uno de los dos trámites posibles: renovación o ampliación de la licencia. En el caso de la renovación, se visualizan las categorías habilitadas por el carnet vigente. Al confirmar la operación, el usuario debe pagar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), necesario para continuar con el trámite. Este pago se realiza mediante un enlace directo al sitio correspondiente o a través de medios electrónicos habilitados en la plataforma.

El CENAT tiene una validez de 30 días, por lo que resulta fundamental obtener turno para el examen psicofísico dentro de ese plazo. El sistema impide avanzar si el certificado no fue abonado y registrado, aunque permite reanudar el trámite desde el punto donde se interrumpió, sin pérdida de datos.

Luego de pagar y validar el CENAT, el usuario accede al listado de profesionales homologados para realizar el examen psicofísico obligatorio, paso que puede cumplirse sin salir de la plataforma. Una vez completado y aprobado este examen, los resultados son cargados automáticamente por los prestadores habilitados.

La licencia digital se genera dentro de la app Mi Argentina. Quienes deseen obtener una versión física del documento deben solicitarla aparte, lo cual implica un costo adicional por la impresión. Esa opción queda a criterio del titular y no es obligatoria.

Limitaciones de alcance

Si bien el nuevo sistema representa una ampliación de las herramientas digitales en materia de tránsito, no incluye a todo el país. Buenos Aires y Formosa no adoptaron la normativa, y por el momento no hay un cronograma oficial que anticipe su incorporación.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación se limita a licencias profesionales, excluyendo a quienes conduzcan vehículos particulares. No obstante, el distrito dispone de su propio sistema de trámites en línea y de centros habilitados para realizar los exámenes correspondientes.

En este contexto, el avance hacia la digitalización del trámite de licencias muestra una fuerte dispersión territorial, con distintos grados de implementación según la provincia. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, persisten excepciones que limitan el alcance de la política.

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La Justicia ordenó levantar la clausura de todas la ferias que funcionan en La Salada

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Lo decidió el juez federal Luis Armella. La fiscal había pedido que se reabra la feria de Urkupiña con un plan de blanqueo

El juez federal Luis Armella ordenó hoy levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en el predio de La Salada, mientras continúa la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. En la resolución, a la que accedió Infobae, el magistrado determinó que la fiscal Cecilia Incardona deberá decidir el momento y las circunstancias de la reapertura.

Armella dispuso que que levante la clausura de las tres ferias que funcionan en la megaferia de La Salada: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.

La fiscal Cecilia Incardona, que llevó adelante la investigación durante dos años, había dictaminado a favor de levantar la clausura de la feria de Urkupiña, tal como adelantó este medio. Pero lo hizo con una serie de condiciones que apuntan al blanqueo general de la operación.

Fiscalización aleatoria semanal de la actividad del interventor y/o representante legal.

Inspecciones aleatorias de cada uno de los puestos de venta, mediante un sistema rotativo y sorpresivo.

Registración de cada uno de los comerciantes en la categoría fiscal que corresponda (monotributo, responsable inscripto, etc.). Control y exigencia de la facturación respectiva tanto de venta como de compra.

. Remisión de un informe semanal al Juzgado y a la Fiscalía de cada inconsistencia detectada y las medidas tomadas al respecto.

La feria de La Salada, un enorme complejo de más de seis mil puestos en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), había sido clausurada el 22 de mayo, tras una serie de allanamientos. Ese día fueron detenidos Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que cayó en su mansión de Luján, Aldo Presa, su histórico administrador, y varios de sus allegados. En cambio, Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, todavía continúa prófugo.

A partir de ese momento, los feriantes comenzaron a realizar cortes y protestas en la Municipalidad de Lomas de Zamora e incluso en la puerta de la Fiscalía que llevó adelante de la investigación. La presión finalmente desembocó en la reapertura dispuesta este viernes.

La investigación y las escuchas sobre toda la organización

Durante más de un año, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos. El empresario se cuidaba mucho al hablar por teléfono pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En las escuchas, autorizadas por la justicia federal, Castillo y sus familiares hablan de operaciones inmobiliarias, compra de armas, y hasta de viajes por el mundo.

Al momento de imputarlo, la fiscal Cecilia Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Emiratos Árabes y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.

Los preparativos comenzaron a mediados del año pasado. Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje a Emiratos Arabes y Maldivas para pasar el Fin de Año.

El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.

– Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.

– Nilda Arrieta: Sí ….

– NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas …. Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro… Casi 70.000 dólares.

-NA: ¿Qué es hotel nada más?

-NL: Hotel y aéreo

-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?

-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto…

-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?

-NL: SI, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..

Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad. Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.

Las llamadas a los teléfonos de la pareja revelaron, además, operaciones inmobiliarias, datos de cuentas bancarias y domicilios desconocidos. El 29 de abril de 2024, la mujer de Castillo se comunica con una inmobiliaria de Luján para alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en esa misma localidad. Y el 4 de mayo, la guardia del barrio le avisa a la mujer que había llegado una persona para reunirse con Castillo por la venta de un campo “de acá de Torres”.

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Aumentó la desocupación en CABA y ya afecta a 132.000 personas

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Según los datos oficiales, el 7,8% de la población activa busca trabajo, pero no lo encuentra. La cifra marca un leve aumento respecto al mismo periodo de 2024, cuando alcanzó el 7,5 por ciento

Durante el primer trimestre de 2025, la desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó el 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa a unas 132.000 personas sin empleo. Este porcentaje refleja un leve incremento en comparación con el mismo período de 2024, cuando la tasa de desocupación era del 7,5%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

El informe también destaca una marcada desigualdad de género en el acceso al empleo. La desocupación afecta al 7,1% de los hombres económicamente activos, mientras que entre las mujeres asciende al 8,6%. Esta brecha evidencia las barreras persistentes que enfrentan las mujeres en el mercado laboral porteño, lo que agrava las tensiones en un contexto de empleo ya frágil.

Otro indicador relevante es el aumento de la subocupación, que alcanzó el 8,7%, creciendo 1,2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe principalmente al componente no demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no buscan activamente ampliar su carga laboral. Este fenómeno refleja una precarización en las condiciones laborales, ya que muchas personas no logran acceder a empleos de tiempo completo o con mejores condiciones.

La calidad del empleo

En cuanto a la calidad del empleo, el informe revela que el 74,5% de la población ocupada es asalariada, un porcentaje que no ha variado respecto al año anterior. Sin embargo, dentro de este grupo, el 25,4% no recibe aportes jubilatorios, lo que pone de manifiesto un alto nivel de informalidad en el mercado laboral. Además, el 7,6% de quienes trabajan en unidades económicas lo hacen bajo condiciones contractuales precarias, como contratos temporales o por tiempo determinado, lo que limita su estabilidad laboral.

El 8,7% de los trabajadoresEl 8,7% de los trabajadores son subocupados en CABA

Por otro lado, el informe señala que los puestos de trabajo con duración de entre 35 y 45 horas semanales alcanzan el 45,4%, apenas por debajo del registro de un año atrás (46,1%). La misma dinámica tienen la población ocupada que declara trabajar más de 45 horas semanales, que incluye al 26,4% (era 27,3% en el primer trimestre de 2024).

Por otro lado, la proporción de trabajadores por cuenta propia se mantuvo en el 20,8%, sin cambios respecto al mismo período de 2024. Aunque este segmento no muestra crecimiento, tampoco ha logrado absorber la presión sobre el empleo formal, lo que contribuye a la persistencia de un escenario laboral frágil.

En síntesis, aunque los indicadores generales de actividad y empleo no presentan variaciones significativas y algunos indicadores a nivel macro se han “acomodado”, el aumento de la desocupación y la subocupación refleja un mercado laboral que sigue siendo vulnerable. Las desigualdades de género, los altos niveles de informalidad y la precarización de las condiciones laborales continúan siendo desafíos estructurales que afectan a miles de trabajadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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