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Sociedad

Las mil mentiras del estafador que decía ser hijo de desaparecidos: hasta inventó que su esposo murió en la Tragedia de Once

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Matías Ezequiel López se hizo pasar durante 10 años por Adrián Martínez Moreira. Engañó a víctimas de la dictadura, familiares, jueces y organismos del Estado. Los detalles de cómo operaba.

Quinientas sesenta y tres páginas tiene el fallo del procesamiento de la Justicia Federal contra Adrián Martínez Moreira, el misionero que se hizo pasar durante diez años por hijo de desaparecidos para llegar a víctimas reales y representarlas ante la Justicia para tramitar el cobro de indemnizaciones. Esas fojas sacan a la luz el relato “inverosímil y delirante” que Matías Ezequiel López -su nombre real- utilizaba para contar su historia y manipular a cada una de las personas a las que fue contactando para obtener beneficios económicos.

“Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación documentos públicos y asociación ilícita”, describe la carátula de la causa principal. Previo y durante todo ese accionar, el “timonel” de la banda integrada por otras cuatro personas, que operaba desde un estudio jurídico del barrio de Caballito, ideó una sarta de mentiras.

Inventar su pasado como hijo de desaparecidos durante la dictadura, hacerse llamar con otro nombre y lograr un nuevo DNI, liderar una fundación para llegar a víctimas reales y representarlas en juicios por crímenes de lesa humanidad, robar la firma de un importante abogado, modificar relatos para usarlos a su beneficio (entre ellos el de la icónica y fallecida Adriana Calvo que fue representada en la película ‘Argentina 1985’), dar entrevistas a medios nacionales para ganar credibilidad; y hasta llegar a decir que había perdido a su esposo en la Tragedia de Once para sacar provecho también de esa lastimosa mañana que quedó en la retina de todos los argentinos.

El fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº5 al que tuvo acceso Clarín hace un recuento de los procesos judiciales que componen la investigación compuesta por una docena de causas que se fueron acumulando y brindando detalles minuciosos de cómo Martínez Moreira cometió los ilícitos como cabecilla de la banda. Tenía a su cargo la coordinación integral de los engaños.

Martínez Moreira, el hombre que figura en su nuevo DNI; era el "timonel" de la asociación ilícita.Martínez Moreira, el hombre que figura en su nuevo DNI; era el “timonel” de la asociación ilícita.

La causa que hizo de atracción y que encabeza las actuaciones se inició en junio de 2016 a raíz de una denuncia formulada por el abogado Javier Adrián Garín, partícipe en varias causas de crímenes de lesa humanidad. El letrado advirtió que su firma y título profesional eran utilizados de forma apócrifa y sin su conocimiento por Martínez Moreira, presunto hijo de víctimas de la dictadura en el marco del Plan Cóndor, dando inicio a numerosos expedientes.

La conducta se habría perfeccionado con la impresión de sus firmas e insignias de abogado como patrocinante en diversos expedientes. Dichas rúbricas, según su denuncia, jamás habían sido labradas por él.

Contradenuncias era el método de defensa de Martínez Moreira. Así fue que acusó falsamente a Garín por exigirle sumas de dinero. También presentaron certificados médicos falsos para lograr que se declare la insania del abogado y hasta sucesos de violencia de género contra Leticia Concepción Gaete, otra integrante de la banda.

Para ese entonces, Martínez Moreira ya se había instalado en la sociedad como hijo de desaparecidos. Su relato había salido a la luz en 2013. Decía haber nacido el 15 de diciembre de 1986 en la provincia de Misiones, fruto de la relación de María Santa Moreira Delard y el paraguayo Adrián Martín Martínez Henríquez.

En resumidas cuentas, dijo que su padre era militante del Partido Comunista y había sido detenido en marzo de 1974 en Asunción durante la dictadura de Alfredo Stroessner en el marco del Plan Cóndor. Tras ser liberado, viajó a Argentina donde conoció a la mujer con la cual compartiría el resto de su vida, y que militaba en la Juventud Guevarista.

Según la versión de Martínez Moreira, sus padres habían sido víctimas del Plan Cóndor y luego desaparecieron al regresara a Paraguay.Según la versión de Martínez Moreira, sus padres habían sido víctimas del Plan Cóndor y luego desaparecieron al regresara a Paraguay.

Y señaló que después de algunos intentos de secuestro sufridos en Buenos Aires, sus padres volvieron a Paraguay. “Se quedaron hasta 1988, cuando fueron secuestrados por la dictadura stronista y actualmente están desaparecidos“, declaró. Fue entonces que dijo que fue apropiado por Héctor Jorge López, alias Philips y que -según su testimonio- “participaba de los secuestros de militantes”, una denuncia que nunca llegó a probarse.

De los Informes elaborados por la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE) y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se estableció que el relato era “inverosímil”. Y se puntualizó que no había elementos que acrediten la existencia de los nombres de sus padres como víctimas de la dictadura argentina o paraguaya ni tampoco antecedentes de López como represor. Del informe pericial surgió que Matías padecía un diagnóstico de “psicosis paranoide”.

Lo que pretendía Martínez Moreira era que se declare la ausencia por “desaparición forzada” de sus supuestos padres. Y fue ganando terreno cuando un juez le concedió hacerse de esa nueva identidad en 2014.

Para lograr su cometido, llegó a presentar un certificado de constancia de legajo de María Santa Moreira Delard y de Adrián Martín Martínez Henríquez como supuestos progenitores, y hasta un certificado médico emitido por el Hospital Argerich. También usó la palabra de varios testigos, integrantes de “H.I.J.O.S. Paraguay”, para darle curso a su plan. Con parte de ello, logró inducir al error al Juzgado Civil N° 85.

“H.I.J.O.S. Paraguay” era una organización que había montado previamente el ahora acusado, a través de la cual producía documentos con información falsa. Asimismo estableció un supuesto estudio jurídico en el que una persona se hacía pasar por Javier Garín y que era socio de Martínez Moreira.

Esa persona se llamaba Omar García, una especie de representante y también procesado. Tenían como fin asesorar y ocuparse de la obtención de las reparaciones a las víctimas y familiares de la última dictadura en Argentina.

Juntos, formaron un grupo en Facebook llamado “Comisión Nacional y Popular de Abogados de Leyes Reparatorias”. Y hasta llegaron a hostigar a quienes comenzaban a sospechar e indagar al respecto del accionar de la entidad.

Una testigo de identidad reservada, mencionada en el expediente, remarcó el poder de credibilidad con el que se manejaba este grupo. Llegó a contar que le creía a Martínez Moreira porque tenía acceso a diversas causas judiciales y era el administrador de distintos grupos de WhatsApp donde había familiares y sobrevivientes de la dictadura. Incluso, recibió un mail de una supuesta víctima. Pero era Martínez Moreira quien se hacía pasar por ella.

La operatoria llevada a cabo por este grupo de personas consistía, por un lado, en hacerse pasar por víctimas de la dictadura, y solicitar en nombre propio o por sus supuestos familiares los beneficios contemplados en las leyes de reparación, pretendiendo así defraudar a la administración pública.

Se iniciaron múltiples expedientes judiciales para inducir a error a las Fiscalías y Juzgados con el fin de que dictaminaran o resolvieran favorablemente sus pretensiones. Trámites por sucesiones, acciones por daños y perjuicios y amparos por mora, eran algunos de los reclamos a través de los cuales se pretendía el cobro de honorarios profesionales o reparaciones económicas.

Deambulando por ese mar de irregularidades, la primera causa contra el líder de la banda se conoció en septiembre de 2014, cuando Carlos Lordkipanidse -presidente de la Asociación de ex detenidos desaparecidos- lo denunció por falsificar una declaración de Adriana Calvo de Laborde, la mujer que formaba parte de la AEDD y trascendió por su desgarrador testimonio en el Juicio a las Juntas, el cual apareció en la reciente película “Argentina, 1985”.

Adriana Calvo de Laborde dio su testimonio en mayo de 1985 en el Juicio a la Juntas.Adriana Calvo de Laborde dio su testimonio en mayo de 1985 en el Juicio a la Juntas.

Lo que hizo Martínez Moreira fue hacer circular un documento presuntamente firmado ante autoridades alemanas por Adriana Calvo, en 1999. Decía que dos de sus tíos habían estado junto a ella en el centro clandestino de El Pozo de Banfield. Pero la AEDD aclaró que su referente -fallecida en 2010- “jamás declaró ni firmó absolutamente nada frente a las autoridades alemanas”.

Según detalló Lordkipanidse, Martínez Moreira fue a pedir fotocopias a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e introdujo el testimonio falso, agregando como damnificado a quien dijo ser su tío para cobrar la reparación económica.

Fuente de la investigación le confirmaron a Clarín que “nunca existió el contenido” de esa declaración, la cual Martínez Moreira divulgó a través de “una carta manuscrita que inventó por completo“.

El “vínculo” con la Tragedia de Once

En otro de sus múltiples expedientes, Martínez Moreira pretendió simular ser damnificado de la denominada Tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012 por ser presuntamente viudo de una víctima ,y de ese modo, obtener beneficios económicos.

Solicitó que se ordene al Registro Nacional de las Personas “que incluya el apellido de Pablo Fernando Zanotti” a su DNI. Y exigió el otorgamiento de la pensión por viudez.

Pablo fue uno de los 51 muertos por la Tragedia de Once. Le gustaba el arte, la comedia musical y estudiaba para ser actor. En ese entonces, era empleado de una empresa y días antes a ese fatal 22 de febrero comenzó a ingresar más temprano a su trabajo a pedido de su jefe. Por eso, se había tomado el tren que llegaría a la estación a las 8.33.

En una entrevista en Página 12, Martínez Moreira dijo que se habían casado “en un evento semiclandestino, en Misiones”. Y hasta en su perfil de Facebook se hacía llamar como Adrián Martínez Moreira de Zanotti.

“No importa si sus padres o su hermano aceptaban nuestro amor; o si en nuestros respectivos lugares de trabajo y estudio no sabían que estábamos casados… Importa que nos amamos 10 años; que nos casamos…”, era una de las frases escritas en sus redes, según refleja el expediente. Pero se determinó que Zanotti no fue ni cónyuge ni pareja.

La historia de Martínez Moreira adquirió carácter público cuando contó su relato como hijo de desaparecidos en una nota publicada en agosto de 2012 en el diario Página 12 que fue titulada “Historia de un hijo del Cóndor”. Al año siguiente, su imagen volvió a aparecer en el suplemento LGBT “Soy” con el título “Orgullo y memoria”. En esa oportunidad, no sólo habló de su experiencia como persona gay que había sufrido abusos sexuales, sino que afirmó había contraído casamiento con Pablo Zanotti, luego de la aprobación del matrimonio igualitario.

En ese artículo, dijo que Zanotti -con quien se había conocido en la secundaria- se mudó a vivir con él en su departamento de Balvanera y que se habían casado en Misiones.

Adrián Martínez Moreira en Página 12.Adrián Martínez Moreira en Página 12.

Un estudio pericial del Cuerpo Médico de la Justicia Nacional, realizado en julio de 2021, refirió que Martínez Moreira presentaba una “marcada tendencia a la manipulación, a la simulación y el ocultamiento de contenidos”.

La semana pasada, el Juzgado Federal Nº5 de la Ciudad, a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti, lo procesó sin prisión preventiva por considerarlo prima facie penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador en más de 60 hechos. Parte de su estrategia de defensa es insistir con que su historia es cierta.​

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Once días atado, racismo y un dedo amputado: el brutal secuestro que reveló un nuevo perfil criminal en la Argentina

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Ariel Strajman tenía 27 años cuando fue raptado mientras entraba al garaje de su edificio en Villa Urquiza. Su caso marcó un cambio del mapa delictivo: bandas sin prontuario, de jóvenes de barrios acomodados con una crueldad metódica. A más de veinte años, su historia sigue siendo un espejo incómodo de la violencia de aquellos años. El encuentro a solas con él a la distancia

“Si a Maradona le cortaron las piernas en el Mundial de Estados Unidos, a mí me arrancaron el corazón, la mente, todo”, me confió en la única entrevista que dio Ariel Strajman, sentado en el living del departamento de su familia en Villa Urquiza, casi un par de años después de que una banda improvisada pero feroz lo secuestrara y le amputara el dedo meñique de su mano derecha para cobrar el rescate.

Estaba triste, pero firme y con mucha bronca acumulada: “Pedí pena de muerte y al cabecilla le dieron 22 años. ¿Qué diferencia, no? Estas cosas incentivan para irse del país. Después de saber el veredicto quedé arruinado. Me cortaron un dedo y me anunciaron que después venía la mano. Y que me despedazarían lentamente, mientras me llamaban ‘judío de mierda’ y se reían. Después me quemaron el pecho y los labios con encendedores y me colocaban jamón en la boca y me daban alcohol para emborracharme. Estaba atado de pies y manos, me dieron pastillas de Lexotanil para dormir. En el juicio aseguraron que no hicieron nada de eso. Y Adrián Sommaruga se solidarizó con mi familia en el debate oral. Ahí me paré y me fui a la mierda, para no armar un quilombo y terminar preso yo. Sentí que en ese fallo se me fue la vida y el futuro”.

Alberto Sommaruga, el mayor de los integrantes de la familia de secuestradores

Las frases no fueron en caliente, sino en una charla en la que intentó poner en palabras el hueco que dejó aquel rapto que lo convirtió, sin quererlo, en símbolo de una época de violencia social contenida. Su historia, como la de tantos otros secuestros exprés de comienzos de los 2000, mezcló juventud, impunidad y un nivel de planificación que asombró incluso a los investigadores más experimentados, más allá de los errores garrafales que los delincuentes cometieron.

Transcurría 2002, la crisis económica había mutado en algo más peligroso: una crisis moral. Mientras el país intentaba recuperar cierta normalidad, en el conurbano bonaerense germinaban bandas improvisadas, sin prontuario, formadas por patovicas, empleados y estudiantes universitarios que vieron en el secuestro un negocio rápido. La de Ariel fue una de las más insólitas: sus captores eran jóvenes, de barrios acomodados de la ciudad de Buenos Aires, con autos importados y la misma torpeza que violencia.

Ocurrió el 16 de octubre de ese año. Strajman, de 27 años, empresario, hijo de joyero, llegaba a su departamento. Fue interceptado por un grupo armado que lo subió a un auto y lo trasladó hasta una casa cercana ubicada en la calle Holmberg, que luego se comprobó era de la familia Sommaruga, de donde provenían la mayoría de los componentes de la banda. A patadas y empujones le hicieron bajar una escalera resbalando en cada peldaño hasta un sótano donde lo ataron tan fuerte que apenas podía respirar.

Lo encadenaron de pies y manos. Después lo llevaron a otra vivienda en el Complejo La Josefina, en la esquina de Tulipanes y Las Glicinas en la ciudad de Pilar, lugar donde lo mantuvieron encerrado y lograron cobrar un primer rescate, algo así como mil dólares, seiscientos pesos y alhajas. Y como les salió bien intentaron pedir más dinero.

Pablo Sommaruga, otro de losPablo Sommaruga, otro de los integrantes condenados de la banda (NA)

Durante los días siguientes, lo golpearon, lo humillaron y, para demostrarle a su familia que hablaban en serio, le cortaron el dedo meñique de la mano derecha. Esa imagen dentro de una bolsa la recibió su familia exigiendo un rescate de 30 mil dólares, y luego recorrió oficinas policiales, redacciones y despachos judiciales. Era el símbolo de una crueldad que ya no tenía fronteras de clase. “Esto que vas a sufrir no se compara ni con el Holocausto”, lo torturaban.

Las llamadas eran constantes, con tono burlón y precisión militar. Algunos trabajaban como patovicas en boliches de la zona norte, otros estudiaban carreras universitarias. Su presunto líder, Pablo Sommaruga, había sido custodio en locales nocturnos y mantenía contactos con el ambiente del fisicoculturismo. Los investigadores descubrieron que no se trataba de una banda común: no había delincuentes históricos, sino una mezcla de soberbia y amateurismo que, en conjunto, resultó devastadora.

El secuestro duró once días. Ariel fue liberado tras el pago de un rescate parcial y un operativo encubierto de la Policía Federal. Llegó al hospital deshidratado, con el cuerpo lleno de hematomas y la mano. “No sé cómo voy a volver a dormir”, reflexionó mirando al piso. Los médicos le explicaron que el dedo no se podía reimplantar, tampoco la vida anterior.

La investigación fue un rompecabezas. Los secuestradores habían dejado rastros en los teléfonos, en las cabinas y hasta en los billetes del rescate. Cayeron uno a uno. Cuando se conocieron sus identidades, la sorpresa fue general: jóvenes de entre 25 y 35 años, sin antecedentes, con buen aspecto y vínculos sociales. Los medios los bautizaron como “La banda de los patovicas”, aunque en el expediente figuran como una “asociación ilícita dedicada al secuestro extorsivo”.

Venían cometiendo delitos en la zona aledaña de Saavedra y Villa Urquiza. Pero la sensación de impunidad con que se movían los llevó a cometer errores, algunos garrafales, como utilizar el mismo teléfono para hacer las llamadas para pedir las sumas de los rescates, por lo que rápidamente se identificó el número de un celular, a través del cual se obtuvieron los datos del titular de la línea.

Ariel Strajman junto a suAriel Strajman junto a su padre a la salida de los tribunales de Comodoro Py donde se realizó el juicio (NA)

De esa forma sencilla la policía llegó a la casa de la calle Holmberg donde al principio tuvieron a Strajman. Atendió María Esther Gottig, esposa de Alberto Juan Sommaruga, propietarios de la vivienda y reconoció que el teléfono le pertenecía. Pero la embarró más aún cuando intentó aclarar y mencionó que su hijo lo utilizaba para “trabajar”. Terminó detenida junto a su marido y sus hijos, Adrián y Pablo, y el resto de los sospechosos, uno de ellos llamado Diego Sibio –hijo solo de Gottig- y otros que no pertenecían a la familia.

La policía ordenó cuidadosos allanamientos. Uno fue clave para llegar a la vivienda de Pilar y poder liberar a Ariel Strajman. En otros pudieron secuestrar dos pistolas calibre nueve milímetros, otra 11.25, un revólver Magnum 357, un 32 con numeración adulterada y una ametralladora Mini Uzi automática de fabricación israelí.

Todos fueron imputados desde el comienzo por los delitos de “secuestro extorsivo, asociación ilícita, tormentos, con el agravante de odio racial, lesiones gravísimas, uso de documento de identidad falsificado y tenencia ilegal de armas de guerra”. María Esther Gottig fue alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza y los hombres en el penal de Villa Devoto. Dos años más tarde, la última semana de setiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal Nº 1 que por entonces estaba integrado por Mario Gustavo Costa, Martín Federico y Jorge Gettas dictó sentencia: 22 años de prisión para Adrián Sommaruga; 16 para su hermano Pablo; 14 para Osvaldo Keroa; seis para María Esther Gottig; cinco para Alberto Sommaruga y Diego Sibio; y tres para Nicolás Barlaro.

Durante el juicio, el contraste entre la víctima y los acusados fue brutal. Ariel, de traje oscuro y voz temblorosa, describía las noches sin luz, los insultos, el dolor. Del otro lado, los imputados se mostraban serenos, casi altivos. En sus declaraciones, ninguno mostró arrepentimiento real.

La justicia los calificó como una organización “que actuó con extrema frialdad y desprecio por la vida humana”. El caso fue emblemático porque marcó un cambio en el mapa criminal argentino. Ya no eran bandas marginales las que secuestraban, sino grupos con educación, contactos y ambición económica. Los investigadores compararon su estructura y su método con aquellos secuestros familiares de los ochenta que habían conmocionado a la sociedad, aunque esta vez sin la solemnidad de un clan ni la mística de un apellido como el de los Puccio, por ejemplo. Era el reflejo de un tiempo en el que todo parecía posible, incluso lo impensado.

Para Ariel las noches seguían siendo un campo minado. En 2020, el apellido Sommaruga volvió a escena: Pablo, con la condena ya cumplida por el secuestro de Strajman, vivió un acto de agresión mientras gozaba de salidas transitorias de la Unidad 14 de Esquel en una causa por portación de armas. Sucedió en las inmediaciones del barrio Vepam cuando vecinos lo increparon y lo golpearon.

En ámbitos judiciales los fiscales aún recuerdan la causa como una de las más complejas de la década. No por su extensión, sino por su impacto emocional. “Ariel fue un testigo de excepción —dijo uno de ellos años después—. No solo narró su cautiverio, también nos obligó a mirar de frente una forma nueva de criminalidad”. El secuestro de Strajman se convirtió en un espejo difícil de mirar donde podía verse el sadismo más cruel.

Él mismo aceptó que no busca revancha, sino olvido. “No odio, pero no quiero ni recordarles la cara”. Y aunque los nombres de sus captores ya forman parte de un archivo judicial, el trauma persiste en él como una sombra imposible de soslayar.

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Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados

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El grupo de jóvenes de Bell Ville difundió el video a través de la cuenta de Instagram de la promoción. Allí, uno de ellos aparece con un vestido estampado roto y el cuerpo pintado con manchas rojas

Un grupo de estudiantes del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267 de la localidad de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, protagonizó un repudiable hecho durante su viaje de egresados, cuando uno de ellos fue grabado usando un disfraz en el que simulaba ser una víctima de abuso sexual. El video, difundido inicialmente en la cuenta de Instagram de la promoción, se viralizó y provocó un fuerte rechazo social por trivializar el tema.

Según informó el medio local El Doce, la rápida difusión del video motivó pedidos de sanción y un fuerte repudio por parte de la comunidad educativa y de la sociedad en general.

En el mensaje, los alumnos reconocieron: “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”.

El comunicado de la otraEl comunicado de la otra división de la IPET 267 de Bell Ville, Córdoba

En sus palabras, los estudiantes afirmaron: “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido”.

El texto de este segundo comunicado profundizó en la reflexión sobre el contexto social y la responsabilidad individual, al señalar: “La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”.

Por último, solicitaron la intervención de las autoridades escolares para que se tomen medidas concretas. “Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación”, concluyeron.

Esta no es la primera vez en el año que un grupo de alumnos de una escuela que estaba en medio de su viaje de egresados en Bariloche queda envuelto en un hecho polémico. A finales de septiembre, unos estudiantes de una escuela de Canning fueron filmados mientras realizaban cánticos antisemitas.

Hoy quemamos judíos”, era la frase que se repetía en el micro y que se puede escuchar en el video que se viralizó en las últimas horas. En las imágenes difundidas, se puede ver cómo un hombre, que sería el encargado del grupo, se sumó a los cánticos que generaron rechazo en las redes sociales.

De acuerdo con lo que se conoció hasta el momento, las imágenes datan del pasado 10 de septiembre, cuando en Bariloche estaban los alumnos de la Escuela Humanos de Canning.

Repudio de la Escuela Humanos tras cantos antisemitas en viaje de egresados

En ese marco, la propia institución educativa sacó un comunicado haciendo alusión a lo ocurrido. Allí señalaron que “la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”.

“De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”, continúa el escrito.

Y cierra: “Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática. Se adoptarán las medidas correspondientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva”.

En sus redes sociales, la escuela destaca que desde 2019 lleva el título de Embajadores Mundiales de la Paz. Esta distinción fue entregada por la agrupación Mil Milenios de Paz en un acto que se realizó en el Senado de la Nación.

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Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones tras la falla en el vuelo con destino a Córdoba

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La compañía investiga, junto al fabricante CFM y a otras aerolíneas de la región, el origen del desperfecto en uno de los motores del Boeing 737-800 que debió aterrizar en Ezeiza de emergencia

Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la suspensión preventiva de las operaciones de ocho aeronaves Boeing 737-800 equipadas con motores fabricados por CFM, tras la falla registrada en el vuelo AR1526 que partió ayer desde Aeroparque con destino a Córdoba. “El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, informaron.

Como informó este medio, el vuelo AR1526 presentó una falla técnica en uno de sus motores poco después de iniciar el despegue. La tripulación siguió los procedimientos de seguridad y dirigió la aeronave al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes. “Los pasajeros desembarcaron con total normalidad”, señaló la línea aérea.

El avión con destino aEl avión con destino a Córdoba debió aterrizar en Ezeiza

La compañía informó que el mantenimiento de todos sus motores “tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por los fabricantes”. Sin embargo, reconoció que “este es el cuarto suceso registrado en el último año con un mismo tipo de motor”.

También pidió la evaluación de otras aerolíneas de la región que operan con la misma motorización y “tuvieron sucesos similares”. Además, notificó a las autoridades regulatorias locales, con las que trabaja “para fijar un criterio de resolución”.

“Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de criterios de altísima exigencia”, subrayó la empresa. “El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, aclaró el texto oficial.

El incidente del miércoles afectó a más de 160 pasajeros del vuelo AR1526 de Aerolíneas Argentinas, que habían despegado ayer por la mañana del Aeroparque Jorge Newbery, en CABA, con destino a la ciudad de Córdoba. Allí, un motor del avión sufrió una falla y debió modificar su ruta inicial hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes.

Aerolíneas ArgentinasAerolíneas Argentinas

Como consecuencia del hecho, la terminal aérea metropolitana permaneció cerrada durante algunas horas, hasta que, pasadas las 11.30, reabrió sus puertas y reanudó sus actividades habituales. No obstante, algunos vuelos programados para esta jornada registraron demoras y reprogramaciones menores.

Fuentes de la aerolínea señalaron que “el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido”. Tras la inspección de pista, el fabricante fue informado sobre la incidencia con el objetivo de determinar el origen de la falla.

El Boeing 737-800 fue liberado luego de que los operarios completaron las tareas de revisión y limpieza en la pista. La empresa precisó que la medida preventiva no implica la cancelación de rutas, pero sí “una reorganización temporal de la programación de vuelos mientras duren las verificaciones técnicas”.

Aerolíneas indicó que continúa en contacto con el equipo técnico del fabricante CFM y con las autoridades aeronáuticas locales e internacionales “para definir los pasos a seguir antes de reincorporar las aeronaves al servicio”.

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