Sociedad
Incendios en el Delta: por primera vez llegan a juicio dos causas por quemas intencionales y hay seis acusados
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Los imputados son apicultores de Entre Ríos que provocaron llamas que arrasaron con 7.500 hectáreas de pastizales. Serán juzgados por la Justicia Federal.
En septiembre pasado, los medios argentinos mostraron las impactantes imágenes de humo y fuego tapando miles de hectáreas del país. En línea con la estadística internacional, el 95% eran focos generados por humanos, en su mayoría de manera intencional. A diez meses de esos episodios y por primera vez en la historia de la Justicia federal, se elevarán a juicio dos causas por incendios intencionales. En este caso, del Delta.
El ítem “incendios” está apagado. No brilla en las noticias porque no hay humo (tan evidentemente) a la vista. Sin embargo, como se verá, hay.
Las preguntas que empujan este informe son si, 1) hay personas procesadas, o en qué quedaron las investigaciones por los incendios intencionales de Entre Ríos, que son de los que más preocuparon a fines de 2022, y 2), si algo evitará que esta primavera-verano incendios en Entre Ríos, Corrientes, en Córdoba o en el resto de del país generen, otra vez, desmadres ambientales.

No es fácil combinar los dichos de los distintos actores responsables de la prevención e investigación de los incendios.
Los funcionarios se culpan entre sí o a la Justicia. Sobresalen diferencias (obvias e insalvables) entre los ámbitos provincial y nacional. En la Justicia, se culpa a la gestión política y a otros actores del entorno propio. La discusión por la competencia (a quién le toca hacer qué) parece llevarse tiempo y esfuerzo preciados.
Incendios intencionales, a juicio federal
“Primera causa por incendios intencionales elevada a juicio… ¿será el inicio de la solución?”, reflexionó una fuente judicial que pidió anonimato.
En tanto el Código Penal tiene alcance nacional, la pena, sea un juicio provincial o federal, es la misma. En este caso, será “estrago doloso”. Sin embargo, aunque podrían parecer iguales, la trascendencia que otorga el fuero federal (en comparación al provincial) es el impacto mediático.
Y cabe aclarar que la diferencia entre un tipo de juicio y otro tiene que ver con la competencia: si el hecho (el incendio, en estos casos) traspasó los límites interprovinciales, va a parar al fuero federal.
Ahora bien, ¿es realmente la primera vez que un incendio intencional se eleva a un juicio de este tipo?
No es fácil hallar un cerebro enciclopédico ideal, pero fuentes de la Cámara Federal de Casación Penal confirmaron que el único antecedente comparable del que se tenga por ahora noticia es el juicio por el atentado a la fábrica militar de Río Tercero (Córdoba), ocurrido en 1995.
La pena para quienes causaron incendios
Como ahora, entonces se aplicó el artículo 186 del Código Penal, que prevé penas para “el que causare incendio, explosión o inundación”.
Por haber causado la muerte de 7 personas, dañado a más de 300 y generado problemas de salud mental de la mayoría de la población circundante, a los acusados por las explosiones en Río Tercero les pesó el inciso 5° del artículo 186, o sea, penas de 8 a 20 años de prisión.
En cambio, al no haber víctimas fatales, los eventuales responsables de los incendios del Delta tendrán una pena de 3 a 10 años (excarcelable, en el caso de recibir el mínimo), siguiendo el inciso 1°, que castiga a quienes pongan bienes en peligro.
Ahora bien, ¿qué tal si esos bienes tienen valor un ecológico inconmensurable, como es el caso de los humedales?
Funcionarios y fuentes judiciales que insistentemente piden no ser nombrados subrayan las carencias del marco regulatorio argentino. Si bien tuvo actualizaciones, el Código Penal fue escrito a comienzos del siglo XX y, dicen todos, se necesita una actualización que tipifique figuras delictivas relacionadas, en concreto, al daño ambiental.
El apicultor que dio el mal paso
Mientras tanto, un par de albañiles que tienen como changa extra oficiar de apicultores, instalan unos cajones con colmenas en algunas de las muchas tierras fiscales no cedidas a nadie en el Delta, o mismo en territorios privados abandonados. Reténgalos en la cabeza.

Sean del Estado o de un privado, se trata de tierras vacías, justamente por el temor generalizado a los incendios, que insisten hace años, “casi sin importar la estación, producto de la sequía inédita que provocó la bajante histórica del río Paraná en 2020”, apuntó Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Así, poblaciones que antes lidiaban con inundaciones, ahora se adaptan a vivir en un ambiente seco. Las malezas y montes que antes quemaban como práctica usual para impulsar el reverdecimiento del terreno, se volvieron, por la sequía, un peligroso material combustible.
Por estas razones, muchos eligen desentenderse de los terrenos que adueñan, abandonarlos, para no quedar “pegados” al fuego impredeciblemente desmadrado.
El Estado es también uno de esos “dueños” desentendidos, aseguró una alta fuente judicial.
Un dramático absurdo
Volvamos a los albañiles apicultores. Estamos en 2022 y cometen una torpeza galáctica: se enteran, quizás mirando la televisión, de que hay grandes incendios no tan lejos de sus colmenas.
Para salvar la producción, deciden despejar la zona de ese “material combustible” comentado arriba (pastizales, monte seco), de modo que prenden fuego la zona aledaña a sus abejas.
“El viento sopla para el otro lado”, calcularon.

Pero rotó. Lo que era un foco controlado, se volvió incendio. En un caso, la quema habría alcanzado unas 6.000 hectáreas. En el otro, 1.500 metros circunferenciales, pudo averiguar Clarín.
Los procesados del Delta
Hay seis personas procesadas, sumando las dos causas, que se vienen tramitando en el Juzgado Federal de Victoria.
Una ya fue elevada a juicio oral y alude a una quema en la zona del arroyo El Tigre, en las Islas Lechiguanas, departamento de Gualeguay, frente a San Pedro-Ramallo.
La otra será elevada a juicio este año. Se refiere a una quema a la vera del arroyo Los Laureles, y terminó prendiendo fuego una isla que todos llaman “Del holandés”, en el departamento de Victoria, frente a Villa Constitución.
El holandés es el dueño. Según fuentes locales, el hombre volvió a Europa y dejó el terreno al mando de su casero. El casero permitió a algunos apicultores instalar su producción. Los apicultores confiaron en el viento. El viento les jugó una mala pasada.
Otras causas importantes
Hay muchas historias parecidas en todo el país. Judicialmente, adoptan formas distintas y es un mapa en el que es muy fácil marearse.
Están los amparos ambientales de organizaciones civiles de cierta provincia que demandan al gobierno de la provincia de enfrente por el impacto del humo en su salud (esos van a parar a la Corte Suprema).
También hay causas de competencia federal que quedan a cargo del Ministerio Público Fiscal, por estar carataludadas como “NN”, ya que la ley estipula que si no hay imputados, o sea sospechosos identificados, quien debe investigar es el fiscal.
Además, muchas causas relacionadas a las quemas se dirimen en las justicias provinciales, que tienen características particulares (mayor o menor celeridad), según la provincia.
Para todos los casos se oyen generalidades y críticas que vuelan para todos lados, señalando la parsimonia ajena.
Una de las más escuchadas, que termine en la cárcel el empleado de turno que encendió el fósforo, pero no quien le pagó por hacerlo.
Justicia vs. Gobierno
Ciertas fuentes del ámbito judicial opinan que las autoridades nacionales no previenen lo suficiente y que no hay “actuaciones” cuando se generan los incendios.
En el Ministerio de Ambiente destacaron como un rasgo positivo que el área de manejo de fuego pasara a su esfera en esta gestión presidencial. Hay quienes (al revés) creen que haberle quitado esa área al Ministerio de Seguridad, generó consecuencias adversas en la celeridad de las “actuaciones”.
Federovisky, sin embargo, destacó que desarrollaron “un sistema de faros de detección que están en casi todas las áreas del territorio nacional con riesgo de incendio”.
“Vemos un gran avance en la política de detección y alerta temprana. Tenemos faros, drones en áreas de difícil acceso y todo esto nos permite tener una alerta temprana. Muchos focos que podrían ser incendios son atacados y no prosperan o se reduce la superficie quemada”, resaltó.
No se privó de criticar a la Justicia: “Con incendios tan violentos en el Delta del Paraná, desde 2020 al día de hoy no tenemos información de que haya avanzado ninguna investigación. Hemos llevado pruebas de las cámaras donde se ve con claridad dónde y cómo se inician los fuegos”.
“Presentamos fotos de terraplenes ilegales construidos en el Delta. Nada de esto tuvo respuesta de los jueces federales. No aspiramos a grandes condenas. La Justicia debe investigar”, señaló.
Corrientes, también en la mira
Una de las provincias que más preocupó en este último año fue Corrientes, sumida bajo el fuego en el verano de 2022, cuando “ocurrió un hecho inédito que generó la quema del 12% del territorio provincial”, describió Ditmar Kurtz, coordinador de Desarrollo e Investigación del INTA-Corrientes.
El tema, en menor medida, persiste. Según compartió, de enero a marzo de 2023 se registraron 166.702 hectáreas quemadas, que es el 1,87% de la cobertura provincial.
El 7% de esa quema fueron pastizales. El 88%, humedales (145.879 hectáreas). En los Esteros del Iberá, la superficie quemada llegó a 77.578 hectáreas.
Focos en marcha
Federovisky se alegró de compartir que “por primera vez en cuatro años, hace 20 días hay ausencia de reportes de incendios de las jurisdicciones. Es una fuerte novedad porque lo que estuvo marcado como paisaje característico de los últimos años fue el fuego, coincidentemente con la sequía instalada”.
Sin embargo, otra experta del INTA, la investigadora María de los Ángeles Fischer, del Instituto Clima y Agua, arrancó la charla con Clarín entrando en su computadora a un mapa actualizado a diario de la NASA. Explicó que “no serán tantos, acorde con la época del año, pero no es que no haya focos”.
Tras compartir estadísticas y mapas, aclaró: “En 2022, Corrientes presentó incendios por encima del máximo histórico de los últimos 20 años. Veo los focos de calor en el mapa. Fueron más de 12.000, concentrados en enero, febrero y marzo de ese año”.
En cuanto al Delta de Entre Ríos, concluyó, “tuvo 5.882. Esa cifra también está por encima del máximo histórico”.
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Sociedad
Licencia de conducir digital: estas son las personas que no podrán hacer el trámite online
Publicado
2 días atráson
13 junio, 2025Por
Admin
Dos distritos todavía exigen realizar la gestión de manera presencial, a pesar de los cambios implementados por el nuevo sistema nacional
Hasta el momento, 21 jurisdicciones de Argentina activaron la posibilidad de realizar renovaciones o ampliaciones de la licencia de conducir a través de medios digitales en forma plena, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), mientras que otra adhirió en forma parcial. Esta herramienta permite a los conductores gestionar su documentación sin necesidad de acercarse físicamente a un centro emisor.
Durante la primera jornada de aplicación, 19 de las 24 provincias del país ya se encontraban adheridas al sistema. En los días posteriores, varias más confirmaron su integración al SINALIC, llevando el total a 22. No obstante, dos distritos continuaron operando con el esquema anterior: Buenos Aires y Formosa.
Buenos Aires y Formosa son las únicas provincias que aún exigen que los trámites vinculados a la renovación de la licencia de conducir se realicen de forma presencial en los registros habilitados. Esto significa que los ciudadanos de esos territorios deben continuar con los mecanismos previos a la digitalización, sin acceso a la nueva modalidad remota.

Las autoridades porteñas explicaron que los exámenes psicofísicos pueden realizarse en 19 centros distribuidos por toda la ciudad. En esos espacios se lleva adelante la totalidad de los chequeos médicos requeridos en pocos minutos, utilizando equipamiento homologado. De esta forma, la Ciudad Autónoma mantiene un sistema paralelo, independiente del SINALIC.
Incorporación progresiva
La adhesión al nuevo esquema nacional fue progresiva. En un principio, la licencia digital sólo estaba disponible en 19 provincias, pero con el correr de los días se sumaron más jurisdicciones. Actualmente, las que forman parte del sistema son:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con adhesión parcial)
- Santa Fe
- Córdoba
- Neuquén
- Mendoza
- Catamarca
- Chaco
- Salta
- Jujuy
- Santiago del Estero
- Tucumán
- Chubut
- Corrientes
- Misiones
- La Rioja
- Entre Ríos
- San Luis
- La Pampa
- Tierra del Fuego
- San Juan
- Santa Cruz
- Río Negro
Cada una de estas provincias permite a sus ciudadanos realizar la renovación o ampliación de su licencia de conducir nacional desde una computadora o dispositivo móvil, sin necesidad de asistir físicamente a una dependencia estatal.
Un caso destacado fue el de la provincia de Córdoba, que no sólo adhirió al sistema nacional, sino que también comenzó a compartir su información con el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAT). Además, Córdoba delegó facultades para la emisión de licencias profesionales de carácter interjurisdiccional, algo que nunca había hecho previamente, constituyendo un cambio relevante para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Cómo realizar el trámite
Para iniciar el proceso de renovación o ampliación en una provincia adherida, las personas deben ingresar al portal oficial del SINALIC: lncargentina.seguridadvial.gob.ar. Allí, el sistema solicita validar la identidad del usuario mediante el número de CUIL y la clave correspondiente a la aplicación Mi Argentina.
Si la persona aún no tiene creado su perfil en Mi Argentina, debe generarlo previamente. Esa cuenta almacena la documentación personal del ciudadano dentro de la plataforma de trámites oficiales del Estado.

Una vez validada la identidad, el sistema permite seleccionar uno de los dos trámites posibles: renovación o ampliación de la licencia. En el caso de la renovación, se visualizan las categorías habilitadas por el carnet vigente. Al confirmar la operación, el usuario debe pagar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), necesario para continuar con el trámite. Este pago se realiza mediante un enlace directo al sitio correspondiente o a través de medios electrónicos habilitados en la plataforma.
El CENAT tiene una validez de 30 días, por lo que resulta fundamental obtener turno para el examen psicofísico dentro de ese plazo. El sistema impide avanzar si el certificado no fue abonado y registrado, aunque permite reanudar el trámite desde el punto donde se interrumpió, sin pérdida de datos.
Luego de pagar y validar el CENAT, el usuario accede al listado de profesionales homologados para realizar el examen psicofísico obligatorio, paso que puede cumplirse sin salir de la plataforma. Una vez completado y aprobado este examen, los resultados son cargados automáticamente por los prestadores habilitados.
La licencia digital se genera dentro de la app Mi Argentina. Quienes deseen obtener una versión física del documento deben solicitarla aparte, lo cual implica un costo adicional por la impresión. Esa opción queda a criterio del titular y no es obligatoria.
Limitaciones de alcance
Si bien el nuevo sistema representa una ampliación de las herramientas digitales en materia de tránsito, no incluye a todo el país. Buenos Aires y Formosa no adoptaron la normativa, y por el momento no hay un cronograma oficial que anticipe su incorporación.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación se limita a licencias profesionales, excluyendo a quienes conduzcan vehículos particulares. No obstante, el distrito dispone de su propio sistema de trámites en línea y de centros habilitados para realizar los exámenes correspondientes.
En este contexto, el avance hacia la digitalización del trámite de licencias muestra una fuerte dispersión territorial, con distintos grados de implementación según la provincia. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, persisten excepciones que limitan el alcance de la política.
Sociedad
La Justicia ordenó levantar la clausura de todas la ferias que funcionan en La Salada
Publicado
2 días atráson
13 junio, 2025Por
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Lo decidió el juez federal Luis Armella. La fiscal había pedido que se reabra la feria de Urkupiña con un plan de blanqueo
El juez federal Luis Armella ordenó hoy levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en el predio de La Salada, mientras continúa la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. En la resolución, a la que accedió Infobae, el magistrado determinó que la fiscal Cecilia Incardona deberá decidir el momento y las circunstancias de la reapertura.
Armella dispuso que que levante la clausura de las tres ferias que funcionan en la megaferia de La Salada: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.
La fiscal Cecilia Incardona, que llevó adelante la investigación durante dos años, había dictaminado a favor de levantar la clausura de la feria de Urkupiña, tal como adelantó este medio. Pero lo hizo con una serie de condiciones que apuntan al blanqueo general de la operación.
. Fiscalización aleatoria semanal de la actividad del interventor y/o representante legal.
. Inspecciones aleatorias de cada uno de los puestos de venta, mediante un sistema rotativo y sorpresivo.
. Registración de cada uno de los comerciantes en la categoría fiscal que corresponda (monotributo, responsable inscripto, etc.). Control y exigencia de la facturación respectiva tanto de venta como de compra.
. Remisión de un informe semanal al Juzgado y a la Fiscalía de cada inconsistencia detectada y las medidas tomadas al respecto.

La feria de La Salada, un enorme complejo de más de seis mil puestos en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), había sido clausurada el 22 de mayo, tras una serie de allanamientos. Ese día fueron detenidos Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que cayó en su mansión de Luján, Aldo Presa, su histórico administrador, y varios de sus allegados. En cambio, Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, todavía continúa prófugo.
A partir de ese momento, los feriantes comenzaron a realizar cortes y protestas en la Municipalidad de Lomas de Zamora e incluso en la puerta de la Fiscalía que llevó adelante de la investigación. La presión finalmente desembocó en la reapertura dispuesta este viernes.
La investigación y las escuchas sobre toda la organización
Durante más de un año, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos. El empresario se cuidaba mucho al hablar por teléfono pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En las escuchas, autorizadas por la justicia federal, Castillo y sus familiares hablan de operaciones inmobiliarias, compra de armas, y hasta de viajes por el mundo.
Al momento de imputarlo, la fiscal Cecilia Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Emiratos Árabes y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.

Los preparativos comenzaron a mediados del año pasado. Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje a Emiratos Arabes y Maldivas para pasar el Fin de Año.
El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.
– Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.
– Nilda Arrieta: Sí ….
– NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas …. Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro… Casi 70.000 dólares.
-NA: ¿Qué es hotel nada más?
-NL: Hotel y aéreo
-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?
-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto…
-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?
-NL: SI, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..
Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad. Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.
Las llamadas a los teléfonos de la pareja revelaron, además, operaciones inmobiliarias, datos de cuentas bancarias y domicilios desconocidos. El 29 de abril de 2024, la mujer de Castillo se comunica con una inmobiliaria de Luján para alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en esa misma localidad. Y el 4 de mayo, la guardia del barrio le avisa a la mujer que había llegado una persona para reunirse con Castillo por la venta de un campo “de acá de Torres”.
Sociedad
Aumentó la desocupación en CABA y ya afecta a 132.000 personas
Publicado
3 días atráson
12 junio, 2025Por
Admin
Según los datos oficiales, el 7,8% de la población activa busca trabajo, pero no lo encuentra. La cifra marca un leve aumento respecto al mismo periodo de 2024, cuando alcanzó el 7,5 por ciento
Durante el primer trimestre de 2025, la desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó el 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa a unas 132.000 personas sin empleo. Este porcentaje refleja un leve incremento en comparación con el mismo período de 2024, cuando la tasa de desocupación era del 7,5%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
El informe también destaca una marcada desigualdad de género en el acceso al empleo. La desocupación afecta al 7,1% de los hombres económicamente activos, mientras que entre las mujeres asciende al 8,6%. Esta brecha evidencia las barreras persistentes que enfrentan las mujeres en el mercado laboral porteño, lo que agrava las tensiones en un contexto de empleo ya frágil.
Otro indicador relevante es el aumento de la subocupación, que alcanzó el 8,7%, creciendo 1,2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe principalmente al componente no demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no buscan activamente ampliar su carga laboral. Este fenómeno refleja una precarización en las condiciones laborales, ya que muchas personas no logran acceder a empleos de tiempo completo o con mejores condiciones.
La calidad del empleo
En cuanto a la calidad del empleo, el informe revela que el 74,5% de la población ocupada es asalariada, un porcentaje que no ha variado respecto al año anterior. Sin embargo, dentro de este grupo, el 25,4% no recibe aportes jubilatorios, lo que pone de manifiesto un alto nivel de informalidad en el mercado laboral. Además, el 7,6% de quienes trabajan en unidades económicas lo hacen bajo condiciones contractuales precarias, como contratos temporales o por tiempo determinado, lo que limita su estabilidad laboral.

Por otro lado, el informe señala que los puestos de trabajo con duración de entre 35 y 45 horas semanales alcanzan el 45,4%, apenas por debajo del registro de un año atrás (46,1%). La misma dinámica tienen la población ocupada que declara trabajar más de 45 horas semanales, que incluye al 26,4% (era 27,3% en el primer trimestre de 2024).
Por otro lado, la proporción de trabajadores por cuenta propia se mantuvo en el 20,8%, sin cambios respecto al mismo período de 2024. Aunque este segmento no muestra crecimiento, tampoco ha logrado absorber la presión sobre el empleo formal, lo que contribuye a la persistencia de un escenario laboral frágil.
En síntesis, aunque los indicadores generales de actividad y empleo no presentan variaciones significativas y algunos indicadores a nivel macro se han “acomodado”, el aumento de la desocupación y la subocupación refleja un mercado laboral que sigue siendo vulnerable. Las desigualdades de género, los altos niveles de informalidad y la precarización de las condiciones laborales continúan siendo desafíos estructurales que afectan a miles de trabajadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


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