Emma Costa sufre déficit de crecimiento y necesita una terapia cuesta $ 300.000 cada inyección.
Emma tiene cinco años y en octubre del año pasado le diagnosticaron déficit de crecimiento: medía 93 centímetros y pesaba 12,8 kilos. La nena necesita un tratamiento que debe recibir antes de los seis años. Pero para poder iniciarlo, necesita alcanzar antes los 15 kilos. Y superar también otro desafío: el económico, porque su familia no cuenta con los recursos para afrontarlo.
La enfermedad corre, no hay nada que la frene y cada día es crucial. Daiana Costa es mamá soltera, pelea sola, junto con su otro hijo Francisco, para darle la mejor calidad de vida posible a Emma.
Su vida cambió rotundamente cuando en octubre Emmita tuvo un cuadro febril prolongado. Al principio no se sabía qué era, luego en el hospital le dijeron que tenía meningitis bacteriana producida por su propio cuerpo. “Se hicieron un montón de estudios y saltó que su curva de crecimiento estaba parada desde los dos añitos”, explicó la mujer a Clarín.
Emma tiene cinco años pero sus niveles de crecimiento se estancaron en los de una nena de dos.
“Yo los controles se los hice, pero el pediatra del pueblo por lo visto no se dio cuenta de que ella no crecía, no engordaba desde los dos años. Él me decía que era chiquitita como yo. Yo le decía que no crecía, que no comía mucho, y él me decía que era normal”, agregó.
La noticia cayó como un balde de agua fría en la familia, que vive en Pila. Los viajes a La Plata, a casi 150 kilómetros, se hicieron cotidianos y el costo del transporte pesaba cada vez más. “En febrero tomé la decisión de mudarme a la ciudad de La Plata sola, con los dos nenes, porque viajaba muchas veces a la semana por el tratamiento de Emma, empezaban las clases y era todo un desorden más que nada para mi hijo de 12 años”, relató.
Emma con su mamá y su hermano. Se mudaron de Pila a la La Plata por su tratamiento.
Cómo es la enfermedad y qué necesita Emma
La nena de cinco años tiene problemas hormonales, deficiencia en el cortisol y en la hormona de crecimiento. Lo más problemático para su cuadro es la dificultad para aumentar de peso. “Coma lo que coma, no engorda. Está haciendo un tratamiento muy exhaustivo con el nutricionista”, remarcó Daiana.
La terapia a la que se tiene que someter Emmita requiere de inyecciones periódicas de una dosis de hormonas. Para saber cuál ampolla debe aplicarse, Emma tiene que realizarse un estudio específico. Está ya cerca de alcanzar el peso de 15 kilos que se requiere para realizar esa práctica, pero su mamá tiene otro problema: le falta el dinero para financiar el tratamiento, una vez que esté bien definido.
“Me dijeron que cada ampolla cuesta 330.000 pesos, pero todo el tiempo varía el precio. Quisiera juntar mínimo tres meses de tratamiento para poder estar segura y que cuando me digan cuál le van a inyectar, ya tener la plata para comprarla”, agregó.
Actualmente, Daiana está sin trabajo y ella también con un problema de salud que le impide realizar mucho esfuerzo. Para poder pagar lo justo y necesario, vende ropa de manera particular. Pero no le alcanza. “Mi único sueldo es para sostener el alquiler, las expensas y hasta ahí. Vendí el lavarropas para poder pagar una deuda con la inmobiliaria. Literalmente, me está faltando un plato de comida, porque me estiro lo más que puedo para que Emma y Fran lo tengan. Yo, por lo general, ya no como”, contó.
Emma necesita alrededor de un millón de pesos sólo para poder arrancar el tratamiento. Por eso, Daiana abrió una cuenta bancaria comunitaria donde cada uno puede ayudar a su hija en esta lucha contra su enfermedad. “Cada cosa que junto lo pongo en un plazo fijo para que me genere interés. Con eso junto para las ampollas y los controles periódicos”, indicó.
“Antes de que cumplan los seis años tiene que empezar el tratamiento, porque si no va a quedar estéril y puede tener otros problemas de por vida. El déficit de crecimiento no solo es no crecer, no le crecen las pupilas, no se le desarrollan los cartílagos, los huesos, los órganos, no es algo fácil pero nadie lo entiende hasta que uno lo explica”, sentenció.
Para colaborar en la colecta es posible contactarse al Instagram de Daiana, @costasdaiana. O a través de la cuenta que abrió la mujer en el Banco Galicia: : alias ayudemos.a.emmita, DU 35244396, cuenta 4016083-0 373-6, CBU 0070373230004016083065 y CUIL 23352443964.
Ariel Strajman tenía 27 años cuando fue raptado mientras entraba al garaje de su edificio en Villa Urquiza. Su caso marcó un cambio del mapa delictivo: bandas sin prontuario, de jóvenes de barrios acomodados con una crueldad metódica. A más de veinte años, su historia sigue siendo un espejo incómodo de la violencia de aquellos años. El encuentro a solas con él a la distancia
“Si a Maradona le cortaron las piernas en el Mundial de Estados Unidos, a mí me arrancaron el corazón, la mente, todo”, me confió en la única entrevista que dio Ariel Strajman, sentado en el living del departamento de su familia en Villa Urquiza, casi un par de años después de que una banda improvisada pero feroz lo secuestrara y le amputara el dedo meñique de su mano derecha para cobrar el rescate.
Estaba quebrado, con los ojos vidriosos a causa de tanto sufrimiento, pero no se callaba, confesaba: “Todavía siento dolor y trato de no tener lugar para el odio. Intento recuperarme de todo lo que me hicieron estos tipos como puedo. No me olvido más, te juro. Volvía de laburar, eran las ocho y media de la noche cuando entré con el auto al garaje del edificio. Antes de que el portón se cerrara vi que dos tipos se metían. Me amenazaron con armas y empezaron a darme trompadas. Estoy seguro de que querían entrar a mi casa, pero había movimiento afuera en la calle. En venganza como se les frustró el plan de meterse en mi vivienda me metieron a patadas en el auto al grito de ‘perdiste, gil’”.
Estaba triste, pero firme y con mucha bronca acumulada: “Pedí pena de muerte y al cabecilla le dieron 22 años. ¿Qué diferencia, no? Estas cosas incentivan para irse del país. Después de saber el veredicto quedé arruinado. Me cortaron un dedo y me anunciaron que después venía la mano.Y que me despedazarían lentamente, mientras me llamaban ‘judío de mierda’ y se reían. Después me quemaron el pecho y los labios con encendedores y me colocaban jamón en la boca y me daban alcohol para emborracharme. Estaba atado de pies y manos, me dieron pastillas de Lexotanil para dormir. En el juicio aseguraron que no hicieron nada de eso. Y Adrián Sommaruga se solidarizó con mi familia en el debate oral. Ahí me paré y me fui a la mierda, para no armar un quilombo y terminar preso yo. Sentí que en ese fallo se me fue la vida y el futuro”.
Alberto Sommaruga, el mayor de los integrantes de la familia de secuestradores
Las frases no fueron en caliente, sino en una charla en la que intentó poner en palabras el hueco que dejó aquel rapto que lo convirtió, sin quererlo, en símbolo de una época de violencia social contenida. Su historia, como la de tantos otros secuestros exprés de comienzos de los 2000, mezcló juventud, impunidad y un nivel de planificación que asombró incluso a los investigadores más experimentados, más allá de los errores garrafales que los delincuentes cometieron.
Transcurría 2002, la crisis económica había mutado en algo más peligroso: una crisis moral. Mientras el país intentaba recuperar cierta normalidad, en el conurbano bonaerense germinaban bandas improvisadas, sin prontuario, formadas por patovicas, empleados y estudiantes universitarios que vieron en el secuestro un negocio rápido. La de Ariel fue una de las más insólitas: sus captores eran jóvenes, de barrios acomodados de la ciudad de Buenos Aires, con autos importados y la misma torpeza que violencia.
Ocurrió el 16 de octubre de ese año. Strajman, de 27 años, empresario, hijo de joyero, llegaba a su departamento. Fue interceptado por un grupo armado que lo subió a un auto y lo trasladó hasta una casa cercana ubicada en la calle Holmberg, que luego se comprobó era de la familia Sommaruga, de donde provenían la mayoría de los componentes de la banda. A patadas y empujones le hicieron bajar una escalera resbalando en cada peldaño hasta un sótano donde lo ataron tan fuerte que apenas podía respirar.
Lo encadenaron de pies y manos. Después lo llevaron a otra vivienda en el Complejo La Josefina, en la esquina de Tulipanes y Las Glicinas en la ciudad de Pilar, lugar donde lo mantuvieron encerrado y lograron cobrar un primer rescate, algo así como mil dólares, seiscientos pesos y alhajas. Y como les salió bien intentaron pedir más dinero.
Pablo Sommaruga, otro de los integrantes condenados de la banda (NA)
Durante los días siguientes, lo golpearon, lo humillaron y, para demostrarle a su familia que hablaban en serio, le cortaron el dedo meñique de la mano derecha. Esa imagen dentro de una bolsa la recibió su familia exigiendo un rescate de 30 mil dólares, y luego recorrió oficinas policiales, redacciones y despachos judiciales. Era el símbolo de una crueldad que ya no tenía fronteras de clase. “Esto que vas a sufrir no se compara ni con el Holocausto”, lo torturaban.
Las llamadas eran constantes, con tono burlón y precisión militar. Algunos trabajaban como patovicas en boliches de la zona norte, otros estudiaban carreras universitarias. Su presunto líder, Pablo Sommaruga, había sido custodio en locales nocturnos y mantenía contactos con el ambiente del fisicoculturismo. Los investigadores descubrieron que no se trataba de una banda común: no había delincuentes históricos, sino una mezcla de soberbia y amateurismo que, en conjunto, resultó devastadora.
El secuestro duró once días. Ariel fue liberado tras el pago de un rescate parcial y un operativo encubierto de la Policía Federal. Llegó al hospital deshidratado, con el cuerpo lleno de hematomas y la mano. “No sé cómo voy a volver a dormir”, reflexionó mirando al piso. Los médicos le explicaron que el dedo no se podía reimplantar, tampoco la vida anterior.
La investigación fue un rompecabezas. Los secuestradores habían dejado rastros en los teléfonos, en las cabinas y hasta en los billetes del rescate. Cayeron uno a uno. Cuando se conocieron sus identidades, la sorpresa fue general: jóvenes de entre 25 y 35 años, sin antecedentes, con buen aspecto y vínculos sociales. Los medios los bautizaron como “La banda de los patovicas”, aunque en el expediente figuran como una “asociación ilícita dedicada al secuestro extorsivo”.
Venían cometiendo delitos en la zona aledaña de Saavedra y Villa Urquiza. Pero la sensación de impunidad con que se movían los llevó a cometer errores, algunos garrafales, como utilizar el mismo teléfono para hacer las llamadas para pedir las sumas de los rescates, por lo que rápidamente se identificó el número de un celular, a través del cual se obtuvieron los datos del titular de la línea.
Ariel Strajman junto a su padre a la salida de los tribunales de Comodoro Py donde se realizó el juicio (NA)
De esa forma sencilla la policía llegó a la casa de la calle Holmberg donde al principio tuvieron a Strajman. Atendió María Esther Gottig, esposa de Alberto Juan Sommaruga, propietarios de la vivienda y reconoció que el teléfono le pertenecía. Pero la embarró más aún cuando intentó aclarar y mencionó que su hijo lo utilizaba para “trabajar”. Terminó detenida junto a su marido y sus hijos, Adrián y Pablo, y el resto de los sospechosos, uno de ellos llamado Diego Sibio –hijo solo de Gottig- y otros que no pertenecían a la familia.
La policía ordenó cuidadosos allanamientos. Uno fue clave para llegar a la vivienda de Pilar y poder liberar a Ariel Strajman. En otros pudieron secuestrar dos pistolas calibre nueve milímetros, otra 11.25, un revólver Magnum 357, un 32 con numeración adulterada y una ametralladora Mini Uzi automática de fabricación israelí.
Todos fueron imputados desde el comienzo por los delitos de “secuestro extorsivo, asociación ilícita, tormentos, con el agravante de odio racial, lesiones gravísimas, uso de documento de identidad falsificado y tenencia ilegal de armas de guerra”. María Esther Gottig fue alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza y los hombres en el penal de Villa Devoto. Dos años más tarde, la última semana de setiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal Nº 1 que por entonces estaba integrado por Mario Gustavo Costa, Martín Federico y Jorge Gettas dictó sentencia: 22 años de prisión para Adrián Sommaruga; 16 para su hermano Pablo; 14 para Osvaldo Keroa; seis para María Esther Gottig; cinco para Alberto Sommaruga y Diego Sibio; y tres para Nicolás Barlaro.
Durante el juicio, el contraste entre la víctima y los acusados fue brutal. Ariel, de traje oscuro y voz temblorosa, describía las noches sin luz, los insultos, el dolor. Del otro lado, los imputados se mostraban serenos, casi altivos. En sus declaraciones, ninguno mostró arrepentimiento real.
La justicia los calificó como una organización “que actuó con extrema frialdad y desprecio por la vida humana”. El caso fue emblemático porque marcó un cambio en el mapa criminal argentino. Ya no eran bandas marginales las que secuestraban, sino grupos con educación, contactos y ambición económica. Los investigadores compararon su estructura y su método con aquellos secuestros familiares de los ochenta que habían conmocionado a la sociedad, aunque esta vez sin la solemnidad de un clan ni la mística de un apellido como el de los Puccio, por ejemplo. Era el reflejo de un tiempo en el que todo parecía posible, incluso lo impensado.
Para Ariel las noches seguían siendo un campo minado. En 2020, el apellido Sommaruga volvió a escena: Pablo, con la condena ya cumplida por el secuestro de Strajman, vivió un acto de agresión mientras gozaba de salidas transitorias de la Unidad 14 de Esquel en una causa por portación de armas. Sucedió en las inmediaciones del barrio Vepam cuando vecinos lo increparon y lo golpearon.
En ámbitos judiciales los fiscales aún recuerdan la causa como una de las más complejas de la década. No por su extensión, sino por su impacto emocional. “Ariel fue un testigo de excepción —dijo uno de ellos años después—. No solo narró su cautiverio, también nos obligó a mirar de frente una forma nueva de criminalidad”. El secuestro de Strajman se convirtió en un espejo difícil de mirar donde podía verse el sadismo más cruel.
Él mismo aceptó que no busca revancha, sino olvido. “No odio, pero no quiero ni recordarles la cara”. Y aunque los nombres de sus captores ya forman parte de un archivo judicial, el trauma persiste en él como una sombra imposible de soslayar.
El grupo de jóvenes de Bell Ville difundió el video a través de la cuenta de Instagram de la promoción. Allí, uno de ellos aparece con un vestido estampado roto y el cuerpo pintado con manchas rojas
Un grupo de estudiantes del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267 de la localidad de Bell Ville,en la provincia de Córdoba, protagonizó un repudiable hecho durante su viaje de egresados, cuando uno de ellos fue grabado usando un disfraz en el que simulaba ser una víctima de abuso sexual. El video, difundido inicialmente en la cuenta de Instagram de la promoción, se viralizó y provocó un fuerte rechazo social por trivializar el tema.
En las imágenes, el adolescente se muestra con un vestido estampado roto, el cuerpo pintado con manchas rojas y la palabra “violada” en la espalda. A la vez, sus compañeros lo rodean, se ríen y realizan gestos que refuerzan la banalización de la violencia de género.
Según informó el medio local El Doce, la rápida difusión del video motivó pedidos de sanción y un fuerte repudio por parte de la comunidad educativa y de la sociedad en general.
Frente a la magnitud de lo sucedido, la división a la que pertenece el estudiante involucrado difundió un comunicado en el que ofrecieron disculpas públicas.
En el mensaje, los alumnos reconocieron: “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”.
No obstante, la otra división del IPET 267 emitió un mensaje con un tono más severo, en el que manifestó su repudio absoluto a lo ocurrido.
El comunicado de la otra división de la IPET 267 de Bell Ville, Córdoba
En sus palabras, los estudiantes afirmaron: “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido”.
El texto de este segundo comunicado profundizó en la reflexión sobre el contexto social y la responsabilidad individual, al señalar: “La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”.
Por último, solicitaron la intervención de las autoridades escolares para que se tomen medidas concretas. “Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación”, concluyeron.
“Hoy quemamos judíos”, era la frase que se repetía en el micro y que se puede escuchar en el video que se viralizó en las últimas horas. En las imágenes difundidas, se puede ver cómo un hombre, que sería el encargado del grupo, se sumó a los cánticos que generaron rechazo en las redes sociales.
De acuerdo con lo que se conoció hasta el momento, las imágenes datan del pasado 10 de septiembre, cuando en Bariloche estaban los alumnos de la Escuela Humanos de Canning.
Repudio de la Escuela Humanos tras cantos antisemitas en viaje de egresados
En ese marco, la propia institución educativa sacó un comunicado haciendo alusión a lo ocurrido. Allí señalaron que “la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”.
“De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”, continúa el escrito.
Y cierra: “Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática. Se adoptarán las medidas correspondientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva”.
En sus redes sociales, la escuela destaca que desde 2019 lleva el título de Embajadores Mundiales de la Paz. Esta distinción fue entregada por la agrupación Mil Milenios de Paz en un acto que se realizó en el Senado de la Nación.
La compañía investiga, junto al fabricante CFM y a otras aerolíneas de la región, el origen del desperfecto en uno de los motores del Boeing 737-800 que debió aterrizar en Ezeiza de emergencia
Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la suspensión preventiva de las operaciones de ocho aeronaves Boeing 737-800 equipadas con motores fabricados por CFM, tras la falla registrada en el vuelo AR1526 que partió ayer desde Aeroparque con destino a Córdoba. “El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, informaron.
“Se trata de propulsores fabricados por la compañía CFM (GE Aerospace y Safran Aircraft Engines), con un tipo específico de componente que provocó estas fallas”, indicó la empresa en un comunicado. La decisión fue adoptada durante el plenario del Comité de Seguridad de la compañía, del que participan sus máximas autoridades.
Como informó este medio, el vuelo AR1526 presentó una falla técnica en uno de sus motores poco después de iniciar el despegue. La tripulación siguió los procedimientos de seguridad y dirigió la aeronave al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes. “Los pasajeros desembarcaron con total normalidad”, señaló la línea aérea.
Aerolíneas remarcó que sus tripulaciones “realizan entrenamientos recurrentes que contemplan este tipo de eventos” y que la situación “forma parte de los escenarios que tanto pilotos como tripulantes de cabina conocen y ensayan en profundidad”. En la empresa destacaron además que todos los procedimientos se cumplieron “de acuerdo con los estándares internacionales de seguridad”.
El avión con destino a Córdoba debió aterrizar en Ezeiza
La compañía informó que el mantenimiento de todos sus motores “tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por los fabricantes”. Sin embargo, reconoció que “este es el cuarto suceso registrado en el último año con un mismo tipo de motor”.
Según explicó la firma, el fabricante CFM recomienda una revisión al cumplirse los 17.200 ciclos —entre aterrizajes y despegues—, aunque “ninguno de los motores que registraron fallas estaba cerca de alcanzar ese umbral”. Por ese motivo, Aerolíneas solicitó al fabricante “una opinión técnica antes de reincorporar estos equipos al servicio”.
También pidió la evaluación de otras aerolíneas de la región que operan con la misma motorización y “tuvieron sucesos similares”. Además, notificó a las autoridades regulatorias locales, con las que trabaja “para fijar un criterio de resolución”.
“Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de criterios de altísima exigencia”, subrayó la empresa. “El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, aclaró el texto oficial.
El incidente del miércoles afectó a más de 160 pasajeros del vuelo AR1526 de Aerolíneas Argentinas, que habían despegado ayer por la mañana del Aeroparque Jorge Newbery, en CABA, con destino a la ciudad de Córdoba. Allí, un motor del avión sufrió una falla y debió modificar su ruta inicial hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes.
Aerolíneas Argentinas
Como consecuencia del hecho, la terminal aérea metropolitana permaneció cerrada durante algunas horas, hasta que, pasadas las 11.30, reabrió sus puertas y reanudó sus actividades habituales. No obstante, algunos vuelos programados para esta jornada registraron demoras y reprogramaciones menores.
Fuentes de la aerolínea señalaron que “el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido”. Tras la inspección de pista, el fabricante fue informado sobre la incidencia con el objetivo de determinar el origen de la falla.
El Boeing 737-800 fue liberado luego de que los operarios completaron las tareas de revisión y limpieza en la pista. La empresa precisó que la medida preventiva no implica la cancelación de rutas, pero sí “una reorganización temporal de la programación de vuelos mientras duren las verificaciones técnicas”.
Aerolíneas indicó que continúa en contacto con el equipo técnico del fabricante CFM y con las autoridades aeronáuticas locales e internacionales “para definir los pasos a seguir antes de reincorporar las aeronaves al servicio”.