Tras el fallo de la Corte Suprema, Cristina Kirchner solicitó cumplir la condena en su departamento de la calle San José porque sostuvo que una cárcel “de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad”.

Cristina Kirchner pidió ayer cumplir su condena de seis años de prisión en la causa Vialidad en prisión domiciliaria y sin usar una tobillera electrónica que controle sus movimientos. La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

Así lo solicitaron Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, los abogados de la ex mandataria, en un escrito de 13 páginas que presentaron en el Tribunal Oral Federal 2 luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena y así quedó en condiciones de que empiece a cumplirla. Cristina Kirchner pidió que el arresto domiciliaria sea en el edificio de la calle San José 1111, donde vive actualmente y donde ayer saludó desde el balcón a los militantes que la acompañaron después de la resolución del máximo tribunal.

Los abogados plantearon “razones de seguridad personal” de Cristina Kirchner por haber sido presidenta. Señalaron que en ese rol tuvo “información de carácter secreto o bien confidencial”, por lo que debe tener una custodia especial de la Policía Federal.

En esa misma línea, el pedido de prisión domiciliaria recordó el intento de homicidio de la ex presidenta el 1 de septiembre de 2022 cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó a centímetros de la cara con un arma. Los abogados recordaron que uno de los investigados en esa causa “tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, en cuya órbita actúa, precisamente, el Servicio Penitenciario Federal”. La defensa, sin nombrarlo, hizo referencia al diputado nacional Gerardo Milman y a su relación con Patricia Bullrich.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación a la que accedió Infobae.

Cristina Kirchner ayer en el balcón del departamento en el que pidió cumplir prisión domiciliaria (REUTERS/Tomas Cuesta)

Y agregaron entre sus argumentos: “las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua. En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”.

Por otra parte, la defensa planteó que Cristina Kirchner tiene 72 años. La ley establece que a partir de los 70 años puede pedir la prisión domiciliaria por cuestiones etarias, aunque su otorgamiento no es obligatorio.

La ex presidenta también solicitó que no se le coloque una tobillera electrónica para cumplir la prisión domiciliaria. Se trata de un dispositivo que controla los movimientos del detenido y que se activa en caso que viole el lugar de detención. La defensa sostuvo que Cristina Kirchner cuenta con custodia de la Policía Federal las 24 horas, lo que garantiza que no se va a fugar ni a violar la detención domiciliaria.

“Así las cosas, el uso de tobillera electrónica por parte de nuestra representada deviene completamente innecesario”, planteó la defensa.

Sin embargo, la ley de ejecución de la pena establece que para la prisión domiciliaria “se exigirá un dispositivo electrónico de control”.

Los abogados pidieron que mientras se analice el pedido de prisión domiciliaria la ex presidenta quede detenida en su casa y no sea trasladada a ninguna unidad penitenciaria o dependencia policial.

La justicia le pidió a la ministra Bullrich que le asigne un lugar de detención a Cristina Kirchner

Antes del planteo de la defensa, el juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini le ordenó a Cristina Kirchner y los otros ocho condenados que en cinco días hábiles se presenten en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenidos.

A su vez, el magistrado le pidió a la ministra de Seguridad de la Nación Bullrich que en 24 horas le asigne “una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas”. Para el caso de Cristina Kirchner, el magistrado le solicitó a la funcionaria que tenga en cuenta su edad, las cuestiones de seguridad por haber sido presidenta y vicepresidenta y el intento de homicidio que sufrió.

El pedido de la ex presidenta debe ser resuelto por el Tribunal Oral. Previo a eso deberá pedirle opinión a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes ayer ya solicitaron la “inmediata detención” de la ex presidenta y el resto de los condenados.

Las autoridades nacionales aseguran que no intervinieron en el desarrollo de la causa Vialidad y consideran que es incierto el futuro del PJ. Las reuniones en Casa Rosada y la reacción ante las movilizaciones de los sindicatos.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, llegó con el presidente Javier Milei en plena gira por Europa y Medio Oriente, desde donde opinó a través de las redes sociales, al igual que muchos de sus funcionarios que no solamente comentaron la noticia, sino que empezaron a pensar en las repercusiones de la medida, tanto sociales como políticas.

En la antesala del fallo del máximo tribunal, mientras la ex mandataria esperaba en la sede del PJ Nacional, en la Casa Rosada había expectativa, pero también silencio sobre lo que ya se intuía que iba a ocurrir.

En las oficinas de algunos de los principales integrantes del Gabinete que se quedaron en Buenos Aires se analizaba la posibilidad de comentar o no públicamente la situación judicial de la líder peronista, pero no hubo definiciones hasta último momento.

Fue el propio Milei quien dio la señal al salir primero con un mensaje en su cuenta de X poco después de que se conociera la resolución de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

“Justicia. Fin. PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuestos en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad (SIC)”, escribió el jefe de Estado.

Tan solo unos minutos más tarde opinaron en el mismo sentido otros funcionarios, como el vocero Manuel Adorni y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que reforzaron las críticas a las versiones que en su momento circularon sobre un supuesto acuerdo entre el Gobierno y CFK para que no avanzaran las causas de corrupción del kirchnerismo.

En este sentido, en el círculo íntimo del Presidente remarcaron que esta condena demuestra que esos rumores eran falsos e incluso apuntaron contra el macrismo: “Se trata de una denuncia que tiene años, que tuvo muchos fallos antes, es ilógico pensar que nosotros tuvimos algo que ver. En todo caso, lo que hicimos fue, justamente, no intervenir, algo que no pasó durante otras gestiones no peronistas”, insinuó un miembro del Ejecutivo.

A futuro, en el oficialismo insisten con que “los votos de Cristina no necesariamente se van a trasladar a otra persona”, porque “si eso fuera así La Libertad Avanza ganaría en todas las provincias con el 50 por ciento”.

“Ahora el PJ se puede abroquelar o se puede romper en mil pedazos, eso es lo que suele pasar cuando una fuerza política se queda sin un líder y, fácticamente, ella ya no puede ser candidata, tiene un caudal de apoyo que ahora no puede usar”, analizó un estratega del oficialismo.

En ese sentido, fuentes del partido violeta indicaron que el impedimento de la ex mandataria de presentarse en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires “no cambia en nada la estrategia”, aunque algunos sectores reconocen que “políticamente convenía enfrentarla en las urnas”.

CFK no podrá ser candidata (REUTERS/Tomas Cuesta)

En las filas de LLA argumentan que el kirchnerismo podría presentar a alguien del entorno de la ex presidenta, por lo que la polarización se daría de todas formas, aunque se mantienen firmes en que el candidato, especialmente en la tercera sección electoral, se decidirá sin importar el rival.

En este marco, el único mensaje que compartió Milei en las redes sociales de alguien que no sea del oficialismo fue el del diputado Diego Santilli, que suena como posible cabeza de lista en ese distrito.

Las negociaciones con el PRO volvieron a entrar en una etapa de incertidumbre a partir de las intenciones de la Casa Rosada de que la boleta sea violeta y lleve el nombre de La Libertad Avanza, tanto en las provinciales de septiembre como en las nacionales de octubre.

“Seguramente vaya a ser así. Nosotros seguimos planteando nuestra postura y propusimos, por ejemplo, que por lo menos se incluya una franja amarilla, Cristian Ritondo está pidiendo eso, pero la verdad es que no creo que lo acepten”, se sinceró un miembro del macrismo. No habrá nuevas reuniones entre las partes esta semana.

Asimismo, en el Gobierno desestimaron las protestas de algunos gremios y centrales obraras que comenzaron incluso antes de que la Corte Suprema dictara la resolución, lo que sí motivó una reacción por parte de las fuerzas de seguridad.

“Al contrario, si lo pensamos en términos cínicos y políticos, incluso nos conviene que corten las calles. Que protesten todo lo que quieran”, advirtieron.

Hubo manifestaciones en varios puntos del país (RS Fotos)

Mientras algunos manifestantes cortaban los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y se preparaba un operativo para vallar el Palacio de Tribunales antes de la salida de Rosenkrantz, Lorenzetti y Rosatti, el número dos de la SIDE, Diego Kravetz, visitó en su oficina al asesor presidencial Santiago Caputo.

El principal estratega libertario decidió que no haya una comunicación institucional sobre la condena contra Cristina Kirchner, aunque no opuso resistencia a los mensajes en las redes sociales tanto de funcionarios como de militantes. “El Poder Ejecutivo no tiene por qué comentar formalmente una decisión judicial”, explicaron en su entorno.

Incluso, después de que el máximo tribunal se pronunciara sobre la causa Vialidad, Caputo se dirigió rápidamente a la oficina del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien horas después tuvo que dar un discurso durante el acto del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) en La Rural.

El consultor estuvo casi una hora conversando a solas con el funcionario hasta que llegó el momento de que se retirara con rumbo al predio ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde no hizo mención del tema, pero respondió las preguntas de los periodistas que cubrieron el evento.

“Me parece que es un día histórico , por el hecho de que es condenada una persona que fue dos veces presidente de la Nación. La posición de nuestro sector político es que las instituciones cumplen un rol y la justicia dicto un fallo y hay que cumplirlo”, expresó.

Por su parte, si bien regresó anticipadamente a Buenos Aires, Adorni no tenía previsto brindar este miércoles una conferencia de prensa, aunque sí podría hacerlo el jueves, cuando el INDEC dará a conocer el nuevo dato de inflación.

“La tasa de inflación saltó al 3,7% (en marzo), pero dijeron que se iba a quedar en niveles del 5 al 7%. Al mes siguiente (abril) cayó a 2,8%, este mes se espera que rompa el 2%, y yo se los afirmo desde acá que para el año que viene la inflación en la Argentina habrá sido historia del pasado”, manifestó Milei días atrás, durante el Madrid Economic Forum.

El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal ratificó el fallo del Tribunal Oral, que en diciembre de 2022 había condenado a la ex mandataria. Hoy la Corte Suprema desestimó los recursos de CFK y dejó firme lo decidido por el máximo tribunal penal del país

El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

Asimismo, ese día también confirmó las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal. A Carlos Kirchner se le confirmó la absolución por prescripción.

Este martes, la Corte Suprema desestimó todos los recursos de queja de Cristina Kirchner y dejó firme la condena. Como consecuencia, la ex vicepresidenta deberá cumplir con prisión domiciliaria y no podrá ser candidata en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó además el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.

La sala de audiencias en la que se leyó el fallo

Los jueces destacaron que la maniobra se dio con la incorporación de Báez al rubro de la construcción “sin ninguna experiencia” a pesar de lo cuál “conformó un grupo de empresas, que le permitió ganar numerosas licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz simulando una competencia que en realidad no tenía (a modo de ejemplo, sólo entre 2007 y 2008 recibió veintitrés contratos”.

Los jueces destacaron que las licitaciones que obtuvieron las empresas de Báez se dieron con “numerosas irregularidades”. “Se demostró que se seleccionó una modalidad de contratación específica, convirtiéndose para la provincia de Santa Cruz en regla lo que para las demás fue una excepción. Esto permitió la cartelización de la obra pública en la referida provincia en favor de un grupo de empresas que respondían al aludido Báez”, citaron como ejemplo. También que por los incumplimientos no fue sancionada y que tenía un canal preferencial de pago.

Otra prueba relevante para Casación fue el decreto 54/2009 que firmó Cristina Kirchner a instancias de José López por el cuál se modificó el fideicomiso que comenzó a ser manejado por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Periotti.

Los magistrados también destacaron lo que el fiscal Diego Luciani llamó en el juicio oral el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares y por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

Los jueces de la Cámara de Casación (Maximiliano Luna)

“Que en el plan tomaron participación, en principio y de acuerdo a lo que se pudo probar, José Francisco López, Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Nelson Periotti y José Raúl Santibáñez”, sostuvieron los jueces y agregaron que “para culminar la maniobra se trató de atribuir el cierre de las empresas de Báez a la nueva administración del Poder Ejecutivo nacional y evitar la `sensación de fuga` (en palabras de José Francisco López), cuando en realidad se probó que las obras habían sido abandonadas con anterioridad, y todo lo sucedido en esta etapa fue minuciosamente ideado por López, Báez, Fernández de Kirchner y Periotti”.

“La maniobra señalada generó un enorme perjuicio al Estado nacional, que si bien no se pudo determinar en su totalidad, se estableció parcialmente y, por ende, se ordenó a través de la herramienta que prevé el código penal para el recupero de activos de origen ilícito el decomiso de la suma de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), el que necesariamente será objeto de actualización al momento en que la sentencia adquiera firmeza”, dijeron en otro tramo.

La disidencia que tuvieron los jueces fue sobre la aplicación o no del delito de asociación ilícita para los acusados. Es lo que había pedido el fiscal Luciani en el juicio oral y por el que acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de esa organización criminal y por lo tanto solicitó que se le aplique una pena de 12 años de prisión.

Los jueces Barroetaveña y Borinsky señalaron que no se comprobó la “pluralidad de planes delictivos” que requiere la asociación ilícita, sino que fue un único plan criminal sobre la obra pública. En tanto, Hornos sí entendió que en el caso se cometió el delito de asociación ilícita.

“Los encausados conformaron una organización estable y duradera cuya finalidad no fue la realización de un determinado o determinados hechos en los que coincidieron más de 2 personas. Por el contrario, tenían el propósito, la apertura y la disposición de encarar la práctica de múltiples, variados e indeterminados planes delictivos”, sostuvo Hornos que agregó que “la asociación ilícita operó de forma inalterada, estable, continua, desde su conformación hasta que finalizó el último mandato presidencial de quien fue la líder de la organización criminal”.