Lo denunció un testigo del operativo realizado poco después del asesinato de Gabriel Izzo.
La Justicia de Morón y la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense iniciaron una investigación para intentar corroborar si un policía robó una billetera y un reloj en la escena del crimen del empresario Gabriel Izzo, asesinado a balazos en su casa de San Antonio de Padua durante un asalto en el que su mujer también fue herida.
El hecho fue denunciado el viernes por un testigo del procedimiento, mientras dentro de la casa ubicada en la calle Italia 1077 se desarrollaban los primeros trabajos policiales en la escena del crimen.
“El testigo se arrimó a un comisario y le dijo que había visto a uno de los policías presentes agarrar una billetera y un reloj que pertenecían a las víctimas y guardárselos en un bolsillo“, contó a Télam una fuente de la investigación.
El mismo informante contó que en ese momento se requisó al policía apuntado, “pero no se le encontró nada”.
“Que no aparecieran las cosas no significa que no haya pasado. Se inició una investigación penal para determinarlo, aunque la fiscalía no adoptó por el momento ningún temperamento con el efectivo”, dijo un vocero judicial.
La Policía trabajaba en el lugar del crimen en Padua. Foto: Luciano Thieberger.
También la Auditoría de Asuntos Internos de la cartera de seguridad bonaerense inició actuaciones sumariales.
Pedido de captura de sos sospechosos
El fiscal de la causa, Claudio Oviedo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón, solicitó la captura nacional e internacional para dos hombres.
Se trata de Gustavo Julio Alberto Mac Dougall y Gustavo Damián Potenza, acusados de ser coautores del crimen de Izzo (60) y del ataque a su esposa Silvana Andrea Petinari (56).
Gustavo Julio Alberto Mac Dougall (49) y Gustavo Damián Potenza (45), prófugos por el crimen del comerciante Gabriel Izzo en Padua.
Mac Dougall, quien trabajaba para Walter Rodríguez Sierra, único detenido hasta el momento en la causa, le alquilaba el local donde funcionaba la pizzería “Lo de Cata”, ubicada la calle Gervasio Pavón al 3500, de la localidad bonaerense de Castelar Sur, partido de Morón, y que en su interior fueron halladas armas de fuego, además de otros elementos, entre ellos, objetos presuntamente robados a la víctima y su familia.
En tanto, Potenza se cree que es quien condujo el Volkswagen Gol Power color gris con el que los delincuentes huyeron del lugar y que fue hallado estacionado frente a la pizzería y a uno de los kioscos propiedad de Rodríguez Sierra.
Además, Rodríguez Sierra, conocido como “El Uruguayo”, se desempeñaba desde 2015 como jefe de calle encargado de las campañas electorales del partido Juntos por el Cambio en Morón y durante la gestión de Ramiro Tagliaferro trabajó como chofer de un secretario de Gobierno.
Se aguarda los resultados del cotejo balístico de las dos pistolas marca Bersa Thunder calibres .380 y 9 milímetros secuestradas tras el allanamiento al local que uno de los sospechosos prófugos le alquila al único detenido por el caso.
El asesinato de Izzo, dueño de un aserradero de la zona oeste del conurbano, ocurrió el viernes a las 4.20 en su casa de Italia 1077, a pocas cuadras del centro de la estación de San Antonio de Padua.
Allí también fue gravemente herida su esposa, hija del propietario de la empresa “Petinari”, dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques.
Los delincuentes, que se movilizaban en un Volkswagen Gol Power gris, ingresaron a la casa de la pareja tras forzar la persiana americana de madera de un ventanal sin rejas que da a la calle.
La casa en la que fue asesinado Gabriel Izzo en San Antonio de Padua. Foto: Luciano Thieberger.
Izzo se despertó al escuchar ruidos y agarró dos armas de su propiedad que guardaba en su habitación: una pistola Bersa calibre .40 y un revólver .38, y salió de la habitación para ver qué sucedía.
Se enfrentó con los delincuentes, quienes le dispararon con armas de fuego y además lo apuñalaron, al tiempo que la víctima también disparó, aunque sólo con el revólver dado que la pistola se le trabó y aparentemente no alcanzó a herir a nadie.
Izzo fue alcanzado por al menos cinco proyectiles y murió en el lugar a raíz de las lesiones de bala y también de arma blanca que los delincuentes le provocaron, mientras que su esposa fue apuñalada y golpeada, lo que le provocó la pérdida del globo ocular derecho, agregaron las fuentes.
En la vivienda también se encontraba la madre de la mujer herida, Elsa Otruba de Petinari (83), quien resultó ilesa ya que no salió de la habitación.
Al principio de la investigación, junto a Rodríguez Sierra fue apresado su hijo y un joven de 18 años, quienes fueron liberados a las pocas horas tras ser ingresadas sus huellas al sistema AFIS de identificación.
Sueldos bajos y graves problemas en la cobertura médica de los efectivos activos y retirados, genera descontento entre las filas. Un caso de suicidio y el rol del Senado en la investigación.
«Durante los primeros seis meses de 2025 (enero a junio), se registraron más de 2.200 bajas voluntarias en las fuerzas armadas y de seguridad federales de Argentina. Desde el Senado de la Nación se avanza en una subcomisión para investigar problemas salariales y de cobertura médica de los efectivos activos y retirados, que genera descontento entre las filas. Así lo afirmó el senador misionero Enrique Goerling quien preside la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Seguridad Interior. Estas bajas se distribuyen de la siguiente manera:
Ejército Argentino: 257 bajas
Armada Argentina: 234 bajas
Fuerza Aérea: 193 bajas
Gendarmería Nacional: 386 bajas
Prefectura Naval: 322 bajas
Policía Federal Argentina: 412 bajas
Policía de Seguridad Aeroportuaria: 177 bajas
Servicio Penitenciario Federal: 292 bajas
Las razones principales citadas para estas bajas son los bajos salarios y las fallas en la atención médica de Iosfa (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), la obra social que nuclea a aproximadamente 600.000 personas entre personal activo y retirado. También se mencionan problemas en los prestadores de salud en las provincias, afectando a la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal. Las dificultades incluyen corte temporal de atención, estudios o descuentos en farmacia, atrasos en los pagos a médicos o instituciones médicas. La situación genera mucho enojo en el personal que aporta de su sueldo sumas que van desde los 100.000 hasta los 300.000 pesos mensuales o más.
¿Un suicidio por falta de atención médica?
También se registró caso de suicidio de un suboficial de la Policía Federal en el Hospital Churruca en julio de 2025, aunque no se proporcionaron cifras generales de fallecimientos en las fuerzas federales para el año 2025. Con respecto al suicidio, el sitio Data Clave publicó que se trató del suboficial escribiente Alejandro Tijerina, a quien todos conocían como Mustafá, un hombre que en los noventa había integrado la custodia presidencial y oficiaba como chofer del secretario privado de Carlos Menem, el riojano Ramón Hernández. Luego también prestó servicios como guardaespaldas de algunos integrantes de la familia Fortabat.
El medio “Frecuencia Azul”, una radio web integrada por personal policial retirado que dedica su espacio a la difusión de su propio contenido, fue quien dio a conocer la noticia. Allí contaron que el suboficial Tijerina estaba gravemente enfermo y que el estado crítico del Hospital Churruca, donde debía atenderse y no lo dejaron hacerlo, fue el desencadenante de la decisión.
“Fue el resultado de un sistema que enferma, abandona y descarta a sus servidores públicos. Muchos camaradas se sienten solos, hay desatención médica, burocracia sin alma, derivaciones tardías, abandono psicológico», se sostuvo en ese medio.
Interviene el Senado
El senador misionero Enrique Goerling quien preside la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Seguridad Interior adelantó que la comisión bicameral trabaja en la creación de una subcomisión específica para abordar no solo el funcionamiento de la obra social sino también los reclamos salariales y de condiciones laborales que afectan a los miembros de las fuerzas. “Todavía no hicimos un pedido de informes formal, pero estamos trabajando en eso. Queremos tener una mirada más precisa, porque hay malestar y se refleja en todas las provincias”.
Se planea utilizar la comisión como un “observatorio de las policías provinciales”, con el objetivo de canalizar denuncias por abusos o conflictos internos, y actuar como instancia de mediación antes de que se escalen los problemas. “Muchas veces, si no hay un espacio institucional para tratar estas cuestiones, el conflicto está asegurado”, explicó.
Se trata de SanCor, Los Grobo, Agrofina y Red Surcos. Afrontan una compleja situación financiera, con importantes deudas con bancos, productores y proveedores. Buscan reestructurar sus pasivos y evitar la quiebra
Cuatro empresas del sector agroindustrial argentino solicitaron la apertura de concurso de acreedores en las últimas semanas, con deudas que superan los USD 650 millones. Se trata de SanCor, Los Grobo, Agrofina y Red Surcos, compañías de diferentes rubros dentro del agro que enfrentan serias dificultades financieras y buscan reestructurar sus pasivos para evitar la quiebra.
Los problemas de estas firmas se originan en una combinación de factores. Por un lado, el contexto macroeconómico argentino, con altas tasas de interés, restricciones al financiamiento y caída en la rentabilidad del sector. Por otro, errores en la gestión empresarial, planes de expansión fallidos y dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.
Desde el Gobierno, sin embargo, niegan que se trate de una crisis estructural del sector agropecuario y aseguran que estos casos responden a decisiones internas de las empresas y no a un problema generalizado en el agro. Aun así, la situación genera preocupación entre productores y proveedores, muchos de los cuales tienen créditos y compromisos financieros con estas compañías.
A continuación, se detallan los casos de cada una de las empresas involucradas en este proceso.
SanCor, un gigante lácteo
Deuda total: en el mercado se menciona una deuda principalmente al fisco y laboral que ascendería a USD 400 millones.
Motivo de la crisis: problemas financieros desde 2017, caída en las ventas y pérdida de mercados.
En un comunicado, la firma señaló que es “parte del proceso destinado a resolver la situación económica y financiera”. Desde 2017, ha intentado sin éxito distintos planes de reestructuración, incluyendo la venta de activos y la reducción de personal. Sin embargo, sus pasivos con el fisco y proveedores siguieron creciendo.
Desde 2017, SanCor intentó, sin éxito, distintos planes de reestructuración, incluyendo la venta de activos y la reducción de personal
En estos años cedió varios de sus principales negocios, como la marca Tres Niñas a manos de Adecoagro o las leches infantiles. En el último tiempo, la empresa cerró varias de sus plantas y redujo su producción, perdiendo participación en el mercado local. El concurso de acreedores busca ordenar sus finanzas y evitar la quiebra, aunque su futuro es incierto.
Los Grobo y Agrofina
Deuda total: USD 200 millones.
Motivo de la crisis: problemas de financiamiento y acumulación de deudas.
El Grupo Los Grobo, uno de los principales actores del agro argentino, enfrenta serios problemas financieros. En febrero de 2025, dos de sus empresas clave, Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, solicitaron el concurso de acreedores tras entrar en cesación de pagos en diciembre de 2024.
El grupo arrastra un pasivo de más de USD 200 millones, mientras que sus cheques rechazados superan los $3.700 millones. La empresa aseguró que su prioridad es reestructurar sus deudas sin afectar la producción, aunque su situación sigue siendo delicada.
Tal como publicó Infobae, la deuda en mora de ambas empresas del Grupo Los Grobo -uno de los mayores productores y comercializadores de granos de Argentina- asciende a unos USD 10 millones y fue contraída por medio de pagarés bursátiles.
Las dos empresas habían notificado en diciembre pasado sus problemas para hacer frente a esos pagarés bursátiles por “una situación de iliquidez transitoria” en el contexto “de un mercado con una retracción desafiante”.
Red Surcos
Deuda total: USD 50 millones.
Motivo de la crisis: caída en la demanda y dificultades para acceder a crédito.
La empresa Red Surcos, dedicada a la producción y comercialización de insumos agrícolas, también enfrenta dificultades financieras. Con una deuda de USD 50 millones, la firma reconoció problemas de iliquidez que la llevaron a incumplir pagos de $9.300 millones en pagarés bursátiles con vencimientos entre noviembre de 2024 y junio de 2025.
La caída de la demanda en el sector agropecuario, sumada a restricciones para acceder al crédito, complicaron aún más su situación. La empresa busca una reestructuración ordenada para evitar el colapso financiero.
La empresa anunció este lunes a los mercados que se presentará ante la Justicia para pedir la apertura del concurso preventivo con el objetivo de “lograr la sustentabilidad” de su deuda “tanto en términos de volumen como de costo y, de este modo, continuar con las operaciones”.
¿Crisis generalizada del sector?
Si bien el sector agropecuario enfrenta desafíos económicos, el Gobierno sostiene que estos casos no reflejan una crisis generalizada, sino malas decisiones empresariales y estrategias fallidas de expansión.
El desenlace de estos concursos de acreedores dependerá de la capacidad de cada empresa para alcanzar acuerdos con sus acreedores y reorganizar sus finanzas. Mientras tanto, productores y proveedores afectados siguen de cerca la evolución de estos procesos, que podrían impactar en toda la cadena de valor del agro argentino.
Según cifras que maneja las autoridades, la primera aerolínea de bajo costo del país tiene un promedio de incumplimiento con sus pasajeros de 27% en lo que va del año. Podrían quitarle el CESA, el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos, que es el permiso para operar
“Ojalá no pase, pero se puede dar en las próximas horas. El Gobierno se hartó de los incumplimientos Flybondi”, le dijo este sábado una alta fuente del Gobierno de Javier Milei a Infobae.
Luego de los paros salvajes de los gremios de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, que dejaron varados a miles de argentinos –y en medio de procesos abiertos de privatización y desregulación para ambas empresas estatales–, las autoridades aseguran que no están dispuestas a tener más problemas con el sector aerocomercial. Y Flybondi es un problema constante, con cancelaciones diarias de vuelos y usuarios furiosos.
La empresa fue intimada, pero como el plan de contingencia que presentó el viernes no convenció a nadie, de continuar las irregularidades, el Gobierno analiza un esquema de multas de no menos de $200 millones cada una y suspenderle rutas. No sólo eso, podrían también dar un paso y quitarle el CESA, Certificado de Explotador de Servicios Aéreos; básicamente, la habilitación de la empresa para volar.
“Suspenderlos es la última opción, pero ese esquema se puede dar todo junto y puede ser inminente. Será una decisión política, cada vez hay menos paciencia. Puede ser complicado hacerlo en las Fiestas y en verano, pero están operando mal. En los últimos días, hubo muchas cancelaciones”, destacaron fuentes oficiales.
Pasajeros protestaron a fines de noviembre por otra seguidilla de suspensiones. En la imagen, la terminal de Jujuy
“Les perdonamos la vida en los primeros meses porque era muy complicado traer repuestos, se habían quedado con poca caja y por la situación general. Bajaron frecuencias y suspendieron vuelos, y los esperamos. Los dejamos operar con tripulación extranjera y traer aviones de Lituania y España. Empezaron a vender a lo loco, pero no normalizaron nada. Hay decenas de actas de infracción, pero se judicializan y todo se demora. Les dimos todo y no resolvieron nada. Noviembre fue un desastre”, resumen desde el Gobierno.
En el sector, los rumores sobre la empresa están a la orden del día. Desde que los accionistas –fondos de inversión extranjeros– están buscando vender la compañía (se habla de rangos de precios que van de los USD 200 millones a los USD 400 millones), hasta que quiere empezar a cotizar en Wall Street, algo que la empresa sí reconoció públicamente. Por ambas opciones, la aérea estaría más ocupada en sumar caja y rutas, que en cumplirles a los pasajeros. “Aceleran en lugar de mejorar. Fuimos a fondo con Aerolíneas e Intercargo, es obvio que vamos a hacer lo mismo con Flybondi”, dicen cerca de Milei.
“Nunca lo vi”
“Es un desastre, no se puede creer. Nunca lo vi”. La escena, a los gritos, en un español no perfecto, pero entendible, se dio semanas atrás en Aeroparque.
El turista, que estaba con su pareja, no podía creer que le suspendieran –aparentemente, otra vez– el vuelo que había sacado por Fybondi para un destino turístico del interior del país. Y no le paraba de gritar a una empleada de la empresa en medio de la sala de preembarque donde le había comunicado, con las valijas ya despachadas, que otra vez habría problemas con su vuelo.
El Gobierno autorizó a Flybondi a dar servicios de rampa, y luego desreguló el sector
La primera low cost argentina, que empezó a operar en el país en 2018, en medio de la “revolución de los aviones” que prometió Mauricio Macri, parece estar en crisis permanente con vuelos que se modifican –incluidas cancelaciones– a un ritmo poco frecuente en el mercado aerocomercial global y que el Gobierno estima que podría superar al 45% este mes. O sea, de los casi 3.000 vuelos que se aprobaron para la empresa del logo amarillo para diciembre, casi la mitad sufriría cambios.
La estimación oficial, a la que accedió Infobae, está hecha en base a los datos de todo año: a lo largo de 2024, el promedio de “modificaciones” de la empresa es de 26,92%, según estadísticas de la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, el regulador del sector, y la secretaría de Transporte. En julio, septiembre y octubre, por caso, los vuelos “cancelados/reprogramados/alternos”, de la empresa fueron más del 40 por ciento. El mes pasado, de 2.238 viajes aprobados, 750 (33%) tuvieron incumplimiento.
El extranjero indignado siguió gritando por un rato, pero la empleada de la empresa, de pantalón y camisa gris con detalles amarillos, se mostró impasible. “No tengo respuesta”, repetía una y otra vez. A pocos metros, un hombre de traje le dijo a su acompañante: “Si necesito llegar a un lugar, un día a una hora puntual, no voy en Flybondi. Ya me clavé muchas veces”.
Los rankings de servicios, como el de Flight Ware, por caso, la ubican entre las peores del mundo. A fines de noviembre, en solo dos días, al menos 12 servicios fueron cancelados, según pudo relevar este medio por testimonios de usuarios.
Intimación
Días atrás, la Secretaría de Transporte intimó a la línea aérea a que presente un plan correctivo para reducir drásticamente las cancelaciones que afectan diariamente a miles de pasajeros. ”La medida surge tras el elevado número de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos por parte de la compañía low cost”, detalló ANAC.
Además, agregaron, con tono de advertencia: “La desregulación de los cielos y la política de Cielos Abiertos implementada por el Gobierno Nacional tiene como objetivo promover una mayor eficiencia en el sector aéreo, sin afectar el derecho de los pasajeros a recibir servicios de calidad, con el cumplimiento de los horarios y operaciones. El Gobierno Nacional no permitirá la prestación de servicios que perjudiquen a los usuarios”.
El director general de Flybondi, Mauricio Sana (EFE/ André Borges)
“Respondieron que va a poner un backup, un avión español o lituano, para cubrir baches, y que el 13 de diciembre van a tener un flujo de packs de repuestos para reparaciones. La queja permanente es que no puede operar con el cepo… con Alberto tenían 90% de cumplimiento”, dicen en la Casa Rosada.
Luego del conflicto con Intercargo y el anuncio de desregulación total para ese sector –conocido como handling o rampa– Flybondi fue la primera empresa autorizada a darle esos servicios a terceros. Se anunció con bombos y platillos, tanto por el Gobierno como por la empresa, pero las cosas no salieron como se esperaba, o al menos no como lo querían las autoridades. “Aún no invirtieron en equipos y sólo tienen alquilado un tractor y una linga de arrastre”, se quejaron allegados a la secretaría de Transporte, un organismo que encabeza el cordobés Franco Mogetta y que depende de Luis Caputo, ministro de Economía.
No sólo eso, hay más cuestionamientos y algunos de ellos son más graves, como los relacionados con la seguridad operacional. “Le suspendieron su taller de Ezeiza y ante la duda que pudieran haber seguido operando, se le pedirá la recertificación de las aeronaves que habrían reparado allí. También hubo incidentes graves como, por ejemplo, la declaración de emergencia en vuelo, disparo del sistema TICAS, para evitar colisiones de aeronaves y una cuasi incursión de pista, mientras despegaba otra aeronave”, le detallaron a este medio fuentes al tanto de la situación.
Según describieron, la Junta de Seguridad en el Transporte investiga esos incidentes. En el sector aseguran que hay divisiones internas en la compañía, sobre todo entre las áreas operativas y la gerencia general.
Julian Cook, fundador y primer CEO de Flybondi
Una reciente acta de ANAC, a la que accedió este medio, detalla la situación de los aviones matrícula LV-KEH, LV-KCE, LV-KEF y LV-KDR para los que se pide “aumentar los esfuerzos destinados a implementar las acciones correctivas necesarias, con el objetivo de prevenir errores y omisiones en los registros de mantenimiento” y se hace foco en el “tenor y la cantidad de observaciones, errores, carencias, omisiones” de esos registros.
Otro anexo de un informe de ANAC detalló que había instalaciones de mantenimiento de la empresa en Ezeiza con productos que no cumplían los estándares de “control de trazabilidad de consumibles, almacenamiento de herramental con requerimientos de calibración, control de temperatura y humedad, y preservación de productos hallándose desviaciones importantes a tales aspectos, como así también un significativo nivel de desorden en el almacenamiento de materiales, partes y herramientas”. Entre los incumplimientos se detalló que “los depósitos tenían partes aeronáuticas apoyadas en el piso o apiladas en sus estanterías con sus cajas rotas y estantes colapsados”.
Dueños
Como se dijo, Flybondi comenzó a operar en 2018 en el país. Sus principales dueños son tres fondos de inversión: el estadounidense Cartesian; Yamasa, con accionistas franceses y japoneses; y Givin Capital, dueño en Turquía de la aerolínea Pegasus.
En marzo, cuando aún era ministro del Interior, Guillermo Francos se reunió con Peter Yu, managing partner de Cartesian, el principal accionista de este fondo que también invirtió en Viva, una low cost que opera en Perú y Colombia.
Tiene una flota de 17 aviones y vuela a 19 destinos domésticos y tres internacionales en Brasil. Su CEO es el colombiano Mauricio Sana. El primer número uno local de la compañía, y también fundador, Julian Cook, fue echado en 2019 en medio de un escándalo. Luego de la derrota del macrismo en las presidenciales, Cook escribió en el grupo de chat empresarial Nuestra Voz, que “el peronismo es un cáncer que destruye el país poco a poco”.
“Decidí mudarme acá de Londres en 2016 y levanté USD 75 millones para lanzar Flybondi. Hemos transportado dos millones de pasajeros, 400.000 viajaron por primera vez en su vida en avión. El camino fue difícil, con un tipo de cambio que pasó de 16 a 60, teniendo en cuenta que tenemos 70% de nuestros costos en dólares”, señaló en lo que creyó era un comentario privado. El mensaje se filtró en pocos minutos y el alma mater de la compañía –quien la había ideado junto al emprendedor Gastón Parisier, quien nunca fue ejecutivo ni figura como accionista, al menos públicamente– salió eyectado de conducción de la low cost.
Ahora, el Gobierno de Milei la tiene en la mira por sus constantes incumplimientos.
