Connect with us

Politica

Dos organismos del Gobierno también pidieron que Cristina Kirchner sea sobreseída en la Ruta del Dinero K

Publicado

on

Son la UIF y la AFIP controladas por funcionarios K. Salieron a apoyar la sorpresiva solicitud del fiscal Guillermo Marijuan.

El gobierno a través de dos organismos, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) convalidó que Cristina Kirchner sea sobreseída en el caso conocido como la Ruta del Dinero K. Fue después del sorpresivo pedido del fiscal Guillermo Marijuan ante el juez Sebastián Casanello. En el corto plazo, según pudo saber Clarín, el magistrado sobreseerá a la vicepresidenta que se encuentra imputada por lavado de dinero en este expediente.

Sin objeciones al criterio establecido por el Ministerio Público Fiscal los dos organismos querellantes respaldaron que a la vicepresidenta se le dicte el sobreseimiento en el caso donde Lázaro Báez, su ex socio comercial, fue condenado a diez años de prisión por haber lavado con Austral Construcciones, 55 millones de dólares.

La UIF y la AFIP, ambos organismos del Gobierno, están comandados por funcionarios K. El primero lo comanda Juan Carlos Otero, el segundo Carlos Castagneto.

Este tramo residual de la Ruta del Dinero K se centró en el vínculo entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, “para determinar y establecer su posible coautoría o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”, explicó Marijuan en su dictamen.

Con el análisis del caso, dijo el fiscal, “no tengo duda alguna, de la estrecha y directa relación personal entre” la vicepresidenta y el dueño del Grupo Austral. Sin embargo las pruebas reunidas no fueron suficientes para sostener la imputación: una intervención directa, una orden, a Báez para que realice las operaciones de blanqueo.

Después de cinco años el representante del Ministerio Público Fiscal después de una extensa enumeración de argumentos bajo los cuales afirmó no haber podido probar la participación de Cristina en “esta concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”, solicitó que la vice sea sobreseída.

Frente al dictamen de la fiscalía, el juez Sebastián Casanello pidió la opinión de las querellas representadas por la UIF y la AFIP quienes consideraron que no hay elementos suficientes para sostener la imputación que involucraba a Cristina Kirchner en las maniobras de lavado.

Los dos organismos durante el juicio contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos, el valijero Leonardo Fariña, el contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, entre otros, pidieron penas elevadas contra los imputados: la UIF solicitó nueve años para el empresario K y ocho años la AFIP. Estos alegatos se escucharon en 2020 bajo la actual gestión.

Sin embargo en este tramo del expediente, le dieron la razón al fiscal Marijuan y pidieron el sobreseimiento de Cristina Kirchner.

Los “vínculos estrechos”

La Ruta del Dinero K tiene como elemento central a Austral Construcciones, adjudicataria del 86% de los contratos viales licitados en Santa Cruz, que según la condena en la que derivó el juicio contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad, estuvieron plagados de irregularidades: direccionamiento de los concursos, falta de controles, obras inconclusas, sobreprecios promedio del 65%, circuitos exclusivos para percibir fondos por obras que no avanzaban, entre otros.

Es justamente una porción de esos fondos irregulares que, según el Tribunal que condenó a Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K, se volcaron a las operaciones de lavado.

La ventana de tiempo que se investigó fue 2010-2013 período en el que, a través de la constructora que tenía como único cliente al Estado Nacional, lavó 55 millones de dólares Sucede que en simultáneo, celebró varios negocios comerciales con la ex Presidenta: 18 compra-venta de propiedades y terrenos, la administración y explotación de hoteles, contratos de alquiler, un terreno en condominio, contratación de habitaciones de los complejos turísticos, construcción de inmuebles. Son sólo algunos de los negocios que los unen. Además, Báez y su entorno hicieron múltiples visitas a la residencia presidencial de Olivos en esa época.

Al respecto, el fiscal Marijuan indicó ahora que tanto Báez como la vice fueron “condenados por actividades ilícitas que los han tenido como responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

En su dictamen, ahora convalidado por la AFIP y la UIF, se especificaron los múltiples negocios comerciales que vinculan a Cristina Kirchner con Báez, que muestran “la entrañable cercanía, vínculo y amistad” entre ambos, sostiene el fiscal.

En el desarrollo del análisis de ese vínculo, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo: “Y si lo expuesto no alcanzara para entenderlo tenemos que la reciente prueba incorporada a esta causa respecto en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Elisabet Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un periodo de poco más de dos años”.

Pero nada de ello fue suficiente para determinar la intervención directa de la vicepresidenta en la estructura de blanqueo.

Como contó Clarín, pese a este pedido de sobreseimiento que se concretará por parte del juzgado en los próximos días, Cristina Kirchner seguirá siendo investigada por lavado de dinero junto a Báez en otra causa donde se investiga el cuantioso patrimonio del dueño del Grupo Austral.

Entre 2010 y 2013 Lázaro Báez (mismo período de las maniobras de blanqueo), había declarado ante la AFIP un patrimonio de 66 millones de pesos, sin embargo la justicia determinó que su fortuna era aún mayor: en 2016, la justicia federal le detectó 1.420 bienes muebles e inmuebles, equivalentes entonces a 205 millones de dólares. En este tramo en el que la vice seguirá siendo investigada, se busca determinar si esas propiedades las adquirió a título personal o actuando como testaferro de los Kirchner.

Politica

Ex presidenta, intento de homicidio y edad: por qué CFK pidió la domiciliaria y no usar tobillera electrónica

Publicado

on

Por

Tras el fallo de la Corte Suprema, Cristina Kirchner solicitó cumplir la condena en su departamento de la calle San José porque sostuvo que una cárcel “de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad”.

Cristina Kirchner pidió ayer cumplir su condena de seis años de prisión en la causa Vialidad en prisión domiciliaria y sin usar una tobillera electrónica que controle sus movimientos. La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

Seguir leyendo

Politica

Entre la estrategia electoral y “el pacto de impunidad”: así se vivió en el Gobierno la condena a Cristina Kirchner

Publicado

on

Por

Las autoridades nacionales aseguran que no intervinieron en el desarrollo de la causa Vialidad y consideran que es incierto el futuro del PJ. Las reuniones en Casa Rosada y la reacción ante las movilizaciones de los sindicatos.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, llegó con el presidente Javier Milei en plena gira por Europa y Medio Oriente, desde donde opinó a través de las redes sociales, al igual que muchos de sus funcionarios que no solamente comentaron la noticia, sino que empezaron a pensar en las repercusiones de la medida, tanto sociales como políticas.

Seguir leyendo

Politica

Qué dice el fallo de Casación que confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Publicado

on

Por

El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal ratificó el fallo del Tribunal Oral, que en diciembre de 2022 había condenado a la ex mandataria. Hoy la Corte Suprema desestimó los recursos de CFK y dejó firme lo decidido por el máximo tribunal penal del país

 

 

El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

Asimismo, ese día también confirmó las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal. A Carlos Kirchner se le confirmó la absolución por prescripción.

Este martes, la Corte Suprema desestimó todos los recursos de queja de Cristina Kirchner y dejó firme la condena. Como consecuencia, la ex vicepresidenta deberá cumplir con prisión domiciliaria y no podrá ser candidata en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó además el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.

La sala de audiencias enLa sala de audiencias en la que se leyó el fallo

Los detalles de la sentencia

Los jueces destacaron que la maniobra se dio con la incorporación de Báez al rubro de la construcción “sin ninguna experiencia” a pesar de lo cuál “conformó un grupo de empresas, que le permitió ganar numerosas licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz simulando una competencia que en realidad no tenía (a modo de ejemplo, sólo entre 2007 y 2008 recibió veintitrés contratos”.

Los jueces destacaron que las licitaciones que obtuvieron las empresas de Báez se dieron con “numerosas irregularidades”. “Se demostró que se seleccionó una modalidad de contratación específica, convirtiéndose para la provincia de Santa Cruz en regla lo que para las demás fue una excepción. Esto permitió la cartelización de la obra pública en la referida provincia en favor de un grupo de empresas que respondían al aludido Báez”, citaron como ejemplo. También que por los incumplimientos no fue sancionada y que tenía un canal preferencial de pago.

Otra prueba relevante para Casación fue el decreto 54/2009 que firmó Cristina Kirchner a instancias de José López por el cuál se modificó el fideicomiso que comenzó a ser manejado por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Periotti.

Los magistrados también destacaron lo que el fiscal Diego Luciani llamó en el juicio oral el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares y por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

Los jueces de la CámaraLos jueces de la Cámara de Casación (Maximiliano Luna)

“Que en el plan tomaron participación, en principio y de acuerdo a lo que se pudo probar, José Francisco López, Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Nelson Periotti y José Raúl Santibáñez”, sostuvieron los jueces y agregaron que “para culminar la maniobra se trató de atribuir el cierre de las empresas de Báez a la nueva administración del Poder Ejecutivo nacional y evitar la `sensación de fuga` (en palabras de José Francisco López), cuando en realidad se probó que las obras habían sido abandonadas con anterioridad, y todo lo sucedido en esta etapa fue minuciosamente ideado por López, Báez, Fernández de Kirchner y Periotti”.

“La maniobra señalada generó un enorme perjuicio al Estado nacional, que si bien no se pudo determinar en su totalidad, se estableció parcialmente y, por ende, se ordenó a través de la herramienta que prevé el código penal para el recupero de activos de origen ilícito el decomiso de la suma de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), el que necesariamente será objeto de actualización al momento en que la sentencia adquiera firmeza”, dijeron en otro tramo.

La disidencia que tuvieron los jueces fue sobre la aplicación o no del delito de asociación ilícita para los acusados. Es lo que había pedido el fiscal Luciani en el juicio oral y por el que acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de esa organización criminal y por lo tanto solicitó que se le aplique una pena de 12 años de prisión.

Los jueces Barroetaveña y Borinsky señalaron que no se comprobó la “pluralidad de planes delictivos” que requiere la asociación ilícita, sino que fue un único plan criminal sobre la obra pública. En tanto, Hornos sí entendió que en el caso se cometió el delito de asociación ilícita.

“Los encausados conformaron una organización estable y duradera cuya finalidad no fue la realización de un determinado o determinados hechos en los que coincidieron más de 2 personas. Por el contrario, tenían el propósito, la apertura y la disposición de encarar la práctica de múltiples, variados e indeterminados planes delictivos”, sostuvo Hornos que agregó que “la asociación ilícita operó de forma inalterada, estable, continua, desde su conformación hasta que finalizó el último mandato presidencial de quien fue la líder de la organización criminal”.

Seguir leyendo

Mas Leidas

© 2022 FM Integracion 90.1. Todos los Derechos Reservados. | Desarrollado por Conexión Streaming

FM Integracion 90.1