Es una causa vinculada con el expediente principal, que analiza su el contratista fue testaferro de la vicepresidenta. También la tienen el fiscal Marijuan y el juez Casanello.

Cristina Kirchner está a un paso de obtener el sobreseimiento en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, después del dictamen del fiscal Guillermo Marijuan según el cual no logró dar con ninguna prueba que determine la intervención directa por parte de la vicepresidenta en las operaciones de lavado por 55 millones de dólares que encabezó Lázaro Báez. Sin embargo, continuará siendo investigada en otro expediente donde está imputada por operaciones de blanqueo y en el que se busca determinar si su ex socio comercial adquirió 1.420 bienes muebles e inmuebles a título personal o como testaferro.

“Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre, y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara”, dijo Lázaro Báez en 2019 durante una conversación que mantuvo desde la cárcel con una de sus abogadas. El sugestivo comentario fue solicitado por Marijuan y por la Unidad de Información Financiera (UIF) macrista en el marco de una causa que se desprendió de la Ruta del Dinero K, donde se investiga al empresario K y a Cristina Kirchner.

El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal tienen bajo análisis una serie de intercambios comerciales, compras y ventas de inmuebles entre otras transacciones que vinculan a los Báez y los Kirchner. En este expediente, el empresario K condenado a diez años de cárcel está imputado al igual que la vicepresidenta, por el delito de lavado de dinero.

Como se trata de un hecho por presuntas operaciones de blanqueo vinculadas al cuantioso patrimonio del dueño del Grupo Austral, se investiga de forma individual. Así, explicaron fuentes judiciales a Clarín: “no incide en nada el pedido de sobreseimiento en el expediente principal”, ya que está constituido como un expediente aparte “donde hay medidas en curso y se sigue investigando la figura del posible prestanombre”.

Recordemos: mientras la firma insignia de Báez, Austral Construcciones, recibía licitaciones viales del gobierno kirchnerista, parte de esos fondos que cobraba los volcó a las maniobras de lavado. Las mismas incluyeron la compra compulsiva de propiedades y diversos bienes: 1.412 en ocho distritos diferentes.

Gran parte de esas compraventas de casas, terrenos y negocios se realizaron con Austral Construcciones, y muchas se concretaron con la familia Kirchner.

Mientras Austral se imponía en cuanta licitación se presentaba, la firma de Báez pagó a los ex presidentes 40 millones de pesos sólo en concepto de alquileres. Además, permutó un terreno tasado en 14,7 millones de pesos con la vicepresidenta y compró diez propiedades por 2 millones de dólares.

Para esos intercambios, el abogado de la vicepresidenta tuvo otra definición: “No fueron retornos, fueron negocios privados”. Los jueces que condenaron por corrupción a la vice en el caso Vialidad desecharon esa premisa.

El volumen de la evidencia respecto de los acuerdos comerciales “es realmente inmenso” evaluaron los jueces y añadieron que los “variopintos acuerdos que unieron a Báez y Fernández de Kirchner (compraventas de inmuebles, fideicomisos para construcciones, permutas, préstamos dinerarios)”, posibilitaron “el lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de semejante operación defraudatoria”.

En otros términos, el fiscal Marijuan dijo que los vínculos entre la vice y su ex socio comercial son “innegables” y que trascienden el mero conocimiento sino que había intereses cruzados y una gran cantidad de negocios compartidos. Sin embargo, eso no pudo corroborar que haya existido una orden o una intervención directa de Cristina Kirchner en las maniobras de blanqueo que permitieron que a través de Austral Construcciones se blanqueen 55 millones dólares entre 2010 y 2013.

Los informes patrimoniales

En ese mismo período es que Báez incrementó su patrimonio en un 12.000%, según los informes incorporados a la causa.

Por ese motivo se le requirió al área de Recupero de Activos, dependiente de la Procuración, que determine la cantidad de nexos entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez respecto al acervo patrimonial.

El último informe incorporado amplió a diez las operaciones que los Kirchner celebraron con Báez. El relevamiento muestra que entre 2004 y 2013 el dueño del grupo Austral pagó 77.220.993 pesos para comprar esas 217 propiedades. De ese universo de operaciones pagó 135 propiedades en efectivo.

De ese número puede hacerse otro desagregado: 17 operaciones se realizaron en dólares y los pagos fueron en efectivo, cuando regían estrictas restricciones sobre las divisas estadounidense.

El informe muestra además que diez inmuebles que son parte del patrimonio de Lázaro Báez eran propiedad de Néstor y Cristina Kirchner, integraban los bienes gananciales del ex matrimonio presidencial.

Por estas diez operaciones en las que Lázaro Báez compró propiedades a los ex presidentes, representados siempre por Máximo Kirchner, pagó según las escrituras, un total de 6.741.300 pesos. Si se toma el tipo de cambio oficial de entonces, el contratista de obra pública le pagó a sus ex socios comerciales 1.916.013 dólares.

La fiscalía analiza otro aspecto de este informe: nueve de los inmuebles los compró Austral Construcciones. En 2008, Néstor y Cristina Kirchner le vendieron seis inmuebles (cuatro el mismo día, el 19 de junio) a la compañía que para entonces ya había sido adjudicataria de más de 30 contratos viales.

Esas seis primeras ventas a Austral se hicieron $ 5.249.500 (1.512.824 dólares). Los pagos fueron la mitad en efectivo, otro con un cheque y el último a través de una permuta. Se trata del terreno de 87.000 metros cuadrados en El Calafate que tuvieron en condominio Báez con la ex Presidenta y que fue valuado en 14,7 millones de pesos.

En 2008, cuando el matrimonio Kirchner le vendió seis propiedades a Austral Construcciones, y sólo en concepto de anticipos de obras, el gobierno le pagó a Báez 83 millones de pesos. Ese mismo año, el contratista compró cuatro estancias por 147 millones de pesos. “Acá había un claro conflicto de intereses, los ex presidentes le vendieron propiedades al proveedor del Estado”, indicaron fuentes de la causa.

Ese mismo año, Néstor Kirchner le compró a  Báez la hostería Las Dunas, por 700.000 dólares. Luego le cedió a la firma Kank y Costilla (constructora del holding) la explotación de ese complejo turístico.

Ese dinero que Báez les pagó por los inmuebles, también contribuyó a que en 2008 los ex presidentes vuelquen 8,5 millones de dólares a la compra de la empresa Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate. Meses después, le dieron la administración del mismo a la firma Valle Mitre, de Báez.

En 2009, se firmó la venta a Báez de otras cuatro propiedades que pertenecían a los Kirchner. Ese año la constructora ya acumulaba cerca de 40 licitaciones y en concepto de anticipos financieros el gobierno kirchnerista le pagó 131 millones de pesos, en tanto Lázaro Báez le pagó a los ex presidentes por cuatro propiedades $ 1.491.800 (U$S 403.189).

En ese mismo período, Báez sumó tres estancias a su patrimonio en los que invirtió $ 21 millones.

El avance del caso

La pregunta que ahora busca responder la justicia es si todos esos bienes “se adquirieron como prestanombre de los ex presidentes, si el contratista K actuó como una “persona interpuesta”, es decir como un testaferro de la familia Kirchner.

La Justicia determinó que la fortuna de Báez en bienes registrados y detectados por la fiscalía asciende a 205.134.525 dólares. La UIF macrista remarcó que “fueron adquiridos con dinero desviado de las arcas del Estado mediante maniobras de asignación irregular de obra pública, siendo Lázaro Báez, testaferro del matrimonio Kirchner”.

El patrimonio de Báez se compone de terrenos, casas, departamentos, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones, edificios, aviones, vehículos y maquinaria vial. Las propiedades están distribuidas en diez localidades de Santa Cruz, también en las provincias de Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco y Santiago del Estero, además de Capital Federal. Además, se contabilizaron en 972 vehículos y maquinaria vial perteneciente a Austral Construcciones.