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Quién es Victoria Villarruel, la polémica abogada que Javier Milei eligió como vice en su fórmula

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La actual diputada es hija de un militar de Malvinas y nieta de un almirante historiador. Se reivindica de derecha y fundó el “CELS de los militares” para recordar a las víctimas de la guerrilla y oponerse a los juicios por delitos de lesa humanidad.

Hace poco más de una década, Victoria Villarruel araba en las piedras con su prédica “contramemoria” de recordación de las víctimas militares y civiles de la guerrilla de los 70. Era parte de agrupaciones de retirados y de la “familia militar”, que muy lejos del poder de otros tiempos, se oponían a los juicios por lesa humanidad que volvía a impulsar el gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, de la mano de Javier Milei que la ha elegido como su compañera de fórmula presidencial -como informó este domingo Clarín– Villarruel podría ser la presidenta del Senado, si las cosas se dan como las piensa el ascendente economista de derecha.

Villarruel, 48 años, graduada en la UBA, ya había sido la “elegida” de Milei cuando en 2021 lo secundó en la lista de candidatos a diputados por la Ciudad. Es su compañera de bancada de La Libertad Avanza en Diputados, pero ha mantenido bastante el bajo perfil. No es su estilo la polémica estruendosa, aunque sus ideas sí puedan levantar polvareda: sostiene que “no hubo 30 mil desaparecidos” y que “los terroristas que hicieron atentados en los 70 tomaron el poder, reescribieron la historia y se garantizaron la impunidad”.

“Con Milei siempre decimos, se van a tener que tomar medidas incómodas y políticamente incorrectas. Somos los únicos dos diputados que votan en contra de leyes que son para pagar favores políticos o contentar a colectivos de la sociedad, todas leyes que deben ser derogadas”, sostiene.

Después de 2003 cuando se derogaron las leyes de perdón y los militares de la represión volvieron a ser juzgados, Victoria fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). Simplificando, una suerte de CELS “de los militares”, buscando darle un perfil “académico” dentro de un mosaico de agrupaciones castrenses reactivadas ante las políticas del kirchnerismo, que tenían amplia aceptación. El CELTYV, que nació en 2006, era un desprendimiento de AUNAR, una agrupación nacionalista que había sido fundada en 1993 por el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo en 1976 y último jefe de la Policía Bonaerense en al dictadura, el general Fernando Verplaetsen.

Villarruel es hija del teniente coronel retirado Eduardo Marcelo Villarruel, fallecido en 2021, veterano de Malvinas donde fue el segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, que comandaba Aldo Rico. El militar nunca ocultó su participación en el controvertido Operativo Independencia en 1975 (ordenado por el gobierno constitucional), siendo teniente, y su “lucha contra la subversión”, diploma incluido; en 1987 el entonces ministro de Defensa Horacio Jaunarena ordenaría su arresto por negarse a jurar la Constitución, una actitud que adoptaron muchos cuadros medios de las FF.AA. en esa época efervescente de alzamientos carapintada.

Victoria Villarruel y Javier Milei en el Congreso, antes de retirarse para no votar el Presupuesto, en octubre del año pasado. Foto TwitterVictoria Villarruel y Javier Milei en el Congreso, antes de retirarse para no votar el Presupuesto, en octubre del año pasado. Foto Twitter

A su vez, por parte de madre Villarruel es nieta del contralmirante Laurio Hedelvio Destéfani (fallecido en 2017), historiador naval autor entre otras obras, de los diez tomos de la Historia Marítima Argentina, y que fue miembro de número de la Academia Nacional de Historia.

Una vieja historia familiar tendría incidencia sobre la vida política de Victoria. A principios de los 60 el abuelo Destéfani fue destinado un año a España a investigar en el Archivo Real. En un hotel de vacaciones trabó amistad con Manuel Aznar Acedo (1916-2001), falangista que había participado de la Guerra Civil como oficial franquista en tareas de propaganda. Su hijo por entonces de 9 años era José María Aznar, futuro presidente del gobierno español por el Partido Popular.

Para las navidades las tarjetas de saludos nunca dejaban de llegar a Buenos Aires a casa de los Destéfani. La madre de Victoria contactó a Aznar en una visita a Buenos Aires y en 2007, Aznar recibió a Victoria en Navacerrada, donde tenía la sede de su fundación. Y le abrió la puerta de la poderosa AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo fundada en 1981 y que nucleaba a familiares y víctimas de la ETA.

Esos lazos de prolongaron en el tiempo, con el muy modesto CELTYV, dándole una instancia de legitimación internacional.

Los más recientes contactos de Milei en España, con la derecha de Vox, se atribuyen en parte a la red de contactos de Villarruel.

En Los otros muertos (2014), que escribió con Carlos Manfroni, sitúan en más de 1.000 las víctimas de la guerrilla. Y ponen acento particular en las víctimas civiles. Una “contramemoria” o una memoria incómoda para el relato kirchnerista de los 70, que dominó la escena en los últimos lustros.

Aunque pueda pensarse lo contrario, “Vicky” no integra el círculo íntimo de Milei -que sigue reducido a su hermana Karina “El Jefe” Milei, y el armador nacional Carlos Kikuchi-. Aunque ellos cuentan que se conocieron por twitter, sigue siendo un secreto celosamente guardado cómo fue que ella llegó a la lista de diputados en 2021, secundando a Milei.

Si Villarruel va de vice, queda abierto el casillero de la candidatura a gobernador/a. Victoria había dado pasos en ese sentido el año pasado al asumir como presidenta del Partido Demócrata de la Provincia. ¿Y ahora?

“Me tildan de genocida, me tildan de facha, de negacionista, los mismos que justifican los crímenes del comunismo en todo el mundo”, había dicho en el cierre de campaña hace dos años. “Si robarse todo en nombre de los pobres es ser de izquierda, soy de derecha”, desafió y elogió la campaña “más rebelde” de los últimos años. Las coordenadas de la rebeldía, parte del debate que genera el mileismo en este tiempo.

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Ex presidenta, intento de homicidio y edad: por qué CFK pidió la domiciliaria y no usar tobillera electrónica

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Tras el fallo de la Corte Suprema, Cristina Kirchner solicitó cumplir la condena en su departamento de la calle San José porque sostuvo que una cárcel “de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad”.

Cristina Kirchner pidió ayer cumplir su condena de seis años de prisión en la causa Vialidad en prisión domiciliaria y sin usar una tobillera electrónica que controle sus movimientos. La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

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Entre la estrategia electoral y “el pacto de impunidad”: así se vivió en el Gobierno la condena a Cristina Kirchner

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Las autoridades nacionales aseguran que no intervinieron en el desarrollo de la causa Vialidad y consideran que es incierto el futuro del PJ. Las reuniones en Casa Rosada y la reacción ante las movilizaciones de los sindicatos.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, llegó con el presidente Javier Milei en plena gira por Europa y Medio Oriente, desde donde opinó a través de las redes sociales, al igual que muchos de sus funcionarios que no solamente comentaron la noticia, sino que empezaron a pensar en las repercusiones de la medida, tanto sociales como políticas.

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Qué dice el fallo de Casación que confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

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El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal ratificó el fallo del Tribunal Oral, que en diciembre de 2022 había condenado a la ex mandataria. Hoy la Corte Suprema desestimó los recursos de CFK y dejó firme lo decidido por el máximo tribunal penal del país

 

 

El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

Asimismo, ese día también confirmó las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal. A Carlos Kirchner se le confirmó la absolución por prescripción.

Este martes, la Corte Suprema desestimó todos los recursos de queja de Cristina Kirchner y dejó firme la condena. Como consecuencia, la ex vicepresidenta deberá cumplir con prisión domiciliaria y no podrá ser candidata en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó además el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.

La sala de audiencias enLa sala de audiencias en la que se leyó el fallo

Los detalles de la sentencia

Los jueces destacaron que la maniobra se dio con la incorporación de Báez al rubro de la construcción “sin ninguna experiencia” a pesar de lo cuál “conformó un grupo de empresas, que le permitió ganar numerosas licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz simulando una competencia que en realidad no tenía (a modo de ejemplo, sólo entre 2007 y 2008 recibió veintitrés contratos”.

Los jueces destacaron que las licitaciones que obtuvieron las empresas de Báez se dieron con “numerosas irregularidades”. “Se demostró que se seleccionó una modalidad de contratación específica, convirtiéndose para la provincia de Santa Cruz en regla lo que para las demás fue una excepción. Esto permitió la cartelización de la obra pública en la referida provincia en favor de un grupo de empresas que respondían al aludido Báez”, citaron como ejemplo. También que por los incumplimientos no fue sancionada y que tenía un canal preferencial de pago.

Otra prueba relevante para Casación fue el decreto 54/2009 que firmó Cristina Kirchner a instancias de José López por el cuál se modificó el fideicomiso que comenzó a ser manejado por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Periotti.

Los magistrados también destacaron lo que el fiscal Diego Luciani llamó en el juicio oral el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares y por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

Los jueces de la CámaraLos jueces de la Cámara de Casación (Maximiliano Luna)

“Que en el plan tomaron participación, en principio y de acuerdo a lo que se pudo probar, José Francisco López, Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Nelson Periotti y José Raúl Santibáñez”, sostuvieron los jueces y agregaron que “para culminar la maniobra se trató de atribuir el cierre de las empresas de Báez a la nueva administración del Poder Ejecutivo nacional y evitar la `sensación de fuga` (en palabras de José Francisco López), cuando en realidad se probó que las obras habían sido abandonadas con anterioridad, y todo lo sucedido en esta etapa fue minuciosamente ideado por López, Báez, Fernández de Kirchner y Periotti”.

“La maniobra señalada generó un enorme perjuicio al Estado nacional, que si bien no se pudo determinar en su totalidad, se estableció parcialmente y, por ende, se ordenó a través de la herramienta que prevé el código penal para el recupero de activos de origen ilícito el decomiso de la suma de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), el que necesariamente será objeto de actualización al momento en que la sentencia adquiera firmeza”, dijeron en otro tramo.

La disidencia que tuvieron los jueces fue sobre la aplicación o no del delito de asociación ilícita para los acusados. Es lo que había pedido el fiscal Luciani en el juicio oral y por el que acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de esa organización criminal y por lo tanto solicitó que se le aplique una pena de 12 años de prisión.

Los jueces Barroetaveña y Borinsky señalaron que no se comprobó la “pluralidad de planes delictivos” que requiere la asociación ilícita, sino que fue un único plan criminal sobre la obra pública. En tanto, Hornos sí entendió que en el caso se cometió el delito de asociación ilícita.

“Los encausados conformaron una organización estable y duradera cuya finalidad no fue la realización de un determinado o determinados hechos en los que coincidieron más de 2 personas. Por el contrario, tenían el propósito, la apertura y la disposición de encarar la práctica de múltiples, variados e indeterminados planes delictivos”, sostuvo Hornos que agregó que “la asociación ilícita operó de forma inalterada, estable, continua, desde su conformación hasta que finalizó el último mandato presidencial de quien fue la líder de la organización criminal”.

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