Policiales
Detienen a un jefe de la Bonaerense por el caso de Lautaro Morello y Lucas Escalante
Luis Alberto Zaracho es el jefe de la DDI de Quilmes. La trama policial detrás del homicidio del chico de 18 años y la desaparición del joven de 26.
El comisario mayor Luis Alberto Zaracho (39) se desempeñaba hasta este jueves como jefe de la DDI de Quilmes, cuando lo detuvieron en su lugar de trabajo en el marco de la investigación por el crimen de Lautaro Morello (18) y Lucas Escalante (26), cuyo cuerpo todavía no fue encontrado.
El fiscal Daniel Ichazo (UFI N°1 de Berazategui) considera que este jefe de la Policía Bonaerense está involucrado en la maniobra de encubrimiento por la que también están presos otros integrantes de la fuerza.
A Lucas su familia aún lo espera. Hay planes para “cuando vuelva”, cosas que podrán hacerse a su “regreso”. Saben, en la intimidad del hogar, que después de 139 días las posibilidades de encontrarlo vivo son remotas, pero igual hacen lo único que pueden hacer: esperar.
De él nunca se supo nada. Hay una recompensa de 5 millones de pesos para quien pueda aportar información sobre su paradero. Salió el 9 de diciembre junto a su amigo, Lautaro Morello (18), que fue asesinado. Su cuerpo, calcinado, apareció en Guernica una semana después.
Lo que pasó aquella noche es una incógnita, pero no se trata de un misterio sino de una trama policial de encubrimiento que entorpeció la investigación.
“No sé qué es peor, si está vivo después de todo este tiempo está viviendo un infierno porque está lejos de su familia y no puede volver. Si está muerto, también es un infierno porque no lo tenemos más con nosotros”, dijo Romina Escalante, su hermana, a Clarín. “Sea lo que sea, esto es un infierno para mi familia“.
La participación de la Bonaerense sobrevoló el caso, primero porque los dos principales acusados son policías: Cristian y Maximiliano Centurión tienen prisión preventiva como “coautores” del “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía” de Lautaro y por la desaparición de Lucas.
También detuvieron a Sergio Argañaraz, comisario de la 4ta. de Bosques, acusado de “encubrimiento calificado por ser el delito precedentemente grave y por su condición de funcionario público en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público“.
Argañaraz, entre otras cosas, se negó a recibir la denuncia de la mamá de Lucas por la desaparición para dilatar la investigación.
Ramiro Yair Forchinito (33), otro policía de la Bonaerense que trabajaba con Interpol junto a Francisco Centurión, el papá y tío de los principales acusados, pasó unos días tras las rejas después de que descubrieran que truchó su declaración al entregar un celular falso para negar que había estado reunido con los Centurión el día posterior al crimen.
Cuatro fiscales
Pasaron por la causa cuatro fiscales: primero Mariana Dongiovanni, que se excusó por las presuntas presiones recibidas de parte de la familia Morello y de su abogado, Diego Dieguez, conocido por defender policías en diferentes causas. Luego pasó a manos de Martín Conde, que también decidió excusarse por sus vínculos laborales con Centurión.
Finalmente cayó en manos de Daniel Ichazo aunque, por la feria judicial, primero pasó Barbara Velasco, que -apenas terminada la feria- rápidamente deslindó la investigación de nuevo en Ichazo.
En esa papa caliente que fue la causa judicial, la Bonaerense también fue apartada de la causa después de varias reuniones de las familias de Lautaro y de Lucas con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Ahora quedó a cargo de la Federal, que logró avanzar con operativos y pericias claves.
Ichazo citó a declarar al comisario mayor Daniel García para que diera explicaciones sobre los primeros movimientos de la investigación. El jefe de la fuerza provincial, lejos de aportar información sobre los hechos, intentó correr el foco de la investigación y habló de un “crimen pasional” para referirse a la muerte de Morello.
Su hipótesis, según declaró, es que Lucas y Lautaro tenían un vínculo de pareja y que eso desencadenó en la muerte. No hay ningún otro indicio que marque los hechos en esa dirección, confiaron a Clarín.
Esta semana Ichazo también citaría a declarar al superintendente regional de AMBA Sur, Javier Villar, para que dé explicaciones sobre sus comunicaciones con Centurión y su intervención en los días posteriores al crimen.
¿Qué pasó con Lucas y Lautaro?
Según consta en el expediente y gracias a una serie de audios aportados por la familia Escalante, el 9 de diciembre Lucas iba al encuentro con Maximiliano Centurión en una quinta de Florencio Varela porque le iba a entregar vales de nafta.
“Me iba a quedar en casa, ¿viste? Pero hay un chabón que me da nafta. La tengo que ir a buscar hasta Alpino, un poquito más lejos. Pero bueno… la nafta gratis sirve”, le contó a Morello por Instagram para invitarlo.
Gracias a que Lucas les contó a tres personas diferentes lo que iba a hacer, fue que llegaron a los Centurión. Las cámaras de seguridad y un vecino confirmaron la versión: el 9 de diciembre de 2022, los dos jóvenes se encontraron con los dos policías para la transacción. El BMW azul de Lucas también fue clave: los testigos lo recordaron por el vehículo.
La familia Escalante dirá que Lucas es “ingenuo” y “confiado” por lo que creyó que iban a regalarle los vales. Para los investigadores, él podría haber sido un revendedor de esos tickets, una de las maniobras de corrupción más históricas e instaladas en la Bonaerense.
Lo que sigue
El papá y tío de Maximiliano y Cristian Centurión es Francisco “Coco” Centurión, un comisario mayor que inició su trayectoria en una delegación de Drogas Peligrosas y ascendió hasta ser enlace de Interpol. Sospechan que podría haber usado su conocimiento en la zona de Florencio Varela para encubrir el crimen de su hijo.
La semana pasada allanaron por cuarta vez una quinta de su propiedad. Tiene al menos una hectárea con siete construcciones que -curiosamente- no habían sido requisadas durante la primera etapa de la investigación.
En una hallaron restos de sangre a través de una pericia de luminol y secuestraron elementos calcinados en una parrilla.
Fuentes de la investigación confiaron a Clarín que los testigos coincidieron en que el día de la desaparición de Lucas y Lautaro hubo allí una gran fogata. Un árbol alto habría sido alcanzado por las llamas y probaría la magnitud de aquel incendio. Allí encontraron restos que fueron secuestrados para su posterior análisis.
Los peritos, explicaron las fuentes, tomaron muestras de las manchas de sangre para ser analizadas. De ese resultado dependería si el fiscal Ichazo pide o no la detención de Francisco Centurión.
En los allanamientos previos y mientras la Bonaerense estuvo a cargo de la causa, los policías encontraron excusas o imposibilidades de acceder a todas las propiedades y recién ahora, con la intervención de la Federal, han logrado entrar.
El fiscal Ichazo continuó tomando declaraciones testimoniales y esperan realizar un nuevo rastrillaje en la zona donde se detectó el teléfono celular de Lucas Escalante por última vez. Un lugar que, curiosamente, tampoco había sido rastrillado hasta el momento.
“No se toma magnitud de lo que está pasando. Acá hay un desaparecido en democracia en manos de la Policía y siento que nadie toma dimensión de lo que significa eso”, lanza Romina Escalante, agobiada por la falta de información sobre su hermano.
“Queremos saber dónde está. Queremos encontrarlo. No te puedo decir que estoy conforme con los avances de la investigación porque me falta mi hermano. Sí, vemos que se están haciendo más cosas pero yo lo quiero a Lucas. Como sea, aunque sea para poder hacer un duelo, no sé… pero no saber dónde está es insoportable”, cierra.
Policiales
El caso del “monstruo de Villa Martelli” que abusó a su hijastra durante seis años en la calle y en un albergue de Constitución
A.J, de 49 años, escapó a Santa Fe luego de que la víctima lo denunciara tras cumplir la mayoría de edad. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal
A.J, de 49 años, oriundo de Villa Martelli, fue detenido la semana pasada en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, acusado de un delito aberrante: violar a su hijastra durante seis años, desde sus 12 hasta sus 18. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal, luego de que los investigadores descubrieran que se refugiaba en la zona. Puntualmente en un domicilio que, supuestamente, le alquilaba un familiar directo.
Tras lograr que saliera, lo arrestaron y lo trasladaron de vuelta a territorio bonaerense, donde ahora deberá responder por la acusación en su contra -realizada por la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Vicente López- por el delito de abuso sexual reiterado, agravado por el vínculo.
Luego, insólitamente, la violó en un punto más lejano: el albergue transitorio O’Brien, ubicada en la calle del mismo nombre, en la zona de Constitución.
La joven denunció a su padrastro al cumplir la mayoría de edad y, en consecuencia, el hombre escapó de inmediato. Ante esta situación, la División Homicidios de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales, con una larga tradición de capturas de prófugos difíciles de hallar-comenzó a rastrearlo.
Sus registros personales y comerciales, sin embargo, revelaban una pista: un viejo domicilio registrado en Villa Ocampo. Luego, llegaron al dato clave: el alquiler en la zona.
La captura de A.J no es la única detención resonante de la División Homicidios realizada este año. En enero último, capturaron en Mar del Plata a Santiago Nicolás Mallol, alias “Pipa”, acusado de matar 12 años atrás a la psicóloga Martha Landívar en Pinamar.
El cadáver de Landívar, de 37 años, fue descubierto el 20 de mayo de 2012 por un grupo de sus amigas que llegaron a su domicilio en la calle De Las Almejas ante la falta de respuesta a sus mensajes.
Allí, vieron a Landívar ya muerta desde una ventana. Los forenses en la escena detectaron que el cuerpo tenía un disparo en el pecho y otro en su mano. La bala en el pecho, calibre .22, impactó en su clavícula y le perforó la aorta, causando un fuerte sangrado.
El crimen no parecía tratarse de un hecho de inseguridad. La casa no parecía ser el blanco de un robo. Nada estaba revuelto. Tiempo después, se detuvo a un funcionario municipal vinculado a la víctima, que fue liberado por falta de pruebas.
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Es oficial de la Policía Federal: la metieron presa por ser una viuda negra
Micaela Garrido, con rango de cabo, se encuentra detenida en un penal bonaerense, acusada de desvalijar a un hombre en Villa La Ñata. El nuevo auge de un delito que termina en muerte y la paradoja del Código Penal
Micaela Alejandra Garrido, cabo de la PFA, se encuentra en prisión, acusada de ser una viuda negra. El fiscal Cosme Iribarren, uno de los encargados de la acusación en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la imputó por desvalijar a un hombre en Villa La Ñata, partido de Tigre.
El hecho ocurrió el 14 de diciembre pasado en un bar de Plaza Serrano, en la zona de Palermo, donde Garrido conoció a su supuesto blanco. Enlazar en vivo a una víctima es una técnica en desuso; las viudas negras, hoy, prefieren marcar sus potenciales robos en plataformas de citas como Tinder. Tras compartir unos tragos, Garrido, según la acusación en su contra, le propuso al hombre pasar la noche juntos. Así, se dirigieron a la casa de la víctima en Villa La Ñata, partido de Tigre. Como suele ocurrir en los ataques de viudas negras, los recuerdos del hombre de aquella noche terminaron poco después.
El fiscal Iribarren, titular de la UFI de Benavidez, le encargó la investigación a la Sub DDI de Tigre. El auto fue hallado abandonado, cuatro días más tarde. Poco después, los detectives llegaron a Garrido, de 29 años, con un domicilio registrado en Ciudad Oculta. Descubrieron su condición de policía, además del lugar donde se desempeñaba: la comisaría de la terminal de micros de Retiro. Entonces, Iribarren pidió su arresto. El subcomisario de la Federal a cargo de esa dependencia fue notificado. Allí, detuvieron a Garrido, en un operativo conjunto entre la Federal y la Policía Bonaerense e incautaron su celular a fines de enero último.
El nuevo auge de las viudas y la paradoja del Código Penal
A mediados del mes pasado, el juez Martín Peluso procesó con prisión preventiva y un embargo de 30 millones de pesos a Juliana J., de 20 años de edad, detenida por la Policía de la Ciudad, acusada de drogar y desvalijar a un informático de 46 años en Palermo. Tras captarlo en Tinder, luego ocho meses de trabajo fino y una noche juntos, Juliana, según la acusación en su contra, le robó casi 24 mil dólares, 1,2 millones de pesos, tres computadoras, lentes Gucci y seis botellas de Champagne Veuve Clicquot. Juliana no fue la única viuda que Peluso procesó y envió a prisión en los últimos tiempos. Shamira Yoselí, con 18 años recién cumplidos, oriunda de la la Villa 21-24, empleada de una estación de servicio en Villa Lugano, fue detenida a fines del año pasado, acusada de drogar y desvalijar a un turista alemán en un departamento del Abasto tras conocerlo en una app de citas.
Los casos de mujeres jóvenes que dopan con clonazepam y le roban a hombres mucho mayores se repiten en las crónicas de este periodista con particular intensidad al menos desde mediados de 2023. La villa Zavaleta es un nodo para la actividad, con varias imputadas que provienen de la zona, con rateros del barrio en autos de apoyo.
Peluso buscó enviar un mensaje en el procesamiento a Juliana J.: la cárcel y el embargo de Juliana se debían a la particular gravedad del delito, donde el informático, con su bebida dopada, podría haber muerto.
Sucede que, en las últimas semanas, dos hombres murieron por presuntos ataques de viudas negras en el AMBA, un caso en Balvanera y otro en Lanús Oeste, un jubilado de 77 años cuya supuesta asesina fue una mujer de 62.
Sin embargo, el juez aplicó la calificación máxima que el Código Penal ofrece para estos casos: robo simple.
Policiales
“Perra malparida”: en el inicio del juicio por la muerte de Maradona, Verónica Ojeda increpó a la psiquiatra Cosachov
El proceso comenzó hoy y se desarrolla desde las 9.30 Habrá más de 100 testigos y durará casi cinco meses
El juicio contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov por la muerte de Diego Armando Maradona comienza hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número tres de San Isidro.
Desde las 9.30, están sentados en el banquillo de los acusados por presunto “homicidio simple con dolo eventual” Luque, Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini y el psicólogo Carlos Díaz.
Por su parte, la enfermera Gisela Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados populares durante el segundo semestre una vez que finalice el debate principal.
Llegaron Dalma y Gianina Maradona
Las hijas de Diego Maradona ingresaron al tribunal.
Ojeda a Cosachov: “Perra malparida”
Con una remera de Diego, la ex pareja del Diez, Verónica Ojeda, llegó al Tribunal en reclamo de Justicia y se largó a llorar cuando ingresó al edificio. Cuando se cruzó con la psiquiatra Agustina Cosachov, comenzaron los gritos: Ojeda la increpó y comenzó a insultarla.
“Perra malparida”, le gritó la última mujer de Diego. Tuvieron que intervenir las autoridades del tribunal y la policía para calmar la situación.
Tras el incidente, la imputada se alejó hasta la otra punta del pasillo y Ojeda volvió a llorar.
El cambio físico de Leopoldo Luque
El neurocirujano, acusado por la muerte de Maradona, llegó irreconocible a la primera audiencia del juicio en su contra que, se estima, durará casi 5 meses.
Ahora es fisicoculturista: según su abogado, desde el fallecimiento del astro se dedica a entrenar diariamente en Adrogué. Antes de entrar a la sala, habló con su colega Agustina Cosachov, también acusada.
“Diego no se murió”
Un nutrido grupo de fanáticos se ubicaron desde temprano en frente de los Tribunales de San Isidro para pedir Justicia por Diego Maradona, en la primera jornada de juicio contra los siete médicos acusados por su muerte.
“Diego no se murió” y “Justicia por Diego” son algunos de los cantos que repiten mientras las partes van llegando al tribunal.
Además, insultan a los imputados. “No nos olvidamos de lo que hicieron”, le gritaron a la psiquiatra Cosachov, cuando llegó a la audiencia junto a su abogado, Vadim Mischanchuk.
Los últimos días del ídolo
El documental de Infobae que reveló cómo fueron las últimas horas de Diego Maradona.
Comienza el primer juicio por la muerte de Maradona: habrá más de 100 testigos y durará casi cinco meses
Se desarrollará desde las 9 en los Tribunales de San Isidro. Son siete los profesionales de la salud que serán juzgados. Las pruebas en su contra
Tras un largo camino judicial, este martes en los tribunales de San Isidro finalmente comenzará el primer juicio, y el principal, contra siete de los ocho profesionales de la salud acusados de haber tenido responsabilidad en la muerte de Diego Maradona (60), ocurrida en su casa del barrio San Andrés de Tigre el 25 de noviembre de 2020.
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