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Sociedad

Ola de remarcaciones: ¿es legal que un comercio retire los precios o los ponga en dólares?

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Por los saltos del blue y la incertidumbre algunos toman esas medidas, y evitan así corregir valores a cada rato. Qué dicen las normas.

Los recientes saltos en la cotización del dólar impulsaron una nueva ola de remarcaciones. Muchos comerciantes, frente a los aumentos constantes de sus proveedores -o a la expectativa de recibirlos-, comenzaron a cambiar a cada rato los precios. Y reaparecieron prácticas polémicas.

En los últimos días, por ejemplo, se volvió más común encontrar vidrieras, locales enteros, tiendas online y hasta menús de restaurantes sin precios a la vista, a menudo con algún cartelito que invita a consultarlos.

Otra práctica reportada, en especial en rubros como ropa, calzado, electrónica y otros con mucha importación, fue la de mostrar sólo precios en dólares. Valores que recién se pasan a pesos al pagar, tomando la cotización blue del momento.

Ambas conductas pueden ser entendibles en medio del pánico, pero resultan ilegales. Según los expertos, atropellan derechos básicos de los consumidores y pueden ser denunciadas.

En materiales de construcción hubo fuertes remarcaciones esta semana, hasta dos veces por día. Foto: Fernando de la Orden.En materiales de construcción hubo fuertes remarcaciones esta semana, hasta dos veces por día. Foto: Fernando de la Orden.

Exhibir precios, obligatorio siempre

Salvo en rubros muy puntuales, todo aquel que vende algo en la Argentina debe siempre mostrar su precio, sin que sea necesario para el consumidor preguntarlo. De lo contrario, el comerciante podría indicar precios distintos para un mismo producto, “según la cara” de cada cliente.

Las leyes imponen ese criterio, empezando por la Constitución Nacional, que reconoce a los consumidores el derecho a recibir “información adecuada y veraz”, a la “libertad de elección” y a ser tratados de manera digna y equitativa.

Asimismo, la ley 24.240 ordena que al cliente se lo informe “en forma cierta, clara y detallada” sobre las “condiciones de comercialización“.

“La obligatoriedad de exhibir los precios obedece al derecho constitucional de la libertad de elección. Sólo si yo conozco, visualizo, el precio final de un bien antes de adquirirlo, podré ejercer mi decisión de compra libremente y con información clara, veraz y suficiente“, razona Jorge Surin, abogado especialista en Derechos del Consumidor y profesor titular de esa materia en la Universidad de Belgrano.

Además -señala Surin-, a nivel nacional rige la Resolución 7/2002, que obliga a quienes ofrecen bienes y servicios a exhibir todos los precios “en forma clara, visible, horizontal y legible”, ya sea sobre cada producto o en listas.

“Deberán indicar su precio expresado en moneda de curso legal y forzoso en la República Argentina –pesos-“, aclara la norma, que según Surin es aplicable tanto a las tiendas físicas como a las virtuales.

La resolución 7/2002 también especifica que el valor comunicado debe ser el de contado y corresponder al “importe total que deba abonar el consumidor final”.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, la ley local 4.827 añade que “en ningún caso se impedirá el acceso de los consumidores a los precios exhibidos, previo a la decisión de compra”.

Los restaurantes deben tener un menú con precios en la entrada y cartas individuales, pero no siempre se cumple. Foto: Martín Bonetto.Los restaurantes deben tener un menú con precios en la entrada y cartas individuales, pero no siempre se cumple. Foto: Martín Bonetto.

“En el caso de los bares y restaurantes, deben exhibirse los precios de todos los productos que se ofrecen, mediante listas impresas en el acceso al local (vidrieras o atriles) y adentro con listas de papel o en QR en cada mesa”, agrega Surin.

“Mientras un comercio esté abierto -concluye el abogado-, todos los precios deben estar exhibidos y en pesos. Y si por causas ajenas al comerciante, como la inflación, le fuera difícil establecer el precio, el producto deberá ser retirado de la venta hasta poder exhibir un precio.”

Precios 100% en dólares, otra infracción

La resolución 7/2002 admite que los comercios acepten dólares como medio de pago, siempre que informen al ingreso a qué cotización los toman. También tienen permitido exhibir precios en dólares, pero sólo si figuran además del precio en pesos correspondiente (sin reemplazarlo) y en “caracteres menos relevantes“. Es decir, en una tipografía más chica.

Así, mostrar únicamente un precio en dólares está prohibido. Pero hay excepciones. Una es que se trate de servicios prestados desde, hacia y en el exterior, como por ejemplo un vuelo a Brasil o un paquete turístico para ir a Disney. Inmuebles como casas, departamentos y terrenos también pueden ofrecerse en dólares. Pero un par de zapatillas o un celular, claramente, deben tener su precio en pesos.

Claudia Collado, presidenta de la asociación de consumidores Adelco, cuenta a Clarín que han detectado precios en dólares en sitios web. “Venden zapatillas en dólares en Instagram, por ejemplo. Y en tiendas a la calle, la obligación de exhibir precios de ropa y calzado no siempre se está respetando. Muchos sacaron los precios de las vidrieras”, observa la abogada.

“Para un consumidor, ver un precio en dólares implica no saber cuánto cuesta algo -considera-. El comercio no cumple con su deber de dar información clara, cierta y detallada“, asegura la abogada, aludiendo a la ley 24.240.

“Tarjetas suspendidas”, otra infracción habitual

Otra conducta detectada en medio de la crisis fue la decisión de algunos comercios de suspender las operaciones con tarjetas y aceptar sólo efectivo, lo que también resulta problemático.

Y es que desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recuerdan que es obligatorio para los comercios aceptar tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios equivalentes. En el caso de las de crédito, sí es optativo.

Además, el local debe cobrar un mismo precio sin importar que el cliente abone en efectivo, con débito o con crédito en una cuota. El uso de los plásticos no puede implicar recargos.

Las infracciones se pueden denunciar en Defensa al Consumidor. Foto: Archivo.Las infracciones se pueden denunciar en Defensa al Consumidor. Foto: Archivo.

¿Cómo reclamar si los derechos no se cumplen?

El incumplimiento de las normas de lealtad comercial se puede denunciar en las oficinas de Defensa al Consumidor de cada provincia o municipio.

En la Ciudad de Buenos Aires el reclamo se puede iniciar la aplicación para celulares BA 147 o desde la web de Defensa al Consumidor, para que el organismo dentro de las 72 horas envíe inspectores a constatar la falta, sancione al responsable y lo obligue a corregir su accionar.

En la Provincia de Buenos Aires los puntos de atención a consumidores de cada municipio se pueden ubicar desde la web gba.gob.ar/defensaconsumidores.

Finalmente, si el problema es que un comercio no acepta pagos con tarjeta o que les impone recargos, eso se puede denunciar también ante la AFIP desde el sitio afip.gob.ar/denuncias.

Sociedad

Licencia de conducir digital: estas son las personas que no podrán hacer el trámite online

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Dos distritos todavía exigen realizar la gestión de manera presencial, a pesar de los cambios implementados por el nuevo sistema nacional

Hasta el momento, 21 jurisdicciones de Argentina activaron la posibilidad de realizar renovaciones o ampliaciones de la licencia de conducir a través de medios digitales en forma plena, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), mientras que otra adhirió en forma parcial. Esta herramienta permite a los conductores gestionar su documentación sin necesidad de acercarse físicamente a un centro emisor.

Durante la primera jornada de aplicación, 19 de las 24 provincias del país ya se encontraban adheridas al sistema. En los días posteriores, varias más confirmaron su integración al SINALIC, llevando el total a 22. No obstante, dos distritos continuaron operando con el esquema anterior: Buenos Aires y Formosa.

Buenos Aires y Formosa son las únicas provincias que aún exigen que los trámites vinculados a la renovación de la licencia de conducir se realicen de forma presencial en los registros habilitados. Esto significa que los ciudadanos de esos territorios deben continuar con los mecanismos previos a la digitalización, sin acceso a la nueva modalidad remota.

Buenos Aires y Formosa siguenBuenos Aires y Formosa siguen exigiendo trámites presenciales para gestionar el carnet de conducir

Las autoridades porteñas explicaron que los exámenes psicofísicos pueden realizarse en 19 centros distribuidos por toda la ciudad. En esos espacios se lleva adelante la totalidad de los chequeos médicos requeridos en pocos minutos, utilizando equipamiento homologado. De esta forma, la Ciudad Autónoma mantiene un sistema paralelo, independiente del SINALIC.

Incorporación progresiva

La adhesión al nuevo esquema nacional fue progresiva. En un principio, la licencia digital sólo estaba disponible en 19 provincias, pero con el correr de los días se sumaron más jurisdicciones. Actualmente, las que forman parte del sistema son:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con adhesión parcial)
  • Santa Fe
  • Córdoba
  • Neuquén
  • Mendoza
  • Catamarca
  • Chaco
  • Salta
  • Jujuy
  • Santiago del Estero
  • Tucumán
  • Chubut
  • Corrientes
  • Misiones
  • La Rioja
  • Entre Ríos
  • San Luis
  • La Pampa
  • Tierra del Fuego
  • San Juan
  • Santa Cruz
  • Río Negro

Cada una de estas provincias permite a sus ciudadanos realizar la renovación o ampliación de su licencia de conducir nacional desde una computadora o dispositivo móvil, sin necesidad de asistir físicamente a una dependencia estatal.

Un caso destacado fue el de la provincia de Córdoba, que no sólo adhirió al sistema nacional, sino que también comenzó a compartir su información con el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAT). Además, Córdoba delegó facultades para la emisión de licencias profesionales de carácter interjurisdiccional, algo que nunca había hecho previamente, constituyendo un cambio relevante para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Cómo realizar el trámite

Para iniciar el proceso de renovación o ampliación en una provincia adherida, las personas deben ingresar al portal oficial del SINALIC: lncargentina.seguridadvial.gob.ar. Allí, el sistema solicita validar la identidad del usuario mediante el número de CUIL y la clave correspondiente a la aplicación Mi Argentina.

Si la persona aún no tiene creado su perfil en Mi Argentina, debe generarlo previamente. Esa cuenta almacena la documentación personal del ciudadano dentro de la plataforma de trámites oficiales del Estado.

Córdoba compartió por primera vezCórdoba compartió por primera vez sus antecedentes viales con el sistema nacional y delegó funciones clave

Una vez validada la identidad, el sistema permite seleccionar uno de los dos trámites posibles: renovación o ampliación de la licencia. En el caso de la renovación, se visualizan las categorías habilitadas por el carnet vigente. Al confirmar la operación, el usuario debe pagar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), necesario para continuar con el trámite. Este pago se realiza mediante un enlace directo al sitio correspondiente o a través de medios electrónicos habilitados en la plataforma.

El CENAT tiene una validez de 30 días, por lo que resulta fundamental obtener turno para el examen psicofísico dentro de ese plazo. El sistema impide avanzar si el certificado no fue abonado y registrado, aunque permite reanudar el trámite desde el punto donde se interrumpió, sin pérdida de datos.

Luego de pagar y validar el CENAT, el usuario accede al listado de profesionales homologados para realizar el examen psicofísico obligatorio, paso que puede cumplirse sin salir de la plataforma. Una vez completado y aprobado este examen, los resultados son cargados automáticamente por los prestadores habilitados.

La licencia digital se genera dentro de la app Mi Argentina. Quienes deseen obtener una versión física del documento deben solicitarla aparte, lo cual implica un costo adicional por la impresión. Esa opción queda a criterio del titular y no es obligatoria.

Limitaciones de alcance

Si bien el nuevo sistema representa una ampliación de las herramientas digitales en materia de tránsito, no incluye a todo el país. Buenos Aires y Formosa no adoptaron la normativa, y por el momento no hay un cronograma oficial que anticipe su incorporación.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación se limita a licencias profesionales, excluyendo a quienes conduzcan vehículos particulares. No obstante, el distrito dispone de su propio sistema de trámites en línea y de centros habilitados para realizar los exámenes correspondientes.

En este contexto, el avance hacia la digitalización del trámite de licencias muestra una fuerte dispersión territorial, con distintos grados de implementación según la provincia. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, persisten excepciones que limitan el alcance de la política.

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La Justicia ordenó levantar la clausura de todas la ferias que funcionan en La Salada

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Lo decidió el juez federal Luis Armella. La fiscal había pedido que se reabra la feria de Urkupiña con un plan de blanqueo

El juez federal Luis Armella ordenó hoy levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en el predio de La Salada, mientras continúa la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. En la resolución, a la que accedió Infobae, el magistrado determinó que la fiscal Cecilia Incardona deberá decidir el momento y las circunstancias de la reapertura.

Armella dispuso que que levante la clausura de las tres ferias que funcionan en la megaferia de La Salada: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.

La fiscal Cecilia Incardona, que llevó adelante la investigación durante dos años, había dictaminado a favor de levantar la clausura de la feria de Urkupiña, tal como adelantó este medio. Pero lo hizo con una serie de condiciones que apuntan al blanqueo general de la operación.

Fiscalización aleatoria semanal de la actividad del interventor y/o representante legal.

Inspecciones aleatorias de cada uno de los puestos de venta, mediante un sistema rotativo y sorpresivo.

Registración de cada uno de los comerciantes en la categoría fiscal que corresponda (monotributo, responsable inscripto, etc.). Control y exigencia de la facturación respectiva tanto de venta como de compra.

. Remisión de un informe semanal al Juzgado y a la Fiscalía de cada inconsistencia detectada y las medidas tomadas al respecto.

La feria de La Salada, un enorme complejo de más de seis mil puestos en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), había sido clausurada el 22 de mayo, tras una serie de allanamientos. Ese día fueron detenidos Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que cayó en su mansión de Luján, Aldo Presa, su histórico administrador, y varios de sus allegados. En cambio, Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, todavía continúa prófugo.

A partir de ese momento, los feriantes comenzaron a realizar cortes y protestas en la Municipalidad de Lomas de Zamora e incluso en la puerta de la Fiscalía que llevó adelante de la investigación. La presión finalmente desembocó en la reapertura dispuesta este viernes.

La investigación y las escuchas sobre toda la organización

Durante más de un año, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos. El empresario se cuidaba mucho al hablar por teléfono pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En las escuchas, autorizadas por la justicia federal, Castillo y sus familiares hablan de operaciones inmobiliarias, compra de armas, y hasta de viajes por el mundo.

Al momento de imputarlo, la fiscal Cecilia Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Emiratos Árabes y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.

Los preparativos comenzaron a mediados del año pasado. Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje a Emiratos Arabes y Maldivas para pasar el Fin de Año.

El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.

– Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.

– Nilda Arrieta: Sí ….

– NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas …. Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro… Casi 70.000 dólares.

-NA: ¿Qué es hotel nada más?

-NL: Hotel y aéreo

-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?

-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto…

-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?

-NL: SI, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..

Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad. Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.

Las llamadas a los teléfonos de la pareja revelaron, además, operaciones inmobiliarias, datos de cuentas bancarias y domicilios desconocidos. El 29 de abril de 2024, la mujer de Castillo se comunica con una inmobiliaria de Luján para alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en esa misma localidad. Y el 4 de mayo, la guardia del barrio le avisa a la mujer que había llegado una persona para reunirse con Castillo por la venta de un campo “de acá de Torres”.

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Aumentó la desocupación en CABA y ya afecta a 132.000 personas

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Según los datos oficiales, el 7,8% de la población activa busca trabajo, pero no lo encuentra. La cifra marca un leve aumento respecto al mismo periodo de 2024, cuando alcanzó el 7,5 por ciento

Durante el primer trimestre de 2025, la desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó el 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa a unas 132.000 personas sin empleo. Este porcentaje refleja un leve incremento en comparación con el mismo período de 2024, cuando la tasa de desocupación era del 7,5%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

El informe también destaca una marcada desigualdad de género en el acceso al empleo. La desocupación afecta al 7,1% de los hombres económicamente activos, mientras que entre las mujeres asciende al 8,6%. Esta brecha evidencia las barreras persistentes que enfrentan las mujeres en el mercado laboral porteño, lo que agrava las tensiones en un contexto de empleo ya frágil.

Otro indicador relevante es el aumento de la subocupación, que alcanzó el 8,7%, creciendo 1,2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe principalmente al componente no demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no buscan activamente ampliar su carga laboral. Este fenómeno refleja una precarización en las condiciones laborales, ya que muchas personas no logran acceder a empleos de tiempo completo o con mejores condiciones.

La calidad del empleo

En cuanto a la calidad del empleo, el informe revela que el 74,5% de la población ocupada es asalariada, un porcentaje que no ha variado respecto al año anterior. Sin embargo, dentro de este grupo, el 25,4% no recibe aportes jubilatorios, lo que pone de manifiesto un alto nivel de informalidad en el mercado laboral. Además, el 7,6% de quienes trabajan en unidades económicas lo hacen bajo condiciones contractuales precarias, como contratos temporales o por tiempo determinado, lo que limita su estabilidad laboral.

El 8,7% de los trabajadoresEl 8,7% de los trabajadores son subocupados en CABA

Por otro lado, el informe señala que los puestos de trabajo con duración de entre 35 y 45 horas semanales alcanzan el 45,4%, apenas por debajo del registro de un año atrás (46,1%). La misma dinámica tienen la población ocupada que declara trabajar más de 45 horas semanales, que incluye al 26,4% (era 27,3% en el primer trimestre de 2024).

Por otro lado, la proporción de trabajadores por cuenta propia se mantuvo en el 20,8%, sin cambios respecto al mismo período de 2024. Aunque este segmento no muestra crecimiento, tampoco ha logrado absorber la presión sobre el empleo formal, lo que contribuye a la persistencia de un escenario laboral frágil.

En síntesis, aunque los indicadores generales de actividad y empleo no presentan variaciones significativas y algunos indicadores a nivel macro se han “acomodado”, el aumento de la desocupación y la subocupación refleja un mercado laboral que sigue siendo vulnerable. Las desigualdades de género, los altos niveles de informalidad y la precarización de las condiciones laborales continúan siendo desafíos estructurales que afectan a miles de trabajadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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