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Once terrenos millonarios que iban a pasar a la Ciudad quedan en manos de la Nación: cuáles son

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Es por un acuerdo firmado por ambos Gobiernos. Son predios que se iban a transferir para pagar una deuda por el Paseo del Bajo, pero el convenio no se concretó.

El Gobierno nacional y el porteño firmaron este miércoles un convenio por 11 terrenos millonarios que habían sido cedidos en 2019 a la Ciudad de Buenos Aires y finalmente quedarán en la órbita de la Nación.

El proceso para la recuperación de las 86,7 hectáreas había sido iniciado por Alberto Fernández, cuando instruyó en 2020 a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a entablar un proceso judicial contra la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Se trata de uno de los frentes abiertos por el actual Presidente contra la gestión del jefe de Gobierno porteño, en paralelo a la discusión por los montos de coparticipación.

Los predios habían sido cedidos durante la presidencia de Mauricio Macri para completar el pago de un crédito internacional que firmó el Gobierno nacional para financiar parte de la construcción del Paseo del Bajo. La Nación le transfería a la Ciudad esa deuda, pero también los terrenos para que los vendiera y la pagara.

Pero ese traspaso nunca se concretó, porque la Nación, ya con Alberto Fernández en la presidencia, frenó los traspasos a la Ciudad.

Por decreto, Fernández instruyó en 2020 a AABE a revisar la cesión de 31 terrenos que fueron transferidos sobre el cierre de mandato de Mauricio Macri, supuestamente contra la regla del fin de mandato, que prohíbe la descapitalización de los bienes del Estado durante los últimos dos trimestres de cada gobierno.

El proceso se inició en 2016 con la decisión del entonces presidente Mauricio Macri de tomar un crédito de 400 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de la Comunidad Andina de Fomento (CAF) para que Nación financiara el Paseo del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires.

Dos años más tarde, Macri decidió traspasar a la Ciudad la propiedad de once grandes inmuebles cuya titularidad correspondía al Estado Nacional. En 2019, la Legislatura porteña había autorizado la venta de las 86,7 hectáreas.

En 2000 Fernández derogó la facultad otorgada a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de “dar en pago inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino” para cancelar deudas con las provincias o la Ciudad”.

En la Ciudad informaron que “el GCBA asumió el pago de un crédito público de 170 millones de dólares del Estado Nacional ante la CAF a cambio de recibir un cierto número de inmuebles equivalentes a esa suma. Al perder validez el convenio debido al incumplimiento del Estado Nacional de transferir los inmuebles comprometidos, como consecuencia de ello el GCBA dejó de estar obligado al pago del crédito público transferido, la deuda volvió a estar a cargo del Estado Nacional y se intimó a la Nación a recibir de vuelta los inmuebles ya escriturados a favor del GCBA”.

Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta.Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta.

Este miércoles, finalmente, el convenio de regreso de los inmuebles a la esfera nacional fue rubricado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; por el el presidente de AABE, Eduardo Albanese; y por el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Martín Mura. De las negociaciones también participaron el Ministerio del Interior y la Vice Jefatura de Gabinete.

Cuáles son los terrenos de la Ciudad que volvieron a la esfera de Nación

Ocho de los inmuebles están ubicados en el Barrio Mugica y en sus alrededores. Dentro del barrios están las localizaciones de Av. Presidente Ramón Castillo y Calle S/N oficial; Av. Dr. José María Ramos Mejía, Calle Carlos Perette y Calle S/N oficial; Av. Dr. José María Ramos Mejía, S/N oficial; y Calle 10 s/n oficial y Calle Carlos Perette.

También se encuentran los inmuebles identificados catastralmente como Circ. 19, Sec. 15, Mz. 162 C, Parcela 1 (parte), 3, 6, 7, 8, 9 y 10, Mz 162 J, Parcelas 1 y 2, Mz. 162 G, Mz. 162 F y Mz. 162 D, Parcela 2.

En los alrededores del Mugica, el convenio incluye los siguientes terrenos: Av. Gendarmería Nacional Argentina, esq. Av. Antártida Argentina, esq. Carlos Perette; Av. Gendarmería Nacional Argentina, esq. Calle Prefectura Naval Argentina, esq. Calle Carlos Perette, esq. Calle s/n oficial; y Av. Presidente Ramón Castillo y Calle 10.

También vuelve a manos de Nación el Mercado de Hacienda, demarcado por la avenida Directorio, la calle Murgiondo y las avenidas Eva Perón y Lisandro de la Torre.

Por último, el acuerdo incluye los inmuebles de la calle Jerónimo Salguero entre Au. Presidente Arturo Illia y bajada calle Salguero;  el que está en avenida Corrientes entre Av. Dorrego y Calle Humboldt (entorno Estación Villa Crespo).

La historia del frente Nación-Ciudad por los terrenos

En febrero de 2000, antes del estallido de la pandemia, Alberto Fernández cuestionó vía decreto la transferencia de terrenos de la Nación a la Ciudad. Puntualmente, llamó a evaluar el procedimiento de cesión de terrenos por la construcción del Paseo del Bajo y de inmuebles y playones ferroviarios en los últimos meses de la administración Macri.

El punto de partida fue el préstamo que Macri tomó en 2016 con el Banco de Desarrollo de la Comunidad Andina de Fomento (CAF), por 400 millones de dólares. La finalidad de ese monto era la construcción del Paseo del Bajo.

En 2018, la Ciudad firmó un acuerdo y asumió 175 millones de dólares. Como contrapartida recibiría inmuebles.

Otros inmuebles que quedaron en el centro de la polémica Nación-Ciudad remiten a la firma de convenios por obras de los viaductos San Martín y Mitre, financiadas por Nación. Las autoridades porteñas explicaron, al inicio del proceso judicial, que por “dificultades presupuestarias” se acordó la zonificación y venta de inmuebles para el pago de las obras.

Debido a la crisis, se generó una deuda de Nación con la Ciudad, cancelada con la transferencia de los inmuebles que no habían conseguido subastarse. El convenio se firmó el 13 de noviembre de 2019 y la escritura el 5 de diciembre de ese año, aunque en Parque Patricios alegaron que la venta había sido autorizada en abril de 2018.

De acuerdo a la Ciudad, la cesión de playas ferroviarias se originó en decretos y leyes de 2012 y 2013. En julio de 2018 se firmó un convenio para desarrollar los proyectos. Y el 8 de noviembre de 2019 -durante la restricción de la regla del fin de mandato- se rubricó otro específico para las playas de Palermo y Caballito.

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Elecciones en Misiones: habrá varias opciones libertarias, el peronismo no presentará lista y un ex policía preso será candidato desde la cárcel

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El fin de semana se votará en la provincia y La Libertad Avanza tendrá boleta propia con un el tenista Diego Hartfield a la cabeza, pero además tendrá representación en otros espacios. Los “radicales con peluca” también presentarán su lista.

Este domingo 8 de junio, en Misiones más de un millón de personas estarán habilitadas para votar en los comicios provinciales. En la jornada electoral se definirá el recambio de 20 de las 40 bancas que tiene la Legislatura unicameral de la provincia de la tierra colorada.

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Javier Milei ratificó que vetará los cambios en las jubilaciones: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia”

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El Presidente se refirió a la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados e insistió que dejará que avance la ley

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para ratificar la postura que tendrá la Casa Rosada si la ley avanza en el Senado.

A través de su cuenta de X, publicó: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”.

El mensaje fue breve, pero contundente, y reflejó la línea que el oficialismo viene sosteniendo desde hace semanas frente al avance de iniciativas legislativas con impacto fiscal.

La reacción de Javier MileiLa reacción de Javier Milei tras la votación en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado la decisión del Gobierno durante un encuentro con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “No hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, afirmó ante los presentes, y recordó que la administración nacional ha eliminado programas, despedido personal y desmantelado fondos fiduciarios con el objetivo de reducir el gasto público.

Desde la presidencia de la Cámara baja, Martín Menem también apuntó contra los legisladores que apoyaron la propuesta. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, escribió en su perfil de X, reforzando la narrativa oficial.

La jornada en el recinto coincidió con otro frente de conflicto: los reclamos salariales del personal del Hospital Garrahan. Aunque el Gobierno anunció un bono para los residentes, estos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y por no haber recibido una comunicación formal desde el Ministerio de Salud. Mientras tanto, la tensión también se trasladó a los pasillos del hospital pediátrico, donde el resto del personal —que representa más del 90% de la planta— también exige mejoras en sus condiciones laborales.

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Diputados aprobó un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono a $110 mil y la restitución de la moratoria

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El gobierno nacional ya adelantó que vetará los proyectos si son ratificados por el Senado. También se ratificó por ley la fórmula de movilidad previsional y se estipuló el pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales

Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales) y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.

El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.

Los diferentes proyectos previsionales pusieron en pie de guerra al gobierno nacional que adelantó públicamente que el presidente Javier Milei vetará -en caso de ser ratificadas por el Senado- cualquier iniciativa que afecte el superávit fiscal.

El tablero de la votaciónEl tablero de la votación

En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.

El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.

Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.

El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, también estableces que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.

Moratoria previsional y régimen proporcional

La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogarla. “Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse”, explicó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria, y también insistió en que es “injusto” que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.

En la previa de la sesión se especulaba con que esta iniciativa sería rechazada ya que la mayoría de los bloques dialoguistas preferían aprobar algún tipo de sistema de prestación proporcional que tenga en cuenta los años efectivamente aportados.

El radicalismo, la Coalición Cívica, los cordobeses de Encuentro Federal que responden al gobernador Martín Llaryora y hasta un sector minoritario del PRO presentaron proyectos propios de Prestación Proporcional.

Diputados de Unión por laDiputados de Unión por la Patria festejan la restitución de la moratoria

No queremos ir a una situación que termine una vez más en un veto y que entonces los jubilados no tengan ninguna solución y queden en la misma situación que la actual, como ya pasó con el veto anterior. Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días a que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación. Es algo más que razonable y queda en el Ejecutivo la gradualidad de cómo podrían ejecutarlo”, había explicado el radical Lisandro Nieri.

Sin embargo, la decisión de abstenerse de Encuentro Federal y Democracia para Siempre terminó jugando en contra el Gobierno, que se quedó sin margen para sumar voluntades en contra.

Ahora se espera que el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.

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