Sociedad
Le redujeron en 6 años y medio la pena al femicida de Chiara Páez, el caso que originó el “Ni Una Menos”
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Manuel Mansilla había sido condenado a 21 años y medio de cárcel por el crimen de la adolescente, pero la Justicia la bajó a 15. “Recibir esta noticia me provoca mucha angustia y desilusión”, sostuvo la madre de la víctima
El joven condenado por el crimen de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en mayo del 2015 en la ciudad santafesina de Rufino y cuyo femicidio dio origen al movimiento “Ni Una Menos”, recibió una rebaja de la pena, decisión que provocó el repudio de la madre de la víctima.
Los jueces Guillermo Llaudet, Georgina Depetris y Javier Beltramone establecieron que Manuel Mansilla cumpla una pena de 15 años en vez de los 21 y 6 meses que le había dado el fuero de menores, al cumplimentar la orden de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, que había considerado que el fallo de primera instancia se había “apartado de los principios específicos vigentes en el derecho penal juvenil”.
El fallo de la Corte santafesina, que se pronunció el 27 de diciembre de 2021, hizo hincapié en la condición de menor de Mansilla al momento del hecho y consideró que debía aplicarse la ley penal juvenil, que prevé que para los casos de reclusión perpetua (como le habría cabido al joven si hubiese sido mayor), debe reducirse la sanción si se trata de un menor.
Tras conocer la noticia, Verónica Camargo, la madre de la víctima, anticipó a la agencia Télam que analiza realizar una presentación en la Corte Suprema de la Nación o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Hay antecedentes de otros fallos para poder dar una mayor sentencia, ¿por qué si antes se pudo, ahora no?”, se preguntó la mujer que, también, manifestó su repudio a través de las redes sociales.

“Para el sistema judicial, la vida de Chiara y su bebé, sólo valen 15 años de prisión para Manuel Mansilla, quién los asesinó brutalmente. Recibir este fallo me provoca mucha angustia, desilusión ya que no tienen en cuenta para nada los derechos de Chiari”, escribió Camargo en su cuenta de Twitter.
Además, tildó a los jueces de “inútiles, traicioneros, cómplices, salvajes y corrompidos por el Mal” y dijo que le redujeron la pena “al asesino a sangre fría de dos inocentes e indefensos”. “Necesitamos un cambio desde lo judicial y lo legislativo para que no queden baches que beneficien a los asesinos, ahora necesito procesar esto para volver a salir tranquila con los mensajes de paz, más allá del reclamo de justicia”, resaltó.
En diciembre de 2021, la Suprema Corte de Santa Fe anuló el fallo que había dictado en 2016 el juez de Menores, Adrián Godoy, (y ratificado por la Cámara Penal de Rosario), que encontró al joven “penalmente responsable” del femicidio.
Además, la Corte ordenó que se lo juzgue nuevamente por un Tribunal de Justicia de Menores bajo la carátula “tentativa de homicidio”, con una condena potencial de 10 a 15 años.

En ese momento, la familia de la víctima lanzó una petición en la plataforma Change.org para que “no se le reduzca la pena al asesino de Chiara Páez”, que llevaba más de 26.000 firmas en apoyo a su reclamo.
“Como cumplió siete años en la cárcel, si se convalida lo decretado por la Corte, el sádico femicida de su propia novia y el hijo que Chiara llevaba en su vientre podría acceder a salidas transitorias y la reducción de su condena”, señala la petición.
De acuerdo con la madre de la víctima, el 1° de marzo se realizó la audiencia ante el Tribunal de Menores en la que ella dio sus motivos para que no le rebajaran la pena al condenado y donde “fue muy duro escuchar a la abogada defensora hablando de las virtudes de Mansilla, que es buen estudiante y trabajador”.
“Un niño no actúa con la frialdad que tuvo después de asesinar a Chiara; me llamó por teléfono y estuve con él cuando fui a hacer la denuncia a la comisaría después de cometer un crimen tan horroroso”, recordó.

El fallo del máximo tribunal santafesino había sido consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensora General de Menores, Gabriela Del Castillo, quien cuestionó la confirmación de la condena a Mansilla por parte de la Cámara Penal de Rosario.
El 2 de marzo de 2018 el tribunal de alzada ratificó la sentencia de primera instancia firmada por el juez Javier Prado, quien le dictó una pena 21 años y 6 meses de prisión luego de que en 2016 el juez de Menores, Adrián Godoy, encontró al joven “penalmente responsable” del femicidio de Chiara.
En sus argumentos, los jueces de la Corte santafesina indicaron que si bien la Cámara no estaba “obligada” sino “facultada” a aplicar el artículo 4 de la Ley N° 22.278, optó por una alternativa mediante la cual “se apartó de los principios específicos vigentes en el derecho penal juvenil y del de legalidad -al efectuar una integración normativa en perjuicio del imputado-, lo cual la torna descalificable desde la óptica constitucional, debiendo ser anulada”.

El caso
Chiara desapareció la madrugada del 10 de mayo de 2015 en Rufino luego de salir con un grupo de amigas y decirles que iba a encontrarse con su novio, Mansilla, que en ese momento tenía 17 años.
Aquel domingo la familia denunció que la adolescente no había regresado a su casa y la Policía rastrilló el pueblo junto a los vecinos para encontrarla. El cuerpo apareció horas después enterrado en el patio de la casa familiar de Mansilla quien, según la Justicia, la mató a golpes.
La autopsia determinó que Chiara había tomado un antiinflamatorio utilizado para abortar, pues cursaba un embarazo de ocho semanas que su madre había aceptado, pero que la familia de su novio no quería que continuara.
La sentencia del juez Prado sostuvo que Mansilla “mató a Páez despreciando su condición de mujer y conociendo su embarazo” y agregó que “no mostró un sincero arrepentimiento”.

El femicidio de Chiara generó tal conmoción nacional que el 3 de junio de 2015 se llevó a cabo la primera marcha del “Ni Una Menos” contra la violencia de género que tuvo su epicentro frente al Congreso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se reunieron unas 300.000 personas.
También hubo movilizaciones simultáneas en casi cien ciudades de todo el país, luego de que la convocatoria tuviera una amplia difusión por las redes sociales y medios de comunicación, y contara con la adhesión de distintas organizaciones feministas y sociales, además de figuras públicas como artistas, deportistas, periodistas y dirigentes políticos.
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Once días atado, racismo y un dedo amputado: el brutal secuestro que reveló un nuevo perfil criminal en la Argentina
Publicado
18 horas atráson
16 octubre, 2025Por
Admin
Ariel Strajman tenía 27 años cuando fue raptado mientras entraba al garaje de su edificio en Villa Urquiza. Su caso marcó un cambio del mapa delictivo: bandas sin prontuario, de jóvenes de barrios acomodados con una crueldad metódica. A más de veinte años, su historia sigue siendo un espejo incómodo de la violencia de aquellos años. El encuentro a solas con él a la distancia
“Si a Maradona le cortaron las piernas en el Mundial de Estados Unidos, a mí me arrancaron el corazón, la mente, todo”, me confió en la única entrevista que dio Ariel Strajman, sentado en el living del departamento de su familia en Villa Urquiza, casi un par de años después de que una banda improvisada pero feroz lo secuestrara y le amputara el dedo meñique de su mano derecha para cobrar el rescate.
Estaba triste, pero firme y con mucha bronca acumulada: “Pedí pena de muerte y al cabecilla le dieron 22 años. ¿Qué diferencia, no? Estas cosas incentivan para irse del país. Después de saber el veredicto quedé arruinado. Me cortaron un dedo y me anunciaron que después venía la mano. Y que me despedazarían lentamente, mientras me llamaban ‘judío de mierda’ y se reían. Después me quemaron el pecho y los labios con encendedores y me colocaban jamón en la boca y me daban alcohol para emborracharme. Estaba atado de pies y manos, me dieron pastillas de Lexotanil para dormir. En el juicio aseguraron que no hicieron nada de eso. Y Adrián Sommaruga se solidarizó con mi familia en el debate oral. Ahí me paré y me fui a la mierda, para no armar un quilombo y terminar preso yo. Sentí que en ese fallo se me fue la vida y el futuro”.

Las frases no fueron en caliente, sino en una charla en la que intentó poner en palabras el hueco que dejó aquel rapto que lo convirtió, sin quererlo, en símbolo de una época de violencia social contenida. Su historia, como la de tantos otros secuestros exprés de comienzos de los 2000, mezcló juventud, impunidad y un nivel de planificación que asombró incluso a los investigadores más experimentados, más allá de los errores garrafales que los delincuentes cometieron.
Ocurrió el 16 de octubre de ese año. Strajman, de 27 años, empresario, hijo de joyero, llegaba a su departamento. Fue interceptado por un grupo armado que lo subió a un auto y lo trasladó hasta una casa cercana ubicada en la calle Holmberg, que luego se comprobó era de la familia Sommaruga, de donde provenían la mayoría de los componentes de la banda. A patadas y empujones le hicieron bajar una escalera resbalando en cada peldaño hasta un sótano donde lo ataron tan fuerte que apenas podía respirar.
Lo encadenaron de pies y manos. Después lo llevaron a otra vivienda en el Complejo La Josefina, en la esquina de Tulipanes y Las Glicinas en la ciudad de Pilar, lugar donde lo mantuvieron encerrado y lograron cobrar un primer rescate, algo así como mil dólares, seiscientos pesos y alhajas. Y como les salió bien intentaron pedir más dinero.

Durante los días siguientes, lo golpearon, lo humillaron y, para demostrarle a su familia que hablaban en serio, le cortaron el dedo meñique de la mano derecha. Esa imagen dentro de una bolsa la recibió su familia exigiendo un rescate de 30 mil dólares, y luego recorrió oficinas policiales, redacciones y despachos judiciales. Era el símbolo de una crueldad que ya no tenía fronteras de clase. “Esto que vas a sufrir no se compara ni con el Holocausto”, lo torturaban.
Las llamadas eran constantes, con tono burlón y precisión militar. Algunos trabajaban como patovicas en boliches de la zona norte, otros estudiaban carreras universitarias. Su presunto líder, Pablo Sommaruga, había sido custodio en locales nocturnos y mantenía contactos con el ambiente del fisicoculturismo. Los investigadores descubrieron que no se trataba de una banda común: no había delincuentes históricos, sino una mezcla de soberbia y amateurismo que, en conjunto, resultó devastadora.
El secuestro duró once días. Ariel fue liberado tras el pago de un rescate parcial y un operativo encubierto de la Policía Federal. Llegó al hospital deshidratado, con el cuerpo lleno de hematomas y la mano. “No sé cómo voy a volver a dormir”, reflexionó mirando al piso. Los médicos le explicaron que el dedo no se podía reimplantar, tampoco la vida anterior.
La investigación fue un rompecabezas. Los secuestradores habían dejado rastros en los teléfonos, en las cabinas y hasta en los billetes del rescate. Cayeron uno a uno. Cuando se conocieron sus identidades, la sorpresa fue general: jóvenes de entre 25 y 35 años, sin antecedentes, con buen aspecto y vínculos sociales. Los medios los bautizaron como “La banda de los patovicas”, aunque en el expediente figuran como una “asociación ilícita dedicada al secuestro extorsivo”.
Venían cometiendo delitos en la zona aledaña de Saavedra y Villa Urquiza. Pero la sensación de impunidad con que se movían los llevó a cometer errores, algunos garrafales, como utilizar el mismo teléfono para hacer las llamadas para pedir las sumas de los rescates, por lo que rápidamente se identificó el número de un celular, a través del cual se obtuvieron los datos del titular de la línea.

De esa forma sencilla la policía llegó a la casa de la calle Holmberg donde al principio tuvieron a Strajman. Atendió María Esther Gottig, esposa de Alberto Juan Sommaruga, propietarios de la vivienda y reconoció que el teléfono le pertenecía. Pero la embarró más aún cuando intentó aclarar y mencionó que su hijo lo utilizaba para “trabajar”. Terminó detenida junto a su marido y sus hijos, Adrián y Pablo, y el resto de los sospechosos, uno de ellos llamado Diego Sibio –hijo solo de Gottig- y otros que no pertenecían a la familia.
La policía ordenó cuidadosos allanamientos. Uno fue clave para llegar a la vivienda de Pilar y poder liberar a Ariel Strajman. En otros pudieron secuestrar dos pistolas calibre nueve milímetros, otra 11.25, un revólver Magnum 357, un 32 con numeración adulterada y una ametralladora Mini Uzi automática de fabricación israelí.
Todos fueron imputados desde el comienzo por los delitos de “secuestro extorsivo, asociación ilícita, tormentos, con el agravante de odio racial, lesiones gravísimas, uso de documento de identidad falsificado y tenencia ilegal de armas de guerra”. María Esther Gottig fue alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza y los hombres en el penal de Villa Devoto. Dos años más tarde, la última semana de setiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal Nº 1 que por entonces estaba integrado por Mario Gustavo Costa, Martín Federico y Jorge Gettas dictó sentencia: 22 años de prisión para Adrián Sommaruga; 16 para su hermano Pablo; 14 para Osvaldo Keroa; seis para María Esther Gottig; cinco para Alberto Sommaruga y Diego Sibio; y tres para Nicolás Barlaro.
Durante el juicio, el contraste entre la víctima y los acusados fue brutal. Ariel, de traje oscuro y voz temblorosa, describía las noches sin luz, los insultos, el dolor. Del otro lado, los imputados se mostraban serenos, casi altivos. En sus declaraciones, ninguno mostró arrepentimiento real.
La justicia los calificó como una organización “que actuó con extrema frialdad y desprecio por la vida humana”. El caso fue emblemático porque marcó un cambio en el mapa criminal argentino. Ya no eran bandas marginales las que secuestraban, sino grupos con educación, contactos y ambición económica. Los investigadores compararon su estructura y su método con aquellos secuestros familiares de los ochenta que habían conmocionado a la sociedad, aunque esta vez sin la solemnidad de un clan ni la mística de un apellido como el de los Puccio, por ejemplo. Era el reflejo de un tiempo en el que todo parecía posible, incluso lo impensado.
Para Ariel las noches seguían siendo un campo minado. En 2020, el apellido Sommaruga volvió a escena: Pablo, con la condena ya cumplida por el secuestro de Strajman, vivió un acto de agresión mientras gozaba de salidas transitorias de la Unidad 14 de Esquel en una causa por portación de armas. Sucedió en las inmediaciones del barrio Vepam cuando vecinos lo increparon y lo golpearon.
En ámbitos judiciales los fiscales aún recuerdan la causa como una de las más complejas de la década. No por su extensión, sino por su impacto emocional. “Ariel fue un testigo de excepción —dijo uno de ellos años después—. No solo narró su cautiverio, también nos obligó a mirar de frente una forma nueva de criminalidad”. El secuestro de Strajman se convirtió en un espejo difícil de mirar donde podía verse el sadismo más cruel.
Él mismo aceptó que no busca revancha, sino olvido. “No odio, pero no quiero ni recordarles la cara”. Y aunque los nombres de sus captores ya forman parte de un archivo judicial, el trauma persiste en él como una sombra imposible de soslayar.
Sociedad
Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados
Publicado
21 horas atráson
16 octubre, 2025Por
Admin
El grupo de jóvenes de Bell Ville difundió el video a través de la cuenta de Instagram de la promoción. Allí, uno de ellos aparece con un vestido estampado roto y el cuerpo pintado con manchas rojas
Un grupo de estudiantes del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267 de la localidad de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, protagonizó un repudiable hecho durante su viaje de egresados, cuando uno de ellos fue grabado usando un disfraz en el que simulaba ser una víctima de abuso sexual. El video, difundido inicialmente en la cuenta de Instagram de la promoción, se viralizó y provocó un fuerte rechazo social por trivializar el tema.
Según informó el medio local El Doce, la rápida difusión del video motivó pedidos de sanción y un fuerte repudio por parte de la comunidad educativa y de la sociedad en general.
En el mensaje, los alumnos reconocieron: “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”.

En sus palabras, los estudiantes afirmaron: “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido”.
El texto de este segundo comunicado profundizó en la reflexión sobre el contexto social y la responsabilidad individual, al señalar: “La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”.
Por último, solicitaron la intervención de las autoridades escolares para que se tomen medidas concretas. “Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación”, concluyeron.
Esta no es la primera vez en el año que un grupo de alumnos de una escuela que estaba en medio de su viaje de egresados en Bariloche queda envuelto en un hecho polémico. A finales de septiembre, unos estudiantes de una escuela de Canning fueron filmados mientras realizaban cánticos antisemitas.
“Hoy quemamos judíos”, era la frase que se repetía en el micro y que se puede escuchar en el video que se viralizó en las últimas horas. En las imágenes difundidas, se puede ver cómo un hombre, que sería el encargado del grupo, se sumó a los cánticos que generaron rechazo en las redes sociales.
De acuerdo con lo que se conoció hasta el momento, las imágenes datan del pasado 10 de septiembre, cuando en Bariloche estaban los alumnos de la Escuela Humanos de Canning.
En ese marco, la propia institución educativa sacó un comunicado haciendo alusión a lo ocurrido. Allí señalaron que “la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”.
“De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”, continúa el escrito.
Y cierra: “Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática. Se adoptarán las medidas correspondientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva”.
En sus redes sociales, la escuela destaca que desde 2019 lleva el título de Embajadores Mundiales de la Paz. Esta distinción fue entregada por la agrupación Mil Milenios de Paz en un acto que se realizó en el Senado de la Nación.
Sociedad
Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones tras la falla en el vuelo con destino a Córdoba
Publicado
21 horas atráson
16 octubre, 2025Por
Admin
La compañía investiga, junto al fabricante CFM y a otras aerolíneas de la región, el origen del desperfecto en uno de los motores del Boeing 737-800 que debió aterrizar en Ezeiza de emergencia
Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la suspensión preventiva de las operaciones de ocho aeronaves Boeing 737-800 equipadas con motores fabricados por CFM, tras la falla registrada en el vuelo AR1526 que partió ayer desde Aeroparque con destino a Córdoba. “El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, informaron.
Como informó este medio, el vuelo AR1526 presentó una falla técnica en uno de sus motores poco después de iniciar el despegue. La tripulación siguió los procedimientos de seguridad y dirigió la aeronave al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes. “Los pasajeros desembarcaron con total normalidad”, señaló la línea aérea.

La compañía informó que el mantenimiento de todos sus motores “tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por los fabricantes”. Sin embargo, reconoció que “este es el cuarto suceso registrado en el último año con un mismo tipo de motor”.
También pidió la evaluación de otras aerolíneas de la región que operan con la misma motorización y “tuvieron sucesos similares”. Además, notificó a las autoridades regulatorias locales, con las que trabaja “para fijar un criterio de resolución”.
“Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de criterios de altísima exigencia”, subrayó la empresa. “El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, aclaró el texto oficial.
El incidente del miércoles afectó a más de 160 pasajeros del vuelo AR1526 de Aerolíneas Argentinas, que habían despegado ayer por la mañana del Aeroparque Jorge Newbery, en CABA, con destino a la ciudad de Córdoba. Allí, un motor del avión sufrió una falla y debió modificar su ruta inicial hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes.

Como consecuencia del hecho, la terminal aérea metropolitana permaneció cerrada durante algunas horas, hasta que, pasadas las 11.30, reabrió sus puertas y reanudó sus actividades habituales. No obstante, algunos vuelos programados para esta jornada registraron demoras y reprogramaciones menores.
Fuentes de la aerolínea señalaron que “el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido”. Tras la inspección de pista, el fabricante fue informado sobre la incidencia con el objetivo de determinar el origen de la falla.
El Boeing 737-800 fue liberado luego de que los operarios completaron las tareas de revisión y limpieza en la pista. La empresa precisó que la medida preventiva no implica la cancelación de rutas, pero sí “una reorganización temporal de la programación de vuelos mientras duren las verificaciones técnicas”.
Aerolíneas indicó que continúa en contacto con el equipo técnico del fabricante CFM y con las autoridades aeronáuticas locales e internacionales “para definir los pasos a seguir antes de reincorporar las aeronaves al servicio”.


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