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Ordenan liberar al ex titular de Transporte Ricardo Jaime y ya no quedarán funcionarios K presos por corrupción

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El Tribunal Oral Federal 7, a cargo del caso de los Cuadernos de las Coimas, levantó la prisión preventiva del ex secretario, que ya tiene varias condenas por delitos contra la administración pública.

El Tribunal Oral Federal 7, responsable de realizar el juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas, ordenó este miércoles excarcelar a Ricardo Jaime a partir de este 18 de marzo. Era el único ex funcionario kirchnerista que permanecía en prisión. Los jueces consideraron que su estado de salud “se deterioró”, y la fiscalía advirtió que el inicio del debate oral no se visualiza en el corto plazo.

Ricardo Jaime – ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner- afronta en Comodoro Py diversas condenas en casos de corrupción: la compra de trenes chatarra a España y Portugal, la recepción de dádivas a empresarios que debía controlar, la Tragedia de Once, entre las más relevantes.

En la “causa madre” del expediente Cuadernos fue procesado y enviado a juicio oral, como también en otros dos casos conexos: los pagos ilegales en el servicio de transporte público y también en el tramo que investigó los sobornos para la concesión de los trenes. 

Con la salida de la cárcel de Ricardo Jaime ya no quedarán ex funcionarios K acusados por corrupción detenidos. Entre 2016 y 2019 se detuvieron a más de 74 ex integrantes del gabinete de Néstor y Cristina Kirchner como empresarios y dirigentes sindicales vinculados a dicho espacio político.

Con distintos grados de avance en los trámites pendientes, no se considera posible en el corto ni mediano plazo comenzar el juicio oral del caso Cuadernos.

Así lo manifestó la fiscal de juicio, Fabiana León: “Es paradójico que pese a todo lo dictaminado y fallado, a la fecha siquiera se ha avanzado en punto a la admisibilidad de la prueba ya hace más de un año ofrecida por las partes y el ofrecimiento de prueba de esta Fiscalía General. Todos aquellos peligros procesales -suficientemente invocados, validados y sostenido en sus instancias- se diluyen en razonabilidad debido a las constatadas afecciones que padece el acusado”.

Con estos términos, la representen del Ministerio Público Fiscal se refirió al retraso del expediente en el cual hasta el sábado permanecerá preso Ricardo Jaime y el estado de salud que presenta.

Por eso, León indicó que “en estas condiciones no pueden ser desatendidas elementales razones humanitarias que inspiran el instituto y que, en aras de salvaguardar el inalienable derecho a la vida y la salud, habilitan la necesidad de ponderar -previo informes pertinentes- la concesión de una medida de morigeración”.

Al ponderar las razones el Tribunal, integrado por los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori determinó que su prisión preventiva debe concluir el 18 de marzo.

En la resolución a la que accedió Clarín, los jueces dispusieron “el cese de la prisión preventiva del detenido Ricardo Raúl Jaime, una vez vencido el plazo establecido en la resolución dictada el 15 de septiembre de 2022, es decir, a partir del 18 del corriente mes y año”.

Como medida de control, Jaime deberá comparecer ante la justicia, entregar su pasaporte, se sugirió la colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo y la prohibición de salida del país.

Méndez Signori encabezó el voto, según el cual se corroboró “la existencia de un delicado cuadro de salud por parte de Jaime que amerita la morigeración de las medidas de cautela, ya que resulta claro que, más allá de las patologías crónicas que padece el nombrado, con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de deterioro de su salud y estado clínico general”.​

La decisión puso fin a las prórrogas de seis meses que se venían dictando sobre su arresto preventivo, ya que las pensas correspondientes a otros casos con condena ya alcanzaron los años ordenados. La diferencia en el voto la formuló Fernando Canero, quien había pedido el arresto domiciliario haciendo referencia al “agravamiento del estado de salud de Jaime”, pero aclaró que el ex funcionario kirchnerista debía seguir detenido.

Más allá de su cuadro de salud, con casi cuatro años en prisión preventiva “más el descuento que prevé la ley 24.660 por los cursos realizados, el cual en el caso de Jaime es de 20 meses (el máximo), si se prorroga la misma ya cumpliría la posible pena en expectativa a imponerse que tiene un mínimo de 5 años”, calculan sus defensores.

Jaime realizó, entre otros cursos, uno de gasista y eso es señalado para la reducción de las penas que acumula en casos de corrupción. Algo que ocurrió con Amado Boudou, Juan Pablo Schiavi y José María Núñez Carmona.

El informe sobre su salud

La justicia recibió hace pocas semanas el último de los informes realizados en la Unidad 31 del Penal de Ezeiza, donde Jaime permanece hace siete años.

El mismo refiere a un “carcinoma cutáneo y la necesidad de realizar la cirugía de mohs. También se expuso que el ex funcionario cuando fue examinado habló de “cefalea, dolor punzante y secreción serohemática, debiendo colocarse gasas o compresas con cinta adhesiva hipoalergénica a nivel de la lesión ulcerada en la región temporal (preauricular)” y se indicaron analgésicos a demanda”.

Durante todo este tiempo, consta en el informe socioambiental, Jaime recibió constantemente visitas de su familiares directos pero también de amigos/allegados, además de ser “asistido por diferentes organismos; contando así con red social y de contención afectiva durante su privación de libertad como así también ante la recuperación de libertad”.

Durante los años que lleva preso, el ex Secretario de Transporte sufrió la pérdida de “familiares significativos, a quienes no pudo despedir en vida y ha requerido de asistencia profesional para procesar los duelos y de la compañía de sus familiares. Estos últimos que si bien tienen regularidad en la concurrencia a visitas, -la distancia del lugar de residencia a la unidad penal- es un aspecto que limita la frecuencia”.

Con 68 años la defensa pidió que ante este panorama se le conceda la libertad al entender que “padece una enfermedad que constituye un riesgo concreto para su vida de no haber intervención, monitoreo y un ambiente que le brinde mayor tranquilidad psicológica para el seguimiento del padecimiento. Concretamente tiene un carcinoma en el cráneo”.

El historial de condenas

Jaime, quien nació en Córdoba e ingresó a la política de la mano de José Manuel de la Sota, fue secretario de Transporte de la Nación entre 2003 y 2009 y se convirtió en el primer kirchnerista preso por corrupción.

En total afrontó seis condenas. La primera fue en 2013, por intentar robar pruebas en un allanamiento. Sin embargo, en octubre de 2015, se convirtió en el primer coimero confeso de entre quienes integraron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pactó una condena en un juicio abreviado y admitió haber recibido dádivas (coimas) de dos empresarios a los que debió haber controlado mientras fue funcionario público.

Luego, el ex funcionario fue condenado por su responsabilidad en la Tragedia de Once: ese fallo está pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Casación le impuso una pena de seis años de prisión. En abril del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena contra el ex secretario de Transporte por “estrago culposo”, pero le mantuvo la referida al delito de “administración fraudulenta” en contra de las arcas públicas, en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria. Ese cambio implicó una reducción de la pena de prisión por este caso, de siete a seis años.

En abril de 2022 Jaime recibió dos condenas en un mismo juicio: por haberse enriquecido ilícitamente -a través de suculentas coimas- y otra por haber cometido administración fraudulenta contra el Estado y cobrado coimas. Esta segunda condena se relaciona con la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal.

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Elecciones en Misiones: habrá varias opciones libertarias, el peronismo no presentará lista y un ex policía preso será candidato desde la cárcel

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El fin de semana se votará en la provincia y La Libertad Avanza tendrá boleta propia con un el tenista Diego Hartfield a la cabeza, pero además tendrá representación en otros espacios. Los “radicales con peluca” también presentarán su lista.

Este domingo 8 de junio, en Misiones más de un millón de personas estarán habilitadas para votar en los comicios provinciales. En la jornada electoral se definirá el recambio de 20 de las 40 bancas que tiene la Legislatura unicameral de la provincia de la tierra colorada.

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Javier Milei ratificó que vetará los cambios en las jubilaciones: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia”

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El Presidente se refirió a la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados e insistió que dejará que avance la ley

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para ratificar la postura que tendrá la Casa Rosada si la ley avanza en el Senado.

A través de su cuenta de X, publicó: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”.

El mensaje fue breve, pero contundente, y reflejó la línea que el oficialismo viene sosteniendo desde hace semanas frente al avance de iniciativas legislativas con impacto fiscal.

La reacción de Javier MileiLa reacción de Javier Milei tras la votación en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado la decisión del Gobierno durante un encuentro con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “No hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, afirmó ante los presentes, y recordó que la administración nacional ha eliminado programas, despedido personal y desmantelado fondos fiduciarios con el objetivo de reducir el gasto público.

Desde la presidencia de la Cámara baja, Martín Menem también apuntó contra los legisladores que apoyaron la propuesta. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, escribió en su perfil de X, reforzando la narrativa oficial.

La jornada en el recinto coincidió con otro frente de conflicto: los reclamos salariales del personal del Hospital Garrahan. Aunque el Gobierno anunció un bono para los residentes, estos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y por no haber recibido una comunicación formal desde el Ministerio de Salud. Mientras tanto, la tensión también se trasladó a los pasillos del hospital pediátrico, donde el resto del personal —que representa más del 90% de la planta— también exige mejoras en sus condiciones laborales.

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Diputados aprobó un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono a $110 mil y la restitución de la moratoria

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El gobierno nacional ya adelantó que vetará los proyectos si son ratificados por el Senado. También se ratificó por ley la fórmula de movilidad previsional y se estipuló el pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales

Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales) y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.

El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.

Los diferentes proyectos previsionales pusieron en pie de guerra al gobierno nacional que adelantó públicamente que el presidente Javier Milei vetará -en caso de ser ratificadas por el Senado- cualquier iniciativa que afecte el superávit fiscal.

El tablero de la votaciónEl tablero de la votación

En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.

El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.

Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.

El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, también estableces que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.

Moratoria previsional y régimen proporcional

La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogarla. “Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse”, explicó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria, y también insistió en que es “injusto” que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.

En la previa de la sesión se especulaba con que esta iniciativa sería rechazada ya que la mayoría de los bloques dialoguistas preferían aprobar algún tipo de sistema de prestación proporcional que tenga en cuenta los años efectivamente aportados.

El radicalismo, la Coalición Cívica, los cordobeses de Encuentro Federal que responden al gobernador Martín Llaryora y hasta un sector minoritario del PRO presentaron proyectos propios de Prestación Proporcional.

Diputados de Unión por laDiputados de Unión por la Patria festejan la restitución de la moratoria

No queremos ir a una situación que termine una vez más en un veto y que entonces los jubilados no tengan ninguna solución y queden en la misma situación que la actual, como ya pasó con el veto anterior. Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días a que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación. Es algo más que razonable y queda en el Ejecutivo la gradualidad de cómo podrían ejecutarlo”, había explicado el radical Lisandro Nieri.

Sin embargo, la decisión de abstenerse de Encuentro Federal y Democracia para Siempre terminó jugando en contra el Gobierno, que se quedó sin margen para sumar voluntades en contra.

Ahora se espera que el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.

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