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La Justicia Electoral alertó sobre el financiamiento narco en las campañas provinciales

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El tribunal se reunió con los apoderados de los partidos nacionales y advirtió que para estas elecciones habrá mayores controles sobre los gastos de campaña.

La Cámara Nacional Electoral convocó a los representantes de los partidos políticos de alcance nacional con el objetivo de analizar todas las cuestiones vinculadas con el sistema operativo de las elecciones de este año y, en esa reunión, alertó sobre la necesidad de ajustar los controles en las provincias para detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito, ya sea proveniente del lavado de activos o el narcotráfico para el financiamiento de las campañas.

Ya en 2014, la justicia electoral había reclamado a través de una acordada la necesidad de profundizar los lazos de cooperación entre las entidades estatales -nacionales y provinciales- para facilitar el intercambio de información “para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito, provenientes del lavado de activos, el narcotráfico u otras fuentes ilegales de financiamiento”.

En estas elecciones, la preocupación está centrada en que varias provincias desdoblaron sus elecciones y en muchas de ellas no hay una legislación vigente para el control y fiscalización de las campañas. En concreto cada distrito debería controlar el origen de los fondos de financiamiento político, “pero no hay rendición de cuentas provinciales”.

Por eso, la Cámara Nacional Electoral avisó a los partidos en el marco de la reunión del Consejo Consultivo que se realizó este martes que no se va a quedar con lo que pongan en el balance sino que “van a tener que acreditar los gastos”.

Una importante fuente de la justicia electoral le señaló a Clarín que es habitual en cada elección que haya una importante cantidad de balances de los partidos nacionales que son desaprobados porque no se acreditaron el origen de los aportes, pero admitió que existen dificultades para poder acreditar el origen de esos fondos que son cuestionados y se terminan aplicando solo sanciones a los partidos políticos.

El caso más emblemático fue el de la campaña K de 2007, que según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de 2016 se detectaron vínculos financieros entre la mafia de los medicamentos, mexicanos involucrados en la ruta de la efedrina y droguerías que aportaron a la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos.

En la acordada de 2014, la justicia ya había apuntado que existen “distintas modalidades de financiamiento ilegal” de las campañas electorales, ya sea a través del fraccionamiento de recursos simulando donaciones de varias personas; o el uso de cuentas paralelas que no figuran en los registros contables de la campaña y cuyo titular no es la agrupación política respectiva. También se plantea la malversación de recursos de la campaña; el reemplazo de aportes lícitos por otros de ilícita procedencia; así como la financiación con dineros provenientes del extranjero y de origen criminal.

La cuestión de fondo es que en el caso de los partidos nacionales suelen incluir los gastos de las elecciones provinciales en las mismas cuentas, lo que dificulta a la Justicia electoral porque está fuera de su órbita el origen de ese gasto. Por eso, desde la CNE reclamaron a los apoderados de los partidos que haya más control sobre los ingresos para que no haya fondos de origen ilícito en la campaña.

Según explicaron a este diario, tanto el financiamiento de los narcos o del crimen organizado suele concentrarse en las elecciones provinciales o comunales porque “muchas veces se infiltran más fácilmente en los cargos locales por un control del territorio”.

Para la justicia electoral debería haber una legislación que defina un sistema integral que permita controlar tantos los gastos de las campañas nacionales como provinciales y locales. “Este tipo de maniobras (uso de fondos ilícitos) son bastante sofisticadas y complejas por lo que sería necesario que tanto las provincias como la nación hagan controles semejantes pero no se hacen”, indicó un especialista.

Los debates presidenciales ya tienen fecha

Durante la reunión que la Cámara Nacional Electoral mantuvo con los apoderados de los partidos políticos para considerar cuestiones operativas, logísticas y organizativas del proceso electoral 2023 y medidas destinadas a optimizar la transparencia de los comicios también se definieron las fechas de los debates de candidatos presidenciales.

En este encuentro se acordó que los domingos 1 y 8 de octubre para los debates presidenciales y, ante la posibilidad de una eventual segunda vuelta, un tercer debate el 12 de noviembre.

También se informó sobre las distintas tecnologías a utilizar, como es el caso de las pruebas piloto de Biometría y el control fronterizo.

Con respecto al proceso electoral, se informaron las fechas del cierre del padrón provisorio que será el próximo 25 de abril, aspectos legales y patrimoniales de las campañas electorales y promoción de figuras públicas.

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Elecciones en Misiones: habrá varias opciones libertarias, el peronismo no presentará lista y un ex policía preso será candidato desde la cárcel

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El fin de semana se votará en la provincia y La Libertad Avanza tendrá boleta propia con un el tenista Diego Hartfield a la cabeza, pero además tendrá representación en otros espacios. Los “radicales con peluca” también presentarán su lista.

Este domingo 8 de junio, en Misiones más de un millón de personas estarán habilitadas para votar en los comicios provinciales. En la jornada electoral se definirá el recambio de 20 de las 40 bancas que tiene la Legislatura unicameral de la provincia de la tierra colorada.

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Javier Milei ratificó que vetará los cambios en las jubilaciones: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia”

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El Presidente se refirió a la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados e insistió que dejará que avance la ley

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para ratificar la postura que tendrá la Casa Rosada si la ley avanza en el Senado.

A través de su cuenta de X, publicó: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”.

El mensaje fue breve, pero contundente, y reflejó la línea que el oficialismo viene sosteniendo desde hace semanas frente al avance de iniciativas legislativas con impacto fiscal.

La reacción de Javier MileiLa reacción de Javier Milei tras la votación en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado la decisión del Gobierno durante un encuentro con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “No hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, afirmó ante los presentes, y recordó que la administración nacional ha eliminado programas, despedido personal y desmantelado fondos fiduciarios con el objetivo de reducir el gasto público.

Desde la presidencia de la Cámara baja, Martín Menem también apuntó contra los legisladores que apoyaron la propuesta. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, escribió en su perfil de X, reforzando la narrativa oficial.

La jornada en el recinto coincidió con otro frente de conflicto: los reclamos salariales del personal del Hospital Garrahan. Aunque el Gobierno anunció un bono para los residentes, estos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y por no haber recibido una comunicación formal desde el Ministerio de Salud. Mientras tanto, la tensión también se trasladó a los pasillos del hospital pediátrico, donde el resto del personal —que representa más del 90% de la planta— también exige mejoras en sus condiciones laborales.

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Diputados aprobó un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono a $110 mil y la restitución de la moratoria

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El gobierno nacional ya adelantó que vetará los proyectos si son ratificados por el Senado. También se ratificó por ley la fórmula de movilidad previsional y se estipuló el pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales

Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales) y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.

El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.

Los diferentes proyectos previsionales pusieron en pie de guerra al gobierno nacional que adelantó públicamente que el presidente Javier Milei vetará -en caso de ser ratificadas por el Senado- cualquier iniciativa que afecte el superávit fiscal.

El tablero de la votaciónEl tablero de la votación

En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.

El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.

Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.

El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, también estableces que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.

Moratoria previsional y régimen proporcional

La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogarla. “Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse”, explicó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria, y también insistió en que es “injusto” que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.

En la previa de la sesión se especulaba con que esta iniciativa sería rechazada ya que la mayoría de los bloques dialoguistas preferían aprobar algún tipo de sistema de prestación proporcional que tenga en cuenta los años efectivamente aportados.

El radicalismo, la Coalición Cívica, los cordobeses de Encuentro Federal que responden al gobernador Martín Llaryora y hasta un sector minoritario del PRO presentaron proyectos propios de Prestación Proporcional.

Diputados de Unión por laDiputados de Unión por la Patria festejan la restitución de la moratoria

No queremos ir a una situación que termine una vez más en un veto y que entonces los jubilados no tengan ninguna solución y queden en la misma situación que la actual, como ya pasó con el veto anterior. Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días a que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación. Es algo más que razonable y queda en el Ejecutivo la gradualidad de cómo podrían ejecutarlo”, había explicado el radical Lisandro Nieri.

Sin embargo, la decisión de abstenerse de Encuentro Federal y Democracia para Siempre terminó jugando en contra el Gobierno, que se quedó sin margen para sumar voluntades en contra.

Ahora se espera que el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.

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