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Mientras sigue el acampe en 9 de Julio, Victoria Tolosa Paz confirmó que el miércoles darán de baja 85 mil planes sociales

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Se trata de planes del programa Potenciar Trabajo que no fueron validados por sus beneficiarios.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, confirmó que este miércoles darán de baja 85 mil planes del programa Potenciar Trabajo por no haber realizado el trámite de validación de identidad.

“A partir del 15 de marzo tengo que liquidar los programas Potenciar Trabajo, y en virtud de los resultados de la validación vamos a dar de baja a 85 mil titulares“, subrayó Tolosa Paz en diálogo con Urbana Play, mientras sigue el acampe piquetero frente al Ministerio de Desarrollo Social.

En ese marco, la funcionaria nacional precisó que hay 12.700 planes que se darán de baja están gestionados por Unidad Piquetera, organización que se encuentra realizando un acampe en la 9 de Julio.

“No tenemos ninguna posibilidad ni voluntad política de entregar más altas del Potenciar Trabajo, porque tenemos una posición firme que es respetar a quienes han hecho el proceso de validación de identidad”, argumentó.

Respecto del acampe frente al Ministerio, Tolosa Paz indicó que “no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal“, además de reiterar: “Con acampe en la calle y la gente de rehén no los vamos a recibir”.

Además, la ministra apuntó contra el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni: “Pasaron 4 meses y le decimos a Belliboni que traiga a las puertas del Ministerio a los más de 12 mil titulares de la Unidad Piquetera que usted nos dijo que existían y realizaban tareas y contraprestación y que está claro no era tal”.

La funcionaria nacional precisó que hay 12.700 planes que se darán de baja están gestionados por Unidad Piquetera. Foto: Andres D'EliaLa funcionaria nacional precisó que hay 12.700 planes que se darán de baja están gestionados por Unidad Piquetera. Foto: Andres D’Elia

En un nuevo capítulo de críticas dirigidas hacia el dirigente piquetero, Tolosa Paz lo acusó de cobrar un 2 % del salario social complementario: “Eso no corresponde, son 9 millones de pesos mensuales que recauda de la comisión que les cobra a las 12700 personas que en el día de mañana se le van a dar de baja”.

“A mí me da mucha pena que haya gente que le dejó ese dinero ya no solamente para marchar sino como una cuota social”, apuntó la funcionaria nacional.

En otro tramo de la entrevista, la titular de Desarrollo Social reiteró que hay dirigentes del Polo Obrero que desalientan a los titulares del Potenciar Trabajo a anotarse al programa “Volvé a Estudiar” como única contraprestación para el cobro del salario social complementario.

“Hay denuncias de titulares del Polo Obrero, donde manifiestan que hay audios de referentes del Polo Obrero que dicen que no apretes el botón de ‘Volvé a estudiar’ en la aplicación TINA, porque si no te sacamos el plan”, denunció en declaraciones periodísticas.

Consultada sobre la posibilidad de desenganchar el Salario Social Complementario del Salario Mínimo Vital y Móvil, la ministra precisó: “No estamos pensando en desenganchar, porque entendemos que asistimos a población en extrema vulnerabilidad sin bienes y sin patrimonios”.

“No hay desacople, lo que hay es un ordenamiento de la política social en beneficio de las cuentas públicas y en beneficio del 92 % que validó los datos y no tuvo nada que ocultar”, concluyó.

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Ex presidenta, intento de homicidio y edad: por qué CFK pidió la domiciliaria y no usar tobillera electrónica

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Tras el fallo de la Corte Suprema, Cristina Kirchner solicitó cumplir la condena en su departamento de la calle San José porque sostuvo que una cárcel “de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad”.

Cristina Kirchner pidió ayer cumplir su condena de seis años de prisión en la causa Vialidad en prisión domiciliaria y sin usar una tobillera electrónica que controle sus movimientos. La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

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Entre la estrategia electoral y “el pacto de impunidad”: así se vivió en el Gobierno la condena a Cristina Kirchner

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Las autoridades nacionales aseguran que no intervinieron en el desarrollo de la causa Vialidad y consideran que es incierto el futuro del PJ. Las reuniones en Casa Rosada y la reacción ante las movilizaciones de los sindicatos.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, llegó con el presidente Javier Milei en plena gira por Europa y Medio Oriente, desde donde opinó a través de las redes sociales, al igual que muchos de sus funcionarios que no solamente comentaron la noticia, sino que empezaron a pensar en las repercusiones de la medida, tanto sociales como políticas.

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Qué dice el fallo de Casación que confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

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El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal ratificó el fallo del Tribunal Oral, que en diciembre de 2022 había condenado a la ex mandataria. Hoy la Corte Suprema desestimó los recursos de CFK y dejó firme lo decidido por el máximo tribunal penal del país

 

 

El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

Asimismo, ese día también confirmó las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal. A Carlos Kirchner se le confirmó la absolución por prescripción.

Este martes, la Corte Suprema desestimó todos los recursos de queja de Cristina Kirchner y dejó firme la condena. Como consecuencia, la ex vicepresidenta deberá cumplir con prisión domiciliaria y no podrá ser candidata en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó además el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.

La sala de audiencias enLa sala de audiencias en la que se leyó el fallo

Los detalles de la sentencia

Los jueces destacaron que la maniobra se dio con la incorporación de Báez al rubro de la construcción “sin ninguna experiencia” a pesar de lo cuál “conformó un grupo de empresas, que le permitió ganar numerosas licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz simulando una competencia que en realidad no tenía (a modo de ejemplo, sólo entre 2007 y 2008 recibió veintitrés contratos”.

Los jueces destacaron que las licitaciones que obtuvieron las empresas de Báez se dieron con “numerosas irregularidades”. “Se demostró que se seleccionó una modalidad de contratación específica, convirtiéndose para la provincia de Santa Cruz en regla lo que para las demás fue una excepción. Esto permitió la cartelización de la obra pública en la referida provincia en favor de un grupo de empresas que respondían al aludido Báez”, citaron como ejemplo. También que por los incumplimientos no fue sancionada y que tenía un canal preferencial de pago.

Otra prueba relevante para Casación fue el decreto 54/2009 que firmó Cristina Kirchner a instancias de José López por el cuál se modificó el fideicomiso que comenzó a ser manejado por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Periotti.

Los magistrados también destacaron lo que el fiscal Diego Luciani llamó en el juicio oral el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares y por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

Los jueces de la CámaraLos jueces de la Cámara de Casación (Maximiliano Luna)

“Que en el plan tomaron participación, en principio y de acuerdo a lo que se pudo probar, José Francisco López, Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Nelson Periotti y José Raúl Santibáñez”, sostuvieron los jueces y agregaron que “para culminar la maniobra se trató de atribuir el cierre de las empresas de Báez a la nueva administración del Poder Ejecutivo nacional y evitar la `sensación de fuga` (en palabras de José Francisco López), cuando en realidad se probó que las obras habían sido abandonadas con anterioridad, y todo lo sucedido en esta etapa fue minuciosamente ideado por López, Báez, Fernández de Kirchner y Periotti”.

“La maniobra señalada generó un enorme perjuicio al Estado nacional, que si bien no se pudo determinar en su totalidad, se estableció parcialmente y, por ende, se ordenó a través de la herramienta que prevé el código penal para el recupero de activos de origen ilícito el decomiso de la suma de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), el que necesariamente será objeto de actualización al momento en que la sentencia adquiera firmeza”, dijeron en otro tramo.

La disidencia que tuvieron los jueces fue sobre la aplicación o no del delito de asociación ilícita para los acusados. Es lo que había pedido el fiscal Luciani en el juicio oral y por el que acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de esa organización criminal y por lo tanto solicitó que se le aplique una pena de 12 años de prisión.

Los jueces Barroetaveña y Borinsky señalaron que no se comprobó la “pluralidad de planes delictivos” que requiere la asociación ilícita, sino que fue un único plan criminal sobre la obra pública. En tanto, Hornos sí entendió que en el caso se cometió el delito de asociación ilícita.

“Los encausados conformaron una organización estable y duradera cuya finalidad no fue la realización de un determinado o determinados hechos en los que coincidieron más de 2 personas. Por el contrario, tenían el propósito, la apertura y la disposición de encarar la práctica de múltiples, variados e indeterminados planes delictivos”, sostuvo Hornos que agregó que “la asociación ilícita operó de forma inalterada, estable, continua, desde su conformación hasta que finalizó el último mandato presidencial de quien fue la líder de la organización criminal”.

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