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La Cancillería revolucionada: peleas, pedidos y rosca política para irse al exterior antes del cambio de Gobierno

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Los diplomáticos presionan para mejorar sus posiciones de cara al recambio político. Los movimientos de la oposición y los cambios de último momento.

El 27 de febrero último, Santiago Cafiero, cumplió con la reapertura de la embajada argentina en Dacca, Bangladesh.

Se lo había propuesto a la par de dos hechos simultáneos: el inédito furor futbolero de los bangladesíes por la Selección Nacional argentina durante el Mundial de Fútbol de Qatar, y el sucesivo aumento de las exportaciones a ese destino asiático.

Lo curioso de los acontecimientos es que los mismos diplomáticos se muestran más interesados en la rosca interna de cara las elecciones de 2023, que ya se desató, que en una nueva embajada como la de Bangladesh.

Para la embajada “mimada” de Cafiero, la de Bangladesh, se anotó el ministro de segunda clase, Marcelo Cesa, actual director del Programa de Generación y Análisis de Información Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ningún embajador oficialista ni opositor quiso el puesto, que suele ser visto como una oportunidad de crecimiento en la carrera diplomática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores es uno de los espacios en los que la política juega fuerte con funcionarios de carrera, la mayoría desconocidos, pero que fijan la balanza para uno u otro gobierno.

Los destinos en el exterior son los más apetecibles. Si son en capitales europeas o en potencias occidentales y cercanos en América Latina, mejor.

Igualmente a los diplomáticos les queda lo que los Gobiernos les dejan,  después de entregar puestos a políticos para ciertas embajadas, estratégicas o no.

La carrera por salir al exterior ya empezó. Los sueldos para los funcionarios que trabajan en el exterior que paga el Estado son muy apetecibles: van de los 9.000 a los 12.000 dólares. Y en algunos casos, cuando se trata de un cargo de embajador, llega a los 20.000 dólares mensuales.

Además, tienen todos los gastos pagos: se incluye vivienda, transporte (en autos con chofer) y comida. Además, se incluyen los traslados completos a ese país y el posible regreso que no baja de los 50.000 dólares por mudanza.

Los diplomáticos con puestos destacados hoy afirman que los opositores piden pista, pensando que si cambia el gobierno volverá su momento.

A diferencia de las cancillerías de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, Cafiero se anticipó y empezó a hacer los cambios antes de que las elecciones primarias inclinen la balanza para un lado u otro en materia de traslado. La ex presidenta hizo un largo listado de envíos tras las PASO, en 2015, para hacerle lugar a los propios.

Algunos fueron frenados, a los de Macri, en 2019, Alberto Fernández y Cristina le cancelaron todos los ascensos y debieron volver al país, incluso con el plácet concedido como el caso del ex vicecanciller Gustavo Zlauvinen, uno de los principales expertos en armas y en organismos internacionales al que le frenaron la jefatura de la embajada en Austria, cuando ya había sido concedida y tramitada.

A Daniel Raimondi, el ex ministro Felipe Solá lo hizo volver de la OEA, a dos meses de haber llegado, para poner al ultracristinista Carlos Raimundi, que siempre se toma licencia en votaciones contra Venezuela y Nicaragua para evitar condenar a esos países.

Gustavo Martínez Pandiani, subsecretario América latina y Caribe, coordinador nacional de cumbres y hombre de Sergio Massa en el Ministerio, irá de embajador a Suiza.

Meses atrás, el Gobierno envió a Fernando Brun como embajador en Alemania. Es, como Atilio Berardi, un cuadro técnico de la Cancillería, especializado en asuntos comerciales. Berardi será embajador ante la Unión Europea, y reemplazará a Pablo Grispun, un embajador de origen radical, que saltó al kirchnerismo y ahora se alinea con el peronismo más tradicional.

Al enterarse de su reemplazo, el hijo de Bernardo Grinspun, el ex ministro de Economía de Raúl Alfonsín, le desató una guerra interna a Berardi.

Otros cambios antes de que la política meta su mano son el de Anta Tito, que trabaja en la embajada de Italia, y la mandarán al gran centro de promoción comercial de Miami. Hay quienes señalan que en la promoción interna intervino en su favor Luciana Tito, su hermana, jefa de Gabinete del Canciller.

A otro diplomático kirchnerista, Gonzalo Urriolabeitía -desplazado por Solá porque hablaba mal de él en Casa Rosada- lo mandaron de embajador a Egipto. Ana Laura Cachaza va de embajadora a Irlanda, y Mariano Jordan será el encargado de negocios a Irán, un puesto ultra sensible. Gustavo Coppa se va de embajador a Indonesia. Y Eduardo Tempone, que responde a Jorge Argüello, se hará cargo de la embajada en Japón. Emiliano Waiselfisz a Corea. Habrá más movimientos hasta las elecciones de octubre.

De la gestión Cambiemos hay al menos 15 embajadores senior -radicales y del PRO- que están en sus casas desde hace cuatro años. Felipe Solá los desplazó por el mero hecho de no ser K.

Pero el sistema está tan distorsionado por la Política que ninguno de ellos presta trabajos para el Estado. Están cobrando más de un millón de pesos al mes. Uno ni siquiera vive en esta capital. Pero el Gobierno ni les exige trabajo ni los quiso incorporar jamás.

De la gestión Cambiemos, Clarín sólo pudo encontrar que tienen trabajo activo Leopoldo Sahores, embajador en Pakistán; Marcia Levaggi, que abrió la sede en Senegal, y Mariano Vergara, embajador en Armenia.

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Elecciones en Misiones: habrá varias opciones libertarias, el peronismo no presentará lista y un ex policía preso será candidato desde la cárcel

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El fin de semana se votará en la provincia y La Libertad Avanza tendrá boleta propia con un el tenista Diego Hartfield a la cabeza, pero además tendrá representación en otros espacios. Los “radicales con peluca” también presentarán su lista.

Este domingo 8 de junio, en Misiones más de un millón de personas estarán habilitadas para votar en los comicios provinciales. En la jornada electoral se definirá el recambio de 20 de las 40 bancas que tiene la Legislatura unicameral de la provincia de la tierra colorada.

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Javier Milei ratificó que vetará los cambios en las jubilaciones: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia”

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El Presidente se refirió a la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados e insistió que dejará que avance la ley

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para ratificar la postura que tendrá la Casa Rosada si la ley avanza en el Senado.

A través de su cuenta de X, publicó: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”.

El mensaje fue breve, pero contundente, y reflejó la línea que el oficialismo viene sosteniendo desde hace semanas frente al avance de iniciativas legislativas con impacto fiscal.

La reacción de Javier MileiLa reacción de Javier Milei tras la votación en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado la decisión del Gobierno durante un encuentro con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “No hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, afirmó ante los presentes, y recordó que la administración nacional ha eliminado programas, despedido personal y desmantelado fondos fiduciarios con el objetivo de reducir el gasto público.

Desde la presidencia de la Cámara baja, Martín Menem también apuntó contra los legisladores que apoyaron la propuesta. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, escribió en su perfil de X, reforzando la narrativa oficial.

La jornada en el recinto coincidió con otro frente de conflicto: los reclamos salariales del personal del Hospital Garrahan. Aunque el Gobierno anunció un bono para los residentes, estos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y por no haber recibido una comunicación formal desde el Ministerio de Salud. Mientras tanto, la tensión también se trasladó a los pasillos del hospital pediátrico, donde el resto del personal —que representa más del 90% de la planta— también exige mejoras en sus condiciones laborales.

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Diputados aprobó un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono a $110 mil y la restitución de la moratoria

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El gobierno nacional ya adelantó que vetará los proyectos si son ratificados por el Senado. También se ratificó por ley la fórmula de movilidad previsional y se estipuló el pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales

Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales) y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.

El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.

Los diferentes proyectos previsionales pusieron en pie de guerra al gobierno nacional que adelantó públicamente que el presidente Javier Milei vetará -en caso de ser ratificadas por el Senado- cualquier iniciativa que afecte el superávit fiscal.

El tablero de la votaciónEl tablero de la votación

En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.

El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.

Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.

El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, también estableces que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.

Moratoria previsional y régimen proporcional

La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogarla. “Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse”, explicó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria, y también insistió en que es “injusto” que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.

En la previa de la sesión se especulaba con que esta iniciativa sería rechazada ya que la mayoría de los bloques dialoguistas preferían aprobar algún tipo de sistema de prestación proporcional que tenga en cuenta los años efectivamente aportados.

El radicalismo, la Coalición Cívica, los cordobeses de Encuentro Federal que responden al gobernador Martín Llaryora y hasta un sector minoritario del PRO presentaron proyectos propios de Prestación Proporcional.

Diputados de Unión por laDiputados de Unión por la Patria festejan la restitución de la moratoria

No queremos ir a una situación que termine una vez más en un veto y que entonces los jubilados no tengan ninguna solución y queden en la misma situación que la actual, como ya pasó con el veto anterior. Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días a que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación. Es algo más que razonable y queda en el Ejecutivo la gradualidad de cómo podrían ejecutarlo”, había explicado el radical Lisandro Nieri.

Sin embargo, la decisión de abstenerse de Encuentro Federal y Democracia para Siempre terminó jugando en contra el Gobierno, que se quedó sin margen para sumar voluntades en contra.

Ahora se espera que el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.

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