Judiciales
Se jubila el juez Luis Rodríguez y habrá una nueva vacante en Comodoro Py
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae la decisión del magistrado, que está al frente del juzgado federal 9. Había llegado en 2012, en medio de polémicas, con el apoyo del kirchnerismo. Fue denunciado por una de las arrepentidas en la causa de los cuadernos. Encarceló a Julio De Vido
Comodoro Py tendrá otra silla vacía. De los doce juzgados que tiene la justicia federal porteña, hay solo nueve ocupados. Son las tres vacantes que ya existen tras la renuncia del juez Sergio Torres para irse a la Suprema Corte bonaerense en 2019, la muerte del juez Claudio Bonadio en 2020 y la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral en ese mismo año. Pero ahora los tribunales que más mira la política tendrán otra partida. Según revelaron a Infobae, el juez Luis Rodríguez les avisó a sus allegados que se retira.
Seis fuentes judiciales confirmaron lo que se transformó en un secreto a voces: el titular del juzgado federal 9 presentará su renuncia en los próximos días para jubilarse. Los trámites ya le habrían salido en los últimos días. Según trascendió, antes de irse del cargo, se tomaría unos días que le quedaban pendientes de vacaciones. “No sé cuándo, pero para abril ya no está más. Quizás antes”, añadió uno de los consultados. Infobae intentó contactarse con el magistrado, pero al cierre de esta nota no respondió el llamado.
Hacía rato que Rodríguez no transitaba los pasillos de Comodoro Py. Tampoco participaba de los sorteos de subrogancia. Se explicaba un motivo grave de salud familiar. La pandemia convirtió a su juzgado en uno virtual. Las luces de su despacho están casi siempre apagadas desde entonces. El juez apenas sí apareció algunas veces desde el 2020 por el cuarto piso. Sin embargo, llamó la atención que la semana pasada lo vieran llegar. De allí que se especuló que venía a acordar los detalles administrativos de su partida.
“Cada vez somos menos”, dijo a este medio uno de los magistrados que está en funciones. Podría, si la suerte así lo quiere, terminar haciéndose cargo de las causas del juzgado federal 9. Sin Rodríguez, serán ocho magistrados activos de los doce jueces que existen. Hoy, por lo pronto, se sorteó quién firmará por el año próximo (y quizás por el 2024) por el juzgado federal 11, que encabezó Bonadio: la bolilla eligió a Julián Ercolini, que ya había sido asignado a ese rol en 2021 y 2022.
Lo cierto es que mientras la política no destrabe el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el avance de los concursos ya abiertos por los tres juzgados vacantes no se moverá. Habrá que ver si, cuando llegue el momento, los consejeros deciden abrir un nuevo concurso o sumar la elección de un candidato a los concursos que ya existen y que tenían un orden de mérito asignado. “Suerte para los que se presentaron”, señalaron con ironía en los pasillos de los tribunales de Retiro.
Precisamente, son los cargos que más mira la política. Se trata de elegir a los magistrados que investigarán las denuncias de corrupción que tengan impulso. “Todavía es muy pronto para pensar en eso pero hay quienes, apenas se enteraron la noticia, ya lo están pensando”, agregaron las fuentes.
Luis Rodríguez fue elegido juez federal en octubre de 2012. Antes estaba al frente de un juzgado de instrucción penal ordinario. Llegó a Comodoro Py en la misma camada que Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos, que ya eran secretarios federales, tras un concurso en el Consejo de la Magistratura. Precisamente, su examen estuvo teñido de sospechas y su postulación fue impugnada por agrupaciones de derechos humanos por adjudicarle tenencia de objetos provenientes de los nazis, algo que desmintió en su audiencia ante el Senado.
Como juez federal, intervino en las amenazas de muerte que había recibido el fiscal Alberto Nisman, elevó a juicio una causa por antisemitismo contra el dirigente Luis D’Elía y sobreseyó por enriquecimiento ilícito a Carlos Liuzzi, el ex subsecretario de Legal y Técnica.
Los últimos años del macrismo pusieron a Rodríguez en foco. Fue cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió la detención del diputado Julio De Vido por la llamada causa Río Turbio. El juez se negó y el fiscal apeló ante la Cámara Federal que, por dos votos a uno, ordenó el pedido de desafuero y detención para el entonces ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido. Fue el fallo que se dio a conocer como la “doctrina Irurzun” y que más tarde dio pie para que jueces de instrucción pidieran prisiones preventivas amparados en lazos funcionales. En contra de su convicción, Rodríguez terminó arrestando al ex ministro.
Más tarde, otro escándalo volvió a salpicarlo en medio del expediente por los cuadernos de los arrepentidos. Allí, el fallecido Bonadio avanzó sobre el dinero que había manejado el ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz y terminó quedándose con la causa que él llevaba desde el 2013, repleta de datos sobre casi una veintena de propiedades y cuentas offshore de testaferros de Muñoz que quedaron al descubierto tras los “Panamá Papers”.
Al ser detenida en la causa de los cuadernos, en 2018, la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, aseguró como arrepentida lo que le había dicho su marido, ya fallecido: que vía su abogado, Miguel Pló, pagó una coima para que el juez federal Luis Rodríguez frenara la investigación sobre más de 70 millones de dólares que movió el ex secretario de Néstor Kirchner y sus testaferros hacia el exterior. Según trascendió, la mujer habló de una suma de 10 millones de dólares.
En 2020, el fiscal Gerardo Pollicita, que recibió la denuncia, terminó pidiendo archivar la causa contra Rodríguez. “No se pudo demostrar ninguna situación ilustrativa de ayuda o beneficio procesal indebido por parte del doctor Luis Rodríguez a favor del matrimonio Muñoz-Pochetti”, dijo. Según afirmó, “ninguna de las declaraciones brindadas proporcionó algún dato concreto, objetivo y demostrable respecto de la supuesta entrega de dinero. Es decir, no se desprende ninguna referencia sustancial, precisa y comprobable respecto de dónde, cómo y cuando se efectuó el pago, ni tampoco acerca de dónde estuvo el dinero, quiénes participaron de la entrega y recepción”. El juez Casanello hizo lugar al planteo.