Politica
Constitucionalistas apuntaron contra Alberto Fernández por no acatar el fallo de la Corte: “Es causal de juicio político”
Los expertos advirtieron que, con esta decisión, el presidente genera “un grave conflicto de poderes” y está “incumpliendo los deberes de funcionario público”
La decisión del presidente Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó al gobierno nacional devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que le había quitado generó malestar en la oposición, pero también la crítica de varios abogados constitucionalistas, que señalaron que esta desobediencia “es causal de juicio político”.
Uno de ellos es Diego Armesto, que en diálogo con Infobae explicó que, de concretarse el incumplimiento de la medida cautelar por parte del jefe de Estado, podría causarle consecuencias tanto en el ámbito penal como en el legislativo.
En este sentido, el especialista en la materia señaló que, al ser el mandatario nacional la máxima autoridad ejecutiva del país, existe “un grave conflicto de poderes” y su accionar podría encuadrarse “dentro del artículo 36 de la Constitución”, el cual hace referencia a “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”, por lo que consideró que “es causal suficiente de juicio político” por parte del Congreso.
Armesto señaló que, además, la decisión de Alberto Fernández podría ser entendida como un delito de sedición, tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reprime “con prisión de uno a cuatro años” a quien se alce “públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales”.
Asimismo, el letrado advirtió que el gobierno porteño podría “solicitar ante la misma Corte Suprema el embargo y la ejecución inmediata de la medida cautelar”, para que, a pesar de la negativa del Presidente, la orden se cumpla y le transfieran los fondos en disputa.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había celebrado el fallo“Yo creo que Alberto está dando un mensaje contrario a lo que es propio de un hombre de derecho, de un profesor universitario, de una de las facultades de Derecho más prestigiosas del mundo. Es claro que los fallos se cumplen y más en esta instancia. Justamente él, que se jacta de ser una persona respetuosa de la ley, que viene de una familia de profesionales del Derecho, esté contradiciendo esos valores que seguramente le deben haber transmitido en su casa. Me llama la atención”, agregó.
En esta misma línea, Daniel Sabsay sostuvo que “solamente en la Argentina se puede dudar sobre el acatamiento o no de un fallo de la Corte”, porque al hacer esto “se trata es de un claro incumplimiento de la Constitución”.
“La Corte Suprema es, precisamente, el control contramayoritario que está concebido en la Constitución de Filadelfia, de los Estados Unidos, de 1787, que trata, justamente, no sobre el mérito y conveniencia de una decisión de uno de los poderes políticos, pero sí de cuando ellos incurren en errores vinculados con la posibilidad de afectar derechos o garantías constitucionales”, precisó.
En este sentido, el experto señaló que es en estos momentos en los que el máximo tribunal “debe intervenir”, porque “lo que se está produciendo es, claramente, un desacato, una desobediencia, de los deberes de funcionario público y un abuso de poder, es decir, lo contrario de lo que debe hacer un poder que se encuadra dentro de la Constitución”.
La Corte Suprema hizo lugar a la medida cautelar para que se le devuelva el porcentaje de coparticipación a la CiudadAdemás, señaló que “es interesante ver” que en España ocurrió recientemente un conflicto similar, en el que “también se ha criticado un fallo” del Tribunal de Garantías Constitucionales, e incluso “se ha considerado que se trataba de una suerte de Golpe de Estado”.
Sin embargo, allí se lo acató, eso no se discutió porque hay que cumplir con la Constitución. ¡Vaya diferencia! En la Argentina, en cambio, por parte de estos depredadores de la Constitución y de la República, está en tela de juicio”, cuestionó Sabsay.
A su vez, Alejandro Fargosi se mostró muy duro al opinar que el incumplimiento por parte del Presidente de esta medida cautelar “es un golpe de Estado contra el Poder Judicial”, al coincidir con sus colegas que se está violando “el artículo 36 de la Constitución Nacional”.
Ese apartado de la Carta Magna remarca que “sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas”.
“Todos los gobiernos han respetado siempre a la Corte Suprema, o la han cambiado, pero nunca la desobedecieron. Por primera vez en la historia, y sin ningún tipo de vergüenza, estas personas violan también los artículos 116 y 117, que establecen que las discusiones las resuelve el Poder Judicial y que aquellas que son entre las provincias, como es en este caso la Ciudad, la Corte”, subrayó.
Por este motivo, Fargosi consideró que “un fiscal federal debería ya mismo hacer una denuncia”, porque “no podemos naturalizar esto”, ya que, “dejando de lado que a las provincias no se las afecta” con la cautelar, “todos los gobernadores y funcionarios que estaban en la foto” junto a Alberto Fernández, en la reunión en la que se definió incumplir el fallo, “hoy están dando un golpe contra la Corte”.
La Corte Suprema había dictado el fallo“En cuestión de relación de fuerza, el Presidente tiene cientos de miles de armas, soldados y policías a su disposición para poner en ejecución sus decisiones; en cambio, el único poder que tienen los jueces es una hoja de papel y una lapicera, por eso sus decisiones tienen que ser respetadas. Hoy es esto, pero mañana puede ser cualquiera. Esto no es nuevo, es lo mismo que pasó en Perú, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que los golpes de Estado sean contra los gobiernos, no contra la Justicia”, manifestó.
A su turno, Ricardo Gil Lavedra destacó que “la Constitución es el gran pacto social, que distribuye las competencias y funciones de cada actor, entre ellas, establece que el último intérprete de ella es la Corte Suprema, por lo que sus decisiones son finale”.
“Por lo tanto, decir que se desconoce un fallo de la Corte es decir que se desconoce a la Constitución misma. Yo creo que la medida cautelar va a ser cumplida, porque además la Ciudad puede pedir la ejecución inmediata y la Corte tiene facultades para hacerlo”, vaticinó.
En tanto, Félix Lonigro calificó de “anarquía institucional” lo que está sucediendo en el país y anticipó que si el Presidente no acata el fallo, las implicancias serían, en cuanto a “responsabilidad política”, le “cabría juicio político por mal desempeño” y, en lo referido a lo penal, “habría desobediencia”
“Procesalmente, correspondería un proceso de ejecución de la medida cautelar (embargos, etc.). La recusación a los jueces de la Corte es procesalmente extemporánea. Además, no hay causa de recusación”, aclaró.
En cuanto a un posible “recurso de revocatoria, que también se denomina de reconsideración”, por parte del Gobierno nacional, para que el mismo tribunal reconsidere y, eventualmente, revoque la medida, Lonigro adelantó que “lo rechazarían de cabeza”.
En su cuenta de Twitter, Pablo Lanusse expresó que “los fallos de la Corte Suprema pueden ser compartidos o no”, pero “ineludiblemente deben ser cumplidos y respetados”. “No se necesita ser profesor de derecho ni abogada exitosa para saberlo. Como también, que su desacato genera las consecuencias de los arts. 29 y 36 de la Constitución Nacional y del Código Penal”, completó.
Por último, en diálogo con TN, Roberto Gargarella opinó que la decisión del gobierno nacional “es un intento de aprovechar la volteada para pisar el acelerador contra el sistema judicial, por las causas de Cristina Kirchner”.
Al respecto, el también abogado constitucionalista aseguró que la medida cautelar aprobada por la Corte “de imposible cumplimiento, no es”, y que, en todo caso, si hubiera complicaciones financieras para la Nación, podría hablarse” con el mismo tribunal.
“El propio derecho lo dice claramente, es obvio. En este tipo de cuestiones, se sabe que si se van a sacar fondos a una provincia, no se puede hacer un acuerdo en la materia sin que la propia provincia lo acepte”, cerró.
Politica
El Gobierno llega a las extraordinarias con aire por el Presupuesto, pero continúa la negociación por las reformas
Con la inminente oficialización de la convocatoria, la Casa Rosada intensifica los contactos con gobernadores y legisladores para la sanción de los proyectos. Los tiempos legislativos y las prioridades
Con la inminente oficialización del llamado a sesiones extraordinarias, el Gobierno se prepara para intensificar las negociaciones por las reformas de segunda generación que buscan aprobar durante el verano y llega al 10 de diciembre con garantías para la sanción del Presupuesto 2026, de ocurrir, el primero desde la asunción del presidente Javier Milei. Como contó Infobae, el decreto se firmará este viernes y se hará efectivo en el Boletín Oficial el primer día hábil de la próxima semana, el martes 9 de diciembre.
“El Presupuesto siempre es más sencillo de aprobar. Muchos sectores van a tener que mostrarse abiertamente en contra de la reforma laboral por necesidad, en un gesto interno a los sectores que representan”, sostuvo una importante fuente ante Infobae. Si bien no hubo mención directa, la definición referencia a la Confederación General del Trabajo (CGT) que, en los últimos días, se mostró abiertamente en contra de los puntos incluidos en la “modernización” laboral.
No corrían la misma suerte hasta la tarde del pasado jueves los integrantes del Consejo de Mayo ni los gobernadores que canjearon algunos reclamos por apoyos al Presupuesto. “Nos mandaron los detalles de la reforma, pero no tenemos ni idea del formato con el que presentaremos el 9 de diciembre el paquete de proyectos que tratamos en el Consejo”, reveló un integrante del cuerpo a este medio.
El tratamiento de la Ley de Leyes incluirá el debate por el proyecto de presunción de inocencia fiscal para discutir modificaciones en el régimen general y a blindar la normativa simplificada del Impuesto a las Ganancias. La idea es incrementar el umbral para fraude fiscal, reducir los plazos de prescripción tributaria y crear el régimen de declaración jurada de Ganancias, entre otros puntos.
El proyecto de “modernización” laboral es otro de los caballitos de batalla del mandatario libertario que, en una faceta más realista, espera para diciembre poder conquistar la media sanción en la Cámara de Senadores, por la que ingresará al Congreso Nacional. El tratamiento en la Cámara Baja quedará para el segundo llamado previsto para finales de enero de 2026 hasta el mes de febrero. También quedará para esa fecha la reforma tributaria y la actualización del Código Penal, ya casi listo para girar al Congreso Nacional. En esta última modificación, varias voces del Gabinete coinciden en que demandará “mucho tiempo”. “Puede incluso que se termine tratando en el periodo ordinario porque va a llevar meses”, deslizaron por los pasillos de Casa Rosada.
Con esa idea en mente, el oficialismo aceite el mecanismo para concretar el armado de las comisiones, en especial la de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación Penal para iniciar con el tratamiento de los mencionados proyectos. En paralelo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien logró arrebatarle a Unión por la Patria la primera minoría legislativa y consolidar un bloque de 95 diputados, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, refuerzan los contactos a la pesca de nuevos acompañamientos.
La exministra de Seguridad se mostró optimista por la nueva composición del Congreso, con los desembarcos de los electos libertarios el pasado 26 de octubre e hizo pública su nueva misión. “Las cosas ahora van a cambiar porque somos una mayoría importante en la Cámara y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando. Tenemos que sacar la reforma laboral y el Presupuesto, eso es lo que nos importa”, confesó en declaraciones a Radio Rivadavia, y expresó: “Ya estamos hablando con todos. Hoy no es fácil conseguir trabajo en la Argentina. Tenemos que volver a esa realidad. No lo vamos a hacer de un día para otro, pero sí con una ley que cambie las condiciones laborales actuales”.
A un kilómetro y medio de distancia, en Balcarce 50, Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, replican la tarea y canjean soluciones a conflicto provinciales menores por porotos en el anticipado cálculo legislativo. Luego de entrevistarse con 17 de los 20 gobernadores aliados de la administración libertaria, alistan los detalles para completar el número antes del 10 de diciembre.
Este viernes, a las 9.30, el tándem federal recibirá al pampeano, Sergio Ziliotto, y ultiman detalles para hacer lo propio con Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), con quienes ya establecieron contactos. Al término, definirán si incluyen a los cuatro peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja),Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) a las reuniones.
Politica
El gobierno porteño cerró 40 “comedores fantasmas” y detectó un desvío de 5.000 raciones diarias por $20 millones
“Nadie va a usar el hambre para hacer negocios”, expresó el jefe de Gobierno Jorge Macri. La mayoría de los espacios inexistentes pertenecía a la organización de izquierda La Dignidad y al Movimiento Evita
La Ciudad de Buenos Aires consolidó en 2025 una política alimentaria sin intermediarios y basada en la trazabilidad total: un sistema que, por primera vez, permitió fiscalizar más de 500 comedores y detectar irregularidades en 40 de ellos, que fueron cerrados de inmediato.
La fiscalización integral —apoyada en tecnología, controles diarios y una app de registro nominal de beneficiarios— confirmó la existencia de comedores que no entregaban comida, no permitían el ingreso de inspectores o directamente no existían en la dirección declarada.
Para el gobierno porteño, en cabeza de Jorge Macri, “este modelo, que combina control, digitalización y condicionalidades claras, permitió por primera vez una fiscalización completa de más de 500 comedores de la Ciudad, con controles diarios tanto a los espacios como a las empresas proveedoras. La implementación de una nueva App para registrar beneficiarios, identificar necesidades específicas y reportar irregularidades en tiempo real marcó un cambio profundo: cada ración queda trazada, cada persona queda identificada y cada peso puede seguirse en todo el proceso”, explicó.
Consultado por este medio, Jorge Macri, opinó que “que el objetivo central es garantizar asistencia real sin permitir el retorno de mecanismos de intermediación política”. En sus palabras esto es:
– “Mejoramos el sistema porque nadie que lo necesite se va a quedar sin su plato de comida”.
– “Trabajamos para que nadie viva en la calle y para que todos estén atendidos, acompañamos a cada uno que lo necesite”.
– “Ningún movimiento social volverá a usar esa necesidad para hacer sus negocios”.
-La gran mayoría de los comedores, más de cien, siguen adelante junto a las familias y los apoyamos porque su trabajo es muy valioso”.
Según la evaluación oficial, esos más de 100 comedores comunitarios siguen asistiendo a sus comunidades con normalidad, incorporando el sistema digital de registro diario que será obligatorio desde enero de 2026.
La Ciudad asiste todos los días a más de 250.000 personas, entre comedores comunitarios, centros de primera infancia, centros de jubilados, paradores para personas en situación de calle y el programa Ciudadanía Porteña.
De ese total, 130.000 reciben su comida a través de comedores, y 100.000 son beneficiarios de la transferencia directa Ciudadanía Porteña.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se explicó que, en el sistema de ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad, pasó a ser mucho más eficiente porque se modernizó la operatoria. Esto es: una modernización que combina inscripción 100% digital, billetera virtual Buepp, ampliación de rubros de compra, una app para nominalizar beneficiarios y un tablero de gestión para monitorear raciones en tiempo real.
Según el informe, el programa Buepp ya superó las 5.000 descargas, BOTI recibió más de 20.000 consultas desde julio y la red de comercios habilitados ya supera los 2.100 puntos de venta.
En diálogo con Infobae, el ministro Mraida, remarcó la dimensión social del cambio. “En años de fragilidad social y económica no solo sostuvimos, sino que ampliamos la cobertura alimentaria manteniendo la calidad nutricional. Todos los días acceden más de 250.000 personas”.
Además, subrayó la importancia de un modelo que ponga a la persona en el centro. “Los problemas que atraviesan los vecinos y vecinas de la Ciudad son multidimensionales: nadie en situación vulnerable tiene solo un déficit alimentario. Conocer a las personas y conectarlas con lo que necesitan es acompañarlas en serio”.
El funcionario de Jorge Macri también reforzó el mensaje de la desintermediación: “En la Ciudad, la comida dejó de ser un factor de negociación política. Hay un control estricto y riguroso, apoyado en tecnología. Ningún plato de comida puede terminar en un destinatario que no corresponde, y mucho menos en la política. Una Ciudad más justa es la que sabe exactamente a quién está ayudando”.
Cómo operaban los “comedores fantasmas”
El operativo de validación de comedores comunitarios y populares incluyó inspecciones reiteradas, entrevistas con vecinos y seguimiento presencial durante varios días. Los equipos constataron diferentes situaciones:
-Espacios totalmente inexistentes, como “Pekes”, “Bajo Flores” o “La 29”;
-Domicilios donde nadie conocía actividad vinculada a un comedor.
-Espacios que impedían el ingreso del personal de la Ciudad.
-Comedores declarados que no registraban retiro de viandas en ningún momento de la semana.
El cierre de estos espacios, que alcanzó a 40 “comedores fantasmas” estaban distribuidos principalmente en los barrios porteños de Flores, Soldati, Mataderos y Lugano, muchos de ellos ligados a estructuras barriales identificadas con el movimiento La Dignidad.
La suspensión inmediata de 5.000 raciones no justificadas permitió redireccionar recursos hacia los beneficiarios reales.
Según explicaron desde la calle Bolívar, la digitalización del sistema generó:
-Trazabilidad completa de cada ración.
-Registro nominal de cada beneficiario.
-Eliminación de la intermediación política.
-Planificación más precisa de compras y distribución.
-Fiscalización diaria tanto de comedores como de proveedores.
Al ser consultado para esta nota, el ministro del área explicó que “el 2026 es tener un sistema cien por cien digital, justo y verificable”. Esto se logrará, según su visión: “Con el uso obligatorio de la app de registro diario desde enero de 2026.” Este hecho apunta a un modelo donde “cada plato esté auditado, cada beneficiario identificado y cada peso público rastreado”.
Desde el Ministerio resume el objetivo de estas medidas como “una política alimentaria justa, directa y seria, que cuide los recursos de todos y acompañe de verdad a cada familia”.
Politica
El nuevo ministro de Defensa anunció cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas: quiénes asumirán en los cargos
Carlos Presti realizó cambios en el Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto. El único que mantendrá su cargo será el Brigadier Mayor Gustavo Valverde al frente de la Fuerza Área
El flamante ministro de Defensa de la Nación, Teniente General Carlos Presti, anunció quiénes serán los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas tras asumir su cargo al frente de la cartera mencionada. De esta manera, tres de los cuatro nombres de las cúpulas cambiarán tras los cambios realizados por la salida de Luis Petri, quien asumió su banca como diputado.
De esta manera, Zarich reemplazará al propio Presti que dejará su cargo al frente del Ejército. Quien asumirá su rol ahora se destacaba como Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la fuerza. Recientemente, estuvo a cargo de un ejercicio militar denominado “Libertador”, donde se buscó fortalecer la capacidad de despliegue logístico y apostó por cambiar la organización operativa. Tuvo a su cargo unos 2.500 efectivos y 300 vehículos.
Además, egresó con la promoción XXXIII del Liceo Militar “General Belgrano” en la provincia de Santa Fe y, antes de asumir su rol en el Ejército, se desempeñó en Comodoro Rivadavia como comandante de la IX Brigada Mecanizada.
En tanto, en el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto, Dalle Nogare remplazará al Brigadier General Xavier Julián Isaac. Oriundo de la ciudad de Buenos Aires, el Vicealmirante se egresó de la Escuela Naval Militar como Guardiamarina en el ‘87 y estuvo en la Promoción 116° del Cuerpo Comando, Escalafón Naval.
En 2024 había sido designado como Subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, cargo que asumió el 11 de enero de ese año. Entre los comandos ejercidos se destacan el aviso ARA “Suboficial Castillo” con la ejecución de la Patrulla Antártica Naval Combinada con la República de Chile; el destructor ARA “Heroína”, el destructor ARA “Almirante Brown”, la División Patrullado Marítimo y el Comando del Área Naval Austral.
Por su parte, el nuevo jefe de la Armada remplazará al Almirante Carlos María Allievi. Romay también es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y se egresó de la Escuela Naval Militar como Guardiamarina el 30 de diciembre de 1988. Pertenece a la Promoción 117° del Cuerpo Comando, Escalafón Naval.
El 20 de diciembre del 2024 asumió como Director General de Educación de la Armada. Entre los comandos ejercidos se encuentran el buque multipropósito ARA “Punta Alta”; el buque logístico ARA “Patagonia” y el buque escuela fragata ARA “Libertad”.
Así las cosas, el único que se mantendrá al frente de su cargo será el titular de la Fuerza Área, el brigadier Gustavo Javier Valverde. Fue distinguido dentro del ministerio de Defensa por su trayectoria en el mundo de la aviación: es piloto de caza y tiene experiencia en la instrucción de vuelos, por lo que desde la cartera confían en que pueda implementar sus conocimientos y capacidades para potenciar el área.
Además, fue jefe del Departamento de Operaciones en Desarrollo del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G-20 y en el 2020 fue el agregado de Defensa en el Reino de España, con extensión en el Reino de Marruecos y en el de Países Bajos.
La formación del nuevo jefe de la Fuerza Aérea comenzó en el Liceo Militar General Espejo Mendoza, donde cursó sus estudios secundarios hasta 1984. Luego continuó su profesionalización en la Escuela de Aviación Militar, donde egresó en 1989 en el escalafón del aire. Su perfeccionamiento siguió en la década de 1990, cuando realizó el Curso de Aviador que le dio las herramientas para comenzar su camino profesional.
De acuerdo a lo que se informó, cuando se produce un recambio en la conducción del Ministerio de Defensa es normal que se revisen las jerarquías del Estado Mayor Conjunto y de las distintas fuerzas. Según comentaron, la normativa que establece que el jefe del comando no puede tener subordinados con antigüedad mayor a la suya.
Tras el comunicado de Presti, el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló en sus redes sociales que Jvavier Milei ratificó la medida del nuevo ministro de Defensa: “El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente: – General de División Oscar Zarich será el Jefe del Ejército – Vicealmirante Juan Carlos Romay será el Jefe de la Armada- Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare será el Jefe del Estado Mayor Conjunto Asimismo el Presidente de la Nación ratifica al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como Jefe de la Fuerza Aérea. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.
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