El máximo tribunal les tomará juramento en los próximos días a los cuatro representantes de la Cámara de Diputados. Aún queda pendiente definir qué pasará con los senadores. Este 16 de diciembre se cumple un año del fallo que hizo caer el viejo Consejo de 13 miembros
La presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau no cumplió el procedimiento: no podía haber retirado las designaciones sin la previa intervención de los bloques, encargados de designar a sus representantes en el Consejo de la Magistratura. Palabras más, palabras menos, la Corte Suprema de Justicia recogió este argumento para ignorar la resolución que había dictado la diputada massista del Frente de Todos anulando la designación de los cuatro legisladores de la Cámara Baja, que derivó en un escándalo en el Congreso. Y así, ordenó proceder con la toma de juramento de los diputados Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Reyes como nuevos integrantes del organismo que se encarga de seleccionar y controlar a los magistrados.
Así se desprende del fallo que dictó en la tarde del jueves la Corte Suprema, con la firma del presidente del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Precisamente, esa jura ya había sido ordenada el 25 de noviembre. Luego un fallo judicial devino abstracto y se dictó una resolución cuyos efectos terminaron en una sesión de gritos y gestos en la Cámara Baja.
El nombramiento de los senadores consejeros sigue en veremos. Allí el punto de observación es el senador k Martín Doñate. Pero en el mientras tanto tampoco juraron los postulados Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, también del FdT y el radical Eduardo Alejandro Vischi. Es posible que, sellada la suerte de los diputados, la jura de los senadores se active, al menos para los tres que no están cuestionados. Sobre todo teniendo en cuenta que, a diferencia del caso de los diputados, la Corte Suprema sí debe resolver sobre el rol de Doñate, en el marco del per saltum que presentó el senador del PRO Luis Juez.
Una vez más, la Corte Suprema entró en la revisión de las decisiones legislativas que despiertan los cuestionamientos kirchneristas. ¿Por qué? Lo contestó en el fallo: “Este tribunal tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”; “los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes” y “la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”.
“Hay que hacerlo funcionar”, decían anoche a Infobae voces del propio Consejo de la Magistratura que eran críticas con este nuevo organismo pero que no quieren quedar atrapados en la puja política del oficialismo y la posición. Hoy, el Consejo lo integran, además del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, los representantes de los jueces, Alberto Lugones, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y Alejandra Provítola; de los abogados, Miguel Alberto Piedecasas, Héctor Pedro Recalde, María Isabel Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez; de los académicos, Hugo Galderisi y Guillermo Ricardo Tamarit, y del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz. En los próximos días, se sumarán entonces los diputados.
La decisión de tomar juramento, aclaró la Corte, no afecta la suerte que pueda correr, por vía judicial, el planteo contra la designación de Reyes, para el período que terminó en noviembre pasado. Justamente, se trata del fallo del juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick que cuando la Corte ya había designado tomar juramento a los cuatro legisladores de la Cámara Baja decidió anular la designación para el Consejo de la diputada radical Roxana Reyes para período que ya había terminado.
Según el juez -que fue funcionario del gobierno kirchnerista antes de integrar el Poder Judicial-, no correspondía asignarle a Reyes una banca en el Consejo porque el PRO, aliado de la UCR, ya tenía una silla. Para Cormick, la UCR y Pro deben considerarse como una sola fuerza. Y lo argumentó usando como espejo el fallo de la Corte Suprema que cuestionó que el bloque del Frente de Todos en el Senado se hubiera dividido apenas comenzó a funcionar este Consejo de la Magistratura de 20 miembros. Para la Corte Suprema eso fue un “ardid” para quedarse con una banca más de la Cámara Alta.
La diputada radical Roxana Reyes y el senador k Martin Doñate, eje de las disputas por las segundas minorías en el Consejo de la Magistratura
Desde entonces, el Consejo sigue teniendo 12 miembros. Pero la Corte buscó destrabar la cuestión ratificando la orden de jura para los diputados. Lo que la Corte analizó fue que el caso de Reyes que resolvió Cormick ya había quedado abstracto, porque a diferencia del caso de Doñate la discusión sobre la designación de la radical para ese período ya había terminado. Pero, además, el fallo de Cormick declaraba la nulidad de las resoluciones que “en lo sucesivo” se dicten siguiendo las pautas que allí se consideraba irregulares, como si una sentencia pudiera anular resoluciones a futuro, señalaron las fuentes consultadas.
Sobre eso, la cuestión crucial: “al momento en que se dictó la sentencia, ya se había dictado la resolución de la presidenta de la Cámara de Diputados que designaba a estos cuatro diputados y diputadas. Sin embargo, en ningún momento de la sentencia de Cormick menciona esa resolución. En ese sentido, resultó evidente entonces que la sentencia no anuló esas designaciones”, explicaron a Infobae en tribunales.
“Lo que la Corte hizo en la acordada fue ejercer un mínimo control del debido proceso legislativo. Solo analizó si las dos resoluciones (la que efectuó las designaciones y la que luego las dejó sin efectos) cumplían con el procedimiento que establece la ley. La primera resolución cumplió con ese procedimiento, porque respondió a las designaciones se hicieron a propuesta de los bloques parlamentarios, como dice la ley. En cambio, la resolución que dejó sin efecto las designaciones no cumplió con esa condición necesaria: fue un acto unilateral de la presidenta de la Cámara, sin ninguna intervención de los bloques”, se añadió.
Y una vez más, la Corte repitió lo que dice en su fallo de Doñate: el máximo tribunal no puede renunciar a “revisar que las designaciones hayan cumplido los procedimientos mínimos que establece la ley”. “Sin propuestas de bloques no puede haber designaciones. Por lo tanto, tampoco puede haber retiro de designaciones sin la previa intervención a los bloques, que fue justamente lo que en este caso no existió”, explicaron las fuentes consultadas.
El Consejo de la Magistratura de 20 miembros
Por estas horas se cumple un año del fallo en que la Corte Suprema decidió anular la composición de 13 miembros del Consejo.
Fue el 16 de diciembre del 2021 cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley que regulaba la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde hacía 15 años. Allí se sostuvo que la composición no respetaba el “equilibrio” de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y dispuso que el Congreso dicte un nueva ley con apego a ese criterio. Dio un plazo de 120 días corridos que se vencieron en abril. En esa resolución, sin el voto de Ricardo Lorenzetti, los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz entendieron que si para esa fecha no había una nueva ley, debía volver a regir el Consejo de 20 miembros.
Cuando todo era puja a la hora de cumplir ese fallo, el Frente de Todos jugó a la política: dividió su bloque en el Senado y así consiguió quedarse con tres de las cuatro bancas en juego. Las dos que ya había y la nueva que se sumaba, representada por el kirchnerista Martín Doñate. El senador del PRO Luis Juez impugnó la movida diciendo que esa silla era suya y fue a la Justicia. Cuando el caso llegó a manos del máximo tribunal, el período de esos consejeros ya estaba a punto de terminar porque comenzaba a regir una nueva composición para 2022-2026.
“La realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso, con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático”, se advirtió en aquel momento.
Pero tras ese fallo, el Senado avaló en sesión el decreto parlamentario 86/22, que designaba como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y al radical Eduardo Vischi. La resolución generó que se llegaran a presentar denuncias penales contra Cristina Kirchner y a todos los senadores que votaron esa decisión por desconocer el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Si es válido o no la nueva designación de Doñate es lo que, finalmente, tendrá que resolver la Corte. En el fallo del 8 de noviembre, la Corte decía que el reparto de la banca para la segunda minoría debe respetar el escenario legislativo al 16 de diciembre, cuando la Corte dio de baja la composición de 13 miembros del Consejo. Y en ese punto se subraya que eso es así “toda vez que no ha habido una nueva elección legislativa que haya modificado la composición de la cámara”, algo que no ocurrió en el último año.
El gobernador bonaerense pidió que parte del acuerdo con el FMI sea destinado a la reconstrucción de la ciudad, pero en la Casa Rosada no contestarán. Hay dos proyectos en el Congreso para declarar la emergencia
Mientras buena parte de Bahía Blanca y sus alrededores se encuentra aún bajo el agua y crecen los pedidos de ayuda de los vecinos afectados, en la Casa Rosada adelantan que seguramente sujetarán eventuales erogaciones de la Nación a un pedido específico del distrito, en lugar de acompañar los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso con ese fin. Evitaron confrontar con Axel Kicillof, luego del picante pedido del gobernador bonaerense para que el Gobierno destine una parte del monto que envíe el FMI al país a reconstruir la ciudad costera.
“No vamos a entrar en una disputa, ni con Kicillof ni con nadie. Decretamos tres días de duelo nacional. Ya ni eso respetan”, dijo, ofuscado, un funcionario en Balcarce 50 que responde a Karina Milei, guardiana de la imagen del Presidente. En la sede del Gobierno donde avanzan con pies de plomo y aplican una estrategia de comunicación extremadamente cuidada en el caso de la tragedia de Bahía Blanca. “Es una opinión suya”, agregó otro, que se limitó a responder, por lo bajo, que el dinero que le va a dar el Fondo a la Nación “no tiene asignación”. “Va para pagar deuda y al Tesoro”, deslizó.
El oficialismo enmarcó los cuestionamientos de Kicillof en la interna del peronismo: “Axel y Cristina necesitan pelearse con Javier, hay una discusión entre ellos a ver quién le pega más. A nosotros no nos cambia nada”, dijo un asesor.
No sólo evitaron contestarle a Kicillof: las apariciones de los funcionarios en general se limitan a las redes sociales; Manuel Adorni no adelantó sus conferencias de prensa; y Javier Milei no dio una sola entrevista y suspendió su agenda pública. El cambio rotundo se produjo esta mañana, cuando el Presidente arribó a Bahía Blanca sin preanuncios: arribó temprano, evitó las fotos y se dirigió directamente al centro de monitoreo de la ciudad.
Con todo, anoche, poco después de la conferencia de prensa de Kicillof desde Bahía Blanca, en la Legislatura bonaerense uno de los alfiles de Santiago Caputo contraatacó. El titular de la bancada violeta, Agustín Romo, que frecuenta el despacho del asesor en la Casa de Gobierno y forma parte de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” informó que acababa de presentar un proyecto para exigirle a la gobernación que destine a Bahía el dinero que está previsto para las PASO locales, que se suspendieron a nivel nacional a instancias de un proyecto de ley de La Libertad Avanza. Fue una contrachicana clara, realizada indirectamente desde la cúpula libertaria.
La trágica inundación causó al menos 16 muertes (REUTERS)
Con todo, en la Nación dicen que se encuentran a la espera de que la Provincia oficialice la emergencia y haga un pedido formal de fondos, específico, para luego evaluar si las cantidades solicitadas son viables. Condicionarán la ayuda, como advirtió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a que haya “un plan” de la provincia y el municipio.
“Seguramente le estemos solicitando ayuda financiera al gobierno nacional”, dijo ayer al mediodía el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Blanco, cuando transcurría el quinto día desde la tragedia y el gobernador, Axel Kicillof, se disponía a brindar su conferencia de prensa junto al intendente, Federico Susbielles. Ninguno de los dijo el monto que le pedirá al Gobierno para empezar a reconstruir Bahía Blanca.
En medio de las chicanas, en la Nación dicen que siguen dispuestos a otorgar más fondos para la reconstrucción -si es que deciden hacerlo-, pero señalan que el método no está claro, y que evalúan mecanismos.
En principio contemplan dos vías. Por un lado, están los pedidos que presentaron en el Congreso casi todos los partidos el mismo viernes en ambas Cámaras.
Ese día, cuando el agua aún no había bajado, un grupo transversal de diputados, con representantes de Unión por la Patria, PRO y la UCR, avanzaron con una demanda al Gobierno para que declare la emergencia y cree un fondo, aunque sin especificar cifras. En el Senado hicieron lo propio los kirchneristas Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio, y el radical Maximiliano Abad, también en conjunto, aunque sin firmas de la tropa amarilla y con un número claro: 20 mil millones de pesos.
Kicillof pidió en conferencia de prensa que el Gobierno destine parte de la plata del acuerdo con el FMI para reconstruir Bahía Blanca
Hasta ahora, la Nación le otorgó 10 mil millones de pesos a la ciudad costera, casi de inmediato. Primero lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. Después, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos confirmó que la transferencia se había realizado. El jefe comunal, Federico Susbielles, agradeció la ayuda, pero señaló en conferencia de prensa, el domingo pasado, que no sería suficiente y habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos. En principio, deslizó que estaba hablando con La Plata para definir financiamiento internacional y un programa puntual.
La solicitud para declarar la emergencia en la Cámara baja podría tratarse hoy, si es que prospera la polémica sesión especial que pidió la oposición para tratar los pedidos de investigación legislativa por el caso Libra, que complica sobremanera al Gobierno. Por lo pronto, esta tarde, el oficialismo aceptó incluir el tema, pero podría no haber quórum (de hecho, el Gobierno hace lo posible para evitar que se sesione).
El bloque libertario en Diputados aún no definió qué hará en este caso particular, y espera instrucciones de Balcarce 50. “Teniendo en cuanta los antecedentes de los incendios en la pampa y Córdoba, si llega a haber quorum la lógica indicaría que podríamos acompañar”, dijeron en la bancada mileista.
El intendente Federico Susbielles habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos para recuperar la ciudad
Pero remarcaron que la decisión no está tomada. Y en la Casa Rosada, donde se toman las decisiones, deslizaron, a priori, que se inclinan por el mecanismo de la declaración de la emergencia en la Provincia de Buenos Aires -que aún no se tramitó-. “Esos fondos van a ser discrecionales, no van a tener que explicar para qué van específicamente. Pero tiene más sentido ir por esa vía”, dijeron en Balcarce 50.
El Gobierno mira con mejor predisposición la vía de un pedido de fondos de parte de Kicillof, y aseguraron que aún esperan que su administración y la Legislatura bonaerense oficialicen la emergencia. Pero en el entorno de Milei mostraron reticencia con respecto a los proyectos que se presentaron en el Congreso, con extremo cuidado de no generar polémicas en torno al delicado caso de Bahía.
Comunicación cuidada
A pesar de los cuidados más arriba mencionados, los libertarios salen a contestar los tuiteros estrella que responden a Santiago Caputo, pero sus voces no son oficiales y, por lo tanto, se mantienen en el terreno de las redes.
Preocupados por no pisar el palito, los funcionarios tampoco confrontaron Cristina Kirchner, que le dedicó al Presidente uno de sus mensajes que empiezan con “Che, Milei”, en Twitter. “No nos suma en nada”, deslizaron. La bajada desde la cúpula es no hacer ruido político con la tragedia.
Adorni decidió no adelantar, como en otras ocasiones, la conferencia de prensa que hace dos semanas decidió fijar los miércoles (antes se hacía los días martes y jueves, varía según el momento del año). En cambio, la sostuvo para hoy, cuando pasaron seis días desde que se inundó Bahía Blanca. “¿Por qué la adelantaríamos? ¿En qué ayudaría a los bahienses?”, dijeron en la Casa Rosada. Creen que es suficiente con la serie de tuits que publican casi hora a hora Patricia Bullrich y Luis Petri desde el lugar; y el resto de los ministerios, como Capital Humano, e inclusive ARCA (ex AFIP) e YPF.
Hay dos proyectos presentados en el Congreso para declarar la emergencia en Bahía Blanca
En la misma Milei no sólo eligió quedarse en Olivos el fin de semana y durante los primeros días hábiles post-tormenta. También evitó las entrevistas. Además, se cuidó de frenar todas las actividades públicas que tenía previstas, dicen en su círculo, para seguir con la mayor atención posible el operativo de contención en la zona. En ese contexto suspendió sus viajes a Mendoza y a Chile, y aún no confirmó si irá a ExpoAgro el viernes, como tenía previsto.
La novedad se produjo esta mañana, cuando el jefe de Estado llegó a Bahía Blanca tras un viaje que se mantuvo bajo estricta reserva. Lo acompañó una comitiva reducida integrada por Karina Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich.
Hasta ahora la encargada de poner la cara había sido la ministra de Seguridad, que dio innumerables entrevistas, por teléfono y en el piso de los principales canales de TV, casi todos los días posteriores al desastre. No fue el caso de Petri, que a pesar de estar al frente de buena parte del operativo, apenas habló en estos días. Hay ciertos rumores de que no fue autorizado para que “poner la cara” luego del malestar que crecía con él en cierto sector del Gobierno hasta la semana pasada.
Las autoridades nacionales criticaron al ex presidente, pero separaron las críticas de un eventual respaldo al acuerdo con el FMI y otras iniciativas. Este miércoles, el oficialismo enfrenta una votación clave en Diputados
Nuevamente, declaraciones públicas del ex presidente Mauricio Macri generaron repercusiones negativas en la Casa Rosada, donde los funcionarios dejaron ver su malestar con el líder del PRO, pero evitaron responderle abiertamente, en medio de las expectativas de alianza electoral con final todavía incierto.
Esta vez, el ex mandatario nacional habló sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia que su sucesor Javier Milei firmó para hacer efectivo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que luego envió al Congreso para su tratamiento.
Al participar de la Exporural que se realiza en un predio del partido bonaerense de San Nicolás, el referente de la “oposición dialoguista” consideró que la decisión del Gobierno de haber utilizado ese instrumento para acelerar las negociaciones con el organismo de crédito, evidencia “la debilidad institucional en la que estamos”.
Macri cuestionó al Gobierno durante su visita a Expoagro (Expoagro2025/ NA)
“No ayuda a generar confianza, y creo que eso es importante eso. Creo que habría que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible”, opinó Macri.
En Balcarce 50 estos dichos cayeron muy mal y en el entorno de Milei remarcaron que el ex jefe de Estado “no entiende el proceso jurídico en la Argentina” y aseguraron que no habla en nombre del PRO.
En este sentido, las autoridades nacionales aseguraron que un DNU, si es aprobado por alguna de las Cámaras, “es jurídicamente lo mismo que una ley”, por lo que cuestionaron que el dirigente responda “de cosas que no entiende”.
Efectivamente, como no se trata de un proyecto, sino de un Decreto de Necesidad y Urgencia, tanto el Senado como Diputados debe rechazarlo para que deje de estar en vigencia. Caso contrario, si alguno de los dos recintos lo aprueba, es automáticamente avalado.
Este miércoles, tan solo un día después de las declaraciones de Macri, el oficialismo enfrentará una importante votación en el Congreso, en la que necesitará de la ayuda del PRO.
El bloque de Democracia para siempre, que encabeza Facundo Manes, solicitó una sesión para tratar un conjunto de resoluciones que proponen la creación de una Comisión Investigadora del caso $Libra y la convocatoria a dar explicaciones de varios de los integrantes del Gabinete, incluido el propio Presidente.
El oficialismo enfrenta una dura batalla en la Cámara de Diputados este miércoles (EFE/ Cámara De Diputados De Argentina)
La bancada amarilla, comandada por Cristian Ritondo, se reunió este martes por la tarde para definir la postura que va a tener de cara a ese debate, pero no se habló en ningún momento sobre el acuerdo con el FMI ni las palabras del líder del partido.
A pesar de las tensiones existentes, el PRO tenía previsto sostener su posición de apoyar al Gobierno y votar en contra de todas las medidas vinculadas con la presunta estafa con la criptomoneda, al considerar que se trata de un tema que tiene que estudiar la Justicia.
Por el otro lado, esta fuerza política también tiene una importante influencia en la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo, que es la encargada de dictaminar sobre los DNUs que firma el Poder Ejecutivo.
Si bien este cuerpo está presidido por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, tiene como vice a un referente del macrismo, el diputado Diego Santilli, que asumió en remplazo de su compañero de banca Hernán Lombardi.
En las últimas horas, Lombardi renunció a su cargo como legislador para asumir como ministro de Desarrollo Económico en la ciudad de Buenos Aires, tras haber sido convocado para ese puesto por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Santilli quedó como vicepresidente de a Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo (Jaime Olivos)
El lugar en la mencionada Comisión, entonces, quedó en manos de Santilli, un dirigente que se ha mostrado cercano a Milei y que incluso se especuló con la posibilidad de que se sume a La Libertad Avanza.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de su entorno, “El Colo” estaría dispuesto a respaldar el Decreto del Presidente, incluso después de las críticas que hizo Macri.
Las palabras de quien es el titular del PRO no modificaron el pensamiento del diputado, que cree que el Gobierno cumplió con su promesa de enviar el acuerdo con el FMI al Congreso, así lo haya hecho mediante un DNU.
Para Santilli, además, es importante que el Poder Ejecutivo cuente con este nuevo programa con el Fondo para “poder sanear el Banco Central y terminar de una vez con el flagelo de la inflación”, y considera que las dos Cámaras “tienen que acompañar”.
Su rostro y el logo presidencial figura en una iniciativa de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, vinculada al mentor del presidente, Alberto Benegas Lynch
Coherente con su odio hacia la educación pública, el presidente Javier Milei prestó su imagen y hasta el logo de su gobierno para una beca de la universidad privada vinculada con su mentor político, Alberto Benegas Lynch. Se trata de la Beca Presidencia de la Nación que cubriría hasta el 100% de las cuotas para los beneficiarios que sean elegidos para asistir a la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).
“El objetivo principal de esta campaña es dar a conocer la nueva Beca ESEADE Presidencia de la Nación, una iniciativa que busca ofrecer oportunidades a estudiantes comprometidos con su desarrollo académico y profesional”, indican en la web oficial de la Casa de Estudios, en donde destacan que la cartelería se desplegará por unas cinco semanas, desde febrero, en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, “con el propósito de llegar al mayor número posible de jóvenes interesados en programas de grado y posgrado en áreas como negocios, economía, derecho y gestión”.
Sin embargo, la campaña no solo se extendió en la vía pública, sino también en las redes sociales. Allí, Milei promocionó en su Instagram una publicación en la que se destacaba que la beca tenía que ver con la “formación en las ideas de la libertad”. El posteo llevaba además el logo de la Presidencia de la Nación. Una maniobra que resultaría extraña si se tratara de cualquier otro mandatario.
El propósito de esta beca es «brindar a los jóvenes talentos la posibilidad de acceder a una educación de excelencia, alineada con los principios del libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la responsabilidad individual”. Según aclararon, la institución no recibe fondos públicos para la realización de la iniciativa, más allá del impulso del presidente a título personal.
El mencionado posteo de Instagram fue el 2 de febrero, unas dos semanas antes que el presidente promocionara en Twitter la criptoestafa $LIBRA por la cual está siendo investigado por la justicia de Argentina y Estados Unidos.
La ESEADE fue fundada en 1978 gracias al aporte de “múltiples benefactores” y contó con la participación clave de Benegas Lynch, el padre de Bertie, actual diputado nacional de La Libertad Avanza. En 2022, el propio “Prócer”, como Milei llama a su mentor, le otorgó un Doctorado Honoris Causa, cuyo reconocimiento le vale al presidente para que lo denominen Doctor, una figura que llegó a ponerse en duda.
La diputada radical Roxana Reyes y el senador k Martin Doñate, eje de las disputas por las segundas minorías en el Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura de 20 miembros
