La vicepresidente rechazó la condena a 6 años de prisión por corrupción con la obra pública que resolvió un tribunal tras un riguroso proceso judicial. La jefa del Frente de Todos atacó a los jueces y anunció que no será candidata en 2023. Crónica de una jornada histórica: en Argentina nunca se había sancionado a un mandatario en ejercicio
Fue un día histórico en sentido estricto. Por primera vez, en la Argentina una personalidad política de primer nivel fue condenada a una pena de cárcel por un delito de corrupción mientras ejerce un alto cargo en el gobierno. Un tribunal federal declaró ayer a Cristina Kirchner culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y la inhabilitó a perpetuidad. La decisión sin precedentes se tomó en la “Causa Vialidad”, que investigó la obra pública de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo.
La vicepresidenta reiteró los mismos argumentos políticos para defenderse de los delitos que se le imputan pero sumó una novedad. Pese a que integró desde 2003 la centralidad absoluta del poder político en Argentina -incluso durante los cuatro años de Mauricio Macri- afirmó que la condenaron porque “yo nunca voy a ser una mascota del poder”.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso fueron los responsables de un veredicto que todavía no tiene efectos jurídicos prácticos pero sí efectos políticos inmediatos: la jefa del Frente de Todos pronunció un estridente discurso por las redes sociales en el que embistió contra la Justicia y anunció como un desafío a sus rivales que no será candidata a nada el año que viene.
Aunque se declaró artífice y protagonista de los cuatro gobiernos kirchneristas de las últimas dos décadas, se declaró víctima de una “mafia” y de un “Estado paralelo”.
Durante casi una hora, la vicepresidenta se ocupó de darle difusión a la operación de espionaje ilegal contra jueces, fiscales y empresarios, con el objetivo de desprestigiar a la Justicia, la oposición y los medios de comunicación. Ahondó en el contenido de supuestos mensajes, cuya veracidad es incierta por la propia ilicitud de su origen, que reveló el lunes el presidente Alberto Fernández por cadena nacional.
En la transmisión por Youtube, Cristina Kirchner se dedicó a hablar de las supuestas comunicaciones que tuvieron los participantes del viaje a la mansión de Lago Escondido del magnate Joe Lewis. Ninguno de ellos tiene relación con el expediente por el cual terminó condenada, pero les sirvieron de insumo para su teoría.
“Mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena, esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua”, afirmó y reiteró el argumento de que la quieren “presa o muerta”.
Condena, democracia e instituciones
La condena a Cristina Kirchner tuvo una característica histórica, debido a que nunca antes en la historia argentina se había condenado a un político mientras ejercía un alto cargo. Al decidir tres jueces de primera instancia sancionar a la personalidad política más poderosa del país, las instituciones democráticas mostraron una fortaleza y solidez inéditas.
Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los tres jueces que juzgaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Ni el ex presidente Carlos Menem, por contrabando de armas; ni el ex vicepresidente Amado Boudou, por la apropiación de la fábrica de imprimir dinero de Ciccone, habían recibido las sanciones mientras ostentaban una posición real de poder. De hecho, el riojano estuvo virtualmente protegido por los fueros del Senado, que el peronismo nunca aceptó quitarle.
Más allá de que sectores de las orillas del kirchnerismo mantuvieron sus movilizaciones de protesta -como un puñado de militantes de MILES, la organización piquetera de Luis D’Elía– el grueso de La Cámpora y el peronismo desactivaron las marchas y las medidas de fuerza con las que amagaron la semana pasada.
No hubo paros generales, ni se cerró el Estado como anunciaron sindicalistas ultra cristinistas que se amontonaron para defenderla. En los hechos, funcionaron las instituciones, se aceptó la decisión de los jueces y, más allá de las quejas y el discurso ruidoso de la vicepresidenta, no hubo desbordes ni reacciones políticas destempladas.
Aunque para este miércoles se anunciaron declaraciones de repudio y más críticas hacia el Poder Judicial, el peronismo parece decidido a enfrentar en términos políticos una situación adversa, que compromete aún más sus chances electorales para el año que viene. A una crisis económica se le agrega un enrarecimiento del clima social.
El poder es el otro
“No soy mascota. Yo nunca voy a ser mascota del poder, esto quiero decirlo. Y no ser mascota del poder, como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo, mover la patita, hacerte la muertita, bueno, conmigo no. Yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Así me den no 6 años, me den 20 años y me condenen”.
La vicepresidenta pronunció un concepto nuevo para resignificar un argumento que está incrustado en el ADN del kirchnerismo. Pese a que ejercieron el poder sin cortapisas desde la intendencia de Río Gallegos, la gobernación de Santa Cruz y la presidencia de la Nación, siempre se mostraron víctimas y rivales de los “poderes fácticos”.
Es, en concreto, la forma que encontraron Néstor y Cristina Kirchner para desalojar de la discusión por el poder a los partidos y dirigentes políticos. En ese paisaje modelado con deliberada precisión, los empresarios, los medios de comunicación independientes y los jueces que no se alinearon políticamente tuvieron un papel central.
En el discurso -que tuvo momentos de emotividad desbordada- retomó esa caracterización, pese a que durante los cuatro años que gobernó su esposo impuso cambios tan significativos como la reforma de la Corte Suprema, ejerció ocho años la Presidencia, tuvo un rol clave en los cuatro años del macrismo, y mantiene actualmente un derecho de veto sobre rumbo y medidas concretas por encima del presidente.
Dolor de cabeza. Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner, cuando todavía no la habían condenado.
¿Quién le impidió a Alberto Fernández nombrar a Daniel Rafecas como Procurador General? ¿Quién obligó al presidente a prescindir de Martín Guzmán y una decena de funcionarios más? ¿Quién impidió en el Senado nombrar los pliegos de generales que mandó el presunto jefe supremo de las Fuerzas Armadas? Son preguntas retóricas que señalan, en los hechos, a la persona que ejerce el poder real.
Los medios y las tapas
Durante su discurso posterior a la condena, Cristina Kirchner se enfocó en cuestionar a los medios de comunicación como responsables últimos de su suerte judicial. La interpretación política de la vicepresidenta es que los rituales jurídicos, los procesos y los principios que intervienen cuando un ciudadano está en el banquillo de los acusados son la traducción del poder.
No encaja en esa cosmovisión que un delito sea investigado por un juez imparcial. “Poder es impunidad”, pronunció alguna vez un poderoso argentino que terminó muy mal.
Pero como un apéndice o nota afuera de los márgenes, Cristina Kirchner insiste en interpretar que el dueño de un diario puede ser el demiurgo detrás de sus desventuras. En tiempos de gigantes de escala global -Google, Facebook o TikTok- la vicepresidenta se enfurece y despotrica contra la tapa de un diario que le importa y leen ahora los que tienen poco menos o algo más de 70 años.
Es una agenda retro que la vicepresidenta expone de manera estridente en cada discurso y que repitió en medio del sacudón político y anímico que implicó una condena a seis por corrupción y la orden de decomisarle -a ella y el resto de los acusados- bienes por más de 84 mil millones de pesos.
Más allá de esa inveterada preocupación por lo que publica en su tapa un diario de papel que ya casi ni se vende en la calle, la condena a seis años de prisión fue tendencia mundial en las principales redes y plataformas. A millones de personas en distintos países les llegó el nombre de Cristina Kirchner vinculado a corrupción: lo leyeron en sus teléfonos gente que hace años no pasa las hojas de un periódico.
Factor Lula y operativo clamor
“A Cristina no hay que creerle. Es la misma que dijo cuando hablaban de su candidatura que no se hagan los rulos. Lo que busca es que le pidan que sea candidata, un operativo clamor”, asegura en diálogo con Infobae un dirigente que la conoce que bien y que ahora camina por veredas muy lejanas. Es la interpretación que da después de un discurso que, dice, le dio más ganas de dejar la política: “Más grieta. Es negocio para muy pocos”.
Lula Da Silva es para el kirchnerismo el modelo de reconstrucción política. De la persecución a la cárcel y de ahí a la presidencia de la Nación.
“Va en busca del operativo clamor y trata de parecerse más a Lula”, ensaya como resumen del día una reconocida analista política de una consultora con contactos en las dos orillas del poder. Cristina Kirchner simpatiza más que con Lula dirigente con el fenómeno y el recorrido que tuvo el presidente electo de Brasil.
El desafío para que la “metan presa” parece invocar aquello que le falta a Cristina Kirchner para empatar el recorrido que tuvo el líder del PT. Es que el brasileño “resucitó” después de una virtual muerte cívica que le provocó la condena y arresto efectivo por el usufructo de “apenas” un departamento en la costa.
En las presunciones kirchneristas, no está ausente la condena con cárcel efectiva para un posterior y potencial resurgimiento, venciendo al lawfare, que la propia Cristina Kirchner mandó a la archivo por ser una “ingenuidad teorizante”. Los enemigos tienen ahora nombres nuevos: son “la mafia y el Estado paralelo”.
El gobernador bonaerense pidió que parte del acuerdo con el FMI sea destinado a la reconstrucción de la ciudad, pero en la Casa Rosada no contestarán. Hay dos proyectos en el Congreso para declarar la emergencia
Mientras buena parte de Bahía Blanca y sus alrededores se encuentra aún bajo el agua y crecen los pedidos de ayuda de los vecinos afectados, en la Casa Rosada adelantan que seguramente sujetarán eventuales erogaciones de la Nación a un pedido específico del distrito, en lugar de acompañar los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso con ese fin. Evitaron confrontar con Axel Kicillof, luego del picante pedido del gobernador bonaerense para que el Gobierno destine una parte del monto que envíe el FMI al país a reconstruir la ciudad costera.
“No vamos a entrar en una disputa, ni con Kicillof ni con nadie. Decretamos tres días de duelo nacional. Ya ni eso respetan”, dijo, ofuscado, un funcionario en Balcarce 50 que responde a Karina Milei, guardiana de la imagen del Presidente. En la sede del Gobierno donde avanzan con pies de plomo y aplican una estrategia de comunicación extremadamente cuidada en el caso de la tragedia de Bahía Blanca. “Es una opinión suya”, agregó otro, que se limitó a responder, por lo bajo, que el dinero que le va a dar el Fondo a la Nación “no tiene asignación”. “Va para pagar deuda y al Tesoro”, deslizó.
El oficialismo enmarcó los cuestionamientos de Kicillof en la interna del peronismo: “Axel y Cristina necesitan pelearse con Javier, hay una discusión entre ellos a ver quién le pega más. A nosotros no nos cambia nada”, dijo un asesor.
No sólo evitaron contestarle a Kicillof: las apariciones de los funcionarios en general se limitan a las redes sociales; Manuel Adorni no adelantó sus conferencias de prensa; y Javier Milei no dio una sola entrevista y suspendió su agenda pública. El cambio rotundo se produjo esta mañana, cuando el Presidente arribó a Bahía Blanca sin preanuncios: arribó temprano, evitó las fotos y se dirigió directamente al centro de monitoreo de la ciudad.
Con todo, anoche, poco después de la conferencia de prensa de Kicillof desde Bahía Blanca, en la Legislatura bonaerense uno de los alfiles de Santiago Caputo contraatacó. El titular de la bancada violeta, Agustín Romo, que frecuenta el despacho del asesor en la Casa de Gobierno y forma parte de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” informó que acababa de presentar un proyecto para exigirle a la gobernación que destine a Bahía el dinero que está previsto para las PASO locales, que se suspendieron a nivel nacional a instancias de un proyecto de ley de La Libertad Avanza. Fue una contrachicana clara, realizada indirectamente desde la cúpula libertaria.
La trágica inundación causó al menos 16 muertes (REUTERS)
Con todo, en la Nación dicen que se encuentran a la espera de que la Provincia oficialice la emergencia y haga un pedido formal de fondos, específico, para luego evaluar si las cantidades solicitadas son viables. Condicionarán la ayuda, como advirtió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a que haya “un plan” de la provincia y el municipio.
“Seguramente le estemos solicitando ayuda financiera al gobierno nacional”, dijo ayer al mediodía el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Blanco, cuando transcurría el quinto día desde la tragedia y el gobernador, Axel Kicillof, se disponía a brindar su conferencia de prensa junto al intendente, Federico Susbielles. Ninguno de los dijo el monto que le pedirá al Gobierno para empezar a reconstruir Bahía Blanca.
En medio de las chicanas, en la Nación dicen que siguen dispuestos a otorgar más fondos para la reconstrucción -si es que deciden hacerlo-, pero señalan que el método no está claro, y que evalúan mecanismos.
En principio contemplan dos vías. Por un lado, están los pedidos que presentaron en el Congreso casi todos los partidos el mismo viernes en ambas Cámaras.
Ese día, cuando el agua aún no había bajado, un grupo transversal de diputados, con representantes de Unión por la Patria, PRO y la UCR, avanzaron con una demanda al Gobierno para que declare la emergencia y cree un fondo, aunque sin especificar cifras. En el Senado hicieron lo propio los kirchneristas Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio, y el radical Maximiliano Abad, también en conjunto, aunque sin firmas de la tropa amarilla y con un número claro: 20 mil millones de pesos.
Kicillof pidió en conferencia de prensa que el Gobierno destine parte de la plata del acuerdo con el FMI para reconstruir Bahía Blanca
Hasta ahora, la Nación le otorgó 10 mil millones de pesos a la ciudad costera, casi de inmediato. Primero lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. Después, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos confirmó que la transferencia se había realizado. El jefe comunal, Federico Susbielles, agradeció la ayuda, pero señaló en conferencia de prensa, el domingo pasado, que no sería suficiente y habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos. En principio, deslizó que estaba hablando con La Plata para definir financiamiento internacional y un programa puntual.
La solicitud para declarar la emergencia en la Cámara baja podría tratarse hoy, si es que prospera la polémica sesión especial que pidió la oposición para tratar los pedidos de investigación legislativa por el caso Libra, que complica sobremanera al Gobierno. Por lo pronto, esta tarde, el oficialismo aceptó incluir el tema, pero podría no haber quórum (de hecho, el Gobierno hace lo posible para evitar que se sesione).
El bloque libertario en Diputados aún no definió qué hará en este caso particular, y espera instrucciones de Balcarce 50. “Teniendo en cuanta los antecedentes de los incendios en la pampa y Córdoba, si llega a haber quorum la lógica indicaría que podríamos acompañar”, dijeron en la bancada mileista.
El intendente Federico Susbielles habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos para recuperar la ciudad
Pero remarcaron que la decisión no está tomada. Y en la Casa Rosada, donde se toman las decisiones, deslizaron, a priori, que se inclinan por el mecanismo de la declaración de la emergencia en la Provincia de Buenos Aires -que aún no se tramitó-. “Esos fondos van a ser discrecionales, no van a tener que explicar para qué van específicamente. Pero tiene más sentido ir por esa vía”, dijeron en Balcarce 50.
El Gobierno mira con mejor predisposición la vía de un pedido de fondos de parte de Kicillof, y aseguraron que aún esperan que su administración y la Legislatura bonaerense oficialicen la emergencia. Pero en el entorno de Milei mostraron reticencia con respecto a los proyectos que se presentaron en el Congreso, con extremo cuidado de no generar polémicas en torno al delicado caso de Bahía.
Comunicación cuidada
A pesar de los cuidados más arriba mencionados, los libertarios salen a contestar los tuiteros estrella que responden a Santiago Caputo, pero sus voces no son oficiales y, por lo tanto, se mantienen en el terreno de las redes.
Preocupados por no pisar el palito, los funcionarios tampoco confrontaron Cristina Kirchner, que le dedicó al Presidente uno de sus mensajes que empiezan con “Che, Milei”, en Twitter. “No nos suma en nada”, deslizaron. La bajada desde la cúpula es no hacer ruido político con la tragedia.
Adorni decidió no adelantar, como en otras ocasiones, la conferencia de prensa que hace dos semanas decidió fijar los miércoles (antes se hacía los días martes y jueves, varía según el momento del año). En cambio, la sostuvo para hoy, cuando pasaron seis días desde que se inundó Bahía Blanca. “¿Por qué la adelantaríamos? ¿En qué ayudaría a los bahienses?”, dijeron en la Casa Rosada. Creen que es suficiente con la serie de tuits que publican casi hora a hora Patricia Bullrich y Luis Petri desde el lugar; y el resto de los ministerios, como Capital Humano, e inclusive ARCA (ex AFIP) e YPF.
Hay dos proyectos presentados en el Congreso para declarar la emergencia en Bahía Blanca
En la misma Milei no sólo eligió quedarse en Olivos el fin de semana y durante los primeros días hábiles post-tormenta. También evitó las entrevistas. Además, se cuidó de frenar todas las actividades públicas que tenía previstas, dicen en su círculo, para seguir con la mayor atención posible el operativo de contención en la zona. En ese contexto suspendió sus viajes a Mendoza y a Chile, y aún no confirmó si irá a ExpoAgro el viernes, como tenía previsto.
La novedad se produjo esta mañana, cuando el jefe de Estado llegó a Bahía Blanca tras un viaje que se mantuvo bajo estricta reserva. Lo acompañó una comitiva reducida integrada por Karina Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich.
Hasta ahora la encargada de poner la cara había sido la ministra de Seguridad, que dio innumerables entrevistas, por teléfono y en el piso de los principales canales de TV, casi todos los días posteriores al desastre. No fue el caso de Petri, que a pesar de estar al frente de buena parte del operativo, apenas habló en estos días. Hay ciertos rumores de que no fue autorizado para que “poner la cara” luego del malestar que crecía con él en cierto sector del Gobierno hasta la semana pasada.
Las autoridades nacionales criticaron al ex presidente, pero separaron las críticas de un eventual respaldo al acuerdo con el FMI y otras iniciativas. Este miércoles, el oficialismo enfrenta una votación clave en Diputados
Nuevamente, declaraciones públicas del ex presidente Mauricio Macri generaron repercusiones negativas en la Casa Rosada, donde los funcionarios dejaron ver su malestar con el líder del PRO, pero evitaron responderle abiertamente, en medio de las expectativas de alianza electoral con final todavía incierto.
Esta vez, el ex mandatario nacional habló sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia que su sucesor Javier Milei firmó para hacer efectivo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que luego envió al Congreso para su tratamiento.
Al participar de la Exporural que se realiza en un predio del partido bonaerense de San Nicolás, el referente de la “oposición dialoguista” consideró que la decisión del Gobierno de haber utilizado ese instrumento para acelerar las negociaciones con el organismo de crédito, evidencia “la debilidad institucional en la que estamos”.
Macri cuestionó al Gobierno durante su visita a Expoagro (Expoagro2025/ NA)
“No ayuda a generar confianza, y creo que eso es importante eso. Creo que habría que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible”, opinó Macri.
En Balcarce 50 estos dichos cayeron muy mal y en el entorno de Milei remarcaron que el ex jefe de Estado “no entiende el proceso jurídico en la Argentina” y aseguraron que no habla en nombre del PRO.
En este sentido, las autoridades nacionales aseguraron que un DNU, si es aprobado por alguna de las Cámaras, “es jurídicamente lo mismo que una ley”, por lo que cuestionaron que el dirigente responda “de cosas que no entiende”.
Efectivamente, como no se trata de un proyecto, sino de un Decreto de Necesidad y Urgencia, tanto el Senado como Diputados debe rechazarlo para que deje de estar en vigencia. Caso contrario, si alguno de los dos recintos lo aprueba, es automáticamente avalado.
Este miércoles, tan solo un día después de las declaraciones de Macri, el oficialismo enfrentará una importante votación en el Congreso, en la que necesitará de la ayuda del PRO.
El bloque de Democracia para siempre, que encabeza Facundo Manes, solicitó una sesión para tratar un conjunto de resoluciones que proponen la creación de una Comisión Investigadora del caso $Libra y la convocatoria a dar explicaciones de varios de los integrantes del Gabinete, incluido el propio Presidente.
El oficialismo enfrenta una dura batalla en la Cámara de Diputados este miércoles (EFE/ Cámara De Diputados De Argentina)
La bancada amarilla, comandada por Cristian Ritondo, se reunió este martes por la tarde para definir la postura que va a tener de cara a ese debate, pero no se habló en ningún momento sobre el acuerdo con el FMI ni las palabras del líder del partido.
A pesar de las tensiones existentes, el PRO tenía previsto sostener su posición de apoyar al Gobierno y votar en contra de todas las medidas vinculadas con la presunta estafa con la criptomoneda, al considerar que se trata de un tema que tiene que estudiar la Justicia.
Por el otro lado, esta fuerza política también tiene una importante influencia en la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo, que es la encargada de dictaminar sobre los DNUs que firma el Poder Ejecutivo.
Si bien este cuerpo está presidido por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, tiene como vice a un referente del macrismo, el diputado Diego Santilli, que asumió en remplazo de su compañero de banca Hernán Lombardi.
En las últimas horas, Lombardi renunció a su cargo como legislador para asumir como ministro de Desarrollo Económico en la ciudad de Buenos Aires, tras haber sido convocado para ese puesto por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Santilli quedó como vicepresidente de a Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo (Jaime Olivos)
El lugar en la mencionada Comisión, entonces, quedó en manos de Santilli, un dirigente que se ha mostrado cercano a Milei y que incluso se especuló con la posibilidad de que se sume a La Libertad Avanza.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de su entorno, “El Colo” estaría dispuesto a respaldar el Decreto del Presidente, incluso después de las críticas que hizo Macri.
Las palabras de quien es el titular del PRO no modificaron el pensamiento del diputado, que cree que el Gobierno cumplió con su promesa de enviar el acuerdo con el FMI al Congreso, así lo haya hecho mediante un DNU.
Para Santilli, además, es importante que el Poder Ejecutivo cuente con este nuevo programa con el Fondo para “poder sanear el Banco Central y terminar de una vez con el flagelo de la inflación”, y considera que las dos Cámaras “tienen que acompañar”.
Su rostro y el logo presidencial figura en una iniciativa de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, vinculada al mentor del presidente, Alberto Benegas Lynch
Coherente con su odio hacia la educación pública, el presidente Javier Milei prestó su imagen y hasta el logo de su gobierno para una beca de la universidad privada vinculada con su mentor político, Alberto Benegas Lynch. Se trata de la Beca Presidencia de la Nación que cubriría hasta el 100% de las cuotas para los beneficiarios que sean elegidos para asistir a la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).
“El objetivo principal de esta campaña es dar a conocer la nueva Beca ESEADE Presidencia de la Nación, una iniciativa que busca ofrecer oportunidades a estudiantes comprometidos con su desarrollo académico y profesional”, indican en la web oficial de la Casa de Estudios, en donde destacan que la cartelería se desplegará por unas cinco semanas, desde febrero, en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, “con el propósito de llegar al mayor número posible de jóvenes interesados en programas de grado y posgrado en áreas como negocios, economía, derecho y gestión”.
Sin embargo, la campaña no solo se extendió en la vía pública, sino también en las redes sociales. Allí, Milei promocionó en su Instagram una publicación en la que se destacaba que la beca tenía que ver con la “formación en las ideas de la libertad”. El posteo llevaba además el logo de la Presidencia de la Nación. Una maniobra que resultaría extraña si se tratara de cualquier otro mandatario.
El propósito de esta beca es «brindar a los jóvenes talentos la posibilidad de acceder a una educación de excelencia, alineada con los principios del libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la responsabilidad individual”. Según aclararon, la institución no recibe fondos públicos para la realización de la iniciativa, más allá del impulso del presidente a título personal.
El mencionado posteo de Instagram fue el 2 de febrero, unas dos semanas antes que el presidente promocionara en Twitter la criptoestafa $LIBRA por la cual está siendo investigado por la justicia de Argentina y Estados Unidos.
La ESEADE fue fundada en 1978 gracias al aporte de “múltiples benefactores” y contó con la participación clave de Benegas Lynch, el padre de Bertie, actual diputado nacional de La Libertad Avanza. En 2022, el propio “Prócer”, como Milei llama a su mentor, le otorgó un Doctorado Honoris Causa, cuyo reconocimiento le vale al presidente para que lo denominen Doctor, una figura que llegó a ponerse en duda.
Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los tres jueces que juzgaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Dolor de cabeza. Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner, cuando todavía no la habían condenado.
Lula Da Silva es para el kirchnerismo el modelo de reconstrucción política. De la persecución a la cárcel y de ahí a la presidencia de la Nación.
