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Pese a la queja de Ecuador, el Gobierno confirmó que le dará asilo a una ex funcionaria condenada por corrupción

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La Cancillería le informó a Quito que la Argentina asilará a María Duarte Pesantes, ex ministra de Obras Públicas del ex presidente Rafael Correa, hoy refugiada en la embajada en Ecuador.

A través de una carta del canciller Santiago Cafiero a su par ecuatoriano Juan Carlos Holguin, el gobierno argentino le informó a Ecuador que le va a dar asilo a la ex ministra de Obras Públicas del ex presidente Rafael Correa, María Duarte Pesantes, condenada en Quito por hechos de corrupción.

Esa medida era un reclamo del círculo íntimo de la vicepresidenta Cristina Kirchner al propio Alberto Fernández.

La carta de Cafiero a Holguín informa que la “Argentina en ejercicio del derecho que le otorga la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de acuerdo a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos concede el asilo diplomático a la Sra. María de los Ángeles Duarte Pesantes”. Y advierte que el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados “ha expresado su preocupación vinculada a vulneraciones al debido proceso y a otras garantías judiciales.”

La ex ministra de Correa, que volvió a hablar de su caso con la vicepresidenta cuando estuvo de viaje en la Argentina en octubre pasado, está refugiada con caracter de “huésped” por razones “humanitarias” en la residencia argentina en Quito, desde agosto de 2020. Está allí desde entonces con un hijo menor de edad. Tiene marido argentino que adoptó al chico y le dio la ciudadanía de este país, y es otro factor del argumento oficial aquí.

Precisamente fue el embajador argentino en esa capital, Gabriel Fuks, quien este jueves le entregó a la cancillería ecuatoriana la carta firmada por Cafiero que contraría el pedido del gobierno de Guillermo Lasso, que consideró que Duarte Pesantes “no puede recibir asilo” porque está sentenciada a cumplir cárcel por causas de corrupción en su país.

Fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich quien alertó el fin de semana de que la concesión del asilo era inminente. “Políticos corruptos que se dan apoyo mutuamente. Ahora dan asilo político a María Duarte, ecuatoriana, ex ministra de Rafael Correa condenada en Ecuador por corrupción, hoy refugiada en la Embajada de Argentina en ese país. Una vergüenza más de un gobierno que no respeta la ley”, tuiteó Bullrich el sábado y Clarín publicó una extensa nota al constatar con el Gobierno que ello ocurrirá “tarde o temprano”.

“Presidente Fernández: ¡usted no puede dar asilo a la exministra Duarte! La Convención Interamericana Contra La Corrupción lo impide y nos compromete a conceder la extradición por delitos de cohecho. Debe respetar un tratado, que es nuestra ley. ¿Saben cómo se llama esto? LAWFARE”, siguió escribiendo la titular del PRO.

Estaba en lo cierto, semanas atrás, el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni también estuvo en Quito presionando por el asilo de Duarte Pesantes. Estuvo en Guayaquil. Y en octubre, después de que Correa hablara del tema con Cristina, los senadores Oscar Parrilli y Adolfo Rodríguez Saa, le mandaron un carga al Presidente y al Canciller reclamando una “pronta” y “satisfactoria” solución para el caso.

Amiga de Correa, Duarte fue ministra de Obras Públicas entre 2015 y 2017. Fue condenada a ochos años de cárcel por cohecho como parte del caso “Sobornos 2012-2016”. Es una trama de financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País, liderado por Correa. Fueron aportes para la Justicia indebidos por ser de empresas que no los declararon. Allí lo comparan con la causa “cuadernos de la coima” de Argentina.

La mujer se considera una perseguida política al igual que lo afirman Cristina Kirchner y Rafael Correa de sus propias causas por corrupción.

Según supo Clarín, el Gobierno de Lasso hay inmenso fastidio con el presidente Alberto Fernández, Cafiero y Fuks. Al embajador lo acusan de moverse sólo con grupo de correistas en dicho país, y de moverse con la línea del vicecanciller Pablo Tettamanti y el embajador de la OEA, el ultrakirchnerista Carlos Raimundi, lo que no pudo ser confirmado por este diario puesto que en los hechos tienen enfoques distintos.

Pero la furia es total en el gobierno de Lasso, a quien los argentinos le pidieron que indultaran a Duarte Pesantes y lo rechazaron.

Correa, que gobernó entre 2007 y 2017, está condenado ocho años de cárcel como autor mediato -con dominio y conocimiento del hecho- y fue asilado en Bélgica, desde donde se mueve libremente, pero no puede volver a Ecuador, donde tiene alguna fuerza política aún. Siempre negó las acusaciones en su contra y denuncia una persecución política para dejarlo fuera del tablero electoral. Igual que lo hace la vicepresidenta Cristina.

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Elecciones en Misiones: habrá varias opciones libertarias, el peronismo no presentará lista y un ex policía preso será candidato desde la cárcel

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El fin de semana se votará en la provincia y La Libertad Avanza tendrá boleta propia con un el tenista Diego Hartfield a la cabeza, pero además tendrá representación en otros espacios. Los “radicales con peluca” también presentarán su lista.

Este domingo 8 de junio, en Misiones más de un millón de personas estarán habilitadas para votar en los comicios provinciales. En la jornada electoral se definirá el recambio de 20 de las 40 bancas que tiene la Legislatura unicameral de la provincia de la tierra colorada.

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Javier Milei ratificó que vetará los cambios en las jubilaciones: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia”

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El Presidente se refirió a la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados e insistió que dejará que avance la ley

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para ratificar la postura que tendrá la Casa Rosada si la ley avanza en el Senado.

A través de su cuenta de X, publicó: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”.

El mensaje fue breve, pero contundente, y reflejó la línea que el oficialismo viene sosteniendo desde hace semanas frente al avance de iniciativas legislativas con impacto fiscal.

La reacción de Javier MileiLa reacción de Javier Milei tras la votación en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado la decisión del Gobierno durante un encuentro con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “No hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, afirmó ante los presentes, y recordó que la administración nacional ha eliminado programas, despedido personal y desmantelado fondos fiduciarios con el objetivo de reducir el gasto público.

Desde la presidencia de la Cámara baja, Martín Menem también apuntó contra los legisladores que apoyaron la propuesta. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, escribió en su perfil de X, reforzando la narrativa oficial.

La jornada en el recinto coincidió con otro frente de conflicto: los reclamos salariales del personal del Hospital Garrahan. Aunque el Gobierno anunció un bono para los residentes, estos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y por no haber recibido una comunicación formal desde el Ministerio de Salud. Mientras tanto, la tensión también se trasladó a los pasillos del hospital pediátrico, donde el resto del personal —que representa más del 90% de la planta— también exige mejoras en sus condiciones laborales.

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Diputados aprobó un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono a $110 mil y la restitución de la moratoria

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El gobierno nacional ya adelantó que vetará los proyectos si son ratificados por el Senado. También se ratificó por ley la fórmula de movilidad previsional y se estipuló el pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales

Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales) y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.

El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.

Los diferentes proyectos previsionales pusieron en pie de guerra al gobierno nacional que adelantó públicamente que el presidente Javier Milei vetará -en caso de ser ratificadas por el Senado- cualquier iniciativa que afecte el superávit fiscal.

El tablero de la votaciónEl tablero de la votación

En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.

El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.

Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.

El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, también estableces que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.

Moratoria previsional y régimen proporcional

La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogarla. “Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse”, explicó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria, y también insistió en que es “injusto” que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.

En la previa de la sesión se especulaba con que esta iniciativa sería rechazada ya que la mayoría de los bloques dialoguistas preferían aprobar algún tipo de sistema de prestación proporcional que tenga en cuenta los años efectivamente aportados.

El radicalismo, la Coalición Cívica, los cordobeses de Encuentro Federal que responden al gobernador Martín Llaryora y hasta un sector minoritario del PRO presentaron proyectos propios de Prestación Proporcional.

Diputados de Unión por laDiputados de Unión por la Patria festejan la restitución de la moratoria

No queremos ir a una situación que termine una vez más en un veto y que entonces los jubilados no tengan ninguna solución y queden en la misma situación que la actual, como ya pasó con el veto anterior. Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días a que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación. Es algo más que razonable y queda en el Ejecutivo la gradualidad de cómo podrían ejecutarlo”, había explicado el radical Lisandro Nieri.

Sin embargo, la decisión de abstenerse de Encuentro Federal y Democracia para Siempre terminó jugando en contra el Gobierno, que se quedó sin margen para sumar voluntades en contra.

Ahora se espera que el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.

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