Es para los clientes residenciales. La mayoría de las distribuidoras facturarán con el nuevo cuadro tarifario con aumentos desde octubre
Según lo previsto y anunciado por el Gobierno, la segmentación de tarifas —con quita de subsidios para los usuarios de mayores ingresos— debía implementarse durante el mes de septiembre, cuando se comenzarían a aplicar los nuevos cuadros tarifarios. Pero algunos baches en la reglamentación requerida para iniciar la facturación segmentada y el alto porcentaje de hogares que no se anotaron en el formulario online para mantener subsidios dificultaron el proceso.
Hasta el momento, la quita de subsidios arrancó para los usuarios no residenciales (comercios y pymes) de energía eléctrica, mientras que para los usuarios residenciales comenzará efectivamente durante este mes de octubre. Según explicaron en la Secretaría de Energía, la quita de subsidios es en etapas y, si bien comenzó en septiembre, hubo un segmento que se pasó para octubre.
Según estimaciones del Gobierno, el 35% de los usuarios de energía eléctrica —sobre un total de 15 millones— no se anotó en el formulario RASE para mantener los subsidios
Uno de los motivos de la demora es que, según estimaciones del Gobierno, el 35% de los usuarios de energía eléctrica —sobre un total de 15 millones— no se anotó en el formulario RASE para mantener los subsidios. Una parte puede corresponder a personas que no lo hicieron porque decidieron no solicitar el subsidio, pero desde la Secretaría de Energía entienden que gran parte de ese porcentaje son personas que no se inscribieron por falta de información o conectividad pero que por su nivel de ingreso deberían seguir subsidiados.
Son más de 5 millones de hogares los que no se inscribieron. Por esa situación, la semana pasada se publicó una resolución donde se especificaba que los que no se habían anotado perderían los subsidios y al mismo tiempo los usuarios con tarifa social lo podrían mantener en forma temporal a pesar de no haberse inscripto. Aunque deberán hacerlo más adelante. Además, los entes y autoridades locales decidieron salir a buscar a los que no se anotaron para conocer su situación.
La secretaria de Energía, Flavia Royón, anunció el nuevo esquema de quita de subsidios en agosto pasado
Las distribuidoras de energía que operan en el AMBA —Edenor y Edesur— recibieron una comunicación de Cammesa (la empresa mayorista de energía eléctrica) donde se les pedía que en forma excepcional no emitan facturas con cuadros nuevos durante septiembre. Y luego, el ENRE (en ente regulador) les informó que comenzará con la segmentación a partir de octubre. Por lo tanto, los clientes de estas empresas verán el impacto en sus facturas solo durante una parte de este mes y sobre todo durante noviembre.
En una de las distribuidoras del AMBA confirmaron que el 37% de sus clientes habían quedado dentro del segmento N1, de mayores ingresos. “La lógica indica que aquel que no se anotó perdería el subsidio, pero no estaba escrito, y las leyes de defensa al consumidor y usuario establecen que, en caso de que no haya una norma específica que diga eso, la ley está a favor de los derechos de los consumidores”, dijeron fuentes del Gobierno.
En una de las distribuidoras del AMBA confirmaron que el 37% de sus clientes habían quedado dentro del segmento N1, de mayores ingresos
“Por eso, era necesario sacar una resolución especificando que al que no pidió el subsidio se lo trate como nivel 1, pero como las tarifas no pueden ser retroactivas, y la resolución salió el 26 de septiembre, la decisión del Gobierno fue que se aplique a partir de octubre. Eso no significa que se anule la segmentación, ni la suba de tarifas”, agregaron.
En tanto, solo algunas distribuidoras del interior ya comenzaron a facturar con los nuevos cuadros durante las semanas anteriores. Según fuentes del sector, fueron tres factores los que retrasaron la implementación: la llegada de las listas con los usuarios que perderían los subsidios comenzó recién en la segunda mitad de septiembre, sobre todo en las provincias; la normativa estaba incompleta y se debieron publicar nuevas resoluciones que no se podían aplicar en forma retroactiva; y, por último, se requirió una adecuación de los sistemas de facturación.
En las empresas distribuidoras coinciden que la cantidad de usuarios que quedaron inscriptos en el Nivel 1 (de mayores ingresos, que pierden los subsidios) es demasiado alto. El promedio es el 30% a nivel país, pero en algunas provincias alcanzó el 50%, según fuentes del sector.
La mayoría de los usuarios verá reflejado los cambios en su facturación en noviembre
En una de las empresas confirmaron que muchas personas no se anotaron pero no tienen la capacidad contributiva para afrontar la quita de subsidios, ya que encontraron inconsistencias en los listados que recibieron. Al cruzar los datos, se encontraron que usuarios que figuraban como beneficiarios de tarifa social en sus propios listados eran consideraron como usuarios de Nivel 1 (de mayores ingresos) en los listados oficiales.
Para subsanar esos casos, hubo una resolución que salió en septiembre donde se detalló que en esos casos se debía aplicar el criterio más beneficioso para el cliente, pero fue luego de la llegada de los listados.
Desde las empresas distribuidoras de interior del país confirmaron que la depuración de la base de datos del RASE fue una de las dificultades para comenzar a aplicar las nuevas tarifas en septiembre pero que algunas llegaron a hacerlo. Aunque indicaron que durante este mes recién se verá la aplicación de los nuevos cuadros en todas las empresas. “La normativa no estaban completa y una vez que se publicó eso no se pudo hacer en forma retroactiva”, aclararon.
Segmentación en las tarifas de gas
La segmentación en las tarifas de gas, en tanto, se pondrá en marcha en las próximas semanas según fuentes oficiales. Si bien las empresas ya cuentan con los nuevos cuadros tarifarios y con las listas de clientes que perderán subsidios aun resta definir los topes de consumos no subsidiados que se aplicarán en cada zona del país.
El 1,5% de mayo fue más bajo respecto a los pronósticos previos, pero será difícil que se repita este mes, porque se registra un repunte en alimentos. Caputo sacó rédito a su política de privilegiar la desinflación por sobre el fortalecimiento de reservas
La abrupta caída de la inflación de mayo a 1,5%, el menor registro en cinco años, representa un triunfo para la estrategia elegida por el ministro de Economía. Luis Caputo privilegió la estabilidad cambiaria y el estricto control de los agregados monetarios por sobre la acumulación de reservas. El objetivo de esta política fue justamente poner como prioridad la desaceleración de precios, reflejado ayer en los datos divulgados por el INDEC.
El objetivo cada vez más explícito del Gobierno es mostrar el éxito alcanzado en la lucha contra la inflación. Y sobre todo transmitir que el ajuste fiscal y el control del gasto público finalmente tienen su premio.
Lo más destacado del dato conocido ayer es que el rubro alimentos y bebidas subió apenas 0,5%, mientras que la canasta alimentaria cayó 0,4%. Se trata de datos claves, ya que la desaceleración de precios en este segmento impacta positivamente en la base de la pirámide social. Son las familias de menores ingresos las que más se ven favorecidas, teniendo en cuenta que la mayor parte de su gasto se dedica a compras en supermercados y autoservicios.
Aún con todo lo positivo, el dato de mayo tuvo algunas señales amarillas. Por un lado, la fuerte desaceleración en alimentos se explicó por fuertes caídas de precios en frutas y verduras, algo que difícilmente se repita hacia adelante. Por otra parte, la inflación núcleo -que excluye productos regulados y estacionales- se mantuvo bastante más arriba, arrojando un 2,2%.
La inflación de servicios también se ubicó bien por encima de la promedio, llegando a 2,7%, reflejando el impacto real de los ajustes de precios sobre la clase media. Aquí entran tarifas de servicios públicos, alquileres, Internet, prepagas, restaurantes y cuotas de colegios, entre otros rubros.
Con estos datos, la pregunta razonable es si semejante caída de la inflación es sostenible en los próximos cuatro meses, es decir en la previa electoral.
Existe una probabilidad alta que se mantenga efectivamente por debajo del 2% mensual. Sin embargo, es menor claro que se pueda mantener la tendencia descendente desde los niveles actuales en los próximos meses.
La consultora LCG, por ejemplo registró un fuerte repunte en alimentos en la segunda semana de junio, con incrementos de 1,7% tras haber registrado estabilidad de precios en la primera semana. Entre los productos que lideran las subas hay varios de la canasta básica: aceites aumentaron 5,9%, verduras 4% (tras la caída de junio) y carnes 1,3%. La inflación promedio para las últimas cuatro semanas en este rubro fue de 1,6%, bien por encima del registro de mayo.
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Por lo tanto, no será fácil que este mes se mantenga un nivel similar al de mayo, pero sí existe una probabilidad alta de que se mantenga por debajo del 2%. La probabilidad de que este comportamiento se mantenga hasta la medición de septiembre también aumentó considerablemente.
La expectativa del Gobierno es que mantener la inflación en niveles acotados sea clave para conseguir un buen resultado electoral en octubre. Javier Milei siempre tuvo claro que la principal demanda de la sociedad cuando asumió era la reducción de la inflación, que pasó del 25,5% en diciembre de 2023 (producto de la devaluación) a solo 1,5% en la última medición.
Que la baja se explique sobre todo en la mayor estabilidad registrada en alimentos también es una buena noticia para la Casa Rosada, ya que el impacto se siente en sectores populares, históricamente más cercanos al peronismo o al kirchnerismo.
Por supuesto que por delante quedan muchos desafíos, en particular consolidar la reactivación para que se transforme en crecimiento genuino. También la necesidad de crear puestos de trabajo para al menos compensar la destrucción de empleo de sectores como las pymes industriales. Pero posiblemente esto sean temas que figurarán en las demandas de los próximos dos años, ya pensando en la elección presidencial de 2027.
La magnitud de la inundación que afectó a las ciudades de Bahía Blanca y General Daniel Cerri impactó a toda la comunidad y también dañó gravemente al Complejo Industrial, uno de los pilares productivos de la trasportadora de gas
Después de la inundación y la tragedia que sufrió la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y tras tres meses de trabajo intenso e ininterrumpido, la trasportadora de gas TGS anunció que su Complejo Cerri se encuentra nuevamente 100% operativo.
Se trata de una planta cuya principal actividad es la producción de líquidos derivados del gas natural —etano, propano, butano y gasolina natural— con una capacidad anual superior a 1.050.000 toneladas. “Además, allí, se realiza el fraccionamiento y envío de estos líquidos por ductos hacia la Planta Galván, también de tgs, donde se almacenan antes de su despacho al mercado local y regional”, explicaron desde la empresa cuyo 51% pertenece en partes iguales a Pampa Energía y a un grupo de inversores liderado por la familia Sielecki.
“En nombre de todo TGS, quiero agradecer profundamente a nuestros colaboradores, proveedores, contratistas, vecinos y a toda la comunidad de Bahía Blanca por su apoyo incondicional y su compromiso durante estos meses. Lo que logramos en este tiempo récord no solo demuestra capacidad técnica, sino también una enorme vocación de servicio, solidaridad y sentido de pertenencia. Gracias a todos por ayudarnos a poner nuevamente de pie una instalación clave para la energía del país, luego de lo tristemente sufrido”, afirmó Oscar Sardi, CEO de TGS.
Oscar Sardi, CEO de TGS, en el centro, acompañado por los accionistas Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Daniel Sielecki, en octubre del 2024, en el NYSE de Nueva York, cuando se celebraron los 30 años de cotización de la empresa en Wall Street
Desde la compañía energética destacaron que para la recuperación, trabajaron no solo colaboradores de TGS provenientes de distintos puntos del país, sino también más de 150 proveedores y contratistas de servicios y materiales, cuyo trabajo coordinado y compromiso resultaron clave para la recuperación del complejo.
“A pesar de la magnitud del evento climático y del hecho de que el complejo alberga dos plantas compresoras esenciales para el sistema de transporte de gas natural, TGS nunca interrumpió la provisión del servicio. Gracias a una rápida respuesta operativa y a la implementación de maniobras extraordinarias, la compañía logró mantener la continuidad del suministro con los más altos estándares de seguridad, garantizando así el abastecimiento de gas natural en todo momento”, cerró el comunicado de TGS.
El Ejecutivo eliminó barreras para la operación de fondos internacionales con títulos públicos y redujo las condiciones para el retiro de divisas
El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paquete de medidas orientadas a estimular la entrada de divisas mediante la flexibilización de normas que hasta ahora limitaban la operatoria de capital extranjero en el mercado financiero local. Las decisiones, tomadas en simultáneo por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA), apuntaron a facilitar tanto el ingreso como el egreso de fondos especulativos de corto plazo que inviertan en instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Nacional.
Desde el lado regulatorio, la CNV publicó la Resolución General N.º 1068, por la cual se amplió el conjunto de excepciones al límite diario de $200 millones que regía para transferencias al exterior de valores negociables por parte de inversores no residentes. A partir de esta disposición, esa restricción dejó de aplicarse en casos en los que se trate de bonos del Tesoro con vencimiento igual o mayor a 180 días desde su fecha de emisión y que hayan sido adquiridos en colocación primaria, siempre hasta el valor nominal suscripto.
El presidente del organismo, Roberto Silva, indicó que esta medida se enmarca en una política general de remoción de trabas al funcionamiento del mercado de capitales. Según el comunicado oficial, la CNV buscó avanzar con la normalización de operaciones y acompañar la estrategia general del Ejecutivo nacional, que prioriza el financiamiento en moneda extranjera sin intervención directa del Banco Central.
En paralelo, el BCRA confirmó que eliminará el plazo mínimo de permanencia de 180 días para los fondos del exterior que ingresen al país y participen en operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) o en licitaciones primarias de títulos públicos del Ministerio de Economía. Esta condición, vigente desde abril de este año tras la Comunicación “A” 8230, había sido parcialmente modificada en mayo con la Comunicación “A” 8245 para permitir la suscripción del Bonte 2030 en dólares. Ahora, la permanencia mínima se suprime completamente.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la decisión respondió a una revisión del esquema de restricciones cambiarias vigente. Consideró que el “cepo” aplicado desde 2019 había dejado de cumplir su función original y se transformó en un obstáculo para el ingreso de nuevos fondos. Según declaraciones públicas, el funcionario sostuvo que los inversores que querían salir ya lo habían hecho y que actualmente no existían trabas relevantes que justificaran mantener el régimen anterior.
El Bonte 2030, con tasa elevada y suscripción en dólares, se volvió una herramienta central para el financiamiento del Tesoro y la compra de dólares para las reservas (Reuters)
Estas modificaciones se dieron en un contexto de estrategia coordinada entre la autoridad monetaria y el Ministerio de Economía, orientada a reforzar las reservas internacionales mediante el ingreso de divisas del exterior. Para ello, el equipo liderado por Luis Caputo activó dos mecanismos: por un lado, la firma de un acuerdo de financiamiento tipo REPO con siete bancos internacionales por un monto de US$2.000 millones; por el otro, una nueva licitación del Bonte 2030, que permite suscripción en dólares por parte de inversores locales y extranjeros.
El llamado a licitación se programó para el viernes 13 de junio y apuntó a captar US$500 millones, la mitad del monto obtenido en la primera colocación de abril, que se orientó exclusivamente a no residentes. En esta oportunidad, tanto residentes como no residentes pudieron participar en la oferta, lo que amplió el universo potencial de suscriptores.
En su debut, el Bonte 2030 ofreció una tasa del 29,5%, superior a las expectativas de mercado. Esta rentabilidad, combinada con la eliminación de las restricciones de salida, representó un atractivo importante para los fondos internacionales, que encontraron mejores condiciones para operar en el mercado local. Además, se estableció un límite mensual de US$1.000 millones para este tipo de colocaciones, lo que permitió mantener cierto grado de control sobre los flujos.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el menú de la licitación incluiría además letras capitalizables con vencimientos en julio, agosto, septiembre y noviembre, orientadas a captar el interés de fondos comunes de inversión. Asimismo, se pusieron en oferta dos Bonos Capitalizables (BONCAP) con vencimientos en enero y junio de 2026.
Desde el Ministerio de Economía, el subsecretario de Política Económica, José Luis Daza, consideró que estas decisiones formaban parte de un plan para anticipar el regreso a los mercados voluntarios de deuda con legislación extranjera. En declaraciones a medios, sostuvo que el programa económico avanzaba mejor de lo previsto y que la colocación de instrumentos en moneda dura reflejaba ese ritmo.
Por otro lado, el Tesoro anunció que a partir de este mes se publicará un cronograma anual de licitaciones de deuda pública. Esta medida apunta a brindar previsibilidad y permitir que los agentes financieros planifiquen su participación de forma más ordenada, tanto en moneda local como extranjera.
El objetivo del Gobierno nacional consistió en asegurar un flujo constante de divisas que le permita reforzar las reservas internacionales, cumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfrentar el segundo semestre sin sobresaltos financieros. En este período, se proyecta una baja en la liquidación de exportaciones agroindustriales, así como un aumento en la dolarización de portafolios minoristas en vísperas del calendario electoral.
Diversos analistas interpretaron que la relajación de controles podría facilitar el ingreso de capitales de corto plazo que busquen aprovechar el diferencial de tasas. Al mismo tiempo, advirtieron sobre la posibilidad de que esos flujos generen mayor volatilidad en caso de una salida masiva o imprevista. Aunque destacaron que estas medidas podían ayudar a sostener el tipo de cambio en el corto plazo, también consideraron que podrían consolidar un nivel mínimo más alto para el dólar.
Con esta serie de anuncios, el Gobierno argentino consolidó una estrategia de financiamiento basada en el mercado voluntario local, con foco en la emisión de instrumentos que puedan ser suscriptos en dólares y liquidados en pesos. El desafío de las próximas semanas será evaluar la respuesta del mercado y la capacidad del esquema para sostener la acumulación de reservas sin necesidad de intervención directa del BCRA.