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Una ciudad de Salta permite pagar las multas de tránsito con donaciones de sangre

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Los conductores que cometan infracciones de tránsito en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, podrán pagar sus multas con la donación de sangre, según el fallo que dispuso el juez del Tribunal de Faltas local, Farid Obeid. “Es una alternativa bastante buena (…) para subsanar la infracción”, afirmó el magistrado en declaraciones televisivas.

La disposición del juez Obeid permite resarcir, por única vez, las infracciones de tránsito menores, tales como la falta de casco o estacionamiento en un lugar indebido. No obstante, aclaró en diálogo con canal de noticias Videotar que el infractor podrá aplicar a esta alternativa de pago “siempre que no sea reincidente”.

“Lo que se busca con esto no es recaudar sino concientizar”, sostuvo Obeid durante el reportaje, Además, subrayó que el acto de donación “sigue siendo voluntario. No se obliga a nadie”.

Por otro lado, el juez de Faltas de Tartagal valoró que esta alternativa es un beneficio para los propios infractores, debido a que el dinero que debían pagar por la multa “lo van a poder resguardar para otras cosas”.

La iniciativa no fue bien recibida por la diputada provincial Gladys Paredes, quien señaló la irregularidad del anuncio y ya trabaja para que la medida quede sin efecto. “Yo elevé la nota (al Tribunal de Faltas de Tartagal) desde la Cámara de Diputados para que la medida se deje sin efecto”, sostuvo Paredes al ser consultada por Salta/12. La nota también llevaba como adjunta la respuesta de Oscar Torres, presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC).

“El sólo hecho de donar sangre para morigerar una falta, aunque esta fuera leve, le quita el espíritu de solidaridad y altruismo de la donación de sangre que pregona la OPS/OMS y nuestras Normas Técnicas y Administrativas, documentos anexos a la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990″, advierte el escrito de Torres consignado por el medio de noticias antes mencionado. Asimismo, el experto sostiene que “está perfectamente comprobado que toda donación de sangre que no fuera voluntaria (condicionada), implica obtener unidades de sangre con riesgo aumentado para las infecciones transmisibles por transfusión”.

El Dr. Torres consideró que el fallo del juez Obeid “es una liviandad política” y pidió que la disposición sea “inmediatamente derogada”.

“Desde el punto de vista médico o técnico en nuestra especialidad, es realmente ir en contra de los principios de la donación voluntaria, altruista y habitual, que es lo que pregonan no solamente nuestras leyes aquí en Argentina, sino también a nivel internacional”, remarcó el titular de la AAHITC. Y en la misma línea, completó: “Lo que van a conseguir con esto es que la gente considere que la donación de sangre es como un castigo, porque justamente por haber cometido una falta lo mandan a donar sangre, y entonces es un castigo o una reprimenda.

Ernesto Restom, concejal de Tartagal por el Frente de Todos, afirmó que la disposición anunciada se encuentra en vigencia pero aclaró que “es irregular”. Y al respecto, opinó: “Nunca se debería haber establecido”.

Según la información proporcionada por Salta/12, la directora del Centro Regional de Hemoterapia, Roxana Ponce, elevó una nota a la diputada Torres en su calidad de gerenta del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. “Habiéndome informado a través de los medios de prensa, redes sociales y comunicación telefónica (…) de la existencia de un acuerdo entre el Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Tartagal y el Banco de Sangre del Hospital a su cargo, procedo a informarle que la normativa vigente en el país en la especialidad Hemoterapia (…) PROHÍBE la intermediación comercial y el lucro en la obtención, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados”, alerta la doctora Ponce en su comunicado.

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El gobernador de Chubut acusó a comunidades mapuche de los incendios: prisión para Victoria, amenaza de desalojo y campaña de difamación

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En una conferencia de prensa, el gobernador de Chubut Ignacio Torres difundió una hipótesis elaborada por el Poder Judicial. Sin evidencia, en base a desinformación y datos tergiversados, los acusan de iniciar los fuegos.

El relato del Poder Judicial y Ejecutivo de Chubut ayer profundizó su estrategia de asociar al pueblo mapuche tehuelche con los incendios. En la audiencia tras la detención de Victoria Núñez Fernandez, lagmien de Lof Pillañ Mahuiza privada de su libertad tras los allanamientos a comunidades mapuche en Chubut, se le dictó una prisión preventiva de dos meses. La defensora oficial destacó que no existen indicios de su presencia en los hechos que le atribuyen. Pero el juez Jorge Criado ordenó a pedido del Ministerio Público Fiscal 60 días de prisión preventiva en la comisaría 1 de Esquel. 

Horas después de la audiencia, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO) expuso en conferencia de prensa una cronología conectando diferentes acontecimientos y lugares distantes entre sí -el desalojo de Lof Pailako en enero, el incendio en la estancia Amancay en Trevelin y diversos incendios incluyendo los de El Bolsón en la provincia de Río Negro- para acusarlos del fuego que azota a la Patagonia en diversos focos.

A Torres lo acompañaron en el show mediático el intendente municipal de Esquel, Matias Tacceta, el ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturrioz, el comisario general Andrés García, el procurador general Jorge Luis Miquelarena. El día anterior el procurador no había querido recibir en su despacho a los integrantes del pueblos mapuche tehuelche que acudieron ante el raid de allanamientos.

También participaron de la conferencia el procurador de la Fiscalía Ismael Cerda y la Procuradora fiscal de Esquel María Bottini. Estxs dos últimxs son los mismos que sostienen la acusación y prisión de Victoria, basándose en una línea argumental construida a partir de desinformación y tergiversaciones. Todxs ellxs suscriben la hipótesis que explicó el gobernados, que ayer llamó varias veces delincuentes, terroristas, peligrosos y extremistas a los mapuche, responsabilizándolos de coordinar una estrategia con lazos con Chile. El gobernador apuntó varias veces contra Moira Millán y anticipó que iniciará un proceso ante la Justicia para desalojar Lof Pillañ Mahuiza.

La acusación contra Victoria y otras personas mapuche

A Victoria Núñez, quien vive desde hace cinco años en el Lof Pillañ Mahuiza (Corcovado, Chubut), se la investiga y acusa por el incendio de maquinaria y camiones en Estancia Amancay, en las afueras de Trevelin. La Fiscalía dice que tiene indicios que la señalan como partícipe junto con otras personas. Según las pericias difundidas, el ataque se produjo en forma simultánea a varios vehículos estacionados en dos sectores, y participaron al menos tres personas. Pero toda la prueba para acusarla parte de la declaración de una persona que dijo haber visto un vehículo blanco, sin ocupantes, similar al de Victoria, a metros de la estancia la noche del incendio.

Que Victoria se mueva en una Kangoo blanca es el hilo argumental que conecta una serie de acusaciones pesadas contra ella pero también contra Moira Millán, quien habita ese mismo territorio desde 1998.

Millán estuvo ayer en la audiencia en la sala nro. 2 del juzgado de Esquel, de la que participaron por la Defensa Pública Valeria Ponce y Laura Carpinetti y por el Ministerio Público Fiscal Maria Bottini, Ismael Cerda y Cecilia Bagnato. Antes había dado una conferencia en la puerta de Tribunales.

Foto: Rox Sposaro

Por la capacidad de la sala solamente 12 personas, incluida la prensa y organismos de derechos humanos, asistieron. En primera fila estaba el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut Hector Iturrioz, y el comisario García, que atentos escucharon toda la audiencia, sentados junto a las hermanas Moira y Evis Millán.

La fiscal María Bottini y los procuradores de Fiscalía, Cecilia Bagnato e Ismael Cerda, expusieron los elementos reunidos hasta el momento, después de que el martes se llevaran a cabo 12 allanamientos en simultáneo. El juez Criado, en consonancia con el Ministerio Público Fiscal, dictó la prisión preventiva por 60 días. Y desestimó la propuesta de prisión domiciliaria en la casa de una vecina de Esquel.

“Nuñez no estaba en el lugar de los hechos”

Foto: Rox Sposaro

Hasta el momento, la acusación se sostiene en dudosos indicios que, según la defensa, no presentan pruebas concluyentes sobre la presencia de Victoria en el lugar de los hechos.

La defensa pública dijo que Núñez no estaba presente en el lugar de los hechos y mencionaron pruebas contundentes que presentarán para demostrar que no tuvo nada que ver con el incendio. La defensora Ponce además expresó que “se le adjudican conductas de otras personas”, en relación a disparatadas alusiones de pertenencia a grupos como la RAM, sólo por el hecho de acompañar y recorrer otras comunidades como ocurre en el pueblo mapuche que habita de los dos lados de la cordillera. 

Foto: Rox Sposaro

La detención de Victoria es parte de una persecución más amplia hacia las comunidades mapuche y mapuche tehuelche en Chubut. Y de una campaña mediática para asociar arbitrariamente a las comunidades indígenas con actos de violencia en un contexto donde el gobierno nacional y el provincial priorizan intereses extractivistas y capitalistas sobre los territorios indígenas. Eso fue lo que se denunció en dos conferencias de prensa llevadas a cabo simultáneamente esta mañana frente a Tribunales en Esquel y en la puerta del Ministerio de Justicia y DDHH en Buenos Aires.

Mientras en la puerta del Ministerio de Justicia de la Nación se preparaba una de esas conferencias, el ministro del área, Mariano Cúneo Libarona publicó en X:  “Incluiremos en Sesiones Extraordinarias un proyecto para agravar la pena de quienes provoquen incendios intencionalmente, eliminando la posibilidad de excarcelación. Terroristas disfrazados de mapuches prendieron fuego nuestra Patagonia para extorsionar al Gobierno y reclamar privilegios. Van a pagar tras las rejas.”

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich acusó directamente a Victoria de “Incendiaria terrorista y pseudo mapuche”. “Prendieron fuego la Patagonia creyéndose impunes”, expresó en su cuenta de X, pero la vinculó a Nahuelpan. “Los incendiarios no son activistas. Son criminales. Y los vamos a detener uno por uno. Ley y orden”, escribió Bullrich, apelando a la Ley que el mismo Estado desconoce. Victoria pasó horas detenida e incomunicada, sin saber de qué se la acusaba. Y los allanamientos no respetaron los protocolos.

“Una historia falsamente fantástica para incriminarla en los incendios”

Foto: Rox Sposaro

En Esquel, integrantes de las comunidades y radio allanadas realizaron una conferencia de prensa en la puerta de los Tribunales antes de la audiencia. “Victoria Núñez fue traída de manera injusta, está apresada y se está levantando falsamente una historia fantástica para incriminarla en los incendios que sucedieron en la estancia Amancay, donde ella no tiene nada que ver”, -dijo Moira Millán-. “La inoperancia, la falta de presupuesto y respuestas para combatir los incendios por parte del Estado, hace que el Estado esté montando este show que trae dolor y mucha indignación, este show que viene a erosionar los cimientos de la democracia” .

Además, denunció que se plantaron armas en la comunidad, y que en la búsqueda de “elementos ideológicos y terroristas” “como en la dictadura” le secuestraron libros, entre ellos Feminismo Negro, de la filósofa feminista y antirracista Angela Davis, también Terricidio, del que es autora Millán. Y recordó que integrantes de la comunidad, fueron golpeados, tirados al piso y precintados durante el allanamiento.

Foto: Rox Sposaro

Millán hizo un llamado a la sociedad: “Le quiero decir al país: esto no es un caso aislado, si ustedes naturalizan lo que sucedió con los pu lof, será la antesala de una dictadura que se va a instaurar para todos los argentinos y las argentinas. Hoy vienen por nuestras vidas y por nuestra seguridad. Victoria está ilegalmente, todos los elementos son ficticios. Es una novela armada desde el facebook. para tener detenida a nuestra lamngen. Hoy vienen vienen por mi biblioteca, por mis libros, ¿mañana qué van a hacer? ¿Van a allanar a todos los que tengan libros como lo hizo Hitler? Salgan, manifiéstense, hagamos un parate a esta locura, pero ya. Mañana puede llegar a ser tarde“.

Falso mapuche terrorista

En la conferencia de Torres, donde se dedicó a difamar al pueblo mapuche, el gobernador de Chubut celebró que “en tres meses nuestros Fiscales de la Justicia ordinaria del Chubut, hicieron más que la Justicia federal en los últimos 10 años”. El gobernador no pierde oportunidad para denunciar la lentitud del Poder Judicial para resolver sus demandas.

Torres, pisoteando el principio de inocencia y en un intento por confundir, pidió “sobre todo a los medios de Buenos Aires, que no confundamos a la hora de hablar de los pueblos originarios y de los pseudo pueblos originarios, estos delincuentes a los que hacemos referencia no tienen nada que ver con las comunidades mapuches tehuelche que convivimos en armonía en la provincia”.

El argumento de “falso mapuche terrorista” está tan agotado como la posibilidad de que sean los pueblos indígenas en general capaces de destruir el lugar donde viven”, expresaron desde el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, que a la mañana había convocado a la conferencia frente al Ministerio de Justicia y DDHH en Caba.

Allí, junto a una veintena de personas, pidieron la liberación de Victoria y de Nicolás Heredia, acusado por los incendios de El Bolsón (Río Negro). Y plantearon algunas preguntas en torno al silencio de varios días que mantuvo el gobierno provincial y nacional sobre los incendios, que decidieron romper hace dos días con el operativo contra las comunidades mapuche. “¿Quién está apagando los incendios? ¿Hay acaso terroristas en Entre Ríos? ¿en Catamarca? ¿en San Luis? ¿Hay acaso falsos mapuche terroristas en Corrientes Ignacio Torres? El montaje que montaron fue premeditado y burdo”, expresaron desde el Movimiento. Lo dijeron muchas veces, diferentes personas, entre ellas Moira Millán, en otro verano, frente a otros incendios: “El pueblo mapuche nunca prendería fuego los bosques”.

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Katopodis e intendentes bonaerenses demandarán al Gobierno por el abandono de las rutas

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La demanda es por el desvío de fondos y el estado de abandono de las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires. Fue firmada en Luján por el ministro provincial e intendentes y será presentada ante la justicia. “Queremos que la justicia le ordene al Estado Nacional el reinicio urgente de todas estas obras porque lo que está en juego es la vida de la gente”, dijeron.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto a intendentes de la provincia de Buenos Aires firmaron una demanda que llevarán a la justicia contra el Gobierno Nacional por el desvío de fondos, el estado de abandono de las rutas y “sus consecuencias directas sobre el desarrollo productivo de las regiones y la vida de las personas que transitan en ellas”, informaron.

La demanda fue firmada en Luján y durante la conferencia de prensa que se realizó frente a la Basílica, Katopodis afirmó que firmaron una presentación judicial para que el Gobierno Nacional explique qué hizo con los $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles que solo puede utilizarse para el mantenimiento de las rutas y $1 billón del Impuesto PAIS destinados a obras de infraestructura.

“Cada vez que cargás combustible en la estación de servicio, un tercio de eso va a una cuenta específica que tiene como único destino, por ley, el arreglo de las rutas, que están en un estado total de abandono”, explicó Katopodis. Y aseguró que “Milei es el único presidente de la Nación que en 40 años de democracia no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó todas las obras que estaban en ejecución”.

“Queremos que la justicia le ordene al Estado Nacional el reinicio urgente de todas estas obras porque lo que está en juego es la vida de la gente”, remarcó.

De la firma participaron jefes comunales de ciudades del interior de la Provincia que son atravesadas por las distintas rutas nacionales cuyas obras fueron paralizadas.

En ese camino, el funcionario remarcó que el gobierno de Axel Kicillof continuará trabajando para que las rutas que atraviesan los municipios de la provincia se encuentren en condiciones. “Por ellas pasa gran parte de lo que produce la Argentina”, concluyó.

En la firma de la demanda participaron el intendente local, Leonardo Boto, junto a sus pares de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; de Ramallo, Mauro Poletti; de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi; la intendenta Interina de Mercedes, Mariana San Martín; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; de Azul, Nelson Sombra; de Alberti, Germán Lago y de Bolívar, Marcos Pisano.

También firmaron el jefe comunal de Bragado, Sergio Barenghi; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de Chacabuco, Darío Golía; de Las Flores, Alberto Gelené; el intendente Interino de Mar Chiquita, Fabián Jacquet; de Benito Juárez, Julio Marini; de Saavedra, Matías Nebot; de Tornquist, Sergio Bordoni y de General Villegas, Gilberto Alegre.

Impuestos que no llegan a destino

El ministerio de Infraestructura bonaerense detalló que todos los meses la Administración Nacional recauda fondos a través de distintos impuestos que tienen que ser específicamente destinados a obras públicas, entre ellas, al mantenimiento de los 40.000 km de rutas nacionales.

Según explicaron, a pesar de estar obligado por ley, durante 2024 el Gobierno de Javier Milei no transfirió a Vialidad Nacional $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles y, además, se quedó con $1 billón surgido del Impuesto PAIS, que tenía que ser utilizado para ejecutar infraestructura.

La Ley 23.966 establece que el Gobierno Nacional está obligado a destinar el 28,58% de esa recaudación al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. A su vez, el 50% de ese fondo corresponde ser asignado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), a los fines de financiar específicamente las obras de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los corredores viales nacionales, incluyendo la construcción, el arreglo y el mantenimiento de las rutas nacionales.

Por otro lado, y de acuerdo a los datos oficiales de ARCA, durante 2024 el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) recaudó unos $6,27 billones: un 315,3% más respecto del 2023, el triple que el de los combustibles ($2,52 billones) y un 12% más de lo recaudado por el fisco por los derechos de exportación ($5,43 billones).

A través del Decreto 193/24, se dispuso que el 28,2% de lo recaudado con este impuesto debe destinarse a obras de infraestructura ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas. A diciembre de 2024, este organismo debería haber recibido $2,08 billones, pero sólo ejecutó cerca de $38,77 mil millones (1,86% de lo que correspondía por ley) y fue obligada, mediante el Decreto 1104/24 del Ejecutivo Nacional, a constituir un bono a favor del Tesoro Nacional por $1 billón ($1.000.000.000.000).

Oras viales paralizadas

Desde diciembre de 2023, el Gobierno Nacional dispuso la paralización de más de 2.300 obras públicas que se encontraban en marcha a lo largo y ancho de la Argentina, situación excepcional que se sostiene y que impacta en forma directa en el desarrollo de las ciudades y sus habitantes.

Del total de 277 obras viales en ejecución por parte del ex Ministerio de Obras Públicas, a noviembre de 2023 según el Mapainversiones, 150 fueron frenadas con un avance físico de más del 40%, y de ese grupo, 85 contaban con más del 70% de los trabajos ejecutados, es decir, muy pronto a ser finalizadas.

“El estado de las rutas es de abandono; no hay mantenimiento ni para cortar el pasto en las banquinas, y mucho menos se proyecta infraestructura de transformación en autopistas o autovías en rutas estratégicas que brinden mayor seguridad vial y favorezcan al desarrollo productivo de las regiones”, detalló el ministerio bonaerense en un comunicado de prensa.

Y remarcó que la Provincia de Buenos Aires cuenta con nueve rutas nacionales que atraviesan 57 municipios sumando más de 4.000 kilómetros y la inversión de Vialidad Nacional en la PBA cayó 85,9% durante 2024 con respecto al año anterior, siendo la provincia más perjudicada por los recortes de todo el país.

Entre las obras estratégicas paralizadas por el gobierno de Milei, se destacan la Autopista Presidente Perón, en sus tres tramos; la transformación en Autopista de la Ruta 7 entre Carmen de Areco y Chacabuco y la Variante Chacabuco; la construcción de la Autopista de la RN 33 y el Paso Urbano El Cholo en Bahía Blanca; y la Autovía de la Ruta 3 entre Cañuelas y Azul.

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¿Quién invierte más en Seguridad? Con los nuevos aumentos un policía bonaerense cobrará casi un 50% más que un gendarme

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Los agentes que dependen de Patricia Bullrich pasarán a ganar un básico de $ 700 mil, mientras sus pares de Provincia de Buenos Aires alcanzarán $1.100.000.

Más allá de los cruces verbales entre funcionarios nacionales y provinciales, lo cierto es que la provincia de Buenos Aires, que ya venía con salarios más altos en el área de Seguridad que los agentes nacionales, implementó un aumento cuyo porcentaje es superior al que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El gobierno nacional ofreció un 5 por ciento y Kicillof otorgó un 9 por ciento.

Bullrich viajó este martes a Salta a inaugurar una estaca que será parte del alambrado que instalarán en la frontera con Bolivia y allí los familiares de los gendarmes se le acercaron a protestar y la grabaron. «Yo tengo a mi hijo y sus dos nenes en mi casa. No tiene para comer. Le sale $ 450 mil el alquiler. No le alcanza con un 5%. Gana $ 25 mil pesos por día. No es nada», le reprochó el padre de un gendarme fronterizo.

Lo cierto es que el Procrear ya no existe porque lo eliminó este gobierno y luego, también eliminó la secretaría de Vivienda y Hábitat.

Foto: NA

Por lo pronto, a partir del 1 de febrero, los gendarmes recibirán un incremento en su salario, a partir de la resolución 176/2025 publicada en el Boletín Oficial. El incremento, que se implementa en febrero, pero se cobrará en marzo, fue de un 5% para Gendarmería, la Prefectura, la Policía Aeroportuaria y la Policía Federal y, tal como le respondió la ministra al padre del gendarme, rompe el techo de paritarias que determinó la Secretaría de Trabajo. Un gendarme pasará a tener un haber mensual básico de 659.000 pesos a partir de enero, de 667.000 pesos a partir de febrero y de 700.000 pesos a partir de marzo. A eso se le suma un aumento en la «función de prevención barrial», que pasará a ser en marzo de 320.000 pesos, además de un incremento en las horas extra que realicen de alrededor de 20.000 pesos desde marzo.

Por su parte, el haber básico a partir de marzo pasará a ser de 785.000 pesos para un agente de la Policía Federal, a lo que se le agregan incrementos en el suplemento zona para determinadas localidades, en horas extra y otros complementos.

Además, desde marzo el haber básico pasará a ser de 700.000 para un marinero de la Prefectura Naval, y de 549.000 pesos para un oficial principal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En cambio, el personal policial bonaerense percibirá un aumento salarial escalonado del 9%, compuesto por un incremento de 7 % en febrero y de 2% en marzo. Esta suba es igual a la acordada para todo el personal de la administración pública de la Provincia. Además, este incremento también se hace extensivo a la compensación por Uniforme para todo el personal y al monto del servicio de Policía Adicional (Polad) para los agentes que realizan la tarea en sus francos de servicio.

Kicillof anunció un aumento del nueve por ciento para los empleados púbicos.
Foto: Gobernación

“Este aumento evidencia el compromiso del Gobierno bonaerense con las fuerzas de seguridad, al igual que la histórica inversión en equipamiento de las fuerzas que se viene realizando. Aún en un contexto de dificultad financiera provocado por las políticas del Gobierno nacional y el recorte de recursos a la provincia, el Estado provincial realiza todo el esfuerzo necesario en sostener el salario de sus trabajadores”, señalaron desde la cartera de seguridad bonaerense a cargo de Javier Alonso.

Por lo pronto, un subteniente pasará de cobrar 1.271.014 pesos a 1.385.405, un sargento pasará de 1.153.055 pesos a 1.256.830 pesos y un oficial de policía raso 1.015.999 a 1.107.439 pesos.

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