Fichas, cuadros de acciones, la declaración de una testigo y donaciones localizadas en una escribanía: las pruebas con las que la justicia vincula al empresario del Ingenio Ledesma con la organización de Villa Crespo que reducía a mujeres a una situación de servidumbre o “geishado”.
Testimonios, documentos y hasta escrituras acreditan que Carlos Pedro Blaquier —el dueño de la agroindustrial Ledesma— fue uno de los clientes de la secta conocida como Escuela Yoga Buenos Aires (EYBA), que tenía a mujeres jóvenes en situación de servidumbre y explotación sexual. Blaquier, de 95 años, ha logrado durante años esquivar a la justicia en lo que hace a su responsabilidad por los secuestros y desapariciones ocurridos en 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma que él mismo dirigía, pero su nombre sigue apareciendo en distintos expedientes judiciales.
Desde los años 80 funcionó en Buenos Aires una secta que se dedicaba a captar a personas en situación de vulnerabilidad. Les ofrecían, por ejemplo, tratamientos médicos o mejores condiciones de vida. En algunos casos, las endeudaban para que no tuvieran otra escapatoria más que aceptar la situación de servidumbre y explotación. En el entramado también participaban médicos y abogados.
La organización reclutaba a distintos grupos de mujeres que eran obligadas a mantener encuentros sexuales a cambio de dinero. Dentro de la EYBA, eso se conocía como “geishado VIP”. En general, esos encuentros tenían lugar en distintos departamentos de la Ciudad de Buenos Aires.
Un testigo de cómo funcionó esa organización criminal se refirió a los encuentros entre el empresario azucarero y una de las chicas que eran sometidas por la secta, tal como lo recogen en un extenso dictamen el fiscal Carlos Stornelli y la fiscala Alejandra Mángano, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). “Entre las ‘personas de poder’ tuvo la oportunidad de conocer al director o presidente de la compañía ‘Azúcar Ledesma’, un hombre mayor que concurría asiduamente, a quien luego conoció como Carlos Pedro Blaquier”, dice el testimonio extractado.
“La escuchaba llorar previo a los encuentros con Blaquier por no querer estar con él, situación en la que siempre mediaba ‘Mendy’”, agrega la persona que brindó su testimonio. “Mendy”, en realidad, era Susana Mendelievich, la encargada del “Geishado VIP”. Como tal era quien se encargaba de la selección de las “alumnas” de la secta para los encuentros sexuales con personas de alto poder adquisitivo.
Frente al llanto de la muchacha, Mendelievich solía decirle que “si a ella le gustaba el lujo y la comodidad, la orden era ésta (mantener relaciones con Blaquier), no había tiempo de elegir con quien querer estar”. Todo surge de la misma declaración que la fiscalía logró comprobar con documentación secuestrada en distintos lugares. En el edificio de la calle Estado de Israel al 4400 —donde vivían las víctimas y los imputados— ,por ejemplo, encontraron un cuadro con acciones de la empresa Ledesma.
A Blaquier lo llamaban “Azúcar”. Su nombre apareció en un documento que la policía secuestró en la casa de Percowicz que llevaba por título “Departamento Novios”. ¿En qué consistía ese documento? Era una carpeta con distintas fichas de hombres a quienes la secta tenía como “objetivos” del plan de “geishado”. En esa carpeta figuraban nombre, sobrenombre, apodo, edad, fecha de cumpleaños, signo astrológico, religión, lugar de residencia, estado civil, si tenía hijos o hijas, a qué actividad se dedicaban, qué gustos personales tenían, cuál era su patrimonio estimado, quiénes eran sus amigos dentro de EYBA y cómo habían tomado contacto con el “Departamento Novios”.
Los investigadores también encontraron una serie de escrituras firmadas por Blaquier a través de las que él hacía distintas donaciones a la mujer víctima de explotación sexual por más de un millón de dólares. La hipótesis es que no eran donaciones sino pagos. “Así funcionaba”, dice uno de los investigadores judiciales que sigue el caso. “Con esas donaciones la chica ‘ascendía’ y le sacaban todo”, completa en diálogo con este diario. Las escrituras se encontraron en el estudio jurídico de Susana Barneix, que para Mángano y Stornelli es el que asesoraba legal e impositivamente a la secta para que las operaciones millonarias que hacían Percowicz y compañía no fueran detectadas por los organismos estatales de control.
Página/12 se comunicó con el departamento de Prensa de Ledesma —la empresa cuyo directorio está conformado por los hijos de Carlos Pedro Blaquier— para pedir un comentario ante la información que surgió del dictamen de Mángano y Stornelli, pero no obtuvo respuesta.
Un experto en injusticia
Blaquier llegó a dirigir el ingenio Ledesma en 1952 después de casarse con Nelly Arrieta, la hija de los dueños de la empresa. Desde entonces solo le quedó ascender y aumentar la fortuna a ese abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), con intereses en la filosofía y cierta vocación por la escritura. El ingenio estaba bajo su entera responsabilidad en 1976 cuando se produjeron los secuestros durante las “Noches del Apagón”, cuando se cortó el suministro eléctrico en la zona de influencia del ingenio para que las fuerzas pudieran salir a secuestrar decenas de personas sin mayores dificultades.
Desde entonces, Blaquier ha sido un experto a la hora de esquivar la justicia. Si bien la vinculación de Ledesma con las desapariciones y las torturas fue denunciada durante la misma dictadura, Blaquier recién se sentó ante un juez para explicar su responsabilidad en 2012. Debió ser un magistrado que no fuera oriundo de Jujuy para animarse a indagar y procesar a un empresario que, en realidad, como él mismo dijo manejaba un “mini Estado”.
Después de que el juez Fernando Poviña lo procesara por crímenes de lesa humanidad, la decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Salta en 2013. Pero, en 2015, hizo su entrada en escena la Cámara Federal de Casación Penal que anuló los procesamientos y le dictó una falta de mérito. Después de aplicarle cronoterapia durante seis años, la Corte Suprema revocó la decisión de Casación en julio del año pasado —con los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco— y puso a Blaquier nuevamente en carrera para ser juzgado.
Sin embargo, la defensa de Blaquier advirtió entonces que el empresario no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. El Cuerpo Médico Forense (CMF) le dio la razón al dictaminar que tenía un deterioro cognitivo que lo volvía incapaz de sentarse en el banquillo. Por mayoría, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy lo separó del juicio, pero la Casación —con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo— ordenó que se le practicaran nuevos estudios.
La secta
A fines del año pasado, la Protex presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py sobre el accionar de la EYBA. La denuncia abarca lo sucedido entre 2004 y el 12 de agosto de 2022, pese a que queda en claro que la secta comenzó a funcionar durante los años ‘80. Según la información recabada, el grupo liderado por Percowicz cuenta con un patrimonio de 35 millones de dólares –con cuentas radicadas en los Estados Unidos–. La práctica sexual era una herramienta para amasar esa fortuna, que terminaba inevitablemente en manos del “líder” como paso necesario para “sanar” a quienes eran reclutadas/os como alumnas/os.
La fiscalía pidió que se procese a Percowicz, Mendelievich, Barneix y otras 17 personas como integrantes de una asociación ilícita. Será el juez Ariel Lijo quien decidirá si dicta los procesamientos y mantiene a los imputados en prisión preventiva.
El proceso comenzó hoy y se desarrolla desde las 9.30 Habrá más de 100 testigos y durará casi cinco meses
El juicio contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov por la muerte de Diego Armando Maradonacomienza hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número tres de San Isidro.
Desde las 9.30, están sentados en el banquillo de los acusados por presunto “homicidio simple con dolo eventual” Luque, Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini y el psicólogo Carlos Díaz.
Por su parte, la enfermera Gisela Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados populares durante el segundo semestre una vez que finalice el debate principal.
09:56 hsHoy
Llegaron Dalma y Gianina Maradona
Las hijas de Diego Maradona ingresaron al tribunal.
09:40 hsHoy
Ojeda a Cosachov: “Perra malparida”
Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Maradona (Maximiliano Luna)
Con una remera de Diego, la ex pareja del Diez, Verónica Ojeda, llegó al Tribunal en reclamo de Justicia y se largó a llorar cuando ingresó al edificio. Cuando se cruzó con la psiquiatra Agustina Cosachov, comenzaron los gritos: Ojeda la increpó y comenzó a insultarla.
“Perra malparida”, le gritó la última mujer de Diego. Tuvieron que intervenir las autoridades del tribunal y la policía para calmar la situación.
Tras el incidente, la imputada se alejó hasta la otra punta del pasillo y Ojeda volvió a llorar.
09:36 hsHoy
El cambio físico de Leopoldo Luque
El neurocirujano Leopoldo Luque (Reuters)
El neurocirujano, acusado por la muerte de Maradona, llegó irreconocible a la primera audiencia del juicio en su contra que, se estima, durará casi 5 meses.
Ahora es fisicoculturista: según su abogado, desde el fallecimiento del astro se dedica a entrenar diariamente en Adrogué. Antes de entrar a la sala, habló con su colega Agustina Cosachov, también acusada.
09:32 hsHoy
“Diego no se murió”
Un nutrido grupo de fanáticos se ubicaron desde temprano en frente de los Tribunales de San Isidro para pedir Justicia por Diego Maradona, en la primera jornada de juicio contra los siete médicos acusados por su muerte.
“Diego no se murió” y “Justicia por Diego” son algunos de los cantos que repiten mientras las partes van llegando al tribunal.
Además, insultan a los imputados. “No nos olvidamos de lo que hicieron”, le gritaron a la psiquiatra Cosachov, cuando llegó a la audiencia junto a su abogado, Vadim Mischanchuk.
09:18 hsHoy
Los últimos días del ídolo
El documental de Infobae que reveló cómo fueron las últimas horas de Diego Maradona.
09:17 hsHoy
Comienza el primer juicio por la muerte de Maradona: habrá más de 100 testigos y durará casi cinco meses
Se desarrollará desde las 9 en los Tribunales de San Isidro. Son siete los profesionales de la salud que serán juzgados. Las pruebas en su contra
Comienza el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona
Tras un largo camino judicial, este martes en los tribunales de San Isidro finalmente comenzará el primer juicio, y el principal, contra siete de los ocho profesionales de la salud acusados de haber tenido responsabilidad en la muerte de Diego Maradona (60), ocurrida en su casa del barrio San Andrés de Tigre el 25 de noviembre de 2020.
El hecho ocurrió en la localidad de Berrotarán. Los efectivos fueron puestos en situación pasiva y están a disposición de la Justicia
El domingo por la tarde, un operativo policial de gran magnitud en la localidad de Berrotarán, en la provincia de Córdoba, culminó con la detención de dos efectivos de la fuerza acusados en una causa de abuso sexual.
Se trata de un sargento ayudante de 46 años y un sargento de 44 años, quienes fueron arrestados por orden de la Fiscalía de Tercer Turno de Río Cuarto.
El despliegue policial incluyó la participación de personal del grupo táctico Eter y de la Guardia de Infantería, que llevaron adelante allanamientos en los barrios Tanque y Radosta.
Fuentes judiciales indicaron que la denuncia fue presentada por una joven, cuya identidad se mantiene en reserva, quien habría sido invitada a la casa de uno de los uniformados, donde posteriormente se sumó el otro acusado. La fiscalía investiga los hechos a partir de testimonios y pericias para determinar lo sucedido en el lugar.
La detención de los policías generó un fuerte impacto en la comunidad de Berrotarán, una localidad de aproximadamente 7.000 habitantes, ubicada a unos 140 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Según informes de la prensa local, el operativo comenzó en horas de la tarde y se extendió hasta la noche, con allanamientos simultáneos en las viviendas de los acusados.
Según informó el portal El Doce.tv, los detenidos fueron trasladados y quedaron alojados en la cárcel de Río Cuarto, donde permanecerán a disposición del fiscal interviniente.
En paralelo, la Dirección General de Control de Conducta Policial tomó conocimiento del caso y remitió la información al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, que ordenó que ambos efectivos sean pasados a situación pasiva mientras avanza la investigación.
Los dos agentes detenidos cumplían funciones en distintas dependencias: uno prestaba servicio en la Departamental Río Cuarto, mientras que el otro pertenecía a la Departamental Calamuchita. En las próximas horas, se prevé que la fiscalía avance con las indagatorias y evalúe si solicitará la prisión preventiva para los imputados.
Tras la detención de los efectivos, la Policía de Córdoba emitió un comunicado en el que informó sobre la situación de los agentes y la intervención de la Justicia:
“En las últimas horas, en la ciudad de Berrotarán fueron detenidos dos efectivos policiales, quienes quedaron a disposición de la Justicia en virtud de una denuncia de instancia privada que se investiga. Tal medida fue ordenada por el secretario de la Fiscalía de 3º Turno de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Lucas Esteban Rosales.”
Además, la fuerza de seguridad confirmó la intervención del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, que dispuso la situación pasiva de los policías involucrados.
La denuncia fue realizada por una joven que los efectivos invitaron a su domicilio
El caso tomó relevancia y se volvió polémico tiempo atrás, al conocerse que la acusada había solicitado el traslado a la cárcel de mujeres por autopercibirse de dicho género, habiendo ingresado bajo el sexo masculino. Estando allí, abusó de una interna y la dejó embarazada.
En el último tiempo, “Gaby” acumuló una serie de acusaciones en su contra por situaciones de abuso. Además, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la identidad de género en este caso está siendo evaluada en el marco de la causa.
Gabriela ingresó a prisión por primera vez en octubre de 2016, cuando aún se identificaba como Gabriel. Un año después, la Justicia dictó su condena a tres años de cárcel por los delitos de lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada. Pero en noviembre de 2018, el recluso dijo autopercibirse mujer, cambió su identidad de género y pidió ser trasladada al sector femenino del penal de Bouwer. Además, rechazó las condenas por violencia de género por no ser compatibles con el género al que actualmente estaba arraigada.
Desde ese entonces fue reconocida como Gabriela Nahir Fernández. Mientras cumplía la condena, en abril de 2019, se le imputó otro delito en perjuicio de una mujer, que incluyó privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas; aunque poco después, obtuvo la libertad condicional.
Hacia fines de ese mismo año, una nueva denuncia cayó en su contra; sin embargo, el caso fue archivado, al igual que otra acusación similar hecha por una ex pareja a finales de 2022. Un año después, ya en libertad, volvió a ser denunciada por privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas. Al poco tiempo se sumó una nueva acusación por violación de domicilio, coacción y desobediencia, lo que llevó a la Justicia a ordenar su detención. Finalmente, en 2024 le dictaron prisión preventiva.
En ese momento salió a la luz el abuso cometido contra una compañera con quien estaba alojada en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3. Tras acumular sanciones disciplinarias, las autoridades dispusieron su traslado a otro penal con el objetivo de resguardar a la víctima.
El comerciante de Río Negro tiene un “celular clonado” con el del adolescente asesinado. Negó cualquier vínculo con las víctimas, pero seguirá detenido porque no pudo explicar tres llamadas sospechosas. Los hilos que unen a la familia de la chica muerta con la Patagonia
Después de pasar 15 días en un calabazo, el único detenido por el doble crimen de Paloma Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14) en Florencio Varela se quebró y pidió declarar ante el fiscal de la causa, Darío Provisionato. Rompió el silencio para despegarse de los hechos y de todos los involucrados en el caso, pero en su coartada hay huecos.
Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, no pudo explicar llamadas que se hicieron desde su celular Samsung A02, el dispositivo que lo llevó a prisión por estar clonado con el del adolescente asesinado. Por ahora, seguirá preso.
G.L., de 36 años, fue capturado el 17 de febrero en General Roca, provincia de Río Negro. Una semana antes había prendido el teléfono clonado, lo que alertó a los investigadores. Según argumentó en su indagatoria de este miércoles, lo compró en mayo o junio de 2024, y lo tuvo apagado hasta agosto.
Aseguró que lo usó algunos días y lo volvió a guardar en su mesa de luz hasta el mes pasado. Su smartphone principal era un Samsung S21, de acuerdo a su versión. Lo que G.L. no sabía era que los peritos encontraron que el Samsung A02 de Río Negro también tuvo actividad en noviembre. Hizo llamadas y mandó mensajes los días 17, 18 y 19 de ese mes, según pudo saber este medio. Evitó explicar con quién se comunicó, o de qué hablaron.
Josué Salvatierra, de 14 años, y Paloma Gallardo, de 16
El otro punto inconsistente en su relato está en la compra del teléfono. Reconoció que lo adquirió por Marketplace, en Facebook, y que se lo vendió un vecino de General Roca. Pero aseguró no saber su nombre, ni brindó más precisiones.
Además, en las últimas horas se conoció un dato que podría beneficiar la coartada del detenido. El Samsung A02 que compró G.L., de carcaza azul, es el dispositivo original, mientras que el A02 color negro, de Josué Salvatierra, era el que tenía el IMEI clonado. Así lo determinaron los peritos de la Policía Federal Argentina que analizaron los celulares.
Hay expertos que aseguran que no es posible “clonar un IMEI”, el “código de 15 dígitos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo móvil a nivel mundial”, según define el Enacom.
Otros, en cambio, reconocen por lo bajo que vender estos códigos mellizos es una práctica delictiva poco conocida, que a veces incluso tiene a empleados infieles de las empresas de telefonía como protagonistas.
Las sospechas alrededor del teléfono clonado de Josué crecen aún más cuando se agrega el segundo hilo conductor entre Florencio Varela y la provincia de Río Negro.
Omar Gallardo, junto al ataúd de su hija en el día de su velorio
Es que Omar Gallardo, padre de Paloma, tiene otra hija y una ex mujer que viven en General Roca, la misma ciudad en la que estaba el celular copiado. Es un dato que entró en la investigación hace pocos días, y que reforzó la hipótesis de que hay una conexión entre la ciudad patagónica y el doble crimen.
“En hechos como este, es difícil creer que todo se trate de una casualidad”, resumió una fuente.
En su declaración de este miércoles, el comerciante preso habló sobre su familia, su trabajo, sus amigos, su entorno. Negó conocer a las víctimas o a sus parientes, ni tampoco a la familia que tiene el papá de Paloma en el sur. En el expediente no hay pruebas que demuestren lo contrario.
Por eso, la defensa de G.L. pidió al fiscal Provisionato, titular de la UFI N°1 descentralizada de Florencio Varela, que morigere las medidas en su contra y que continúe a disposición de la Justicia con prisión domiciliaria. Para resolver esta cuestión habría una audiencia la semana que viene, según adelantaron a Infobae.
Operativo en el descampado
Las víctimas fueron encontradas en un descampado de Bosques
Este jueves la Policía Bonaerense desplegó un fuerte operativo en el descampado que está al pie del puente de Bosques, por donde pasa la ruta provincial 36.
A pedido del abogado Carlos Diéguez, que representa a la familia de Josué, se desarrollaron tareas de medición y escaneo para aportar nuevas pruebas a la causa.
Esta parte de la querella llevó drones, scanners y otros dispositivos tecnológicos que no poseen las fuerzas que están interviniendo en la causa. El objetivo es hacer un mapa interactivo en 3D, con el que se pueda ver y reconstruir con facilidad la escena del crimen.
Por otro lado, las imágenes tomadas apuntan a ubicar con más claridad el camino que hicieron los chicos y las posibles vías de escape que tuvieron el o los asesinos.