Sociedad
Potenciar Trabajo: las preguntas que deberán responder los beneficiarios del plan y con las que el Gobierno busca detectar irregularidades
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3 años atráson
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La encuesta consta de 40 ítems y el Ejecutivo, además, busca saber si quienes cobran el plan pertenecen a una organización oficialista o de izquierda
Infobae accedió de manera exclusiva a las planillas que servirán como base a las auditorías que en los próximos días el Gobierno, a través del ministerio de Desarrollo Social, comenzará sobre el programa Potenciar Trabajo. Las preguntas aún pueden sufrir alguna modificación, pero son las que hasta ayer eran utilizadas para capacitar a quienes realizarán la encuesta y las que se hicieron llegar a las organizaciones populares.
Son casi 40 items que apuntan a conocer, no solo la realidad social que vive cada uno de los casi 1.300.000 beneficiaros, sino también a qué organización social pertenecen: es decir si es oficialista u opositora; si están dispuestos a dejar de recibir el plan a cambio de un “trabajo formal, registrado, en relación de dependencia”; si la contraprestación laboral para cobrar el plan la hace como “integrante de una organización comunitaria/social”, como “integrante de un pequeño emprendimiento”, o “como trabajador municipal”; y si desarrollan otra actividad y que remuneración perciben. Entre otras preguntas, el amplio cuestionario está destinado a saber si las personas “conocen a qué Unidad de Gestión (UG) y/u organización pertenece” y en este caso debe nombrar si trabajan en una cooperativa, por ejemplo, a cargo de los oficialistas Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, o de organizaciones enfrentadas al gobierno del Frente de Todos, como el Polo Obrero o el Movimiento Teresa Vive-MTS, que integran la Unidad Piquetera.
La encuesta no pregunta, por ejemplo, si en los lugares en los que deben realizar 60 horas mensuales, tienen los insumos suficientes, como máquinas, herramientas o alimentos, que debe destinar el ministerio de cargo de Juan Zabaleta; o si sufren algún tipo de abuso por parte de los dirigentes sociales que están a cargo de las Unidades de Gestión.
Sobre este último punto, los funcionarios podrán aducir que ya hay un registro, en la secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico (referente del Evita) para solicitar el cambio de lugar de trabajo.

Algunas de las respuesta que busca el Gobierno con el cuestionario provisorio ya existen los datos filiatorios de los beneficiarios. Por ejemplo, se consulta si cobran otro plan, o si en sus hogares reciben de manera gratuita: leche, bolsas o cajas de alimentos secos o fresco o raciones de comida a través de merenderos o comedores.
“El objetivo de la encuesta es conocer las condiciones socio demográficas de los titulares. Los estudios alcanzados y el tipo de actividad que realizan en el marco del programa: que tipo de contraprestación realiza en el marco del Potenciar Trabajo y cuantas horas diarias cumplen”, le explicó a este medio un funcionario de Desarrollo Social al ser consultado sobre las razones de la auditoría.
—¿Y si encuentran que el beneficiario no cumple con las tareas laborales, que no va a la Unidad de Gestión ni estudia, ni se capacita, le dan de baja?.
—Por ahora no se le va a suspender el beneficio a nadie, respondió. Si la respuesta es sincera la pregunta es ¿para qué se invierten los fondos públicos para realizar la auditoría?

Lo que no se pregunta
Dirigentes sociales como Eduardo Belliboni (Partido Obrero); Silvia Saravia (Barrios de Pie-Libres del Sur) y Mónica Sulle (MTV-MST), están convencidos de que la auditoría, entre otros motivos, busca recortar unos 400.000 beneficiarios y así cumplir con los objetivos acordados con el Fondo Monetario Internacional. Es más, Belliboni descree que se termine la auditoría en todo el país y sobre todas las Unidades de Gestión, como se anunció, porque semejante tarea demandaría más de un año. “Están haciendo todo este show para la popular. Para conformar a Cristina. Es pura espuma”, interpreta el líder del Polo Obrero.
La auditoría sobre el programa Potenciar Trabajo se implementó después de que la Vicepresidenta Cristina de Kirchner denunciara el 20 de junio que el gobierno que ella misma integra “tercerizó” el manejo de los planes sociales y apuntó contra el Movimiento Evita. Ese día planteó que el Estado debía “recuperar el control” sobre programas como el Potenciar Trabajo.
Días después el presidente Alberto Fernández y más tarde el ministro de Economía, Sergio Massa, hicieron lo propio.

El encargado de implementar la auditoría es Zabaleta. Belliboni aseguró, desde los movimientos populares, que se iba a realizar ese control sobre las 200 Unidades de Gestión que dependen de las organizaciones sociales y que en vez de hacerlo de manera “seria”, sería un “show mediático” a través del cual se los seguiría “persiguiendo” y “estigmatizando”, tal como lo denunciaron ante Monseñor Vicente Ojea, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Sin embargo, los dirigentes ganaron la pulseada. No se opusieron al control y habrían forzado dos cambios: auditar a la Unidades de Gestión de los movimientos sociales, pero también las que dependen de iglesias, pequeños emprendimientos privados, ONG´s, municipios y gobernaciones.
El otro punto relevante fue que las auditorías se realizarían en los lugares de trabajo. De esta forma, pretenden que los beneficiarios expongan la falta de insumos porque Desarrollo Social no los estaría enviando.
Sin embargo, los encargados de la encuesta no preguntaran sobre eso. Al menos hasta ahora esa consulta no esta incorporada a las ocho planillas que compone el “Formulario de certificación de actividades titulares Potenciar Trabajo”.

Presupuesto multimillonario
El año pasado al Potenciar Trabajo se destinaron 226.557 millones de pesos, el 43% del presupuesto ejecutado del ministerio de Desarrollo Social, según los datos del ministerio de Economía. A partir del mes de septiembre, los beneficiarios del programa recibirán 25.600 pesos. Como contraprestación deben cumplir un mínimo de 20 horas de tareas semanales.
Los “auditores”, serán estudiantes de universidades públicas que son aún capacitados para la tarea. Estarán acompañados por funcionarios de Desarrollo Social y de los propios movimientos populares, por lo general que integran el Frente de Todos.
Según le aseguró a este medio Alejandro Gramajo, Subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local: “El principal objetivo de este proceso de auditorías que vamos a encarar es conocer mejor la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que se encuentran en el programa Potenciar Trabajo. La idea es relevar en qué condiciones trabaja el sector y fundamentalmente mejorar el programa”.

El viernes comenzarán las primeras auditorías en Unidades de Gestión (cooperativas de trabajo) de los municipios bonaerenses de Lanús e Ituzaingó y en la ciudad de Santa Fe. La encuesta iba a empezar antes, pero fallas en la aplicación durante las “pruebas de auditorías” hizo que se postergara al viernes. Según el cronograma oficial, ese día comenzaría en el ECOPUNTO de Lanús “dónde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular realizan actividades de reciclado, herrería y obrador y también llevan adelante comedores comunitarios y de estudios para completar la escuela”, según el comunicado oficial difundido por la secretaría de Economía Social a cargo de Pérsico.
Realizar la entrevista pautada por la auditoría es obligatorio y quien no la realice cobrará el 50% del monto mensual.
Preguntas y respuestas
La mayoría de las preguntas que se realizan en el “formulario de certificación” ya están archivadas en el ministerio de Desarrollo Social. O se acreditarían cruzando la información en organismos con ANSES o AFIP. Por ejemplo, se consulta si el beneficiario o algún miembro de la familia recibe planes como Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo, por discapacidad, prestación alimentaria, entre otras.

El cobro de algún otro plan social no es motivo para perder el Potenciar Trabajo.
Los encuestadores consultarán también que tipo de “contraprestación” realizan los beneficiarios. Si no desarrollan ninguna tarea en una cooperativa o pequeña empresa, familiar o no, no estudian o se capacitan, el ministerio de Desarrollo Social está facultado para darle de baja del programa.
En caso de responder de manera positiva, las personas deberán relatar que tareas realizan y para quien lo hacen. También si son integrantes activos de una organización social y en este caso, deberán confiar si lo hacen en un movimiento oficialista u opositor. Una pregunta que no cumple ninguno de los objetivos planteados en la auditoría. Debería bastar con saber si el beneficiario cumple con sus tareas, no si pertenece a un movimiento de izquierda o de Frente de Todos.
Los funcionarios buscan conocer también otros detalles que parecen tener poca relación con saber si cumplen o no con las 60 horas mensuales de trabajo o estudios: ¿integran una organización social? y si es así ¿Cuál?; ¿Cuántas horas laborales está dispuesto a realizar si tuviese un “trabajo en blanco”.
“Los Movimientos populares vamos a acompañar las auditorías de Potenciar Trabajo, pero no vamos a tolerar su uso mediático ni la creciente estigmatización a quienes perciben un Salario Social Complementario”, le dijo Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la oficialista Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) a este medio.
Habrá que esperar para tener los resultados de la encuesta, conocer qué porcentaje del Potenciar Trabajo fue mal concedido por el Gobierno y por cuanto tiempo, o si no hay ningún tipo irregularidades.
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Sociedad
Once días atado, racismo y un dedo amputado: el brutal secuestro que reveló un nuevo perfil criminal en la Argentina
Publicado
8 horas atráson
16 octubre, 2025Por
Admin
Ariel Strajman tenía 27 años cuando fue raptado mientras entraba al garaje de su edificio en Villa Urquiza. Su caso marcó un cambio del mapa delictivo: bandas sin prontuario, de jóvenes de barrios acomodados con una crueldad metódica. A más de veinte años, su historia sigue siendo un espejo incómodo de la violencia de aquellos años. El encuentro a solas con él a la distancia
“Si a Maradona le cortaron las piernas en el Mundial de Estados Unidos, a mí me arrancaron el corazón, la mente, todo”, me confió en la única entrevista que dio Ariel Strajman, sentado en el living del departamento de su familia en Villa Urquiza, casi un par de años después de que una banda improvisada pero feroz lo secuestrara y le amputara el dedo meñique de su mano derecha para cobrar el rescate.
Estaba triste, pero firme y con mucha bronca acumulada: “Pedí pena de muerte y al cabecilla le dieron 22 años. ¿Qué diferencia, no? Estas cosas incentivan para irse del país. Después de saber el veredicto quedé arruinado. Me cortaron un dedo y me anunciaron que después venía la mano. Y que me despedazarían lentamente, mientras me llamaban ‘judío de mierda’ y se reían. Después me quemaron el pecho y los labios con encendedores y me colocaban jamón en la boca y me daban alcohol para emborracharme. Estaba atado de pies y manos, me dieron pastillas de Lexotanil para dormir. En el juicio aseguraron que no hicieron nada de eso. Y Adrián Sommaruga se solidarizó con mi familia en el debate oral. Ahí me paré y me fui a la mierda, para no armar un quilombo y terminar preso yo. Sentí que en ese fallo se me fue la vida y el futuro”.

Las frases no fueron en caliente, sino en una charla en la que intentó poner en palabras el hueco que dejó aquel rapto que lo convirtió, sin quererlo, en símbolo de una época de violencia social contenida. Su historia, como la de tantos otros secuestros exprés de comienzos de los 2000, mezcló juventud, impunidad y un nivel de planificación que asombró incluso a los investigadores más experimentados, más allá de los errores garrafales que los delincuentes cometieron.
Ocurrió el 16 de octubre de ese año. Strajman, de 27 años, empresario, hijo de joyero, llegaba a su departamento. Fue interceptado por un grupo armado que lo subió a un auto y lo trasladó hasta una casa cercana ubicada en la calle Holmberg, que luego se comprobó era de la familia Sommaruga, de donde provenían la mayoría de los componentes de la banda. A patadas y empujones le hicieron bajar una escalera resbalando en cada peldaño hasta un sótano donde lo ataron tan fuerte que apenas podía respirar.
Lo encadenaron de pies y manos. Después lo llevaron a otra vivienda en el Complejo La Josefina, en la esquina de Tulipanes y Las Glicinas en la ciudad de Pilar, lugar donde lo mantuvieron encerrado y lograron cobrar un primer rescate, algo así como mil dólares, seiscientos pesos y alhajas. Y como les salió bien intentaron pedir más dinero.

Durante los días siguientes, lo golpearon, lo humillaron y, para demostrarle a su familia que hablaban en serio, le cortaron el dedo meñique de la mano derecha. Esa imagen dentro de una bolsa la recibió su familia exigiendo un rescate de 30 mil dólares, y luego recorrió oficinas policiales, redacciones y despachos judiciales. Era el símbolo de una crueldad que ya no tenía fronteras de clase. “Esto que vas a sufrir no se compara ni con el Holocausto”, lo torturaban.
Las llamadas eran constantes, con tono burlón y precisión militar. Algunos trabajaban como patovicas en boliches de la zona norte, otros estudiaban carreras universitarias. Su presunto líder, Pablo Sommaruga, había sido custodio en locales nocturnos y mantenía contactos con el ambiente del fisicoculturismo. Los investigadores descubrieron que no se trataba de una banda común: no había delincuentes históricos, sino una mezcla de soberbia y amateurismo que, en conjunto, resultó devastadora.
El secuestro duró once días. Ariel fue liberado tras el pago de un rescate parcial y un operativo encubierto de la Policía Federal. Llegó al hospital deshidratado, con el cuerpo lleno de hematomas y la mano. “No sé cómo voy a volver a dormir”, reflexionó mirando al piso. Los médicos le explicaron que el dedo no se podía reimplantar, tampoco la vida anterior.
La investigación fue un rompecabezas. Los secuestradores habían dejado rastros en los teléfonos, en las cabinas y hasta en los billetes del rescate. Cayeron uno a uno. Cuando se conocieron sus identidades, la sorpresa fue general: jóvenes de entre 25 y 35 años, sin antecedentes, con buen aspecto y vínculos sociales. Los medios los bautizaron como “La banda de los patovicas”, aunque en el expediente figuran como una “asociación ilícita dedicada al secuestro extorsivo”.
Venían cometiendo delitos en la zona aledaña de Saavedra y Villa Urquiza. Pero la sensación de impunidad con que se movían los llevó a cometer errores, algunos garrafales, como utilizar el mismo teléfono para hacer las llamadas para pedir las sumas de los rescates, por lo que rápidamente se identificó el número de un celular, a través del cual se obtuvieron los datos del titular de la línea.

De esa forma sencilla la policía llegó a la casa de la calle Holmberg donde al principio tuvieron a Strajman. Atendió María Esther Gottig, esposa de Alberto Juan Sommaruga, propietarios de la vivienda y reconoció que el teléfono le pertenecía. Pero la embarró más aún cuando intentó aclarar y mencionó que su hijo lo utilizaba para “trabajar”. Terminó detenida junto a su marido y sus hijos, Adrián y Pablo, y el resto de los sospechosos, uno de ellos llamado Diego Sibio –hijo solo de Gottig- y otros que no pertenecían a la familia.
La policía ordenó cuidadosos allanamientos. Uno fue clave para llegar a la vivienda de Pilar y poder liberar a Ariel Strajman. En otros pudieron secuestrar dos pistolas calibre nueve milímetros, otra 11.25, un revólver Magnum 357, un 32 con numeración adulterada y una ametralladora Mini Uzi automática de fabricación israelí.
Todos fueron imputados desde el comienzo por los delitos de “secuestro extorsivo, asociación ilícita, tormentos, con el agravante de odio racial, lesiones gravísimas, uso de documento de identidad falsificado y tenencia ilegal de armas de guerra”. María Esther Gottig fue alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza y los hombres en el penal de Villa Devoto. Dos años más tarde, la última semana de setiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal Nº 1 que por entonces estaba integrado por Mario Gustavo Costa, Martín Federico y Jorge Gettas dictó sentencia: 22 años de prisión para Adrián Sommaruga; 16 para su hermano Pablo; 14 para Osvaldo Keroa; seis para María Esther Gottig; cinco para Alberto Sommaruga y Diego Sibio; y tres para Nicolás Barlaro.
Durante el juicio, el contraste entre la víctima y los acusados fue brutal. Ariel, de traje oscuro y voz temblorosa, describía las noches sin luz, los insultos, el dolor. Del otro lado, los imputados se mostraban serenos, casi altivos. En sus declaraciones, ninguno mostró arrepentimiento real.
La justicia los calificó como una organización “que actuó con extrema frialdad y desprecio por la vida humana”. El caso fue emblemático porque marcó un cambio en el mapa criminal argentino. Ya no eran bandas marginales las que secuestraban, sino grupos con educación, contactos y ambición económica. Los investigadores compararon su estructura y su método con aquellos secuestros familiares de los ochenta que habían conmocionado a la sociedad, aunque esta vez sin la solemnidad de un clan ni la mística de un apellido como el de los Puccio, por ejemplo. Era el reflejo de un tiempo en el que todo parecía posible, incluso lo impensado.
Para Ariel las noches seguían siendo un campo minado. En 2020, el apellido Sommaruga volvió a escena: Pablo, con la condena ya cumplida por el secuestro de Strajman, vivió un acto de agresión mientras gozaba de salidas transitorias de la Unidad 14 de Esquel en una causa por portación de armas. Sucedió en las inmediaciones del barrio Vepam cuando vecinos lo increparon y lo golpearon.
En ámbitos judiciales los fiscales aún recuerdan la causa como una de las más complejas de la década. No por su extensión, sino por su impacto emocional. “Ariel fue un testigo de excepción —dijo uno de ellos años después—. No solo narró su cautiverio, también nos obligó a mirar de frente una forma nueva de criminalidad”. El secuestro de Strajman se convirtió en un espejo difícil de mirar donde podía verse el sadismo más cruel.
Él mismo aceptó que no busca revancha, sino olvido. “No odio, pero no quiero ni recordarles la cara”. Y aunque los nombres de sus captores ya forman parte de un archivo judicial, el trauma persiste en él como una sombra imposible de soslayar.
Sociedad
Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados
Publicado
10 horas atráson
16 octubre, 2025Por
Admin
El grupo de jóvenes de Bell Ville difundió el video a través de la cuenta de Instagram de la promoción. Allí, uno de ellos aparece con un vestido estampado roto y el cuerpo pintado con manchas rojas
Un grupo de estudiantes del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267 de la localidad de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, protagonizó un repudiable hecho durante su viaje de egresados, cuando uno de ellos fue grabado usando un disfraz en el que simulaba ser una víctima de abuso sexual. El video, difundido inicialmente en la cuenta de Instagram de la promoción, se viralizó y provocó un fuerte rechazo social por trivializar el tema.
Según informó el medio local El Doce, la rápida difusión del video motivó pedidos de sanción y un fuerte repudio por parte de la comunidad educativa y de la sociedad en general.
En el mensaje, los alumnos reconocieron: “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”.

En sus palabras, los estudiantes afirmaron: “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido”.
El texto de este segundo comunicado profundizó en la reflexión sobre el contexto social y la responsabilidad individual, al señalar: “La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”.
Por último, solicitaron la intervención de las autoridades escolares para que se tomen medidas concretas. “Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación”, concluyeron.
Esta no es la primera vez en el año que un grupo de alumnos de una escuela que estaba en medio de su viaje de egresados en Bariloche queda envuelto en un hecho polémico. A finales de septiembre, unos estudiantes de una escuela de Canning fueron filmados mientras realizaban cánticos antisemitas.
“Hoy quemamos judíos”, era la frase que se repetía en el micro y que se puede escuchar en el video que se viralizó en las últimas horas. En las imágenes difundidas, se puede ver cómo un hombre, que sería el encargado del grupo, se sumó a los cánticos que generaron rechazo en las redes sociales.
De acuerdo con lo que se conoció hasta el momento, las imágenes datan del pasado 10 de septiembre, cuando en Bariloche estaban los alumnos de la Escuela Humanos de Canning.
En ese marco, la propia institución educativa sacó un comunicado haciendo alusión a lo ocurrido. Allí señalaron que “la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”.
“De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”, continúa el escrito.
Y cierra: “Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática. Se adoptarán las medidas correspondientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva”.
En sus redes sociales, la escuela destaca que desde 2019 lleva el título de Embajadores Mundiales de la Paz. Esta distinción fue entregada por la agrupación Mil Milenios de Paz en un acto que se realizó en el Senado de la Nación.
Sociedad
Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones tras la falla en el vuelo con destino a Córdoba
Publicado
10 horas atráson
16 octubre, 2025Por
Admin
La compañía investiga, junto al fabricante CFM y a otras aerolíneas de la región, el origen del desperfecto en uno de los motores del Boeing 737-800 que debió aterrizar en Ezeiza de emergencia
Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la suspensión preventiva de las operaciones de ocho aeronaves Boeing 737-800 equipadas con motores fabricados por CFM, tras la falla registrada en el vuelo AR1526 que partió ayer desde Aeroparque con destino a Córdoba. “El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, informaron.
Como informó este medio, el vuelo AR1526 presentó una falla técnica en uno de sus motores poco después de iniciar el despegue. La tripulación siguió los procedimientos de seguridad y dirigió la aeronave al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes. “Los pasajeros desembarcaron con total normalidad”, señaló la línea aérea.

La compañía informó que el mantenimiento de todos sus motores “tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por los fabricantes”. Sin embargo, reconoció que “este es el cuarto suceso registrado en el último año con un mismo tipo de motor”.
También pidió la evaluación de otras aerolíneas de la región que operan con la misma motorización y “tuvieron sucesos similares”. Además, notificó a las autoridades regulatorias locales, con las que trabaja “para fijar un criterio de resolución”.
“Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de criterios de altísima exigencia”, subrayó la empresa. “El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, aclaró el texto oficial.
El incidente del miércoles afectó a más de 160 pasajeros del vuelo AR1526 de Aerolíneas Argentinas, que habían despegado ayer por la mañana del Aeroparque Jorge Newbery, en CABA, con destino a la ciudad de Córdoba. Allí, un motor del avión sufrió una falla y debió modificar su ruta inicial hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes.

Como consecuencia del hecho, la terminal aérea metropolitana permaneció cerrada durante algunas horas, hasta que, pasadas las 11.30, reabrió sus puertas y reanudó sus actividades habituales. No obstante, algunos vuelos programados para esta jornada registraron demoras y reprogramaciones menores.
Fuentes de la aerolínea señalaron que “el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido”. Tras la inspección de pista, el fabricante fue informado sobre la incidencia con el objetivo de determinar el origen de la falla.
El Boeing 737-800 fue liberado luego de que los operarios completaron las tareas de revisión y limpieza en la pista. La empresa precisó que la medida preventiva no implica la cancelación de rutas, pero sí “una reorganización temporal de la programación de vuelos mientras duren las verificaciones técnicas”.
Aerolíneas indicó que continúa en contacto con el equipo técnico del fabricante CFM y con las autoridades aeronáuticas locales e internacionales “para definir los pasos a seguir antes de reincorporar las aeronaves al servicio”.


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