Se lo hizo saber a Sergio Massa, pero surgió una variante para compensar la inflación a través de un bono de emergencia. Será analizado la semana próxima con la central obrera y la UIA. Otra medida: universalizar las asignaciones familiares
Hay alivio en la Confederación General del Trabajo (CGT): para recomponer los salarios más bajos, Sergio Massa no impulsaría un aumento de suma fija sino un bono “antiinflacionario” de emergencia. La primera alternativa, promovida por Cristina Kirchner, era rechazada por la mayoría de los sindicalistas que representan al sector privado porque “achata las categorías salariales”. Por eso insistían en que la mejor herramienta para mejorar los ingresos son las paritarias.
“Nosotros representamos a los trabajadores formales y el tema salarial se resuelve en las paritarias negociando con el empleador”, advirtió a Infobae Sergio Romero (UDA), secretario de Políticas Educativas de la CGT. Es la misma postura que mantienen sus pares.
La cúpula de la central obrera le hizo saber a Massa que no compartía la variante del aumento de suma fija a través de Carlos Acuña (estaciones de servicio),uno de sus cotitulares y miembro activo del Frente Renovador. Por la misma vía, Massa le comunicó a los gremialistas que se inclinaba por un bono, que se aplicaría como una gratificación por única vez, pero que, de todas formas, sería discutido con la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA).
“Veremos cuál es el esquema de la convocatoria del sector empresario y gremial para recomponer los salarios más bajos -dijo a Infobae un líder cegetista-. En la conferencia de prensa no se refirió al tema paritarias, pero ya nos enteraremos cuál es su criterio en las conversaciones que se van a dar”.
El dirigente de la CGT Gerardo Martínez llega a la Casa Rosada para la asunción de Sergio Massa (Foto Gustavo Gavotti)
En su primera conferencia de prensa, Massa anticipó: “Vamos a convocar el jueves de la semana que viene a entidades empresarias y de trabajadores a los efectos de asegurar un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado, que incluye la mejora de las asignaciones familiares. Los salarios entre 50.000 y 150.000 pesos son los que se ven más perjudicados. Allí vamos a enfocar el estudio de la modificación de las asignaciones familiares”.
Esa es otra de las medidas que despierta una gran expectativa en el mundo sindical: universalizar las asignaciones familiares. Es algo sobre lo que estaba conversando la CGT con el Gobierno y que propuso públicamente Pablo Moyano (Camioneros), otro de los cotitulares cegetistas. “Hay alrededor de 6 millones de trabajadores registrados, pero solamente 2 millones cobran asignaciones familiares. Por eso, vamos a pedir que ese pago se universalice”, dijo el dirigente de Camioneros en mayo. Y agregó: “Ayudaría a aumentar parte del salario del empleado y ese dinero va a ser volcado al mercado interno. Sería importante que, a través de un decreto o una ley en el Congreso, se termine con esta discriminación y todos los trabajadores registrados cobren la asignación familiar por hijo”.
La CGT recibió de manera positiva los primeros anuncios de Massa. “Crea un nuevo clima de esperanza, aunque habrá que ver la instrumentación de las medidas”, opinó un dirigente de un importante sindicato industrial. Uno de sus colegas elogió al flamante ministro de Economía: “No es un mago, pero sabe gestionar con mirada integral. Ojalá tome las decisiones correctas”.
Sergio Massa, durante el primer anuncio de las medidas económicas (Foto Franco Fafasuli)
Además de la reunión oficial con la UIA y la CGT, Massa quiere reunirse previamente a solas con unos y otros. La idea es llegar al encuentro tripartito de la semana que viene con una propuesta consensuada entre todos sobre el bono de emergencia y las asignaciones familiares.
Para entonces, de todas formas, no habría modificaciones en la primera protesta de la CGT durante el gobierno de Alberto Fernández: la mesa chica cegetista ratificó este miércoles la movilización del 17 de agosto entre la Plaza de la República y la Plaza de los Dos Congresos. Estaba en duda porque algunos dirigentes creen que no pueden recibir al nuevo ministro de Economía saliendo a quejarse por la inflación y la falta de respuestas de “la política” para salir de la crisis actual.
Sin embargo, a partir de la insistencia de Héctor Daer (Sanidad), el otro cotitular, de la CGT y Andrés Rodríguez (UPCN),su secretario adjunto, la dirigencia cegetista que deliberó en la sede de UPCN decidió confirmar la marcha. El tema sobrevoló el encuentro que tuvieron anteayer con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y Acuña, el más massista de la CGT, tuvo una definición contundente: “El mensaje de la movilización del 17 de agosto es contra los sectores económicos que frenan el desarrollo del país”.
De decir, no solamente se realizará sino que su eje será el mismo que plantearon Pablo Moyano y el sindicalismo K agrupado en la Corriente Federal de Trabajadores, con Sergio Palazzo (bancarios) a la cabeza: la CGT, había anticipado el dirigente de Camioneros, se movilizará el 17 de agosto “contra los especuladores: acá el responsable es AEA, que es la asociación de empresarios argentinos; esa banda de forajidos son los que están quitándole un plato de comida a los trabajadores”.
Palazzo incluso planteó en la reunión del Consejo Directivo de la CGT de hace 10 días que debían marchar ante las entidades empresariales pararesponsabilizarlaspor el aumento de los precios y la inflación. Su postura, apoyada por Pablo Moyano, fue frenada por la alianza que controla la central obrera (“Gordos”, independientes y barrionuevistas), que impuso finalmente el recorrido de la marcha sin pasar por la Casa Rosada ni por el Congreso y su desarrollo: no tendrá acto ni oradores.
El fin de semana se votará en la provincia y La Libertad Avanza tendrá boleta propia con un el tenista Diego Hartfield a la cabeza, pero además tendrá representación en otros espacios. Los “radicales con peluca” también presentarán su lista.
Este domingo 8 de junio, en Misiones más de un millón de personasestarán habilitadas para votar en los comicios provinciales. En la jornada electoral se definirá el recambio de 20 de las 40 bancas que tiene la Legislatura unicameral de la provincia de la tierra colorada.
De cara a la contienda, los partidos y frentes realizaron sus cierres de campaña el jueves por la tarde y por la noche. El denominador común fue que todos dejaron atrás los tradicionales actos en los que la gente se agolpaba para escuchar a los candidatos.
La Libertad Avanza (LLA) tendrá un armado propio en el cuarto oscuro. Se trata de una lista 100% violeta que encabeza el tenista Diego Hartfield y que también integra el presidente del partido en Misiones, Diego Núñez. Durante las últimas semanas recibieron el espaldarazo de figuras nacionales como Karina Milei, Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que viajó dos veces a la provincia.
La fuerza del presidente Javier Milei cerró su campaña con una actividad denominada “La Vigilia de los Leones”. Comenzó a las 18 en un hotel céntrico donde se encendió el “fogón de las convicciones”. A su alrededor se convocaron militantes y la dirigencia local. Durante el encuentro, el influencer Iñaki Gutiérrez entrevistó de manera distendida a Hartfield y al diputado nacional Bertie Benegas Lynch.
Una urna con la identificación del Tribunal Electoral de Misiones
El partido violeta mantiene buenas perspectivas. En la actualidad, no tiene presencia en la Legislatura misionera. De allí que cualquier resultado que altere esa circunstancia podrá ser tomado como un éxito.
El oficialista Frente Renovador de la Concordia (FRC), por su parte, llevará una boleta “blend” como la han denominado. Allí se mezclan dirigentes y referentes renovadores que responden al hombre fuerte, Carlos Rovira, y referentes vinculados, de una u otra manera, al espacio libertario.
El FRC concluyó su campaña con un streaming transmitido desde la estatua de Andresito en la Costanera posadeña y contactos con sus referentes en toda la provincia. Allí se hizo un resúmen de lo vivido en estos últimos meses. El oficialismo provincial es el que más arriesga en estas elecciones: 11 de sus 25 bancas actuales saldrán a votación.
Por otro lado, los “radicales con peluca” cerraron con una actividad en la costanera de Posadas. Se reunieron en un lugar para compartir empanadas durante la tarde noche. Su boleta será la del Partido Libertario. Es el refugio que encontró el diputado nacional Martín Arjol para competir, luego de que la UCR lo dejara fuera por su acompañamiento a las políticas de Milei en el Congreso. En el armado confluyen también ex referentes del PRO, como Alfredo Schiavoni.
El dato de color del comicio será que un ex policía preso encabezará una lista. Se trata de Ramón Amarilla, cabecilla del levantamiento de la fuerza en mayo de 2024. Está con prisión preventiva desde mediados del año pasado, cuando intentó fogonear otra revuelta. Su lista se denomina “Por la vida y los valores” y está integrada también por figuras filolibertarias.
En el cuarto oscuro del domingo habrá una boleta que representará al armado oficial del radicalismo y el macrismo. En confluencia con la Coalición Cívica presentarán la propuesta “Unidos por el Futuro”.
El peronismo, por su parte, no presentará lista. Estáintervenidopor decisión de la presidente del PJ Nacional, Cristina Kirchner. El desafío electoral será acompañar al frente “Confluencia Popular por la Patria”.
Otros espacios que se sumarán a la puja por ingresar a la Legislatura son el Movimiento Positivo; Agrario y Social; Tierra, Techo y Trabajo; Partido del Obrero y el Partido Demócrata.
El Presidente se refirió a la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados e insistió que dejará que avance la ley
Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para ratificar la postura que tendrá la Casa Rosada si la ley avanza en el Senado.
A través de su cuenta de X, publicó: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”.
El mensaje fue breve, pero contundente, y reflejó la línea que el oficialismo viene sosteniendo desde hace semanas frente al avance de iniciativas legislativas con impacto fiscal.
La reacción de Javier Milei tras la votación en Diputados
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado la decisión del Gobierno durante un encuentro con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “No hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, afirmó ante los presentes, y recordó que la administración nacional ha eliminado programas, despedido personal y desmantelado fondos fiduciarios con el objetivo de reducir el gasto público.
El debate en el Congreso se desarrolló en un clima tenso. El oficialismo intentó sin éxito evitar el quórum. La oposición —con bloques como Unión por la Patria, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y otros espacios— logró reunir los votos necesarios para avanzar con un temario que incluyó no solo el aumento en las jubilaciones, sino también proyectos vinculados a la emergencia en discapacidad. El Ejecutivo calculó que las iniciativas implicarían un costo de más de 12.000 millones de dólares, es decir, cerca del 1,8% del PBI.
Desde la presidencia de la Cámara baja, Martín Menem también apuntó contra los legisladores que apoyaron la propuesta. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, escribió en su perfil de X, reforzando la narrativa oficial.
La jornada en el recinto coincidió con otro frente de conflicto: los reclamos salariales del personal del Hospital Garrahan. Aunque el Gobierno anunció un bono para los residentes, estos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y por no haber recibido una comunicación formal desde el Ministerio de Salud. Mientras tanto, la tensión también se trasladó a los pasillos del hospital pediátrico, donde el resto del personal —que representa más del 90% de la planta— también exige mejoras en sus condiciones laborales.
El gobierno nacional ya adelantó que vetará los proyectos si son ratificados por el Senado. También se ratificó por ley la fórmula de movilidad previsional y se estipuló el pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales
Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales) y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.
El aumento de los haberes y el bono fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Se manifestaron a favor Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. Fue rechazado por LLA, el PRO y bloques provinciales. La UCR se abstuvo.
El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.
Por otro lado, la restitución de la moratoria fue aprobada por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. En este caso, resultó clave la decisión de abstenerse mayoritariamente de los bloque Encuentro Federal y Democracia para Siempre, lo que dificultó al oficialismo sumar voluntades para rechazar el proyecto.
Los diferentes proyectos previsionales pusieron en pie de guerra al gobierno nacional que adelantó públicamente que el presidente Javier Milei vetará -en caso de ser ratificadas por el Senado- cualquier iniciativa que afecte el superávit fiscal.
El tablero de la votación
En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.
El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.
Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.
El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, tambiénestableces que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.
Moratoria previsional y régimen proporcional
La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogarla. “Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse”, explicó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria, y también insistió en que es “injusto” que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.
En la previa de la sesión se especulaba con que esta iniciativa sería rechazada ya que la mayoría de los bloques dialoguistas preferían aprobar algún tipo de sistema de prestación proporcional que tenga en cuenta los años efectivamente aportados.
El radicalismo, la Coalición Cívica, los cordobeses de Encuentro Federal que responden al gobernador Martín Llaryora y hasta un sector minoritario del PRO presentaron proyectos propios de Prestación Proporcional.
Diputados de Unión por la Patria festejan la restitución de la moratoria
“No queremos ir a una situación que termine una vez más en un veto y que entonces los jubilados no tengan ninguna solución y queden en la misma situación que la actual, como ya pasó con el veto anterior. Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días a que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación. Es algo más que razonable y queda en el Ejecutivo la gradualidad de cómo podrían ejecutarlo”, había explicado el radical Lisandro Nieri.
Sin embargo, la decisión de abstenerse de Encuentro Federal y Democracia para Siempre terminó jugando en contra el Gobierno, que se quedó sin margen para sumar voluntades en contra.
Ahora se espera que el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.