El grupo que representa a los pueblos indígenas busca apoyarse en una disposición jurídica de la Organización Internacional del Trabajo. Fuertes críticas de la oposición
El gasoducto Presidente Néstor Kirchner es considerado como la obra de infraestructura más importante de las últimas cuatro décadas. Permitirá el transporte del gas no convencional de Vaca Muerta con los principales centros de consumo y su relevancia se agiganta en medio de la crisis energética mundial y la falta de divisas que sufre Argentina. Sin embargo, su construcción está condicionada -y las inversiones amenazadas- por grupos autoproclamados mapuches que buscan apoyarse en una disposición jurídica de la Organización Internacional del Trabajo para poder exigir dinero o “beneficios” de la explotación en la zona alegando una supuesta reivindicación territorial.
El Convenio 169 de la OIT establece que los pueblos indígenas deben ser consultados sobre obras y procedimientos a ejecutar en “su territorio”. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dio el primer paso con la presentación del “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CLPI)” que le da a los referentes de las comunidades mapuches intervención y capacidad de veto en el proyecto energético más importante del país en los últimos tiempos.
El gobierno neuquino se amparó en dicho convenio de la OIT para presentar el protocolo mediante el cual la Provincia estará obligada a cumplir una serie de pasos administrativos en el futuro. Son justamente esos procesos, que demandarán al menos 60 días, los que condicionarían el avance de las obras si los referentes de las comunidades plantean reclamos.
En la última visita del Presidente de la Nación Alberto Fernández aVaca Muerta, referentes de agrupaciones mapuches de Neuquén le advirtieron que sin la participación de los pueblos originarios, no sería posible avanzar con la ejecución de la obra del gasoducto Néstor Kirchner que el primer mandatario iba a presentar. El día anterior las mismas agrupaciones bloquearon el acceso a la gerencia que la estatal YPF tiene en la meseta de Añelo: “Queremos y exigimos que nos consulten porque (la obra) atravesará tierras pertenecientes a pueblos originarios”, argumentaron.
La amenaza mapuche prosperó y llevó a Gutiérrez a reunir en la misma mesa a empresarios, funcionarios políticos y mapuches. La decisión cosechó críticas del arco político opositor y la Confederación Mapuche de Neuquén no tardó en responder. “¿De qué se sorprenden?, si no están haciendo más que cumplir lo que dice una norma actual”, desafiaron.
Omar Gutiérrez saluda a Jorge Nahuel, el hombre fuerte y jefe de la autodenominada Confederación Mapuche de Neuquén
La primera reunión entusiasmó a los indígenas. “Es un montón”, celebró Gabriel Cherqui, principal referente de la Confederación, en diálogo con Infobae. “El Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CLPI) se tiene que hacer, esté (Alberto) Fernández, (Mauricio) Macri o Cristina (Kirchner). ¿Quieren obra? Déjennos participar”, sentenció.
En efecto, les permite a los líderes de esas comunidades exigir dinero, beneficios u otras acciones en caso de que, por ejemplo, la obra atraviese un terreno que ellos consideren propio por tenencia ancestral. Sin embargo, de acuerdo a los especialistas que trazaron la obra no se detectó ningún derecho de propiedad vulnerado.
En un comunicado oficial se aclaró que “deberá instarse a este procedimiento antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en tierras de comunidades indígenas”. “Siempre que se considere que su capacidad de enajenar sus tierras o transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad; en programas y servicios de educación destinados a las comunidades indígenas; sobre la organización y el funcionamiento de los programas especiales de formación profesional de aplicación general y para la adopción de medidas que permitan alcanzar el objetivo de enseñar a los niños de las comunidades indígenas a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan”, se agregó.
El vocero de la Confederación Mapuche conoce la actividad petrolera ya que se desempeña en ella desde hace más de 30 años. Su trabajo está en el ojo del arco político provincial. “Plantea una supuesta reivindicación territorial, pero en realidad busca hacer negocios, quiere financiar las comunidades mapuches con plata del gasoducto”, señalan desde Juntos por el Cambio.
Desde ese mismo sector repiten la frase de cabecera de Cherqui: “Los hidrocarburos de Loma de la Lata son la sangre de la Madre Tierra”.
El hombre –que cobró un enorme protagonismo al enfrentar al jefe de Estado y negociar con el gobierno neuquino la intromisión mapuche– esquiva las consultas sobre supuestos beneficios económicos para las comunidades: “Nos interesa el cuidado del medioambiente, que se respeten nuestros derechos ancestrales y no que nos pasen por encima, como si no existiéramos”. Aunque admite también: “Todos debemos disfrutar de los beneficios de Vaca Muerta”.
El yacimiento de Vaca Muerta es el 2º en el mundo de gas no convencional y el 4º de petróleo no convencional y más de 30 empresas locales e internacionales se encuentran invirtiendo en el mismo.
Un informe del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” (IAE) sobre Tendencias Energética indica que la producción anual de petróleo crece únicamente en la cuenca Neuquina, mientras que en el resto de las cuencas disminuye. De acuerdo a la Secretaría de Energía, en mayo la producción de petróleo y gas no convencional llegó a números nunca antes registrados en lo que se lleva de la explotación de este tipo de hidrocarburos.
Según el organismo, la producción no convencional diaria de petróleo y gas promediaron por día los 241 mil barriles diarios y unos 76 millones de metros cúbicos por día, respectivamente. Así, la producción de petróleo no convencional representó un 41% del total del país y su crecimiento interanual fue del 57%, mientras que el gas significó un 57% de la producción entera y, en relación a mayo del año pasado, aumentó un 39%.
El polémico protocolo que deja, en los hechos, en manos de los mapuches las obras del gasoducto Néstor Kirchner y el desarrollo de Vaca Muerta
El diputado Francisco Sánchez (JXC) criticó el protocolo de consulta que habilitó el gobernador Omar Gutiérrez y fustigó además los alcances del convenio 169. “Es un convenio vago en cuanto a las definiciones que contempla. ¿Qué aspectos vamos a contemplar o qué cuestiones pueden ser las que impliquen algo para las comunidades? Esto es algo absolutamente relativo”.
Además, señaló que dicho convenio, aprobado por la ley 24071 en el año 2001, no tiene rango constitucional: “La Constitución en su artículo 16 sí establece que todos somos iguales ante la ley y que no hay prerrogativas de sangre. Sin embargo, ahí se está generando una prerrogativa en beneficio de personas que dicen tener una determinada condición”.
Gutiérrez, por su parte, busca consensos para avanzar en la confección de un protocolo amplio y participativo para desarticular las trabas que puedan afectar la ejecución del gasoducto. Hace frente a las críticas e intenta viralizar su mensaje de “inclusión” a los pueblos originarios que ocupan tierras por donde pasará la traza de la nueva obra.
El fin de semana se votará en la provincia y La Libertad Avanza tendrá boleta propia con un el tenista Diego Hartfield a la cabeza, pero además tendrá representación en otros espacios. Los “radicales con peluca” también presentarán su lista.
Este domingo 8 de junio, en Misiones más de un millón de personasestarán habilitadas para votar en los comicios provinciales. En la jornada electoral se definirá el recambio de 20 de las 40 bancas que tiene la Legislatura unicameral de la provincia de la tierra colorada.
De cara a la contienda, los partidos y frentes realizaron sus cierres de campaña el jueves por la tarde y por la noche. El denominador común fue que todos dejaron atrás los tradicionales actos en los que la gente se agolpaba para escuchar a los candidatos.
La Libertad Avanza (LLA) tendrá un armado propio en el cuarto oscuro. Se trata de una lista 100% violeta que encabeza el tenista Diego Hartfield y que también integra el presidente del partido en Misiones, Diego Núñez. Durante las últimas semanas recibieron el espaldarazo de figuras nacionales como Karina Milei, Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que viajó dos veces a la provincia.
La fuerza del presidente Javier Milei cerró su campaña con una actividad denominada “La Vigilia de los Leones”. Comenzó a las 18 en un hotel céntrico donde se encendió el “fogón de las convicciones”. A su alrededor se convocaron militantes y la dirigencia local. Durante el encuentro, el influencer Iñaki Gutiérrez entrevistó de manera distendida a Hartfield y al diputado nacional Bertie Benegas Lynch.
Una urna con la identificación del Tribunal Electoral de Misiones
El partido violeta mantiene buenas perspectivas. En la actualidad, no tiene presencia en la Legislatura misionera. De allí que cualquier resultado que altere esa circunstancia podrá ser tomado como un éxito.
El oficialista Frente Renovador de la Concordia (FRC), por su parte, llevará una boleta “blend” como la han denominado. Allí se mezclan dirigentes y referentes renovadores que responden al hombre fuerte, Carlos Rovira, y referentes vinculados, de una u otra manera, al espacio libertario.
El FRC concluyó su campaña con un streaming transmitido desde la estatua de Andresito en la Costanera posadeña y contactos con sus referentes en toda la provincia. Allí se hizo un resúmen de lo vivido en estos últimos meses. El oficialismo provincial es el que más arriesga en estas elecciones: 11 de sus 25 bancas actuales saldrán a votación.
Por otro lado, los “radicales con peluca” cerraron con una actividad en la costanera de Posadas. Se reunieron en un lugar para compartir empanadas durante la tarde noche. Su boleta será la del Partido Libertario. Es el refugio que encontró el diputado nacional Martín Arjol para competir, luego de que la UCR lo dejara fuera por su acompañamiento a las políticas de Milei en el Congreso. En el armado confluyen también ex referentes del PRO, como Alfredo Schiavoni.
El dato de color del comicio será que un ex policía preso encabezará una lista. Se trata de Ramón Amarilla, cabecilla del levantamiento de la fuerza en mayo de 2024. Está con prisión preventiva desde mediados del año pasado, cuando intentó fogonear otra revuelta. Su lista se denomina “Por la vida y los valores” y está integrada también por figuras filolibertarias.
En el cuarto oscuro del domingo habrá una boleta que representará al armado oficial del radicalismo y el macrismo. En confluencia con la Coalición Cívica presentarán la propuesta “Unidos por el Futuro”.
El peronismo, por su parte, no presentará lista. Estáintervenidopor decisión de la presidente del PJ Nacional, Cristina Kirchner. El desafío electoral será acompañar al frente “Confluencia Popular por la Patria”.
Otros espacios que se sumarán a la puja por ingresar a la Legislatura son el Movimiento Positivo; Agrario y Social; Tierra, Techo y Trabajo; Partido del Obrero y el Partido Demócrata.
El Presidente se refirió a la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados e insistió que dejará que avance la ley
Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para ratificar la postura que tendrá la Casa Rosada si la ley avanza en el Senado.
A través de su cuenta de X, publicó: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”.
El mensaje fue breve, pero contundente, y reflejó la línea que el oficialismo viene sosteniendo desde hace semanas frente al avance de iniciativas legislativas con impacto fiscal.
La reacción de Javier Milei tras la votación en Diputados
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado la decisión del Gobierno durante un encuentro con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “No hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, afirmó ante los presentes, y recordó que la administración nacional ha eliminado programas, despedido personal y desmantelado fondos fiduciarios con el objetivo de reducir el gasto público.
El debate en el Congreso se desarrolló en un clima tenso. El oficialismo intentó sin éxito evitar el quórum. La oposición —con bloques como Unión por la Patria, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y otros espacios— logró reunir los votos necesarios para avanzar con un temario que incluyó no solo el aumento en las jubilaciones, sino también proyectos vinculados a la emergencia en discapacidad. El Ejecutivo calculó que las iniciativas implicarían un costo de más de 12.000 millones de dólares, es decir, cerca del 1,8% del PBI.
Desde la presidencia de la Cámara baja, Martín Menem también apuntó contra los legisladores que apoyaron la propuesta. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, escribió en su perfil de X, reforzando la narrativa oficial.
La jornada en el recinto coincidió con otro frente de conflicto: los reclamos salariales del personal del Hospital Garrahan. Aunque el Gobierno anunció un bono para los residentes, estos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y por no haber recibido una comunicación formal desde el Ministerio de Salud. Mientras tanto, la tensión también se trasladó a los pasillos del hospital pediátrico, donde el resto del personal —que representa más del 90% de la planta— también exige mejoras en sus condiciones laborales.
El gobierno nacional ya adelantó que vetará los proyectos si son ratificados por el Senado. También se ratificó por ley la fórmula de movilidad previsional y se estipuló el pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales
Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales) y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.
El aumento de los haberes y el bono fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Se manifestaron a favor Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. Fue rechazado por LLA, el PRO y bloques provinciales. La UCR se abstuvo.
El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.
Por otro lado, la restitución de la moratoria fue aprobada por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. En este caso, resultó clave la decisión de abstenerse mayoritariamente de los bloque Encuentro Federal y Democracia para Siempre, lo que dificultó al oficialismo sumar voluntades para rechazar el proyecto.
Los diferentes proyectos previsionales pusieron en pie de guerra al gobierno nacional que adelantó públicamente que el presidente Javier Milei vetará -en caso de ser ratificadas por el Senado- cualquier iniciativa que afecte el superávit fiscal.
El tablero de la votación
En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.
El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.
Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.
El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, tambiénestableces que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.
Moratoria previsional y régimen proporcional
La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogarla. “Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse”, explicó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria, y también insistió en que es “injusto” que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.
En la previa de la sesión se especulaba con que esta iniciativa sería rechazada ya que la mayoría de los bloques dialoguistas preferían aprobar algún tipo de sistema de prestación proporcional que tenga en cuenta los años efectivamente aportados.
El radicalismo, la Coalición Cívica, los cordobeses de Encuentro Federal que responden al gobernador Martín Llaryora y hasta un sector minoritario del PRO presentaron proyectos propios de Prestación Proporcional.
Diputados de Unión por la Patria festejan la restitución de la moratoria
“No queremos ir a una situación que termine una vez más en un veto y que entonces los jubilados no tengan ninguna solución y queden en la misma situación que la actual, como ya pasó con el veto anterior. Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días a que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación. Es algo más que razonable y queda en el Ejecutivo la gradualidad de cómo podrían ejecutarlo”, había explicado el radical Lisandro Nieri.
Sin embargo, la decisión de abstenerse de Encuentro Federal y Democracia para Siempre terminó jugando en contra el Gobierno, que se quedó sin margen para sumar voluntades en contra.
Ahora se espera que el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.