El gobernador Gutiérrez les ofreció intervenir sobre el proyecto energético más importante del país. Podrán exigir dinero o beneficios si creen que sus derechos ancestrales son afectados, aunque no sean dueños legales de la tierra. Qué dice el “protocolo de consulta previa” y quiénes son los beneficiados. Duro rechazo desde el peronismo y el radicalismo

Mientras avanza a paso redoblado el inicio de las obras del Gasoducto Néstor Kirchner, el gobierno de Neuquén, a cargo de Omar Gutiérrez, les propuso a caciques y líderes de grupos autoproclamados mapuches un polémico acuerdo que podría amenazar el desarrollo y las inversiones en el gigantesco yacimiento de Vaca Muerta. Es que el “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada” (CLPI) que presentó el mandatario patagónico en la capital de esa provincia le da a los referentes de esas comunidades intervención y capacidad de veto en ese proyecto, el más importante y estratégico tanto para el sector petrolero como para la estabilidad macroeconómica de la Argentina.

En concreto, el protocolo presentado en la capital neuquina les permite a los líderes de esas comunidades exigir dinero, beneficios u otras acciones en caso de que, por ejemplo, la obra atraviese un terreno que ellos consideren propio por tenencia ancestral. Es que, los especialistas y técnicos que trazaron la obra no detectaron ningún derecho de propiedad afectado: ni la provincia ni la nación reconoce como dueño de esas tierras a comunidad aborigen alguna.

Omar Gutiérrez saluda a Jorge Nahuel, el hombre fuerte y jefe de la autodenominada Confederación Mapuche de Neuquén

El acuerdo en cuestión generó un fuerte rechazo desde la oposición política. El titular de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, aseguró en diálogo con Infobae que Gutiérrez “puso al Estado Argentino de rodillas ante estos grupos extorsivos”, mientras que el diputado nacional por el radicalismo neuquino, Pablo Cervi, advirtió sobre el riesgo de que el protocolo comprometa no sólo la construcción del gasoducto sino el desarrollo mismo de Vaca Muerta.

El protocolo tiene varios actores involucrados. Además del gobernador Gutiérrez, está el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, que diseñó la polémica propuesta, los líderes mapuches Gabriel Cherqui y Jorge Nahuel, que enfrentaron causas por violentas tomas de tierras y que fueron, alternativamente, la voz y el cerebro de los que lograron arrancarle a la provincia ese acuerdo. Pero también cumplen un rol el jefe del sindicato de petroleros privados, Marcelo Rucci, y el ex funcionario Guillermo Coco.

Cherqui, vocero de la zonal Xawvnko, reconoció que “no se está discutiendo si somos o no somos mapuches”. Aunque ninguna oficina o instancia estatal los reconoce como dueños de esas tierras, afirmó en declaraciones a un medio local: “No estamos en contra de que las empresas trabajen dentro de nuestro territorio”, sino que reclaman que “todos podamos disfrutar de los beneficios de Vaca Muerta”.

Este referente es el mismo que en abril pasado le planteó al propio presidente Alberto Fernández -que había viajado a Vaca Muerta- un mensaje amenazante: “Sin consulta no va a haber gasoducto Néstor Kirchner ni exploración”. Se lo transmitió en el aeropuerto neuquino junto a otras dos activistas mapuches, ante la mirada Omar Gutiérrez.

Más allá de esos antecedentes, el protocolo que presentó el mandatario establece una serie de pasos administrativos que Neuquén estará en el futuro obligado a cumplir. Le permite a las comunidades o los referentes de los mapuches plantear reclamos que podrían complicar la marcha de las obras, al generar procesos que demandarán al menos 60 días.

Esos trámites -que se presentaron durante el acto que encabezó el gobernador, sus principales funcionarios, líderes locales y representantes del Ministerio Público Fiscal- incluyen convocatorias, reuniones, informes, audiencias y actuaciones. El gobierno de Gutiérrez justificó la medida con “el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia del Neuquén, normativas que establecen la consulta a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

En un comunicado oficial se aclaró que “deberá instarse a este procedimiento antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en tierras de comunidades indígenas”.

“Siempre que se considere que su capacidad de enajenar sus tierras o transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad; en programas y servicios de educación destinados a las comunidades indígenas; sobre la organización y el funcionamiento de los programas especiales de formación profesional de aplicación general y para la adopción de medidas que permitan alcanzar el objetivo de enseñar a los niños de las comunidades indígenas a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan”, agregó el comunicado.

El polémico protocolo que deja, en los hechos, en manos de los mapuches las obras del gasoducto Néstor Kirchner y el desarrollo de Vaca Muerta

La Confederación Mapuche de Neuquén recibió con júbilo la propuesta: “Regresamos a nuestros territorios llevando esta buena nueva que fortalece nuestro trabajo organizativo y que nos permite proyectar un Kvme Felen/Buen Vivir en nuestros territorios ancestrales”.

“Ponemos todo nuestro ánimo, capacidades y voluntad política para que el acuerdo del Protocolo definitivo pronto suceda y demostremos que emprendimientos de fuerte impacto como Vaca Muerta encuentre en el Derecho a la Consulta un instrumento de acuerdos basados en el respeto a los derechos del Pueblo Mapuche. Ya no va más un Vaca Muerta a costa de nuestros derechos. Así lo expresaron las comunidades y así lo haremos respetar. Así también lo entiende el Gobernador Gutiérrez quien fue enfático en la necesidad de alcanzar acuerdos y no realizar por la fuerza ninguna acción, entendiendo que la seguridad jurídica debe estar basado en el respeto al Pueblo Nación Mapuche”, declararon.

El gobierno de Neuquén le presentó el polémico acuerdo ante los caciques mapuches y caudillos locales

“Fueron dos décadas de espera, decenas de “mesas de trabajo” que pusieron al límite la paciencia y tolerancia del pueblo mapuche. Soportar persecución jurídica y criminalización de nuestras autoridades mapuche. Sin contar la campaña feroz de demonización de los medios perversos de derecha que nos muestran prácticamente de terroristas”, prosiguieron.

Y concluyeron: “La verdad histórica se impone y ahora solo con el acuerdo y el respeto de los derechos constitucionales y normativos mapuche se podrá ingresar a nuestros territorios. Como debió ser siempre. Saludamos la voluntad política expresada por el gobernador Gutiérrez y deseamos que el equipo designado para implementarlo que es la Secretaria de Desarrollo Territorial se ponga a la altura y seriedad de esa responsabilidad que le ha delegado el Gobernador”.

A su turno y por Twitter, Omar Gutiérrez explicó: “Con la premisa de construir consensos, nos reunimos por la instancia de consulta previa, libre e informada sobre aquellas obras o proyectos que pudieran desarrollarse en territorios ocupados por pueblos originarios”.

Y agregó: “Mantuvimos un excelente encuentro con representantes de comunidades mapuche, intendentes y referentes del sector petrolero para aunar criterios y establecer un protocolo que respete el derecho de las comunidades preexistentes y potencie el desarrollo provincial y de Vaca Muerta”.

Durante la presentación que hizo el gobierno neuquino se explicó que el procedimiento del CLPI deberá respetar los principios de “buena fe”, que sea “culturalmente adecuado, con reconocimiento y respeto de los modos tradicionales de organización, discusión y de toma de decisiones de las comunidades indígenas” y, por último, de “transparencia, a fin de que tengan acceso las comunidades indígenas toda la información relacionada de forma completa, adecuada y oportuna”.

La marcha del Gasoducto Néstor Kirchner

En naranja, el tramo Tratayén-Salliqueló del Gasoducto Néstor Kirchner que va a estar afectado por las presiones mapuches.

Mientras en Neuquén se presentaba ese polémico acuerdo, la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) concretó la apertura del sobre número 2 del renglón 2 para la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, considerada como la obra de infraestructura más importante de los últimos 40 años, que permitirá el transporte del gas no convencional de Vaca Muerta con los principales centros de consumo.

Según se informó oficialmente, el renglón 2 corresponde a la construcción de 220 kilómetros de cañería que se extenderán entre el kilómetro 220 de la traza en La Pampa hasta el kilómetro 440 en la misma provincia. Tras la apertura de ofertas realizada el pasado jueves 21 de julio y luego de posterior evaluación, fueron adjudicados el renglón 1 de la obra a la UTE Techint-Sacde y el renglón 5 a la firma Esuco.

El renglón 1 corresponde a la construcción de 220 kilómetros de cañería que se extienden entre la conexión al sistema de TGS -en la Planta de Acondicionamiento Tratayén- hasta el kilómetro 220 de la traza del gasoducto, en la provincia de La Pampa.

En tanto, el renglón 5 tiene que ver con la obra de la Planta Compresora Mars 100 en lacabecera del Gasoducto Mercedes-Cardales, en la provincia de Buenos Aires. El acto realizado este lunes estuvo encabezado por el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez y el subgerente general de la firma estatal, Gastón Leydet.

De acuerdo con la información oficial, la obra permitirá ampliar un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural argentino y será fundamental para el desarrollo de la producción en Vaca Muerta. Para el invierno de 2023, antes de la ejecución de las obras de compresión previstas para este segmento, el gasoducto ya aportará 11.000.000 m3/día de nueva capacidad.