Policiales
Citaron a indagatoria a un funcionario nacional y a otras 30 personas por la estafa a un jubilado en coma
Se trata del caso de Luis Vázquez, a quien le vendieron más de 30 propiedades cuando estaba internado. El perjuicio asciende a USD 14 millones. El fiscal de Lomas de Zamora ordenó las indagatorias y se interrumpe el plazo de prescripción
Finalmente, a horas de que la causa quedara en la nada, el fiscal Jorge Grieco, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Delitos Económicos de Lomas de Zamora, ordenó más de 30 indagatorias por la estafa que sufrió Luis Vázquez, un empresario inmobiliario de 80 años que se quedó pobre cuando estaba agonizando y un apoderado le vendió 34 propiedades a familiares y a amigos a precios irrisorios. El caso había sido revelado por Infobae el año pasado. Entre los llamados a dar explicaciones en indagatoria está el secretario de Desarrollo Territorial en Ministerio de Hábitat de la Nación, Luis Scatolini, socio de la escribanía de Ezeiza que tuvo intervención en los hechos investigados.
Así surge del dictamen al que accedió este medio firmado ayer, jueves por la tarde, por el fiscal Grieco. “Existiendo elementos suficientes e indicios vehementes de la perpetración de los delitos de defraudación por administración fraudulenta” y “falsedad ideológica”, y “motivos suficientes para sospechar que los aquí nombrados han participado de su comisión, corresponde designar audiencias de indagatorias entre el 12 y 16 de setiembre próximo para escuchar a todos los involucrados “a los fines de recibirle declaración en los términos del art. 308 primer párrafo del Código Procesal Penal”, se sostuvo.
Si el fiscal no llamaba a indagatorias antes del 26 de julio, la causa se caía. Es que hoy es el último día de actividad judicial previo al receso judicial de invierno. Por eso este dictamen llegó sobre la hora de prescripción. La citación a indagatoria suspende esos plazos.
Un detalle que, ahora, deberán pelear los familiares de las víctimas: para el fiscal, el perjuicio económico provocado para los herederos de Vázquez fue de $7.790.000, según la escritura nominal de la venta que está cuestionada como simulada. La tasación realizada sobre los inmuebles vendidos, en cambio, asciende a 14 millones de dólares. Esa es la cifra que reclamara la familia, indicaron a Infobae las fuentes consultadas. También pujarán para que los delitos sean considerados en concurso real, como maniobras independientes que deben sumarse entre sí, y no concurso ideal, como dijo el Ministerio Público. Para los denunciantes implican penas de más de 45 años de prisión para los responsables.
Todo se dispuso en el marco de la causa que se inició el 7 de junio de 2020 con la denuncia de los herederos de Vázquez. Allí se investiga por qué, en solo 59 días, desde 19 de julio al 16 de setiembre de 2016, cuando Luis Vázquez estaba “internado en grave estado de salud, con un grado de conciencia mínima, asistencia respiratoria mecánica, cuadripléjico y con una traqueotomía” se transfirieron 34 inmuebles “a un precio absolutamente ridículo –que tampoco ingresó a su patrimonio”.
Algunas propiedades se vendieron a personas que cobraban la AUH y por lo tanto no tenían solvencia económica para comprarlas. De todas maneras, según las actas, algunos de las transacciones se hicieron a un monto inferior al valor de mercado, en más de un 7 mil por ciento de descuento. Las ventas las hizo Maximiliano Teta, apoderado desde 2009 del jubilado. Todas las operaciones, realizadas en efectivo, se hicieron ante el escribano Andrés Ariel Ringuelt.
La citaciones se firmaron mientras en Comodoro Py 2002 el fiscal federal Guillermo Marijuan pedía copias de las actuaciones que se tramita en la fiscalía de Lomas de Zamora: abrió una investigación preliminar bajo la sospecha de que en esta maniobra pudo haber lavado de dinero. En la fiscalía de Marijuan ya tramitó una causa contra Ringuelet que databa de 2004, indicaron a Infobae las fuentes consultadas.
Los pedidos de indagatorias estaban desde el inicio de la causa a solicitud de los denunciantes, junto al reclamo de una treintena de allanamientos. A lo largo de casi dos años no se ordenaron medidas de relevancia. Con el caso a punto de prescribir y la insistencia de los familiares de Vázquez, se dispuso un allanamiento a la escribanía donde se hicieron todas las operaciones.
El trámite no estuvo exento de sospechosas: los querellantes fueron citados en una dirección ubicada a 25 minutos del lugar de la escribanía. Los policías ya estaban en el punto del objetivo con testigos. Del lugar, vieron salir a una mujer con un cochecito de bebé. Todo fue filmado por uno de los abogados que, sospechando, se fue directo a la escribanía de Canning porque olfateó una maniobra.
Allanamiento Escribania Estafa
En ese allanamiento se encontró una prueba clave: aparecieron documentos en donde los supuestos compradores firmaban, después de comprar, un poder en favor de Teta, el apoderado acusado de infiel. “¿Por qué darle un poder al que me vendió?. Solo porque la venta fue simulado”, afirmó el abogado Juan Caimi Villanueva, en representación de los herederos. Esos datos constan en el libro de protocolo que pertenece al Colegio de Escribanos y no se puede modificar el orden de las actas.
Pero además de esos registros, los herederos también hallaron en esos documentos las pruebas que, a su criterio, salpican a Scatolini, un escribano socio de Ringuelet que hoy está a cargo de la secretaría de Desarrollo Territorial en Ministerio que conduce Jorge Ferraresi. Es que se determinó que el hoy funcionario nacional suscribió los informes de dominio de las escrituras que desapoderaron de los bienes a Luis Vázquez. Para los denunciantes, tanto el escribano Ringuelet como su socio Scatolini tuvieron participación en todas las operaciones realizadas por Teta, supieron que el poder utilizado para perjudicar a Vázquez se encontraba caduco y aún así siguieron adelante.
Consultado por Infobae, Scatolini negó cualquier vinculación con los hechos irregularidades. “Están buscando mi desprestigio. Cualquiera puede pensar este es un h.d.p por lo que le hicieron a este viejito. Pero no hay ningún motivo que me vincule a mí con esto. Yo no autoricé ninguna escritura. Las escrituras las autorizó el escribano Ringuelet, que estoy convenido no tiene ninguna cuestión que haya sido al margen de nuestra responsabilidad profesional. Si se firmó un informe de dominio, que no me consta, es un trámite administrativo que no perjudica en lo más mínimo la situación patrimonial de nadie… Yo tengo mi conciencia tranquila y jurídicamente no tengo ninguna participación. Mi socio autorizó las escrituras. Yo ni conozco la causa porque no tengo nada que ver”.
Scatolini, escribano y funcionario nacional llamado a indagatoriaEl abogado de Ringuelet también rechazó las acusaciones de la querella. “Esto es un conflicto intrafamiliar entre sucesores, para la escribanía fue una operación más”, dijo el defensor Alfredo Gascón. “Que le vayan a preguntar al apoderado qué hicieron con la plata”.
Estas declaraciones, adelantadas a Infobae, serán entonces la estrategia que desplegarán los escribanos de cara a la decisión que se tomó en la tarde del jueves.
Es que el fiscal entendió que se encontraba acreditado que “entre los días 13 de julio 2016 y el 16 de septiembre de 2016, en la sede de la escribanía Ringuelet Andrés Ariel -Juan Luciano Scatoilni, sito en la calle Castex 3489, oficina 6, de la localidad de Canning, partido de Ezeiza”, el escribano Ringuelet actuó como notario autorizante de las operaciones que hizo Maximiliano Alejandro Teta, quien vendió propiedades de Luis Vázquez, “quien a la fecha se encontraba incapacitado físicamente, imposibilitado para defenderse de las maniobras realizadas en su perjuicio”.
La imputación fiscal sostiene que Teta buscó un “lucro indebido para sí en perjuicio de Vázquez y los intereses que le habían sido confiados”. También que “los aquí mencionados Ringuelet y Teta desplegaron esas maniobras con Juan Luciano Scatolini, quien requirió los informes de dominio” que más tarde compraron las propiedades.
Además de Ringuelet, Teta y Scatolini, la nómina de citados a indagatoria se completa con: Fernando Ezequiel Serrano, Emiliano Uema, Alejandro Javier Villa, Claudio David Carrizo, Cristian Lionel Chirolla, Solange Grisel Di Marino, Adriana Beatriz Lehmann, Maximiliano Javier Di Marino, Mario Arnaldo Rota, Susana Adriana Pan, Nanci Susana Melgar, Silvia Verónica Teta, María Florencia Uema, Alejandro Mauricio García, Mario Julián Menéndez, Patricia Ibarra, Miguel Mauricio Zambrano, Juan Bautista Zambrano, María Laura Zambrano, Galinda Vera Jaramillo, Elena Quevedo, Roberto Manuel Pilar, Enrique Cayetano Vitelli, Ian Yoel Rodríguez, José Luis Villalobo, Fabio Enrique Alegre, Vanina Brandon y Alina Ventura Martínez.
Una sola persona de las que pedía la familia de Vázquez no fue llamada a declarar: se trata de Pablo Nelson Visentin, quien -según los particulares damnificados- tuvo acceso a la caja de seguridad bancaria de Vázquez cuando éste se encontraba internado. “Después del fallecimiento de Luis Vázquez, la caja fue abierta y se encontró vacía”, afirmaron los abogados denunciantes.
Policiales
Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal
Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional
El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.
“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.
El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.
Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.
“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.
Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.
Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.
De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.
Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal
- Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
- Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
- Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
- Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
- Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
- Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
- Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
- Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.
- Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
- Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
- Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal
- Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
- Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
- Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.
- Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
- Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
- Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
- Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
- Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
- Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
- Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.
Policiales
Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche
El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre
La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.
En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.
De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.
El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.
Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.
La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.
El caso
El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.
El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.
Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.
Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.
Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.
A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Policiales
Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial
El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante
Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.
La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.
Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.
El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.
Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte
La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este año. Todos son inimputables.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.
Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.
Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.
Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.
Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.
Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.
Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.
Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.
Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.
Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.
El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.
“Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.
Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.
Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.
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